Como parte de la implementación de Acuerdo de Paz, está circulando un borrador de un proyecto de ley sobre el Ordenamiento Social de la Propiedad y Tierras Rurales. Un grupo de congresistas y organizaciones sociales ha enviado una carta a la Comisión de Seguimiento expresando su preocupación y rechazo a varias partes del borrador. Según […]
Como parte de la implementación de Acuerdo de Paz, está circulando un borrador de un proyecto de ley sobre el Ordenamiento Social de la Propiedad y Tierras Rurales. Un grupo de congresistas y organizaciones sociales ha enviado una carta a la Comisión de Seguimiento expresando su preocupación y rechazo a varias partes del borrador. Según los firmantes «varios de sus contenidos particulares, desconocen abiertamente la Constitución Política de 1991, la jurisprudencia de la Corte Constitucional e incluso el propio contenido del Acuerdo Paz de La Habana suscrito entre el Gobierno Nacional y Las FARC EP en noviembre de 2016.»(1)
Sin lugar a dudas hay partes del borrador que son inconstitucionales, y también tienen razón sobre la jurisprudencia de la Corte Constitucional, pues es cierto que la legislación que afecta a las comunidades étnicas requiere un proceso de consulta previa y hay una larga lista de fallos sobre asuntos agrarios. Donde se equivocan los congresistas es cuando hablan del Acuerdo de Paz. Pues las contradicciones que ellos señalan no son ciertas.
El Modelo Agrario y los Baldíos
Apelan primero a puntos generales del Acuerdo de Paz antes de proceder a mirar las propuestas concretas de la ley. Citan una parte del Acuerdo de Paz que afirma que:
«una verdadera transformación estructural del campo requiere adoptar medidas para promover el uso adecuado de la tierra de acuerdo con su vocación y estimular la formalización, restitución y distribución equitativa de la misma, garantizando el acceso progresivo a la propiedad rural de quienes habitan el campo y en particular a las mujeres rurales y la población más vulnerable, regularizando y democratizando la propiedad y promoviendo la desconcentración de la tierra, en cumplimiento de su función social.»
Además citan partes del Acuerdo que hablan de la erradicación de pobreza etc. Esos son como los preámbulos de las constituciones, son aspiraciones. Hay varias partes del borrador de ley que son más técnicas y los congresistas aciertan de nuevo. Es cierto que la ley pretende hacerlo mucho más fácil entregar los baldíos a empresas extranjeras para proyectos supuestamente de «utilidad pública e interés social (como las empresas mineras o petroleras).» Además introduce un nuevo concepto, una nueva figura jurídica Unidad de Producción Rural, que puede permitir la acumulación de baldíos de la nación en manos distintas a los campesinos. Como dicen los firmantes de la carta.
«Además, abre la posibilidad para que con la tenencia de las UPA puedan acumularse grandes extensiones de tierra para fines empresariales u otros, lo cual, en la práctica reducirá la superficie disponible destinada para el campesinado y para la producción alimentaria.»
De nuevo aciertan, aunque ellos mismos reconocen que la entrega de baldíos a empresas nacionales y extranjeras no es algo nuevo. De hecho, a lo largo del proceso de paz el Estado colombiano siguió con su política de ignorar la legislación vigente, la Constitución Política y la jurisprudencia. Los firmantes dicen que:
«…es de suma gravedad, porque tal y como lo ha denunciado La Contraloría General de la República, en sus diversos informes, se han evidenciado casos de acumulación irregular de baldíos en la altillanura colombiana, en los cuales estaban involucradas importantes empresas y personas naturales (nombres como el de Luis Carlos Sarmiento Angulo, Pablo Valencia Iragorri, Cargill, Riopaila, entre otros). Es inaceptable que el Estado en lugar de profundizar en las herramientas legales para lograr la recuperación de esas tierras y la anulación de esas negociaciones fraudulentas, pretenda legalizarlas y sanearlas.»
No puede decirlo mejor. El Estado tiene una práctica nefasta de entregar las tierras a empresas nacionales y extranjeras, y no obstante las declaraciones hechas por varias ONG y organizaciones sociales (entre ellas firmantes de la carta) el Estado no tiene la más mínima intención de transformar el campo colombiano a favor del campesinado. Empero, esto no se debe sólo a una falta de voluntad de su parte, sino el Acuerdo de Paz tampoco lo obliga, como creen los firmantes. Según ellos la ley «Profundiza el modelo que da prevalencia a la agroindustria a través de figuras como las Zidres.» Pero eso no es contrario al Acuerdo de Paz, lo cual reconoce la legalidad y legitimidad de ese modelo. Como afirma la versión definitiva del Acuerdo de Paz en la página 12 se enumeran una serie de nada más y nada menos que principios, entre los cuales se encuentra la siguiente perla:
«Desarrollo integral del campo: el desarrollo integral del campo depende de un adecuado balance entre las diferentes formas de producción existentes – agricultura familiar, agroindustria, turismo, agricultura comercial de escala-; de la competitividad y de la necesidad de promover y fomentar la inversión en el campo con visión empresarial y fines productivos como condición para su desarrollo; y de la promoción y fomento, en condiciones de equidad, de encadenamientos de la pequeña producción rural con otros modelos de producción, que podrán ser verticales u horizontales y en diferente escala. En todo caso se apoyará y protegerá la economía campesina, familiar y comunitaria procurando su desarrollo y fortalecimiento.» (Énfasis fuera del original)
¿Se lo explicamos con plastilina? El Acuerdo contempla la agroindustria, agricultura de escala y la competitividad. Aquí el gobierno no es quien miente, quien miente son los que dijeron que el Acuerdo era distinto a lo que parece escrito en blanco y negro. Los firmantes si aciertan cuando dicen que eso es regresivo para el campo colombiano, pero ellos mismos pidieron el voto a favor de ese acuerdo e hicieron campaña a favor del Acuerdo. Sí, la derecha colombiana pudo introducir algunos cambios en el Acuerdo, como el que citamos arriba, pero los congresistas firmantes votaron a favor de dicho acuerdo con los cambios.
También los firmantes se quejan de los artículos del borrador de proyecto de ley que intentan vincular el campesinado al gran capital y los proyectos agro-exportadores. Según los firmantes el borrador
«…limita sus [las comunidades] posibilidades para la definición del modelo productivo y económico que permita la construcción de paz con justicia social, atándola a lineamientos y criterios técnicos en cabeza de la Agencia Nacional de Tierras, la Unidad de Planificaci6n Rural Agropecuaria y la Agencia de Desarrollo Rural, que priorizan el establecimiento de alianzas y encadenamientos entre la pequeña y gran producción, el uso eficiente del suelo rural, la innovación tecnológica, asistencia técnica, crédito, riego y comercialización que favorecen un modelo de producción empresarial agroindustrial a gran escala.»
Tienen razón, el borrador de ley, sí hace eso y obliga a los campesinos a asociarse con empresas grandes. Respecto a eso, hay dos puntos. Primero eso ha sido la política del Estado desde hace tiempo, algo que trataremos ahora, pero segundo es una parte explícita del Acuerdo de Paz. Otra vez nos falta la plastilina. En la página 33, punto 1.3.3.6 el acuerdo dice claramente que:
«Asociatividad: el Gobierno fomentará y promoverá la asociatividad, encadenamientos y alianzas productivas entre pequeños, medianos y grandes productores así como con procesadores, comercializadores y exportadores con el fin de garantizar una producción a escala y competitiva e insertada en cadenas de valor agregado que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de los habitantes del campo en general y en particular de los pequeños productores. Para ello brindará asistencia técnica, jurídica y económica (crédito o financiamiento) a los pequeños productores con el fin de garantizar proyectos de economía familiar y asociativos, equilibrados y sostenibles.» (Énfasis fuera del original)
¿Acaso queda alguna duda? No. Pero es más, como señalamos esta idea no es nueva, y no nos sorprenderá saber el papel que han jugado las ONG y varios personajes de la izquierda en eso.
Las Alianzas Productivas
Esta propuesta que resulta tan repugnante para los firmantes es política oficial del Estado desde hace mucho rato con el apoyo de los EE.UU., la Unión Europea, las ONG y el silencio de la izquierda.
La idea de unir el campesinado en proyectos comunes con la agroindustria no es ni colombiana, ni nada nueva. Pero en el caso colombiano, toma fuerza en los noventa con el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio. El PDPMM se fundó en 1995 como iniciativa de Ecopetrol y la Unión Sindical Obrera. En 1998 recibe un crédito de innovación y aprendizaje del Banco Mundial, pero realmente la suerte del PDPMM y su ideólogo el cura Francisco de Roux cambia radicalmente con el Plan Colombia. Reciben apoyo del Plan Colombia para fomentar las Alianzas Estratégicas donde los campesinos forman una alianza con el gran capital para producir Palma Africana, Cacao y luego Caucho. Este modelo transfiere los costos de producción de las empresas grandes a los campesinos. En ese momento, De Roux recibió el apoyo político de grandes ONGs como las que se agrupan en OIDHACO (Oxfam, Christian Aid, Trócaire, Caritas Francia y Mundubat [Paz y Tercer Mundo en ese entonces] entre otros). Además la coordinación de ONG de derechos humanos como la Coordinación Colombia Europa EE.UU, guardaron silencio. No querían criticarlo ni a él ni a su modelo. De hecho, este nefasto personaje es invitado a dar conferencias por organizaciones de la izquierda, reparten sus artículos y hablan de él en tonos venerados.
Luego vino el ministro de agricultura, Felipe Arias, en el gobierno de Uribe Vélez quién adoptó el modelo promovido por De Roux y lo hizo propio. En su Apuesta Exportadora detalló no sólo los cultivos a promover sino las regiones prioritarias para cada cultivo y en eso coincidió con la Unión Europea y sus Laboratorios de Paz, que también promovieron ese modelo agro-exportador que vincula el campesinado al gran capital y lo implementaron en varias regiones del país. Las ONG no sólo guardaron silencio ante las maniobras del imperialismo europeo, o como ellas dicen el buen imperialismo que no echa bala en Colombia, sino organizaciones sociales como el CRIC y el CIMA manejaron el Laboratorio de Paz de Cauca, promoviendo el modelo tanto criticado por los firmantes de la carta, y sembrando los cultivos señalados por Felipe Arias, como espárrago, brócoli, hortalizas etc.
En 2011, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras fortaleció ese modelo, obligando a los campesinos a sembrar agro-exportables si querían créditos para las tierras devueltas a ellos. No es nuevo el modelo, lo que sí es nuevo, es que los firmantes de la carta lo criticaran. Pero si quieren criticar a la Asociatividad del Acuerdo de Paz y del borrador de Ley, tendrán que explicar a los campesinos porque eso es malo, y porque no dijeron nada hace 17 años cuando De Roux implementaba el mismo modelo con los fondos del Plan Colombia y porque no dijeron nada cuando los europeos promovieron lo mismo. Es una respuesta que merece el campesinado, pues son actores políticos no son carne de cañón en peleas políticas de las ONG y los políticos colombianos. Tómensen su tiempo, pero una respuesta sería bienvenida.
Debilidad de Acuerdo
El Acuerdo de Paz es muy débil, cuando no abiertamente reaccionario en materia agrícola, no puede servir como la base ni el referente para la oposición a las políticas agrarias del Estado, pues como se explicó, el Acuerdo incluye muchos de esos elementos. Pero el Acuerdo tiene una gran debilidad política que pocos quieren reconocer. Las Alianzas Estratégicas, la entrega de baldíos, el fomento de la agro-industria, el robo de tierras etc., todo eso comenzó mucho antes de iniciar el proceso de negociación entre las FARC y el Estado y siguió y se intensificó a lo largo de los cuatros años de negociaciones. Ni las FARC, ni ninguno de los firmantes fueron capaces de poner sobre la mesa los temas denunciados en la carta. No quiere decir eso, que ellos nunca se pronunciaron sobre los baldíos, por ejemplo, pues sí lo hicieron todos los congresistas, pero no lo hicieron en el marco de su apoyo al proceso de paz. El Acuerdo de Paz, iba a transformar el campo colombiano, decían, pero no exigían públicamente lo que ahora piden en la carta.
Es más cuando la ONU y la Universidad Nacional organizaron el Foro Agrario, como parte del proceso, lo presidió y lo cerró Francisco de Roux. En su discurso de cierre, De Roux dijo a los campesinos y los empresarios presentes (el foro contaba con la participación de la SAC y Fedepalma entre otros) que iba a llevar sus propuestas a La Habana pero también la propuesta de lo que él llamaba los cultivos tropicales permanentes, es decir, palma, caucho, cacao. Los firmantes de la carta que asistieron a ese foro nunca dijeron nada sobre los comentarios de cierre del cura De Roux.
Las FARC no fueron capaces de incluir ni una sola palabra contra ese modelo agrario. El Acuerdo no tiene nada que decir sobre el modelo ni el sometimiento de los campesinos a los proyectos agroindustriales. Tampoco tiene mucho que decir sobre los baldíos (la palabra ocurre apenas tres veces en un documento de 310 páginas). Mientras las ONG y los «intelectuales de izquierda» nos exigían un apoyo total y ciego al Acuerdo de Paz, los empresarios siguieron con el despojo y la preparación del borrador del proyecto de ley.
Las críticas de los firmantes son bienvenidas, pero si insisten en tomar el Acuerdo de Paz como referente, no serán más que papel mojado. La oposición a las políticas agrarias del Estado deben estar por fuera del Acuerdo y donde siempre se ha hecho, las calles, carreteras y campos del país y sin la mediación ni las buenas intenciones de los que en nombre de la paz, sacrificarían a los campesinos. Queda por ver cuántos de los firmantes siguen con sus críticas una vez que las FARC y/o el gobierno invoquen la estabilidad y futuro del Acuerdo de Paz. La próxima vez, hagan el favor de leer el Acuerdo de Paz antes de decirnos lo que es contrario a dicho documento.
Referencias:
(1) Los firmantes son: Senador Iván Cepeda, Senador Alberto Castilla, Representante Alirio Uribe, Representante Ángela María Robledo, Representante Víctor Correa y de organizaciones sociales Fensuagro, Coordinación Étnica Nacional de Paz- Cenpaz, Comisión Colombiana de Paz, Grupo Género en la Paz, CINEP/Programa de Paz, Grupo Semillas, Corporación Jurídica Yira Castro.
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