El Congreso de Chile comenzó a discutir la despenalización del aborto en el arranque de un año marcado por un histórico proceso constituyente. En diálogo con Brecha, Sepúlveda repasa las perspectivas que esto abre para el avance en los derechos de las mujeres en ese país.
El primero en sentir la sacudida de lo sucedido en Argentina con la reciente despenalización y legalización del aborto fue el vecino Chile. En 2017, las chilenas habían logrado la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que permitía practicarse un aborto en los casos de violación, riesgo de vida de la mujer o inviabilidad fetal extrauterina. Este paso significó obtener nuevamente un derecho que las mujeres ya tenían antes de la dictadura de Augusto Pinochet.
Sin embargo, según esta ley, quienes asisten o tienen un aborto que no entra en esas tres causales pueden sufrir penas que van desde 541 días hasta cinco años de prisión. En 2018, las organizaciones Corporación Humanas y Mesa de Acción por el Aborto impulsaron un proyecto que apuntaba a la despenalización de la práctica, pero este no logró avanzar y quedó olvidado en un cajón hasta el 13 de enero de este año, cuando entró en discusión en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputados.
El debate estará signado por otras decisiones relevantes. La sociedad chilena tendrá que tomar varias este año: en abril se elige quiénes formarán parte de la Convención Constitucional, que comenzará a trabajar en mayo para elaborar una nueva carta magna (véase «Recién comienza», Brecha, 30-X-20); también en abril se eligen alcaldes, concejales y gobernadores; en julio son las primarias legislativas, y, finalmente, en noviembre las presidenciales. En ese contexto, la abogada feminista y candidata a la Convención Constitucional por el distrito 9 de Santiago de Chile Bárbara Sepúlveda explicó en conversación con este semanario cuáles son las perspectivas para el avance de los derechos de las mujeres en el país, un proceso que parece tener un camino prometedor en la nueva Constitución.
—Después de dos años, se retoma el proyecto de despenalización del aborto y se integra a la agenda política, ¿por qué ahora?
Hay dos factores. Uno es que Argentina dio una señal muy importante a Latinoamérica y al mundo al establecer la despenalización y el aborto legal. En ese sentido, marcó una agenda política y legislativa para quienes somos promotoras de los derechos de las mujeres y diversidades sexuales. El otro factor importante es que la nueva presidenta de la Comisión de Mujeres lo primero que hizo al asumir fue poner en tabla [a consideración] este proyecto. No es que la anterior presidenta no haya tenido la voluntad política de impulsarlo, pero ahora hay una señal clara de que la autonomía de las mujeres y sus derechos son una prioridad, una señal que saca de encima esa distorsión del debate sobre el aborto que habían planteado los sectores conservadores, que lo tratan como parte de una agenda valórica. Yo creo que eso es un error. Se trata no sólo del derecho a la salud, del acceso a la salud pública, es también descriminalizar a las mujeres y especialmente a las de ciertos sectores socioeconómicos: descriminalizar la pobreza de las mujeres y las diversidades sexuales.
—En el Congreso parece no haber posiciones partidarias claras. ¿Cuáles son los apoyos y resistencias que se presentan?
Las diputadas que presentaron el proyecto están apoyadas por las organizaciones feministas y los grupos que promueven el acceso a la interrupción del embarazo. Las resistencias son un poco parecidas a las que se dieron en Argentina y están vinculadas a los partidos conservadores de derecha y de ultraderecha, especialmente a aquellos sectores que no son liberales. En los sectores de derecha más liberales puede que sí haya apoyo a la iniciativa, pero eso, en todo caso, lo veremos en las próximas semanas, cuando esté más avanzado el proyecto de ley.
La Comisión de Mujeres lo va a ver muy rápido porque son sólo dos sesiones y luego tiene que pasar a la sala. La verdad es que normalmente estos proyectos no suelen ponerse en tabla para su tratamiento. Desde 2018 esta iniciativa estaba durmiendo, por eso consideramos que es un avance que ya se debata en la comisión, para entregar un informe a la sala y poder discutirla con todos los diputados y diputadas.
—A diferencia del aprobado en Argentina, este proyecto busca la despenalización de la interrupción del embarazo, pero no garantiza el acceso a ella. ¿Por qué no se plantea un proyecto más amplio?
En el ámbito de la legalización se habla de regular. Por ejemplo, en los casos en que se produzcan abortos que están dentro de las 14 semanas, se plantea que existan garantías de acceso a los derechos a la salud, la salud reproductiva y la planificación familiar. Eso involucra luego una actividad estatal en materia regulatoria, que es algo que los diputados y diputadas, senadores y senadoras no pueden hacer actualmente en Chile.
—¿Cuáles son las expectativas sobre su aprobación?
Recién se está discutiendo, pero soy optimista y creo que podemos avanzar. Habrá que ver qué es lo que pasa en el Senado, que es la cámara más conservadora. Pero creo que es posible porque durante el proceso constituyente esto también va a ser un debate. Va a estar sobre la mesa una y otra vez cuando hablemos del derecho de las mujeres, del derecho a la salud, cuando hablemos de autonomías, de libertades. Es ineludible. Quienes quieran aplazarlo probablemente no encuentren eco en el debate ciudadano, que va a estar bastante álgido a propósito del proceso constituyente y donde vamos a plantear que los derechos fundamentales de las mujeres incluyen los derechos sexuales y reproductivos, entre ellos el acceso a la planificación familiar, a la maternidad deseada, a tener una vida sexual libre, a poder establecer si queremos o no tener hijos. Esa es una de las grandes discusiones que se va a generar en ese proceso.
—¿Qué influencia tiene en este contexto que este año sean también las elecciones presidenciales?
Las elecciones presidenciales también se van a producir durante el proceso constituyente. Pienso que va a ser un poco parecido al proceso argentino: algunos de los posicionamientos más importantes de quienes fueron candidatos a la presidencia tenían que ver con el aborto. Eso es algo que en otros tiempos no era parte de la agenda política. Ahora, la definición sobre este asunto puede impulsar a una candidatura sobre otra. Creo que es un factor a considerar.
—¿De qué se habla cuando se plantea una Constitución feminista?
Quienes formamos parte del feminismo sabemos que este debe atravesar todos los aspectos de la nueva Constitución. La transversalidad que requiere el enfoque de género no es algo que uno pueda definir en un par de artículos o disposiciones. Es algo que va desde las bases de la institucionalidad y su diseño, desde la infraestructura del Estado, la arquitectura del poder, la incorporación de los derechos específicos de las mujeres, de las adolescentes y de las niñas. Tiene que ver con un enfoque que también ponga en el centro los cuidados, la corresponsabilidad social, la igualdad de género. No nos vamos a contentar con la declaración de la igualdad formal ante la ley entre hombre y mujer, porque eso no sólo ya existe en la Constitución de los ochenta, sino que en la práctica no sirve para nada.
Hay que tener en cuenta, además, que muchas veces la ambigüedad permite que no se cumplan o no se respeten los derechos. A veces, mandatos que se le hacen al Estado aparecen como mandatos generales de los que nadie se hace cargo, como por ejemplo: «el Estado podrá», «el Estado deberá». Eso no nos dice cuál es el poder del Estado que se hace cargo, qué significa ese mandato. Claramente, hoy en día el lenguaje juega un rol muy importante. En ese sentido, para trascender la fórmula liberal formal de los derechos y del constitucionalismo, es muy importante la incorporación del lenguaje inclusivo que no se agota en el binario hombre/mujer. Hay varios desafíos de los que tenemos que hacernos cargo quienes hoy impulsamos la Constitución feminista.
—¿Qué expectativas hay sobre el debate constituyente?
Después de la señal que se dio el 25 de octubre, cuando en el plebiscito ganó con más del 80 por ciento la opción de Convención Constitucional y con un 78 por ciento la opción del apruebo, es claro que hay un fuerte impulso ciudadano a favor de un proceso de transformación. Nadie se puede hacer el ciego ante esa realidad y por eso auguro que vamos a tener un buen resultado en las elecciones a la Convención Constitucional, de forma que la integren las personas que sí están alineadas con las demandas sociales y no aquellas que se les oponen. No obstante, todavía hay muchas complejidades que sortear. El sistema electoral no es favorable a esta dispersión de listas que existe hoy en la izquierda. El sistema de toma de decisiones dentro de la Convención tampoco es favorable a las demandas sociales: tiene un cuórum altísimo, de dos tercios. Es complejo, pero no creo que sea imposible.