Líderes del comité promotor de la iniciativa denuncian dilaciones en el establecimiento de fecha para la consulta y falta de garantías para su realización. Después de que en noviembre de 2016 el Consejo de Estado indicara que la pregunta propuesta para la consulta minera en el municipio de Cajamarca, Tolima, carecía de neutralidad; y de que […]
Líderes del comité promotor de la iniciativa denuncian dilaciones en el establecimiento de fecha para la consulta y falta de garantías para su realización.
Después de que en noviembre de 2016 el Consejo de Estado indicara que la pregunta propuesta para la consulta minera en el municipio de Cajamarca, Tolima, carecía de neutralidad; y de que el Tribunal Administrativo del Tolima sugiriera el pasado 19 de enero una modificación sustancial en la misma, el ambiente en la región se ha tornado confuso para esta iniciativa popular con la que se busca impedir que la multinacional minera Angloglod Ashanti obtenga licencias para explotación de oro en el territorio.
Según detallan miembros del comité promotor de la consulta, este proceso ha sido largo y complejo, pues una vez recolectadas las firmas necesarias, la Registraduría Nacional del Estado Civil avaló la iniciativa, que pasó a aprobación por parte del Concejo municipal de Cajamarca y del Tribunal Administrativo del Tolima. Después de dar su visto bueno, el comité junto a la alcaldía del municipio establecieron la fecha de la consulta pero rápidamente Anglogold Ashanti interpuso una acción jurídica ante el Consejo de Estado, acción que caló en el Consejo y por la que la entidad decidió que la pregunta debía replantearse.
A mediados de enero el Tribunal Administrativo del Tolima presentó su propuesta de pregunta para la consulta, que sería: ¿Está usted de acuerdo sí o no con que en Cajamarca se realicen proyectos mineros? Pregunta que, evidentemente, abre el espectro a todo tipo de minería.
De acuerdo con el Concejal de Cajamarca, Camilo Padilla, se viene dando una serie de situaciones que generan serias dudas sobre el proceso legal de la consulta: «Primero, no sabemos si el Tribunal Administrativo del Tolima y el Consejo de Estado tienen la competencia para formular la pregunta de una consulta que es de iniciativa ciudadana». Además, según detalla el concejal, no es pertinente que se convoque a la consulta cuando aún no se conocen los resultados de la impugnación del comité promotor ante la determinación del Consejo de Estado.
Al igual que Padilla, quien asegura que: «se han puesto muchas talanqueras con el fin de que la consulta no se lleve a cabo», Jimmy Torres, gerente de la campaña de la consulta popular, sostiene que: «Pareciera que están dilatando el proceso, pues el Consejo de Estado dice una cosa y el Tribunal otra».
El gerente de la campaña explicó que el comité considera que aunque el tribunal dio un «espaldarazo» a la consulta, el hecho de que proponga la pregunta deja en arenas movedizas al proceso, pues es muy amplia y podría ser fácilmente rebatida una vez se haya realizado la consulta. Igualmente, el concejal Padilla explica que, al ser sobre todo tipo de minería, «la pregunta puede terminar en demandas que le resten legitimidad a la consulta, pues lo que se quiere es que la población de Cajamarca decida sobre un proyecto minero de unas características particulares, como que se haga a cielo abierto, y no sobre minería de subsistencia, artesanal, de barequeo, ni de material de arrastre o construcción».
Por su parte, José Domingo, coordinador del comité promotor de la consulta, precisó la naturaleza de esta iniciativa: «Esta consulta es impulsada por la ciudadanía y no por el difunto alcalde. Hemos venido haciendo una oposición honesta al proyecto minero y después de que habían avalado la consulta nos dicen que la pregunta es inconstitucional».
El inconformismo se ha acrecentado en los últimos días, pues además de las intervenciones del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo del Tolima, el pasado 1 de febrero, Susana Andrea Canizales, alcaldesa encargada de Cajamarca, emitió un decreto en el que manifiesta que se abstendrá de fijar una fecha para la consulta.
De manera específica, el decreto 013 de 2017 indica que la mandataria decide «Abstenerse de fijar fecha para realizar la Consulta Popular Minera en el Municipio de Cajamarca, Tolima, hasta tanto se tenga respuesta a las consultas elevadas al Comité Promotor, Concejo Municipal, Consejo de Estado y la aclaración de fallo por parte del Tribunal Administrativo del Tolima, que permitan hacer claridad al procedimiento a seguir por parte de la Administración Municipal».
Promotores persistirán en su iniciativa
«La locomotora minera está empezando a perjudicarnos y no estamos dispuestos a cambiar nuestra vocación agrícola. Tenemos que entender que minería no es desarrollo y lograr que se reconozca que Cajamarca es la despensa agrícola de Colombia y por lo tanto, sus fuentes de agua -como el río Anaime, Bermellón, Toche y la microcuenca Chorros Blancos- no se pueden afectar», declaró José Domingo.
Los múltiples aplazamientos y la falta de garantías para que el pueblo cajamarcuno se pronuncie frente a la extracción de oro en su territorio ha generado un efecto boomerang que ha empoderado más a la comunidad del proceso popular; no en vano, Jimmy Torres concluye que es posible que el municipio auto-convoque y se haga una consulta autónoma que demuestre la inconformidad con el proyecto minero de la multinacional Anglogold Ashanti. «Si el Gobierno sigue desconociendo la participación ciudadana, vamos a contemplar llevar esta iniciativa hasta la Corte Internacional de Justicia si es necesario».
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