Recientemente apareció en Granma, órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, lo que por sí mismo habla de la significación del texto, « El derecho a la información «. Al lector que escribe estas líneas -y le consta que también a otros, pero solamente habla por sí- ese artículo le suscitó sensaciones […]
Recientemente apareció en Granma, órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, lo que por sí mismo habla de la significación del texto, « El derecho a la información «. Al lector que escribe estas líneas -y le consta que también a otros, pero solamente habla por sí- ese artículo le suscitó sensaciones diversas. Ahora intenta esbozar algunas de ellas, en un orden que no se corresponderá necesariamente con el del artículo ni con la importancia de los asuntos tratados en él, y sin la menor intención de ser exhaustivo.
Más allá de minucias que puedan molestar a un autor y editor quisquilloso, el texto comentado muestra una corrección básica general; y aunque no la tuviera, y aun si fuese desaliñado -que no es el caso-, lo que más llamaría la atención sería, es, su contenido. Pero –mea culpa del ignorante- escribo estos comentarios sin saber aún de la autora más que el nombre, Anneris Ivette Leyva, y con la sospecha, compartida con algunos y algunas colegas, de que es persona joven. Quizás sea una suposición sin fundamento, pero la suscita la forma resuelta, desprejuiciada y limpia -mérito nada menudo- con que aborda algo que llueve sobre mojado, y eso no es ciertamente responsabilidad suya.
El derecho a la información es en el país un reclamo expresado de varios modos a lo largo de años: incluida la convocatoria a romper el «síndrome del silencio», la cual creó, hace dos décadas o más, grandes expectativas. No era para menos, dada la importancia que su consumación habría tenido. Pero no tardó en contenerse, o replegarse, presumiblemente por la voluntad -respetable, sin duda- de no transitar un camino como el que en otras latitudes se denominó transparencia informativa, con perestroika. Fue algo que parecía llamado a romper trabas, y acabó vinculado con la debacle de un socialismo que mostró la necesidad de autoproclamarse real, hecho que, a la larga -y no se habrá repetido en exceso-, pudo entenderse en el doble sentido de real como derivado de realidad (res) o de realeza (rex). Si no hubo reyes visibles y con ese nombre, parece que Versalles no faltaron.
Pero sería pueril o irresponsable reducir a responsabilidad de la prensa la caída de aquel socialismo. El proceso que lo hizo rodar por tierra incluyó la desintegración de la Unión Soviética y la implantación de un capitalismo que solo podía satisfacer a nuevos ricos que, tal vez como norma, llegaron a serlo gracias al ejercicio corrupto del poder, con el cual se convirtieron en una mafia o algo parecido. Posiblemente las dinastías zaristas, hechas a mandar como derecho natural indiscutible -más o menos divino-, se habrían sorprendido ante semejante urdimbre de recovecos, ni divinos ni naturales, que fueron aberración a pulso, incompatible con un proyecto de justicia social y democracia verdaderas.
En rigor, los llamamientos hechos en Cuba a destrabar la información no cesaron del todo ni cuando la perestroika tomaba aquellos rumbos, ni después; pero se aguaron con criterios resumidos, como perspectiva ideológica incontestable, en una frase paralizante: «No es el momento». Así se afianzaba el síndrome que se había querido eliminar, y se dificultaban logros necesarios para el avance del socialismo. De ahí la importancia del artículo comentado, que tiene de su lado reclamos como los hechos por el compañero Raúl Castro, especialmente en el Informe central al Sexto Congreso del Partido, cuando puntualizó que en Cuba los secretos de Estado son contados y no deben aducirse para ocultar información.
Para hacer plena realidad -respetarlo- el llamamiento del primer secretario del Partido, y presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, no basta un buen artículo. Por eso, más que preferir que fuera una declaración editorial, no un texto de autor, o de autora -por muy conocida que fuese la firma, y muy grande el apoyo con que cuente-, se debe aspirar a que no sea un mero suelto periodístico más, sino parte de una labor sostenida y tenaz que abarque a la sociedad en pleno. Sería terrible que dentro de veinte años se requiriese otro artículo para advertir que se ha avanzado poco o nada en la lucha contra un mal que sirve para esconder males mayores. ¿Resistiría otras dos décadas así nuestro afán socialista?
Que los países socialistas de Europa, y la URSS, se pasaran a las filas del capitalismo sin que mediase una tercera guerra mundial -aunque en gran medida lo fue la llamada Guerra Fría- no se explica simplemente como el resultado de destapar la caja de Pandora, imagen mitológica de sesgo machista (¿no fue una mujer la indiscreta?). Lo determinante en el desastre habrá sido la cantidad de cosas que, gracias al déficit de información, crítica y denuncia, se escondieron no precisamente en cajas simbólicas. Lo más importante no es conocer la realidad, sino transformarla; pero su desconocimiento impide transformarla acertadamente.
La propaganda enemiga -cuyos calumniosos ataques únicamente dejaríamos de recibir si abandonáramos el afán de independencia y socialismo- no debe trazar nuestra agenda informativa. No lo merece, ni lo necesitamos. Pero tampoco nos haría bien tender mantos sobre la realidad con el argumento de no colaborar con el enemigo. El escamoteo sería una de las armas que más provechosas resultarían para los empeñados en destruirnos, envalentonados con una hegemonía que lleva veinte años reforzada por la desaparición del campo socialista europeo y de la URSS. Más nocivo que un texto equivocado serían los males no combatidos a tiempo. Esos sí pueden echarnos por tierra.
Hace poco más de un año, en un artículo titulado « Entre santa y santo… o Cultura anticorrupción «, y publicado originalmente en Cubarte, aludí a cierto suceso que estaba ocurriendo. Escribí entonces algo que ahora repetiré en lo fundamental. Sobre el exceso de «prudencia» con que a menudo se ha querido cuestionar, o impedir, el cumplimiento de derechos y deberes de la información, apunté que lo dicho por un académico, un periodista o cualquier ser humano contra la corrupción puede irritar y tildarse de inadecuado, y tener o atribuírsele insuficiente base documental. Pero la irritación ante la crítica puede venir no solo de incautos, o de quienes honradamente piensen que puede hacernos daño, sino asimismo de interesados en que la corrupción no se combata (y menos aún la suya).
Hoy regocija añadir que al académico entonces aludido se le ha repuesto en su condición de militante del Partido Comunista de Cuba, que nunca debió habérsele cuestionado por el «error» de pronunciarse contra males que para la Revolución son todo lo peligrosos que no era su «error». Ella necesita que se denuncie todo lo que pueda hacerle daño, aunque venga de quienes, en teoría, la defienden de manera incondicional. Esa palabra, dicho sea de paso, merecería sustituirse -o merecemos sustituirla- por expresiones propias del pensamiento revolucionario, como fidelidad reflexiva. Hace años lo traté en «Lealtad y vocablos», miniensayo de mi libro Más que lenguaje, con dos ediciones hechas en Cuba antes de que ningún periodista foráneo, con agudeza y dudosas intenciones, nos echase el tema en cara.
En el plausible artículo de Granma citado nuestra periodista escribe: «Quizás en este minuto, lectores frecuentes y fuentes habituales de los medios de comunicación, puedan estar asintiendo y concordando en que sí, la información no es propiedad privada. Pero resulta que en el diario recabar periodístico en aras de obtenerla, se presentan innumerables e ilógicos escollos, en esferas muy distantes a los asuntos de secreto estatal, que obviamente precisan de un tratamiento diferenciado».
Cabe puntualizar que, en efecto, la información no es propiedad privada, pero pueden tratar de convertirla en tal, para provecho propio, quienes busquen malversar recursos que sonde índole y propiedad sociales -pertenecen al pueblo-, y cuya administración -no su propiedad- corresponde al Estado, que debe ejercer su misión celosamente por medio de sus instituciones y con sus normas. Pero el Estado no es ni elefante sagrado ni entelequia abstracta, sino un conjunto de órganos concretos constituidos por seres humanos, y eso remite a una máxima parcialmente citada antes: «Entre santa y santo, pared de canto».
El valioso artículo de Granma se refiere -gloso con cuidado, para ser fiel a las ideas sin reproducir textualmente un período cuya extensión podría quizás dificultar la lectura- a «cuestiones económicas de comprensible interés público, y que mucho ayudarían si fueran de conocimiento mayoritario». Pero los obstáculos que lo impiden -no faltarán ejemplos- tienen asiduamente una base: «la incomprensión de muchos funcionarios administrativos» que «parecen vivir ajenos al derecho de los ciudadanos y a la irritación que en la población causa el no explicar a tiempo los porqués de un fenómeno o medida».
El texto aborda centralmente el escamoteo de información por parte de «funcionarios administrativos» -¿de qué niveles?- que tienen el deber de ofrecer datos para la información que lectores y lectoras necesitan y merecen recibir. Pero la realidad rebasa esos límites, por altos que sean: incluye también el peligro encarnado en quienes -adueñándose de recursos que son de la sociedad, del pueblo- se permitan modos de vida incompatibles con la legalidad y, sobre todo, con la ética de un proyecto justiciero, socialista. Tal es el que Cuba ha venido tratando de construir durante medio siglo en lo que no todo lo hecho merece ser tildado de dislate, ni echado a la basura junto con la palangana y el agua sucia.
Acaso el mayor éxito logrado por la política agresiva del imperialismo contra Cuba no se halle en el plano material o económico -en el que, sin duda, tanto daño nos ha causado-, sino en la estela de resquemores, suspicacias y paranoias que ha logrado sembrar en nuestra mentalidad colectiva. Unos y otras pueden haber sido abonados, con mayor o menor grado de conciencia, por malos hábitos y por personas con facultades para propiciar que la información ceda su lugar al mutismo o, cuando más, a rumores que prosperan cuando la información es nula o deficiente. Y parece que al imperio le quedan más de veinte años.
Sería pertinente recordar la ligereza con que a menudo se culpa a nuestra prensa de los déficits que a veces le han restado profesionalidad y, peor aún, credibilidad. Se requiere fomentar una cultura de la crítica, que marque lo más claramente posible la diferencia entre el ejercicio del criterio -falible, pero bien orientado- y la alabanza o el ataque irresponsables. No basta clamar por la necesaria crítica. También debemos ser capaces de recibirla, y responder adecuadamente, sin rabietas de ofendido. Aunque haya ataques que ni respuesta merezcan. Siempre será necesario saber qué se promueve.
Esa cultura incluye espacio para el diálogo. Basta de tomar como blanco de las arremetidas contra la prensa únicamente al profesional que, a veces capeando restricciones castrantes, ejerce el periodismo. Hay colegas que aún están esperando la luz verde para tratar sonados sucesos ocurridos hace ya tiempo. En la mira del análisis deben igualmente estar los responsables de aplicar la política informativa. No parta la soga por el ramal más débil.
Lo antes dicho incluye el deber de cada quien, en su puesto, alto o modesto, de cumplir su papel con honradez y valor, aun al precio de enfrentar incomprensiones y hasta de cometer errores que nunca serán más graves ni costosos para el país que las deformaciones que urja condenar y enfrentar. No solo en la lucha contra enemigos y males foráneos vale recordar como brújula algo que, en un contexto en el cual habló de la muerte, escribió José Martí y suele citarse parcialmente: «El periodista sobre todo parece verla venir sin miedo: ¡tiene tanto el periodista de soldado!» Vale también al enfrentar cuestiones internas, solo que a veces parece más fácil y elegante arriesgar la vida que otros bienes mucho menores.
Los derechos y deberes de la información no se agotan en ella. Son inseparables de la necesaria participación ciudadana en el trazado y la defensa de los destinos del país, en conjunto y en cada pedazo suyo. Eso es democracia socialista plena. Que, digamos, una cooperativa no pueda pagar el salario a sus trabajadores porque haya invertido sus fondos inadecuadamente, parece apuntar a falta de participación de sus trabajadores en la toma de decisiones básicas para el colectivo. Y, si han participado, quizás lo hayan hecho sin suficiente sentido de responsabilidad, ya sea por estar mal informados, o por seguir la inercia de un disciplinismo mal entendido y profundamente antidemocrático, antipopular, caldo de cultivo para la burocracia. Una cooperativa es un pedacito de la nación.
Cumplir deberes y ejercer derechos será una forma, no la menos importante, de llevar a la práctica la conducta que, con respeto y sentido de responsabilidad -como en su terreno corresponde hacer a un soldado y a un jefe de tropas-, un periodista y un responsable de política informativa deben mantener por principio y por sentido ético ante el pueblo. Para él trabajan. Lo demás puede quedar en palabrería hueca, estéril, capaz de crear ilusiones, y generar muerte por desengaños. Informar o no informar, ser o no ser, esa es la cuestión.