Los recientes abusos de autoridad de la Policía Nacional han evidenciado el hostigamiento que padecen las comunidades campesinas, afros e indígenas. En la última semana arrojó el vergonzoso saldo de 6 campesinos asesinados en Tumaco, Nariño y el homicidio de una comunicadora popular indígena en Cauca. Por otra parte, la información suministrada por esta institución […]
Los recientes abusos de autoridad de la Policía Nacional han evidenciado el hostigamiento que padecen las comunidades campesinas, afros e indígenas. En la última semana arrojó el vergonzoso saldo de 6 campesinos asesinados en Tumaco, Nariño y el homicidio de una comunicadora popular indígena en Cauca. Por otra parte, la información suministrada por esta institución ha sido confusa y contraria a la realidad, hecho que ha sido registrado por la Defensoría del Pueblo y algunos medios de comunicación.
En los últimos años ha salido a flote la profunda crisis ética que padece la Policía Nacional, evidenciándose en algunos casos la colaboración con bandas criminales, sus nexos con paramilitares y narcotraficantes, además de una profunda corrupción en todos sus niveles. A esto se suman los escándalos por la colaboración con redes de prostitución y la permanente represión al movimiento social.
El descrédito de este cuerpo del Estado ahonda más en la crisis institucional que atraviesa el país y falta de credibilidad en el Gobierno.
Cabe recordar las permanentes arbitrariedades de la Policía en los últimos años frente a las movilizaciones de las organizaciones sociales, que presenta resultados preocupantes. Siempre se encuentran en estas jornadas ciudadanos detenidos sin justificación alguna, montajes judiciales, uso excesivo de la fuerza, heridos y en muchos casos muertos. Esto hechos han generado que congresistas como Iván Cepeda, Alirio Uribe y Ángela María Robledo cuestionen la doctrina de la Policía y su accionar, así como los intereses que esta defiende en la construcción de paz y su relacionamiento con la comunidad en general.
Las organizaciones sociales manifiestan que el Estado y sus instituciones deben revaluar la política del enemigo interno y entender que su adversario no son las comunidades. Esto acorde a un país en tránsito a la paz y la reconciliación.
Como resultado de las movilizaciones y denuncias frente a los hechos ocurridos el pasado 5 de octubre, que involucran el accionar de la policía con la masacre de Tumaco, el Gobierno Nacional ha ordenado que los 102 uniformados de ese organismo sean trasladados, mientras se adelantan las investigaciones. Aunque es un duro golpe para la credibilidad de la institución podría pasar que, con esta maniobra se esté desviando la atención sin que se tomen los verdaderos correctivos judiciales
Frente a esto, para el 12 de octubre durante todo el día se convocan jornadas que expresen el inconformismo frente a los hechos ocurridos de brutalidad policial en el sur y resto del país. Las organizaciones sociales como la Cumbre Agraria, el movimiento social y político Marcha Patriótica, colectivos, sindicatos, estudiantes respaldan esta iniciativa y llaman a juntar el inconformismo frente al manejo estatal de la protesta social, la salida política al conflicto con el ELN y la implementación del Acuerdo de paz realizado con las FARC-EP.
Fuente original: http://prensarural.org/spip/spip.php?article22170