La empresa Iberdrola ha cerrado un acuerdo con la Office National d’Electricité (ONE), la principal empresa eléctrica marroquí, para realizar el estudio de viabilidad de dos parques eólicos, uno de ellos en el territorio del Sahara Occidental ocupado por Marruecos. Según el comunicado de prensa emitido por la propia empresa española, ambos parques tendrían una […]
La empresa Iberdrola ha cerrado un acuerdo con la Office National d’Electricité (ONE), la principal empresa eléctrica marroquí, para realizar el estudio de viabilidad de dos parques eólicos, uno de ellos en el territorio del Sahara Occidental ocupado por Marruecos.
Según el comunicado de prensa emitido por la propia empresa española, ambos parques tendrían una potencia total de 200 megavatios (MW) y sería la filial de Iberdrola quien se garantizaría la exclusividad para su posible desarrollo y construcción durante la vigencia del acuerdo de intenciones.
Sin embargo, Iberdrola ha pasado por alto -en beneficio de su negocio- el hecho de que la ubicación de uno de esos futuros campos eólicos se sitúa en un territorio ilegalmente ocupado por Marruecos, pendiente de resolución en el marco de las Naciones Unidas, y sobre el que Rabat no puede ejercer ningún tipo de soberanía pues únicamente es la potencia ocupante.
En un ejercicio de cinismo destacable, la nota de prensa emitida el pasado martes dice que el proyecto de Laayoune (El Aaiun) se sitúa «en el sur del país (antiguo Sáhara Occidental)», tratando con ello de dar legitimidad a su acuerdo con la dictadura alauita y zanjando la disputa territorial como algo de un pasado lejano y carente de valor. Además la compañía dice querer «contribuir al desarrollo energético del país, para lo que aportará su experiencia, conocimiento y tecnología en el negocio de la energía eólica, del que es líder mundial». De nuevo el término «país» se refiere a Marruecos pese a no ser legalmente soberano.
Lo que Iberdrola pretende es pasar por encima de la legalidad internacional y obviar el informe del sub-secretario general para Asuntos Legales de Naciones Unidas, Hans Corell, quien en enero de 2002 hizo pública la repulsa y condena de la Asamblea General de la ONU hacia la explotación y el robo de los recursos naturales o hacia cualquier otra actividad económica que vaya en detrimento de los intereses de la población saharaui y prive a ésta de sus legítimos derechos sobre sus recursos naturales.
En el mismo sentido, Corell aseguró que este tipo de negocios si se realizan sin considerar los intereses y deseos de la población saharaui, incurrirán en una violación de los principios de la ley internacional aplicable a las actividades de los recursos minerales en Territorios No Autonómos.