¿Qué relación existe entre la revaluación del peso y la mal llamada Ley de Justicia y Paz que fue aprobada la semana pasada a pupitrazo limpio por las mayorías uribistas en el Congreso? A primera vista habría que responder que ninguna, porque la acelerada caída del precio del dólar es un proceso que empezó desde […]
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¿Qué relación existe entre la revaluación del peso y la mal llamada Ley de Justicia y Paz que fue aprobada la semana pasada a pupitrazo limpio por las mayorías uribistas en el Congreso? A primera vista habría que responder que ninguna, porque la acelerada caída del precio del dólar es un proceso que empezó desde enero del 2004, y la Ley ni siquiera ha entrado en vigencia.
Entonces es mejor preguntarse ¿si existe alguna relación entre la revaluación del peso y el proceso de negociaciones secretas entre el Gobierno y los paramilitares para lograr su desmovilización a cambio de la impunidad? Acostumbrados como estamos a mirar el impacto de las decisiones del Banco de la República sobre la tasa de cambio la pregunta puede parecer extraña, pero en este caso es claro que el Emisor no ha sido la causa, sino que por el contrario ha tratado de contener la avalancha de dólares originada en decisiones del Palacio de Nariño, es decir en factores más políticos que económicos.
En efecto, una de las razones más recurridas para explicar el abundante ingreso de dólares al mercado son los logros de la política de seguridad democrática que habrían inducido la recuperación de la confianza de los inversionistas, quienes se sienten más seguros para traer sus dólares al país. También la mayor seguridad en los campos habría permitido el aumento de las exportaciones agrícolas, y el consiguiente incremento de los reintegros de divisas. Son explicaciones ciertas, pero se debe precisar quiénes son los «inversionistas» que están trayendo sus ahorritos en dólares y cuáles son las exportaciones agrícolas que están aumentando.
Una clave para responder estas preguntas se encuentra en un titular de primera página del diario EL PAIS de Cali el viernes pasado: ‘Las AUC están vendiendo a ritmo acelerado su cocaína’. La noticia corresponde a declaraciones de nadie menos que el comandante de la Armada Nacional, almirante Mauricio Soto, quien afirmó que los ‘paras’ quieren liquidar a un ritmo acelerado sus depósitos de cocaína antes de la desmovilización de sus estructuras. Para el alto oficial este desespero por exportar explica los grandes hallazgos de droga que ha hecho la Armada en la Costa Pacífica, pero también se puede suponer que si a los ‘paras’ en cuatro meses les han decomisado 60 toneladas de cocaína, deben haber podido vender por lo menos tres veces más. La política de seguridad sí ha generado un aumento de esas exportaciones.
Otro hecho comprobado es el gran aumento de las compras de dólares en efectivo que se ha dado desde el comienzo de este gobierno: entre el 2002 y el 2004 se triplicó el monto de billetes verdes que entran al país, llegando a US$1.400 millones en un año; sólo en el primer trimestre del 2005 los cambistas compraron cerca de US$400 millones en billetes, con un aumento del 50% respecto del mismo período del año pasado. Detrás de esta dolarización hay muchos rumores de ‘paras’ y guerrilleros desenterrando sus caletas, contrabando de importaciones que se pagan en efectivo en Miami o Panamá, y ventas de dólares en billete por debajo de $2.000 en Montería, Cesar, Bucaramanga y otras zonas de influencia paramilitar.
Las promesas que se debieron hacer en las negociaciones, y que culminaron en la ley de «Justicia y Paz» son la explicación clarísima de por qué estos «inversionistas» recuperaron su confianza en el país y decidieron traer sus ahorritos. Si en otra época los extraditables decían que preferían una tumba en Colombia a una cárcel en Estados Unidos, ahora pueden decir que prefieren sus latifundios y sus millones en Colombia, y una temporada de reposo en Ralito a una cárcel en Estados Unidos, porque obtuvieron la garantía de no extradición a cambio de su apoyo a la campaña de reelección.
Además, como la Ley no les exige la confesión de cómo adquirieron sus fortunas, ni mucho menos entregarlas, lo que van a obtener es la legalización de la propiedad de los millones de hectáreas que han usurpado, según denunció la Contraloría General de la República, y la legitimación de las enormes ganancias provenientes del narcotráfico. En esas condiciones, se entiende por qué la impunidad es un gran incentivo para el retorno de capitales y, por lo tanto, para el aumento de la oferta de dólares que causa la revaluación.