Durante la semana pasada, 22 dirigentes y dirigentas sindicales de la industria salmonera de Chiloé se reunieron en un seminario de capacitación, organizado por Fundación Terram y El Canelo de Nos, auspiciado por Oxfam, para fortalecer el movimiento sindical del sector, mediante la entrega de información y herramientas que les permitieran conocer en mayor profundidad […]
Durante la semana pasada, 22 dirigentes y dirigentas sindicales de la industria salmonera de Chiloé se reunieron en un seminario de capacitación, organizado por Fundación Terram y El Canelo de Nos, auspiciado por Oxfam, para fortalecer el movimiento sindical del sector, mediante la entrega de información y herramientas que les permitieran conocer en mayor profundidad los impactos de esta industria a nivel económico, ambiental y social.
La instancia se transformó en un importante espacio de diálogo, donde los trabajadores contaron sus experiencias y manifestaron sus inquietudes frente a los desafíos que tienen de cara a una industria que genera una importante cantidad de divisas para Chile, pero que, lamentablemente, presenta condiciones laborales muy precarias.
La salmonicultura es una industria nueva, que se ha insertado de manera brusca en la cultura sureña, particularmente en la chilota. La gran mayoría de las personas que trabaja en ella ha pasado de un sistema de autoprovisión, como pescadores o agricultores, a ser un asalariado que alimenta o faena salmones. Pero esta nueva relación dueño-empleado ha evidenciado una serie de asimetrías, en donde los propietarios del capital son quienes han obtenido los mayores beneficios en desmedro del medio ambiente y condiciones laborales dignas.
Este punto ha sido especialmente discutido durante el último año. Las cifras oficiales han puesto de manifiesto que en materia de cumplimiento de la legislación laboral, este sector se encuentra en deuda. Durante los últimos doce meses, 232 faenas fueron fiscalizadas por la Dirección de Trabajo, tanto en centros de cultivo como en plantas de proceso, detectándose una infraccionalidad de 63%, es decir, una de cada tres empresas no está cumpliendo en materia de protección a sus trabajadores, cifra que se condice con las preocupantes tasas de accidentabilidad entregadas por el Instituto de Seguridad del Trabajo, que corresponden a 13,9% en plantas de proceso y 11,2% en centros de cultivo.
Cabe destacar que estos números apenas reflejan una parte del problema, porque sólo considera los casos oficialmente registrados. Según el estudio de condiciones laborales «Cultivando Pobreza» de Fundación Terram, en 2004, tres de cada diez trabajadores había sufrido algún tipo de enfermedad o accidente relacionado con la labor que desempeñaban dentro de su empresa.
La sustentabilidad social del sector y la producción de un «salmón justo» requieren de una fuerza laboral empoderada, con herramientas que les permita enfrentar al empresariado en condiciones más equitativas: 80% de los productores está agrupado en una asociación gremial, mientras que los trabajadores se encuentran dispersos y, en muchos casos, divididos. Aproximadamente, 17% de ellos están sindicalizados. Los motivos son obvios: miedo a represalias de parte de la empresa, miedo a perder el empleo y desconfianza de estas organizaciones. Por otra parte, la legislación chilena, en lo que respecta de la protección de los sindicatos, es de las más débiles de Latinoamérica. La OIT ha señalado que los trabajadores sindicalizados obtienen mayores beneficios y condiciones laborales respecto de los que no lo son.
Las organizaciones de la sociedad civil están apoyando el proceso de fortalecimiento de los trabajadores para que sean capaces de exigir derechos que, por ley, les son propios. Sin embargo, es el Estado el que debe dar un salto cualitativo en materia de legislación, respetar los tratados internacionales y aplicar mayor fiscalización a las empresas.
Francisco Pinto es Economista de Fundación Terram (Chile)