Este verano se ha destapado la grave crisis de las infraestructuras que, en particular, han afectado a Cataluña. Las instalaciones ferroviarias, el aeropuerto, la red eléctrica, las carreteras… todo ha fallado. Los ciudadanos y ciudadanas catalanes han tenido que sufrir una y otra vez cortes de corriente, generadores que contaminan y hacen un ruido terrible, […]
Este verano se ha destapado la grave crisis de las infraestructuras que, en particular, han afectado a Cataluña. Las instalaciones ferroviarias, el aeropuerto, la red eléctrica, las carreteras… todo ha fallado. Los ciudadanos y ciudadanas catalanes han tenido que sufrir una y otra vez cortes de corriente, generadores que contaminan y hacen un ruido terrible, esperas dentro de trenes y en los andenes, colas para llegar a perder el avión y las maletas, hasta 70 kilómetros de cola en la autopista a pleno sol. ¿Qué está pasando? ¿Quiénes son los responsables? ¿Qué soluciones?
Lo que pasa: la consecuencias de políticas pública neoliberales
El déficit de las infraestructuras no es nuevo. Desde hace años hay una falta de inversiones en los terrenos más sociales y públicos, con aquello que tiene que ver con lo que se dice «servicios» y que configura un país moderno: red de transporte ferroviario y metros, carreteras, aeropuertos, pero también la sanidad, las escuelas y las universidades, etc. Desde hace ya más de veinte años se ha impuesto el modelo económico neoliberal. Una de sus consecuencias es «adelgazar» todo lo que son los servicios públicos y sociales del Estado. Así se permite hacer negocios dentro de estas áreas hasta entonces reservadas y controladas por
En efecto, el neoliberalismo ha llevado a que los empresarios privados se apropien de las redes de distribución, como Endesa o Telefónica, y que declaren sin pudor los millonarios beneficios que obtienen para prestar estos servicios. O que las concesiones de las autopistas privadas se alarguen por más años con un servicio deficiente. El once de agosto el gobierno catalán obligó por primera vez a abrir las barreras de una autopista cuando había ya 70 kilómetros de cola. El empresario privado (un accionista destacado es «la Caixa») las volvió a cerrar cuando «sólo quedaban 25 kilómetros» y tuvo que volver a intervenir la Generalitat. La sesión del Parlamento catalán donde comparecieron los presidentes de Endesa y de la REE sólo sirvió para tapar la vergüenza del sistema capitalista neoliberal: el escandaloso beneficio de estos empresarios y el pésimo servicio que dan. Eso sí: ninguna responsabilidad social.
Los responsables: los anteriores gobiernos del PP… y la continuidad de la política económica de Solbes
El baile de reparto de culpas que se vio entre las eléctricas en el Parlamento catalán, se ha reproducido, y más aún, en el terreno político. Es evidente que la falta de inversiones arranca del gobierno del PP e incluso de los gobiernos González. En Cataluña los sucesivos gobiernos d Pujol tampoco hicieron casi nada en 23 años para modernizar el país en infraestructuras. La hipocresía del partido de la burguesía catalana, capaz de aliarse con el PP cuando le conviene, pero incapaz de reclamar nada (¡ni una reforma miserable del Estatuto fue capaz!), también se ha visto en esta crisis. El PP dio un fuerte impulso a las políticas neoliberales, desde su apoyo a la guerra de Irak hasta las políticas de facilitar la especulación urbanística, pasando por las privatizaciones y liberalización de Telefónica, Iberia, RENFE, etc. Pero el PSOE no hizo nada para cambiar estas decisiones. Lo podía haber hecho si hubiera movilizado a su electorado y creado un frente común de las izquierdas. Incluso de forma parlamentaria podía haber cambiado muchas leyes, como la ley sobre el suelo, o la de liberalización ferroviaria.
La comparecencia de la ministra de Fomento, Señora Álvarez, provocada ante la indignación por sus declaraciones exculpatorias de RENFE en Cataluña, echó balones fuera y sólo acusó el anterior gobierno del PP. Pero estos escarceos verbales son para evitar cambiar a fondo las anteriores políticas y decisiones neoliberales. La falta de inversiones a servicios públicos y sociales es resultado de una política consciente de reducir los impuestos a los más ricos, de conseguir un superávit en el gasto del estado, de continuar favoreciendo la liberalización y privatización de los principales servicios públicos. Todo eso lo hizo el PP, con el entusiasta apoyo de CIU. Pero la política económica del PSOE de Solbes no sólo no ha roto con aquella tendencia, sino que todavía quiere dar lecciones de neoliberalismo.
Las soluciones pasan por más inversión social y autodeterminación
Lo que ha pasado en Barcelona a muchos ciudadanos y ciudadanas los va llevando a la idea de que Cataluña está maltratada por motivos políticos. Hablen en catalán o en castellano. Las respuestas de la ministra pidiendo «paciencia» o bien del señor Guerra, firme defensor de «cepillar» el Estatuto, diciendo que «son exageraciones políticas» cuando Cataluña ha aumentado un millón y medio de habitantes en los cuatro últimos años y todos los servicios quedan colapsados, hieren los sentimientos. Esta insensibilidad y lejanía de un PSOE centralista, sumadas a los ataques directos del PP a Cataluña, ayudan a crear un sentimiento sordo de que es necesaria la autodeterminación. Pero también crece la decepción política y el abstencionismo que perjudica principalmente a la izquierda. La izquierda en todas las autonomías, pero en particular en las naciones históricas, tiene que coger esta situación de crispación con energía para dar un vuelco a las políticas. Cataluña no puede esperar el despliegue del Estatuto al ritmo que Madrid quiera. Muchos ciudadanos presienten con razón que los graves problemas son económicos, pero también políticos. Si ha habido una falta de inversión continuada durante años tendría que haber una compensación extraordinaria durante unos años. Obligatoriamente la izquierda en Cataluña tiene que ponerse al frente de las justas reivindicaciones que reclaman sus ciudadanos, exigir y forzar que el Estado ceda inversiones y competencias. De lo contrario será la derecha quien aproveche el descontento social y de un vuelco en el sentido contrario.
Lucha política y movilización social
La grave situación de las infraestructuras en Cataluña ha servido para sacar de nuevo todos los demonios antiautodeterminación del PP y también de un sector del PSOE. Como cuando el Estatuto catalán o el derecho a referéndum vasco. ¿Cómo se evitará que el PSOE cambie de aliados y busque el acuerdo con CiU, el PNV y BNG…contra Izquierda Unida e Iniciativa per Cataluña? ¿Se volverá a repetir la historia del Estatuto de ni movilizar ni dar apoyo a la movilización popular por el derecho a decidir? Todos vemos que incluso un gobierno de izquierdas en Madrid tiene la tendencia a llegar a acuerdos con las burguesías vasca y catalana para aplicar políticas que favorecen los intereses clasistas de los burgueses. ¿No tenemos que sacar toda la izquierda, incluida la socialista, lecciones de la reforma del Estatuto catalán? En España está cada vez más claro que el centralismo va de la mano de reacción y conservadurismo, atraso.
Por ello es cada vez más necesario un giro hacia políticas sociales, cercanas a la clase trabajadora. Este giro ha de combinar obligatoriamente la lucha por propuestas y medidas concretas contra el neoliberalismo, junto con la defensa del derecho a la autodeterminación nacional y la gestión económica y política lo más cercana a la ciudadanía. Es decir presupuestos verdaderamente sociales; derogación y cambios de medidas ultraliberales adoptadas por el PP; control del estado sobre los sectores estratégicos de los servicios y la economía, lo que supone ciertas renacionalizaciones; y que las decisiones sobre las inversiones, por dónde tienen que empezar, las prioridades, se puedan decidir en los Parlamentos de las naciones, en Cataluña, Euskadi, Galicia, y en las ciudades. Si la izquierda no pone los debates parlamentarios en función de las preocupaciones de la gente trabajadora, de los «mileuristas», de su movilización, no se puede contrarrestar la «pinza» entre las políticas neoliberales y centralistas. Éste tiene que ser el objetivo inmediato, encabezando la indignación social que provoca la dejadez del Estado en las infraestructuras y servicios a la ciudadanía. No temamos ponernos al frente de la movilización. Después vendrán las elecciones. En función de que se tomen medidas, ahora se recogerán frutos o no.
* Alfons Bech es delegado sindical de RENFE, Secretario de la Fundación «Pau i Solidaritat» de la CONC.