Después del asesinato del liberador de tierra JAVIER OTECA, registrado el día de ayer a la 1:30pm en la hacienda Miraflores, por agentes de la seguridad privada del ingenio INCAUCA, los actores intelectuales del asesinato arremeten de nuevo contra la comunidad, orquestando una estrategia de persecución judicial contra los indígenas que intentaron tomar medidas de […]
Después del asesinato del liberador de tierra JAVIER OTECA, registrado el día de ayer a la 1:30pm en la hacienda Miraflores, por agentes de la seguridad privada del ingenio INCAUCA, los actores intelectuales del asesinato arremeten de nuevo contra la comunidad, orquestando una estrategia de persecución judicial contra los indígenas que intentaron tomar medidas de justicia conducentes al esclarecimiento y judicialización de los responsables materiales de este repudiable asesinato.
El día de ayer la comunidad indígena retuvo a 6 trabajadores del Ingenio INCAUCA involucrados en el asesinato de JAVIER OTECA. Estas acciones de justicia autónoma no solo encuentran sustento legal en la Jurisdicción Especial Indígena, sino que además son medidas que responden a la repetida impunidad que domina los casos de amenazas, persecución y asesinatos contra la comunidad indígena. Pese al clamor comunitario de justicia frente al asesinato de JAVIER OTECA, desde el día de ayer el conglomerado económico y financiero Ardila Lule ha desatado una campaña en los medios hegemónicos de comunicación en la que se señala a la comunidad indígena de ser responsable del secuestro de 6 trabajadores del ingenio INCAUCA, lo que indica que se está entretejiendo una estrategia de criminalización y persecución judicial contra la comunidad, que amenaza con el encarcelamiento de comuneros y comuneras por el delito de secuestro, lo que implicaría condenas de aproximadamente 40 años de cárcel.
Esta estrategia de persecución judicial responde al interés del ingenio INCAUCA de encubrir su responsabilidad directa en el asesinato de JAVIER OTECA, revictimizando a la comunidad indígena al acusarla de secuestro, buscando refundir en la cárcel a los luchadores sociales que, desde el 16 de diciembre del 2014, con piedras y caucheras se han atrevido a desafiar a uno de los más grandes poderes económicos latinoamericanos, el conglomerado económico de Ardila Lule.
No más impunidad
De la masacre del Nilo en 1991 al asesinato de JAVIER OTECA se esconde un oscuro plan de represión, persecución y exterminio contra las formas de acción y organización de la comunidad indígena nasa en lucha por la tierra. En la sentencia T 030 del 2016 la Corte Constitucional reconoció 23.200 violaciones de los derechos humanos contra la comunidad indígena nasa, por lo que se declaró a la comunidad en riesgo real de extermino. Por su parte desde que inició el nuevo ciclo de lucha por la tierra en el 2005 las fuerzas policiales han sido responsables materiales de los asesinatos de Belisario Camacho, quien cayó muerto el día 10 de Noviembre de 2005 en la Hacienda el Japio, Pedro Poscué quien fue asesinado el día 16 de mayo del 2006 en la María Piendamó, Lorenzo Largo Dagua, quien fue asesinado el 29 de noviembre del 2007 en la Hacienda la Emperatriz, Guillermo Pavi, joven de 19 años quien fue asesinado por dos disparos de bala el día 10 de abril del 2015 en la Hacienda la Emperatriz y JAVIER OTECA, asesinado el día de ayer en la hacienda Miraflores, propiedad de INCAUCA.
Pero la violencia y la persecución judicial no se restringe solo a la comunidad indígena nasa, tras el proceso de paz se ha desatado una avanzada y reconfiguración de los grupos paramilitares en Colombia. El fortalecimiento de los escuadrones de la muerte busca someter a los movimientos sociales como mecanismo indispensable para la inversión del capital multinacional en los territorios indígenas y campesinos. Vienen por el oro, por el petróleo, el carbón, el agua, la tierra, el coltan, vienen por todos los recursos naturales, vienen por la sobreexplotación de la fuerza de trabajo y los únicos que se presentan como una amenaza real a la penetración de las multinacionales en los territorios son los movimientos sociales indígenas y campesinos.
De acuerdo al informe de Indepaz durante el transcurso del 2016 se presentó la lamentable cifra de 117 asesinatos, 350 amenazas, 46 atentados y 5 desapariciones forzadas contra activistas sociales y organizaciones comunitarias y populares en todo el territorio nacional. Sin embargo la fiscalía solo reconoce 63 asesinatos de activistas sociales a nivel nacional. De estos casos reconocidos no se ha presentado una sola condena, la fiscalía ha fallado en su obligación de investigar, identificar y castigar a los responsables materiales e intelectuales de estos asesinatos.
De los 117 asesinatos registrados el 66,6%, se concentraron en el sur-occidente colombiano, de ellos el departamento del Cauca ha sido el más golpeado por la acción de los grupos paramilitares con 43 homicidios, mientras que se presentaron 9 en Nariño y 5 en el Valle. La violencia contra las organizaciones sociales se tiende a concentrar en las zonas donde se presentan los mayores procesos de resistencia contra la implementación de megaproyectos mineros y agroindustriales, por otro lado se ha presentado un incremento de las acciones de represión en aquellas regiones en donde existía mayor presencia de las FARC-EP, de manera tal que, de manera trágica y paradójica, la violencia se incrementa con la implementación de los acuerdos de paz, ya que sobreviene la reconfiguración de los poderes locales que buscan ejercer la hegemonía armada sobre territorios y recursos.
El Estado, lejos de perseguir y castigar a los responsables materiales e intelectuales de estos hechos de muerte, niega la existencia de una estrategia de exterminio contra la comunidad nasa y los movimientos sociales en Colombia. La impunidad sobre estos hechos, como la incapacidad del Estado para ejercer justicia, abre el camino para la repetición de los atentados contra la vida de los miembros de las organizaciones sociales y populares. No solo no se hace justicia frente a los asesinatos realizados en contra de los movimientos sociales en Colombia, sino que además se persigue a las víctimas, acusándolas de terroristas y secuestradores.
Frente a la impunidad en los casos de asesinatos y persecución contra los movimientos sociales en Colombia, no queda otro camino que las comunidades organizadas ejerzan de manera directa el ejercicio de la justicia. Ante la desprotección y persecución del Estado las comunidades deben asumir su propia protección, como único poder legítimo y de base. Tanto la Guardia Campesina y Popular, como la Guardia Indígena ya vienen construyendo puntos de control en los territorios que permiten proteger a las comunidades ante la avanzada de los grupos paramilitares y la militarización del territorio, pero también las comunidades deben también adelantar las acciones que les permitan ejercer justicia en el caso de los asesinatos contra los activistas sociales, persiguiendo a los culpables para que se genere un precedente que impida la repetición de nuevos homicidios.
Hacemos un llamado de solidaridad a las organizaciones sociales y populares para que estén pendientes de los acontecimientos de Corinto, para que se movilicen en rechazo del asesinato de JAVIER OTECA y para que ejerzan una dura resistencia contra la posible judicialización y persecución de los activistas sociales de Corinto.