La aprobación por el Senado de la República de la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a los pueblos indígenas del país, puede constituir un avance en la deteriorada imagen de Chile a nivel internacional, en lo que se refiere a su comportamiento con sus pueblos originarios. Pero el agregado […]
La aprobación por el Senado de la República de la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a los pueblos indígenas del país, puede constituir un avance en la deteriorada imagen de Chile a nivel internacional, en lo que se refiere a su comportamiento con sus pueblos originarios. Pero el agregado de una interpretación a uno de los Artículos de este documento, que estaba pendiente hacía 18 años en el Congreso, no deja satisfechos a todos: ni a los dirigentes mapuche de las organizaciones más «puntudas», ni a los expertos winkas en el tema, y por tanto, el arreglo ha quedado cojo a nivel internacional y no mejorará como podría haberse esperado las relaciones del Estado chileno con los mapuche.
Con este paso, la Cámara Alta quizás ha tratado de apaciguar los ánimos tan caldeados desde la huelga de hambre que por más de 100 días realizó la dirigenta mapuche Patricia Troncoso, con riesgo de muerte. Y además, cumplir uno de sus compromisos internacionales pendientes para presentar una actitud moderna frente a las etnias: no sólo apoyo y protección -como lo dictamina la Ley Indígena- sino también reconocimiento y liberalización. Pero el agregado de una declaración «interpretativa» de alguno acápites de dicho Convenio distorsionan su significado, explicó al rechazarla Aucán Huilcamán, vocero del Consejo de Todas las Tierras, la organización mapuche que lucha desde hace veinte años por los derechos de la más importante etnia en el país. Y aunque aún no se ha pronunciado públicamente, no se puede esperar menos de la Coordinadora Arauco-Malleco, el más beligerante de todos los grupos.
El problema se arrastra desde hace tiempo
Pese a que contamos desde 1993 con una legislación indígena hecha con participación de todas las etnias a fines de la dictadura militar y presentada como parte de su programa durante la campaña del Presidente Patricio Aylwin, quedó pendiente la ratificación por parte del país del Convenio 169 de la OIT que da el reconocimiento de «pueblos» a los indígenas, a diferencia de «culturas», «etnias» u otros términos como se les llama hasta hoy. La derecha rechazó una y otra vez su aprobación, temiendo que ese reconocimiento al vocablo «pueblo» creara «un Estado dentro del Estado».
Si bien el Convenio 169 habla de «pueblos» y del derecho a la autodeterminación, la OIT ha aclarado que en su documento este derecho es diferente al del Derecho Internacional. Mientras este último confiere derecho a la autodeterminación o independencia del Estado-nación bajo cuya dominación se encontrare el pueblo que lo reclama, el de la OIT la limitaría a asuntos internos y locales, de aspectos culturales o bienestar social.
El mismo temor a la palabra «pueblo» de este convenio ha existido a nivel internacional. Las dificultades para aprobar la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas topó con este asunto hasta el año pasado en que finalmente se la aprobó. Pero existen Estados nacionales que han reconocido estos derechos a sus pueblos originarios hace rato: Canadá, Nicaragua y Panamá en nuestro continente, donde sus aborígenes ya cuentan con territorio y autonomía para gobernarse internamente. Los kuna de Panamá, incluso manejan el comercio exterior de sus producciones artesanales. Los inuit de Canadá manejan su extenso territorio de 2 millones de kilómetros cuadrados con sus propias instituciones, como Parlamento y Ejecutivo. Y las legislaciones de Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela y Argentina reconocen y respectan los derechos fundamentales a los pueblos originarios. Algunos se han quedado solamente en el papel pero otros han avanzado mucho, como Bolivia bajo su primer presidente indígena, Evo Morales.
En nuestro país, a las organizaciones mapuches más «puntudas» ya no les basta con la recuperación de tierras a través del ente gubernamental Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI). Quieren la devolución total del territorio mapuche, el que tenían antes de que existieran las fronteras de Chile y Argentina: unir el Puelmapu (territorio mapuche argentino que reuniría a los 300 mil mapuches sobrevivientes en el vecino país), con el Ngulumapu (territorio mapuche chileno con cerca de un millón de personas) y así reconstituir el Wallmapu, un territorio donde se les garantice su derecho y acceso a los recursos naturales y a la autodeterminación o autonomía.
Chile no parece preparado para una reivindicación de este grado. Y aunque los mapuche son los más combativos de las ocho pueblos originarios, ni siquiera todos sus integrantes lo están. Muchos se conforman con lo que están obteniendo con el ente gubernamental conducido por uno de ellos y donde participan sus representantes. Los más exigentes provienen de las aulas universitarias y del exilio mapuche en Europa que pregonan la autodeterminación y la participación mapuche «alrededor del Estado chileno y no dentro de él», según lo escribió ya en 1999 el antropólogo chileno Rolf Foerster. Hoy lo proclaman en reuniones internacionales y lo difunden a través de sus diarios digitales.
El documento aprobado el martes 4, según el resumen de prensa de la Oficina de Informaciones del Senado, afirma, entre otros, que «se reconocen las aspiraciones de los pueblos tribales e indígenas de asumir el control de sus propias instituciones, formas de vida y desarrollo económico y, a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, dentro del marco de los Estados en que viven (…) el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, mientras no sean incompatibles con los derechos fundamentales establecidos en la legislación nacional, ni con los derechos humanos internacionalmente admitidos».
Además «se establecen obligaciones para los Estados partes de respetar y garantizar la relación de estos pueblos con las tierras que ocupan o que ancestralmente han ocupado» e «Impone a los Gobiernos el deber de adoptar medidas, incluso mediante acuerdos internacionales, para facilitar los contactos y la cooperación entre pueblos indígenas y tribales a través de las fronteras».
El proyecto vuelve a la Cámara de Diputados y de allí, al Poder Ejecutivo para su promulgación y vigencia.
Y todavía hay que esperar nuevas reacciones de sus afectados.
– Lidia Baltra. Periodista. Ex jefa de prensa de la Comisión Especial de Pueblos Indígenas (CEPI) y de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI).