Durante los días 5, 6 y 7 de junio, la ciudad de Montevideo, Uruguay, acogió el II Foro por la paz de Colombia. Comunidades en conflicto, organizaciones sociales y movimientos políticos, sindicales, estudiantiles y populares, se congregaron en la Universidad de la República (UDELAR) con el objetivo de continuar el debate internacional acerca del proceso […]
Durante los días 5, 6 y 7 de junio, la ciudad de Montevideo, Uruguay, acogió el II Foro por la paz de Colombia. Comunidades en conflicto, organizaciones sociales y movimientos políticos, sindicales, estudiantiles y populares, se congregaron en la Universidad de la República (UDELAR) con el objetivo de continuar el debate internacional acerca del proceso de paz, cuyos diálogos comenzaron en Oslo, Noruega, en 2012, y en la actualidad se desarrollan en la Habana, Cuba. El aporte novedoso de esta edición respecto a la primera celebrada en Porto Alegre, Brasil, en 2013, ha sido la incorporación de una red de parlamentarios y parlamentarias para trabajar en dicho proceso. Debemos destacar la gestión realizada por el Comité Organizador y la estimable aportación de recursos como transportes, alojamientos solidarios y asistencia médica.
El Foro se inauguró con la presentación del Informe de la Comisión Histórica del Conflicto Colombiano en la que intervinieron los académicos Víctor Manuel Moncayo y Darío Fajardo, relator y miembro, respectivamente, de dicha Comisión. En la búsqueda de verdad, justicia, reparación y no repetición, se abrieron paneles expositivos y mesas de trabajo donde representantes de los diferentes actores del conflicto debatieron con los asistentes temas clave como el desplazamiento forzado, tierra y territorio, criminalización, medios de comunicación, política antidroga, comunidades en lucha -indígenas, afrodescendientes y campesinos-, mujeres, jóvenes y trabajadores de Colombia, generando unas conclusiones que fueron recogidas en informes.
Un momento relevante fue la retransmisión del mensaje del Ejército de Liberación Nacional (ELN), guerrilla que se hasta ahora se mantiene al margen de los diálogos, dado que como señalaron no ven «claridad en la decisión del gobierno nacional para asumir un proceso de paz serio, responsable y de propósitos que signifiquen democracia, soberanía y bienestar social». Sin embargo, manifestaron su plena decisión en desarrollar un proceso de paz en el que consideran crucial la participación de toda la sociedad.
El Foro se cerró con la intervención del senador José Mujica, que puso el acento en la complejidad y contradicciones del conflicto, y en la necesidad de un compromiso en el marco de la negociación hacia la finalización de la guerra, donde es crucial el apoyo del resto de países de América Latina. «Nos interesa doblemente la paz, porque la guerra de Colombia es una puerta de entrada a la intervención de afuera en las entrañas del continente. La selva y las montañas de Colombia son parte del corazón de América», señaló el ex-presidente.
De esta experiencia, como observadores internacionales, rescatamos la necesidad de visibilizar una guerra civil que ha sido objeto de manipulación por medios de comunicación alineados con un poder capitalista que durante años ha utilizado el conflicto para legitimar políticas de la violencia y del terror. Desde 1985 hasta 2015, en gobiernos llamados democráticos, se cuentan alrededor de 38 mil desapariciones, cifra que supera la de las dictaduras argentina y chilena juntas, y que confirma la flagrante violación de los derechos humanos en este país.
Desplazamientos forzados y prisioneros políticos
Según datos de Resumen Latinoamericano, en el período de 1985 a 2015, el conflicto armado en Colombia ha dejado más de 6 millones de desplazados, que representan un 11% de la población, de los cuales el 80% son mujeres o menores de 18 años de edad y el 50% son descendientes afro-colombianos, y cerca de un cuarto del total pertenecen a comunidades indígenas. Igualmente apunta la cifra de 1.166 masacres paramilitares y más de 9.500 prisioneros y prisioneras políticos. Esta cifra «habla muy mal de la democracia en Colombia», afirmó Iván López, exprisionero político. La oposición política constituye un delito por el cual se puede ser asesinado, exiliado o encarcelado. Hay que destacar que el gobierno nacional, a través del ministro de justicia, ha negado el ingreso de la comisión internacional de observación a las cárceles y penitenciarias.
Militarización y narcotráfico.
Uno de los aspectos a recalcar para comprender el tablero de juego en el conflicto colombiano es la subordinación del Estado a la política militar de EEUU. Las 8 bases militares norteamericanas desplegadas en todo el territorio confirman que Colombia es un objetivo militar para los intereses de esta gran potencia que maneja sus hilos del gobierno de turno como personajes de un teatro de guiñoles de la geopolítica.
Esta presencia norteamericana en territorio colombiano se justifica o se vende como parte de la lucha contra el narcotráfico, pero dicha presencia militar, lejos de frenar el narcotráfico, lo alienta, y sobre todo constituye la excusa para despliegues estratégicos en la región.
Hay que remontarse a los años 60, en plena Guerra Fría y bajo las orientaciones de la «Doctrina de seguridad nacional», por la cual EEUU implementa una política en Latinoamérica basada en el control del enemigo interno utilizando las fuerzas armadas nacionales, con el objetivo de controlar la subversión comunista y la insurgencia en la región. Es así como en Colombia el Estado pone en marcha una estrategia contrainsurgente. Con la orientación de asesores militares norteamericanos, se crean las «autodefensas», organizaciones de «tipo antiterrorista», creando un marco legal para ello. Se entrena a la población civil para facilitar la estrategia militar del Estado, complejizándose este proceso con el crecimiento exponencial del narcotráfico, que reconfigura todo el panorama y en muchos lugares colabora activamente en este plan. Nace así el paramilitarismo, un actor que hoy atraviesa a toda la sociedad colombiana y que se ha convertido en un sujeto con tal peso en la realidad que permea lo social, lo político y lo económico, constituyendo, como señala Fajardo «una estructura de dominación con enorme control a nivel nacional».
Afirma el académico que «el ejército colombiano es una escuela superior de guerra». Si en el pasado los militares colombianos recibían preparación norteamericana, hoy sus soldados son altamente cotizados en el siniestro mercado de la guerra internacional, pues Colombia se ha constituido en un campo de experimentación marcial.
La conocida como «política de seguridad democrática» que puso en marcha el expresidente Álvaro Uribe no hizo más que aumentar la situación de acoso y militarización en los territorios, hecho que se ha mantenido con el gobierno de Santos.
Colombia es el país más peligroso para ejercer el sindicalismo, con más de 3.000 asesinados desde 1977 hasta la fecha. Esta severa estructura represiva sirve de instrumento para disciplinar y acallar los movimientos sociales y las luchas por la justicia social, poniendo límites a las libertades democráticas y, por ende, sirviendo como mecanismos de reproducción de la exclusión, la explotación y la miseria.
Monopolios
No son pocas las voces que señalan que los principales interesados en conseguir la paz son los grandes grupos monopólicos con sugerentes proyectos inversionistas en el país, ya que, como es lógico, las inversiones requieren de estabilidad en los territorios para desplegar su gran potencial extractivista.
Pero en la actualidad, a pesar de las dificultades propias del conflicto, grandes monopolios financieros, de agroindustria, minería, hidrocarburos o biotecnología hacen su negocio en suelo colombiano, lo que implica un alto costo para el Estado y la población, que lejos de beneficiarse de estas inversiones se convierte en la víctima más palpable y evidente de ellas. El hecho de que el país obtenga las regalías en extracción minera y energética más bajas de todo el continente, que la población no pueda beneficiarse de los avances en investigación farmacéutica y que los productores rurales tengan que pagar precios más altos que cualquier otro país latinoamericano en semillas, abonos o insecticidas confirma el expolio que retroalimenta el gobierno mercenario de Colombia.
Unos pocos grupos en cada sector se reparten las riquezas obtenidas en territorio colombiano, imponiendo leyes de usura que nada tienen que ver con la tan pregonada libre competencia que defienden los adalides del capitalismo.
Ni que hablar del monopolio que ejercen los grandes medios de comunicación. Éstos «son otro instrumento de la guerra», señala Fajardo, quien en una charla impartida junto a Moncayo en la Universidad de Buenos Aires (UBA), explicó que los periodistas asisten a cursos que imparte el ejército, donde son tratados con todo tipo de agrados que consolidan el apoyo de voluntades ya sumisas a estos grupos a través de la dependencia que imponen sus contratos laborales. Los comunicadores se convierten pues en agentes militares que representan intereses concretos.
Indígenas, afrodescendientes y campesinos
Los indígenas, afrodescendientes y campesinos han sido despojados en el proceso de vaciamiento de los territorios, pero a pesar de ello, gracias a la reterritorialización de la población, todavía tienen una gran porción del suculento pastel de la tierra, motivo por el cual siguen siendo víctimas de la violencia de Estado y de la política de guerra.
Julio Pascue (Coordinador Nacional de Pueblos Indígenas de Colombia) recordó en una de las mesas de trabajo del Foro, que los indígenas protegen sus tierras desde hace 500 años, dado que sin territorio el indígena desaparece. A esta lectura se sumó Camilo Rodríguez Quispe (Tarta de Quillasinga), ahondando en la importancia de la gobernabilidad del territorio.
Por el lado afrodescendiente, Ayden Salgado (CONAFRO-Colombia), solicitaba la inclusión de la comunidad negra en el cuerpo de la discusión que se da en la Habana, puesto que, consideran, sigue invisibilizada. «Los afro en Colombia vivimos una suerte de penuria, donde somos visibilizados a través del deporte y la música, lo que llamamos la reducción de la cultura a la folklorización; ahí aparecemos, pero en términos completos de la composición del país no».
Cesar Jerez, del movimiento campesino ACVC-Colombia, incidió en el problema de la tierra y la falta de la reforma agraria, uno de los principales reclamos de la insurgencia. Ven en el gobierno muy poca voluntad resolutiva, que quiere ceder lo mínimo a cambio de que las FARC-EP firme. «El ordenamiento territorial en el país es un elemento clave, pero es algo que entra en contradicción con los oligarcas y latifundistas», afirmó.
En una reunión de Vocesenlucha con Javier Castellanos, miembro del capítulo argentino del Congreso de los Pueblos, afirmó que «el problema de la tierra está por resolver, puesto que hoy se legisla para el despojo», y destacó que «el proceso de La Habana es positivo, pero la verdadera paz no solo se negocia ahí, sino que tiene que venir desde los territorios, a través de la resolución de los problemas estructurales y los conflictos que allí se producen, los cuales presentan diferentes particularidades en cada una de las regiones del país».
Un aspecto que se resaltó desde diferentes voces en el encuentro en Montevideo, es la necesidad de la unidad, la tan anhelada integración latinoamericana. Hoy más que nunca, las colombianas y colombianos requieren del apoyo de toda América Latina y del resto del mundo para poner fin a este eterno conflicto en el que el acoso en los territorios -orquestado por la injerencia norteamericana y gobiernos lacayos como el de Uribe y Santos- responde y defiende intereses que nada tienen que ver con las necesidades de la población y mucho con la estrategia de grandes grupos empresariales y militares internacionales. La identificación de esta necesidad de apoyo dio espacio en el Foro a un acto de solidaridad internacional que contó con la presencia de Kurdistán, País Vasco, Palestina, Paraguay y Venezuela, cuyos delegados trazaron paralelismos del conflicto colombiano con cada una de sus realidades, con discursos cargados de emoción que despertaron aplausos y cantos de los asistentes.
Colombia se puede pensar de muchas formas. Desde el trazo doloroso de un análisis empírico de los datos de la tragedia hasta la victimización de los miles de afectados. Pero pensar y entender Colombia, según Víctor Manuel Moncayo, pasa por acudir a los orígenes del conflicto. Hay que remontarse para ello al siglo XIX, con la formación de los Estados nacionales en Latinoamérica, los cuales nacieron como sistemas de producción capitalistas. «Se pueden firmar muchos tratados de paz, pero si las condiciones que generaron el conflicto subsisten, ellos u otros volverán a repetirlo», señala el académico, apuntando al sistema de organización capitalista como el verdadero elemento a considerar. Hacia aquí se dirigió la intervención del politólogo y sociólogo Atilio Borón, al afirmar que «la justicia social en el capitalismo es prácticamente un oxímoron, algo imposible de conseguir».
Podemos derivar de todo esto las enormes dificultades que supone conseguir una paz en la cual realmente lleguen a respetarse todos los acuerdos, en el caso de haberlos. Estas dificultades quedan manifiestas en el actual momento que vive el proceso, con una reciente vuelta a la violencia más manifiesta, tras la ruptura del alto el fuego a raíz de la muerte de varios guerrilleros de las FARC por bombardeos, y con la natural desconfianza de algunas de las partes involucradas en este conflicto. Aún a pesar de estos graves desencuentros, los diálogos han continuado y hace unos días se llegó a un acuerdo para continuar con el proceso de descontaminación de artefactos militares como minas antipersona.
Este II Foro por la Paz en Colombia demuestra la importancia de contar con experiencias y espacios para la reflexión colectiva en un conflicto que va a cumplir 60 años y que debe tener a todo el conjunto del pueblo colombiano como el principal protagonista de los procesos estructurales de cambio que posibiliten la tan deseada paz con justicia social.
Vanessa Pérez y Raúl García, de la investigación sobre América Latina.
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