A fines de abril, la Alianza Chilena por un Comercio Justo y Responsable (ACJR) presentó ante la Comisión Europea (CE) y la OIT, en Ginebra, Suiza, un informe sobre las condiciones laborales de las trabajadoras chilenas. El estudio, encargado por el organismo de cooperación internacional Solidar, detectó un fuerte deterioro en la calidad del trabajo […]
A fines de abril, la Alianza Chilena por un Comercio Justo y Responsable (ACJR) presentó ante la Comisión Europea (CE) y la OIT, en Ginebra, Suiza, un informe sobre las condiciones laborales de las trabajadoras chilenas. El estudio, encargado por el organismo de cooperación internacional Solidar, detectó un fuerte deterioro en la calidad del trabajo femenino.
Solidar encargó a tres de los socios de la Red Global, en Ghana, India y Chile, una investigación sobre las condiciones laborales de mujeres trabajadoras en situaciones de precariedad. En Chile, la organización encargada de realizar este trabajo ha sido la ACJR, cuyos resultados fueron presentados la semana pasada por Coral Pey, directora ejecutiva de la ACJR, ante miembros de la OIT y la Comisión Europea en Ginebra, Suiza, en la sede de la Organización Mundial de Comercio, OMC.
La investigación se realizó bajo el programa «Las Mujeres Hablan», cuyo objetivo es estimular el debate de desarrollo económico mundial, las relaciones entre mujeres y comercio y establecer propuestas para mejorar las políticas comerciales de la Unión Europea, las que inciden en la calidad de vida de las trabajadoras del Tercer Mundo.
El estudio proporciona evidencias del deterioro en la calidad del empleo en los tres países. Muestra que mientras las mujeres desempeñan diferentes formas de trabajo informal, están en la base de la pirámide de la economía sumergida, concentradas en actividades poco rentables y con altos niveles de precariedad.
El informe sobre Chile, que fue presentado por Coral Pey, se basa en un estudio basado en numerosas entrevistas a trabajadoras apoyado por información estadística. Pese a los progresos para la formalización del sector laboral, señalado por la OIT, en Chile existe un deterioro general de las condiciones laborales, incrementándose esta tendencia en los empleos ligados a las exportaciones.
En el sector agrícola, aun cuando esta área ha demostrado ser muy productiva y rentable, «imperan empleos estacionales, mal pagados y sin ninguna protección social. Las trabajadoras no saben cuando comenzarán a laborar ni la fecha de término, así como tampoco la duración de la relación laboral, ni el monto de sus remuneraciones». Las trabajadoras de la agricultura en Chile no están afiliadas al sistema de pensiones y no tienen protección de salud o de cesantía y no reciben pago por vacaciones.
El informe sobre Chile contiene también un amplio capítulo destinado a la industria salmonera. Al respecto señala que «el explosivo crecimiento de esta industria no tiene ninguna relación con el deterioro de sus condiciones laborales. Un alto porcentaje de la población de la región de Los Lagos, y en especial en Chiloé, trabaja en esta industria. El 2003 las empresas salmoneras emplearon a 45 mil personas, de las cuales el 70 por ciento son mujeres».
Pese al éxito de la industria -se señala- las condiciones laborales son deficientes: un 80 por ciento percibe el salario mínimo, vive en un clima de inestabilidad laboral y carece de beneficios sociales. Estas malas condiciones laborales generan, asimismo, enfermedades ocupacionales y otros problemas.
«El trabajo en la industria salmonera de realiza de pie. Ellas permanecen paradas entre ocho y 16 horas diarias. Sus jornadas son tremendamente largas y extenuantes. En algunas compañías, las mujeres no van al baño porque el tiempo que ocupan se les descuenta de sus salarios. Las trabajadoras prefieren no ir al baño para evitar la pérdida de dinero».
Otros graves problemas citados en el informe están relacionados con la carencia de higiene en los lugares de trabajo. En muchas empresas las mujeres sólo cuentan con botas de goma, las que concentran la humedad. Las condiciones higiénicas son deplorables, con baños y camarines insuficientes e insalubres. Los comedores son sucios y con altos niveles de toxicidad debido el agua clorada.
«La ley chilena señala que la jornada laboral es de 48 horas semanales, con un tiempo extra de dos horas, como máximo. Estas normas, señala la autoridad, la cumplen la mayoría de las compañías, no obstante no sucede lo mismo en las empresas externalizadas, donde las trabajadoras deben quedarse hasta que termine el ciclo completo del proceso de producción, muchas veces de hasta 14 horas diarias»., establece el informe.
Según afirma Solidar, el comercio internacional es un elemento clave para la reducción de la pobreza en el mundo. Y aun cuando mucha gente que vive en situación de pobreza ha podido mejorar su condición mediante el incremento del comercio mundial, un grupo todavía mayor ha visto que sus condiciones de vida se han deteriorado. Y, en este grupo, las mujeres son las más afectadas.
Los tratados de libre comercio -afirma el documento- han sido asumidos como neutrales en materia de género, no obstante se trata de una visión simplista y poco estudiada. Si bien algunos impactos de la liberación comercial sobre las mujeres están documentados, la gran mayoría no lo está, en especial los casos relacionados con la participación de la mujeres en la economía informal y en empleos precarios.
La agenda mundial de libre comercio -establece el informe- ha conducido a una informalización de la fuerza laboral, caracterizada por un crecimiento del trabajo independiente, fenómeno que ha cobrado especial fuerza en América latina, Asia y Africa. Ha llevado también hacia una feminización del desempleo: por una parte reciben bajos salarios en empleos precarios, lo que se suma a las labores domésticas no remuneradas.
Finalmente, el estudio despliega una serie de recomendaciones para terminar con la desigualdad laboral de género, sugerencias que están destinadas a la Unión Europea, los gobiernos nacionales de los tres países y a las organizaciones sindicales. Entre ellas, la creación de una cláusula de género para todos los compromisos económicos internacionales, que asegure el acceso pleno de las mujeres a políticas de desarrollo social, y de equidad de género.
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