Varios medios informativos de carácter masivo y de comunicación internacional, han difundido ampliamente y se han hecho eco de la decisión tomada por un organismo internacional, el centro CENIC Internacional ( una institución de carácter No Gubernamental de amplia filosofía humanista y de rescate de los valores morales humanos), una decisión en su División especializada […]
Varios medios informativos de carácter masivo y de comunicación internacional, han difundido ampliamente y se han hecho eco de la decisión tomada por un organismo internacional, el centro CENIC Internacional ( una institución de carácter No Gubernamental de amplia filosofía humanista y de rescate de los valores morales humanos), una decisión en su División especializada de estudios geopolíticos, políticos y sociales, que resolvió ingresar a : Álvaro Uribe Vélez, un personaje de la vida pública y política colombiana a la Lista de Corruptos y CLH – Criminales de Lesa Humanidad, para ser presentado formalmente ante el Tribunal de La C.P.I. – Corte Penal Internacional de La Haya, esto en base a la existencia de indicios suficientes o elementos procesales, testimonios, grabaciones, documentación, pruebas penales y materiales que soportan tal decisión, a raíz de los datos y/o revelaciones expuestas en investigaciones ejecutadas y/o realizadas, en el que se detallan minuciosamente más de una decena de cargos criminales que pesan sobre el sindicado. Motivos por los que debe ser puesto obligatoriamente a disposición del Tribunal Penal internacional.
Álvaro Uribe Vélez en lista de corruptos y criminales de lesa humanidad (Bogotá-Colombia)
Entre los varios cargos que se le imputan y se lo juzgan, están:
- Concierto para cometer crímenes de lesa humanidad siendo autor intelectual de cientos de crímenes realizados.
- Promocionar y alentar el lavado de dinero producto de actividades ilícitas.
- Encubrimiento de cientos de asesinatos.
- Recibir sobornos y financiamiento de grupos delictivos.
- Creación, financiación y soporte de los escuadrones de la muerte.
- Autorizar y ordenar ejecuciones extrajudiciales masivas, asesinatos selectivos y en masa.
- Asociación delictuosa.
- Narcotráfico.
- Autorizar persecución a personas extrajudicialmente.
- Forzar Exterminios y limpiezas étnicas.
- Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional.
- Autorizar torturas.
- Forzar a violaciones, esclavitud sexual, prostitución forzada y esterilizaciones forzadas y varias formas de violencias sexual como amedrentamiento.
- Financiación y promoción de actividades paramilitares.
- Traición a la patria (Colombia).
- Conspiración política y atentar contra la soberanía de los pueblos.
- Injerencia criminal y en hechos conspirativos en asuntos internos de naciones vecinas promoviendo la desestabilización de naciones vecinas.
Delitos de Lesa Humanidad por los que se imputa al Sr. Álvaro Uribe Vélez:
«Por crimen contra la humanidad se entiende la comisión sistemática o en gran escala e instigada o dirigida por un gobierno o por una organización política o grupo cualquiera de los actos siguientes: a) Asesinato; b) Exterminio; c) Tortura; d) Sujeción a esclavitud; e) Persecución por motivos políticos, raciales, religiosos o étnicos; f) Discriminación institucionalizada por motivos raciales, étnicos o religiosos que suponga la violación de los derechos y libertades fundamentales y entrañe graves desventajas para una parte de la población; g) Deportación o traslado forzoso de poblaciones, con carácter arbitrario; h) Encarcelamiento arbitrario; i) Desaparición forzada de personas; j) Violación, prostitución forzada y otras formas de abuso sexual; k) Otros actos inhumanos que menoscaben gravemente la integridad física o mental, la salud o la dignidad humana, como la mutilación y las lesiones graves.» (Artículo 18)».
Los cargos por delitos de Lesa Humanidad por los que se lo acusa al Sr. ALVARO URIBE VELEZ, están descritos en base al Estatuto de Roma. El 17 de julio de 1998 fue aprobado el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (ER); allí se tipificaron una serie de conductas consideradas como Crímenes de Lesa Humanidad. Es válido anotar que el artículo 7 del ER, retoma los antecedentes históricos e incluye todas aquellas conductas consideradas graves y de reproche internacional; incorporando los elementos esenciales que en forma posterior expondremos a partir del desarrollo que del mismo realizó la Corte Constitucional.
El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional entró en vigor el 1 de julio de 2002 y tiene competencia solamente respecto de los crímenes cometidos con posterioridad a esa fecha y en el caso colombiano, después del 1 de noviembre de 2002, fecha de entrada en vigencia con la ley 742 de 2002; es decir, tres meses después de haberse posesionado como presidente el señor ALVARO URIBE VELEZ. En la Sentencia C- 578 de 2002, la Corte Constitucional realizó un desarrollo de los elementos del crimen de lesa humanidad, a partir del contenido del artículo 7 del Estatuto de Roma, así: La definición de crímenes de lesa humanidad del Estatuto de Roma, está compuesta por seis elementos causales:
- Ataque generalizado o sistemático.
- Ataque dirigido contra la población civil.
- Comisión de actos inhumanos.
- Conocimiento de que se trata de un ataque sistemático o generalizado contra una población civil.
- persecución con fundamentos políticos, raciales, nacionales, étnicos.
- Ataque contra una población civil», «exterminio», «esclavitud», «deportación o traslado forzoso de población», «tortura», «embarazo forzado», «persecución», «crimen de apartheid» y «desaparición forzada de personas.
La Corte Penal Internacional únicamente es competente para conocer denuncias penales contra personas individualizadas – no contra Estados o gobiernos – y con carácter complementario con las jurisdicciones penales de los países donde hayan ocurrido los hechos.
Así se establece en el artículo 1 del Estatuto de la CPI.:
La Corte estará facultada para ejercer su jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia internacional de conformidad con el presente Estatuto y tendrá carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales.
Los «crímenes más graves de trascendencia internacional» sobre los cuales tendría competencia la Corte, se indican en el artículo 5 del Estatuto y son:
a) El crimen de genocidio.
b) Los crímenes de lesa humanidad.
c) Los crímenes de guerra.
Contra el imputado debe ejercerse una acción penal y su consignación respectiva.
Ahora bien el fin del proceso penal es alcanzar la justicia, el bien común y la seguridad jurídica, esto ante las miles de víctimas, teniendo en consideración este fin general, el proceso penal deberá ser PENAL REPRESIVO (sancionando la peligrosidad delictiva del imputado) y PENAL PREVENTIVO (para evitar la comisión de más delitos adicionales).
La CPI tiene la obligación de investigar los crímenes de lesa humanidad, de juzgar y sancionar a sus autores y demás partícipes es una obligación absoluta frente a la cual los Estados no pueden argumentar obstáculos de derecho interno para sustraerse a sus compromisos internacionales. Es un principio general de derecho internacional y universalmente reconocido que los Estados deben ejecutar de buena fe los tratados y las obligaciones internacionales que dimanan de éstos, o que tienen su origen en el derecho internacional consuetudinario (principio pacta sunt servanda). La existencia o inexistencia de normas constitucionales, legislativas o reglamentarias no puede ser invocada para no ejecutar obligaciones internacionales o para modificar su cumplimiento. Este es un principio general del derecho de gentes reconocido por la jurisprudencia internacional. El principio pacta sunt servanda y su corolario -la observancia de los tratados- han sido acrisolados en los artículos 26 y 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, ratificada por la República de Colombia en 1985. Por tanto, el Estado colombiano tiene la obligación internacional de juzgar y castigar a los responsables de crímenes de lesa humanidad, toda vez que esta obligación es una norma imperativa del Derecho Internacional que pertenece al ius cogens. Como lo señaló el TPIY: «la mayoría de normas de Derecho Internacional Humanitario, en particular las que prohíben los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio, son también normas perentorias de Derecho Internacional o jus cogens, es decir, de carácter imperativo e inderogable.»
Petición a la Corte penal Internacional
Primero. Que proceda a abrir la investigación contra el ex Presidente de la República señor ÁLVARO URIBE VÉLEZ como responsable de los delitos de concierto para cometer crímenes de lesa humanidad, tortura, persecución por motivos políticos y demás crímenes de lesa humanidad que se desprendan de esta denuncia y de las investigaciones correspondientes.
Segundo. Desde ya solicitamos que la acusación contra el Ex Presidente Álvaro Uribe Vélez debe ser por delitos comunes (Crímenes de Lesa Humanidad); por tanto solicitamos inclusive al Senado de la República, dar aplicación al artículo 175 de Constitución Política de Colombia, numeral tercero; procediendo enviar la actuación a la Corte Suprema de Justicia.
Tercero: Se garantice a las víctimas el acceso pleno a la investigación y se les revista de todas las garantías procesales y materiales.
Prontuario y file criminal
A continuación un detalle completo del prontuario criminal y un resumen de la investigación sobre varios de los cargos de los que es imputado el acusado.
Álvaro Uribe Vélez nació en Medellín el 4 de julio de 1952, político de ultraderecha liberal desde sus inicios, logro ser Presidente de la República de Colombia en 2002 en base a maniobras políticas y aportes económicos de las mafias colombianas, fue reelegido en el año 2006, nuevamente bajo el auspicio de las fuerzas paramilitares asentadas en Colombia, las denominadas AUC – Autodefensas Unidas de Colombia quienes según las investigaciones realizadas y denuncias ante tribunales, aportaron grandes sumas de dinero a su campaña y a su gobierno como una forma más de ejecutar el lavado de dinero de actividades ilícitas, algo prohibido por las leyes y la legislación colombiana, ante lo cual la justicia colombiana negó investigar.
Militó en el Partido Liberal Colombiano de tendencia neoliberal de ultraderecha. Sus aliados procedieron a unirse con el directorio liberal de Antioquia, que era presidido por Bernardo Guerra, y Uribe entró con ellos al directorio, aunque eso duró poco ya que luego se volvió disidente sin romper con la esencia del partido. Hacia 1985 funda en Antioquia el movimiento regional conocido como Sector Democrático junto a su primo y aliado político Mario Uribe Escobar, movimiento que con el tiempo se transformaría en el Partido Colombia Democrática también de ideología de ultraderecha fascista aliado fuerte también de grupos paramilitares y mafias del narcotráfico.
Como asesor ha desempeñado diferentes cargos en las Empresas Públicas de Medellín, en el Ministerio de Trabajo y la Aeronáutica Civil, gestiones en las que tuvo graves denuncias de corrupción y favores al narcotráfico, los mismos que fueron tapados por la justicia, sin seguir las investigaciones. También sirvió como Alcalde de la ciudad de Medellín durante (1982), ejerciendo de senador de la República (1986-1994) y, más tarde, de gobernador de Antioquia (1995-1997), oportunidad que aprovecho para llevarse de la mano con las mafias del narcotráfico. Posteriormente fue elegido presidente de la República de Colombia en 2002 y reelegido en 2006, apoyado por los sectores corporativos empresariales y trasnacionales norteamericanas y la elite de ultraderecha judío. En 2014 fue elegido como Senador de la República de Colombia, siempre auspiciado y bajo la sombras de las AUC.
Uribe contaba 28 años cuando fue nombrado Director de la Aeronáutica Civil por el presidente Julio César Turbay, cargo que ocupó entre enero de 1980 y el 7 de agosto de 1982. Su función como director consistió en otorgar licencias para la construcción de aeropuertos en los municipios de Frontino, Amalfi, Urrao, y Caucasia. Esta situación fue aprovechada por Uribe para realizar favores y proceder a la asignación licencias de pistas a la mafia y redes del narcotráfico.
El mandato presidencial de Uribe se caracterizó por la lucha frontal contra los grupos y organizaciones de izquierda en Colombia y una simulada lucha contra el narcotráfico con la ayuda de EUA, cuya supuesta meta era eliminar el narcotráfico y las plantaciones de coca bajo un programa de gobierno denominado política de seguridad democrática que fue amparada en parte por el Plan Colombia y que fue criticada por sectores de la oposición y disidentes de izquierda, lo que incremento en gran manera la tasa de muertes en Colombia. Los resultados de este plan fueron desastrosos en los años de su gobierno, aumentando las tasas de asesinatos, criminalidad, bandas paramilitares, un aumento exponencial en las mafias de narcotráfico, en los cultivos de coca y producción de cocaína , aun con el apoyo de EUA junto a la DEA.
Se lo acusa de promover la impunidad en torno a materias como los crímenes de lesa humanidad o el narcotráfico de los paramilitares de Colombia. Sobre el proceso de desmovilización de paramilitares en Colombia iniciado por Uribe, algunos informes de prensa han revelado que algunos de los desmovilizados siguen presuntamente delinquiendo desde la cárcel y existen varios grupos emergentes que continúan con las prácticas paramilitares y de narcotráfico algo que socapó durante su administración inundada de denuncias.
Debido al proceso de desmovilización con las Autodefensas Unidas de Colombia se abrió el proceso que se denominó la parapolítica en Colombia, en las que el mismo gobierno de Uribe estaba involucrado.
En la segunda campaña presidencial de Uribe, su jefe de campaña fue nada más y nada menos que Juan Manuel Santos Calderón, que llego a ser su ministro de defensa, miembro de la millonaria familia Santos, que es propietaria del grupo CET, a la cual pertenece el diario El Tiempo de Bogotá, en el cual su propio hermano Enrique Santos Calderón es el Director y editor en Jefe de los medios, esta relación le permitió a Uribe tener el control mediático de los medios en Bogotá y toda Colombia.
Elogios de los grupos de poder corporativos y del complejo militar de EUA
Durante su periodo de gobierno acepto someter al pueblo colombiano a los mandatos y dictámenes de la administración norteamericana y su Complejo Militar Industrial y Financiero-Tecnológico y obedecer a la letra la estrategia geopolítica-militar de EUA para Latinoamérica, en función a ello es que acepto albergar en territorio colombiano más de 9 bases militares y adicionales para varios proyectos de defensa, habilitación de corredores de narcotráfico operadas por la DEA y para fortalecer el dominio de EUA en su patio trasero. En premio y agradecimiento a varios de estos favores fue condecorado varias veces por sus servicios al gobierno americano, corporaciones, fundaciones y ONGs corporativas, con premios tales como:
La condecoración por el presidente de Estados Unidos George W. Bush con la Medalla de la Libertad, por sus grandes servicios a EUA.
Doctor Honoris Causa de la Universidad San Ignacio de Loyola.
Recibió el Premio ‘Revel Líderes del 2020’, otorgado por la Fundación Revel.
En el canal de televisión de EUA internacional History Channel fue reconocido como «El gran colombiano»
Fue reconocido como el supuesto mejor dirigente Político Iberoamericano de la década, premio otorgado por el Comité Editorial del Grupo Intereconomía.
Mejor Senador del año 2014, otorgado por la Fundación de Ultraderecha Centro Democrático.
Recibió en Washington el premio al Liderazgo Internacional otorgado por el Instituto de Liderazgo Hispano dependiente de la NED y el NDI.
Cargos por narcotráfico
En 1980, Uribe ocupo el cargo de Director de la Aviación Civil, en su gestión se cuentan las numerosas licencias otorgadas y permisos de construcción de pistas de aterrizaje a lo largo y ancho de Colombia exclusivamente para los carteles del narcotráfico. Sobre este tema Virginia Vallejo , pareja del capo Pablo Escobar Gaviria en sus declaraciones publicadas, indica que si no era por Uribe, el cartel de Medellín, estaría aun transportando los paquetes de cocaína por los ríos y por tierra, en llantas y por mar nadando hasta Miami, para llevar la cocaína hasta EUA. También confirma la estrecha relación entre Pablo Escobar y Álvaro Uribe.
De marzo de 1980 a agosto de 1982 fue director del departamento de Aeronáutica Civil del Gobierno liberal de Julio César Turbay Ayala. Sus hagiógrafos destacan una intensidad actividad en los poco más de dos años que estuvo al frente, pero no se refieren a la gestión en la concesión de licencias de vuelo y de pistas de aterrizaje, que experimentaron un llamativo incremento del que se beneficiaron muchos conocidos narcotraficantes.
Entre varios de los escándalos que salieron a la luz tras las investigaciones realizadas durante su desempeño como servidor público, esta la que indica que Uribe Vélez, utilizo en una ocasión un helicóptero que le habría sido prestado expresamente por el narcotraficante Pablo Escobar. El helicóptero se habría utilizado para intentar rescatar a Alberto y a Santiago, padre y hermano de Álvaro Uribe, heridos en un ataque de las FARC y un enfrentamiento entre mafias del narcotráfico que no supo explicar, donde estaban involucrados familiares suyos.
La llegada del conservador Belisario Betancur a la Presidencia le supuso el relevo al frente de Aeronáutica, pero se mantuvo en la administración. En 1982, el Presidente lo nombró alcalde de Medellín; ese mismo año, Pablo Escobar fue elegido parlamentario en las filas del liberalismo. El Patrón trató de ganarse apoyo popular a su lucha para prohibir la extradición a Estados Unidos impulsando numerosos proyectos sociales, que contaron con el respaldo de la Alcaldía:
«como Medellín sin Tugurios, plan lanzado públicamente en Bogotá por el Alcalde Álvaro Oribe [sic] Vélez, y que consistió, según se supo luego, en las mil casas en obra negra que fueron donadas a los residentes en un basurero de la ciudad, financiadas por Pablo Escobar [sic] también adelantó el programa Medellín Cívico, en el que el narcotraficante donó miles de arbustos».
Uribe ha negado esos apoyos, pero incluso se ha afirmado que, a finales de 1982, viajó a reunirse con los cuatro grandes capos (Escobar, Ochoa, Ledher y Rodríguez Gacha) en el helicóptero que ellos mismos le facilitaron. Algunos investigadores del pasado de Uribe aseguran que esa fue la razón por la que Betancur lo relevó en la Alcaldía a los cinco meses, «a Uribe lo sacaron de la Alcaldía de Medellín por narcotraficante». Sin embargo, la situación se manejó de forma reservada y no truncó la carrera del joven político: fue elegido concejal en dos periodos y senador en otros tantos. En aquellos años se fraguó la alianza entre terratenientes, ganaderos y narcotraficantes -tres facetas que en muchas ocasiones desarrollaba la misma persona-, apoyados por los caciques políticos locales, para transformar los grupos de autodefensa en verdaderos escuadrones de la muerte.
En otro escándalo el líder político liberal Rodrigo Lara Bonilla antes de ser asesinado el 30 de abril de 1984 por las mafias, luego de que la fuerza pública desmantelara el complejo cocalero en las selvas del Yarí llamado Tranquilandia, pertenecientes al cartel de Medellín y se encontrara un helicóptero de propiedad de la sociedad de Uribe y su familia. La hermana de Lara Bonilla, Cecilia, aseguró en 1984 y bajo juramento que Lara mencionaba a Uribe y a su padre, como una muestra y ejemplo de la infiltración de las mafias en las instituciones y la política colombiana. Dijo que lo de Tranquilandia, la hacienda del cartel de Medellín, era muy grave y comprometía gente muy importante de la política del país, que el helicóptero que habían cogido en Tranquilandia era de la familia Uribe Velez en este caso del papá de Álvaro Uribe Vélez».
El hijo de Rodrigo Lara Bonilla y miembro del gobierno de Uribe como Zar Anticorrupcion, declaró que se había ocultado ese expediente de investigación. Dos días antes renunció a su cargo aduciendo motivos familiares. Uribe no respondió al testimonio. Gaviria es primo del extinto capo del narcotráfico Pablo Escobar quien era uno de los dueños de Tranquilandia. Dicho lazo familiar entre el asesor José Obdulio Gaviria y el capo Escobar ha provocado controversias. En diciembre de 2007 el embajador de Colombia en Londres renunció a su cargo tras un informe del semanario El Espectador donde se informaba que el hermano de Obdulio Gaviria había estado relacionado con el pagador de los sicarios paramilitares que asesinaron a Guillermo Cano, Pedro Medellín está casado con la hija del asesinado periodista.
En el 2002 Uribe respondió indicando que su padre fue socio de una empresa que tuvo un helicóptero. Él tenía varias fincas en el Valle del Cauca, Urabá, Córdoba y en varias regiones de Antioquia. Él utilizaba ese helicóptero para sus desplazamientos. Cuando fue asesinado por las mafias ese helicóptero quedó y mi hermano Jaime finalmente vendió las acciones de esa empresa y esa empresa salió ese helicóptero.
Uribe es investigado por haber tenido estrecha relación con el Cartel de Medellín y haber fomentado agresivamente el paramilitarismo en Colombia. Se presentaron diferentes controversias y críticas a Uribe, su entorno familiar y de gobierno, su desempeño en diferentes funciones públicas o políticas junto a una relación íntima al narco paramilitarismo. Uribe también es investigado por recibir apoyo de las Autodefensas Unidas de Colombia en actividades políticas y apoyo financiero en casi todas las zonas de dominio de las FARC y ELN.
Investigaciones y denuncias realizadas por senadores, diputados y periodistas, muestran que existieron relaciones entre Alvaro Uribe y su familia con miembros del cartel de Medellín, basándose en archivos de periodísticos de la época y en un informe confidencial del Departamento de Estado de E.U. en el que se acusaba a Uribe de haber sido colaborador del cartel de Medellín y de haber sido partícipe de la expansión del paramilitarismo en Colombia.
De otro lado, la revista Newsweek reveló sus nexos con el cartel de Medellín al constatar que Uribe fue incluido en una lista de la DIA (Defense Intelligence Agency) en septiembre de 1991 con el número 82 de narcotraficantes, lista en la que Pablo Escobar también aparece con el 79. Este informe, luego fue reservado por el gobierno de Estados Unidos para proteger a Uribe y a sus intereses. Pero aun así aparece en varios Informes de Seguridad Nacional del Departamento de Defensa de EUA, donde se realiza una investigación de más de 124 delincuentes, relacionados con el narcotráfico colombiano, entre los 100 de la lista se destaca su nombre como el número 82, señalado en la investigación como político colombiano colaborador estrecho del cartel de Medellín, en los altos niveles de gobierno.
Uribe Vélez, se vinculó también a un negocio involucrado al negocio de los narcóticos en los EUA, con nexos con el cartel de Medellín y ha sido íntimo colaborador de Pablo Escobar Gaviria.
El 20 de febrero del 2007, el Diario Clarín de Argentina publicó una nota firmada por Pablo Biffi, titulada «Los vínculos de Uribe». En ella el periodista citó a medios de comunicación como fuente para sugerir relaciones eventualmente ilegales o reprochables del Presidente Uribe con respecto al cartel de Medellín y al paramilitarismo.
Existen serias acusaciones que involucran al padre de Uribe, Alberto Uribe Sierra con la Familia Ochoa, quienes hacían parte del cartel de Medellín, él cual había sido pedido en extradición por el gobierno norteamericano, como se afirma en el libro Los Jinetes de la Cocaína, de Fabio Castillo. Uribe en una entrevista reconoció e indico que lo que unía a la familia Uribe y la familia de Fabio Ochoa Vasco, era una amistad, negocios y los caballos. Sin precisar qué tipo de negocios. Esto se confirma cuando Uribe recibe financiamiento para su campaña por parte de Fabio Ochoa Vasco, uno de los extraditables más buscados del mundo, el mismo capo luego lo confirma ante los medios en Junio del 2007, indicando inclusive que fondos destinados a los paramilitares del narcotráfico fueron destinados a la campaña de Uribe.
El 18 de septiembre del 2014, Uribe, actual senador ultraderechista, fue acusado de supuestos nexos con paramilitares y narcotraficantes, en un intenso y largo debate en el Congreso. La discusión fue promovida por el senador Iván Cepeda, quien presentó pruebas de sus afirmaciones desde el inicio de la vida pública de Uribe en los años 80 hasta su llegada a la presidencia, que ocupó entre 2002 y 2010. «Como parte de las conductas de Uribe que se deben investigar hay decisiones que claramente han beneficiado al narcotráfico y al paramilitarismo», dijo Cepeda, legislador en la Comisión Segunda del Senado.
Mencionó como ejemplos la concesión de licencias de aviación a personas relacionadas con el tráfico de drogas, la legalización de empresas de seguridad dirigidas por jefes de milicias ilegales de extrema derecha y la defensa del referendo contra la extradición durante el auge de los cárteles del narcotráfico en los años 90. Entre las pruebas contra Uribe, Cepeda señaló que el ex mandatario fue miembro principal de la Junta Directiva de la empresa del banquero del Cártel de Medellín Luis Carlos Molina Yepes, condenado por el homicidio en 1986 del director del diario El Espectador, Guillermo Cano.
Mostró vínculos del ex gobernante, o de familiares cercanos, con narcotraficantes como Pablo Escobar, capo del Cártel de Medellín, la familia Ochoa y el clan de los Cifuentes Villa. Cepeda indicó que presentará todos los documentos a la Corte Suprema y a la Fiscalía.
Cepeda, del izquierdista Polo Democrático Alternativo, afirmó durante un debate de control político celebrado en el Senado que Uribe colaboró con el narcotraficante Pablo Escobar y contribuyó a la expansión de la violencia paramilitar en Colombia.
Le acusó de haber otorgado licencias para aterrizar en Medellín a avionetas del cartel de Escobar cuando era director de la Aeronáutica Civil (1981-1982), y de haber sido miembro «de la Junta Directiva de una empresa de Luis Carlos Molina», condenado por el homicidio en 1986 de Guillermo Cano, el director del periódico ‘El Espectador’.
Además, según el parlamentario, el hermano del expresidente, Jaime, mantuvo una relación sentimental con Dolly Cifuentes, del clan Cifuentes Villa, que «en la actualidad sería proveedor de cocaína y desempeñaría las tareas de lavado de activos para el cartel de Sinaloa».
Cepeda presentó al Senado documentos, grabaciones y vídeos con pruebas y testimonios de exjefes paramilitares.
Uribe no puede ser investigado al haber sido presidente durante dos legislaturas, pero sí puede serlo, en su rol de senador, por la Corte Suprema del país.
Además de la disputa con Cepeda, Uribe acusó al presidente de la Comisión Segunda, el senador Jimmy Chamorro, de haber recibido dinero de narcotraficantes y aseguró que entregará las pruebas que lo demuestran. Chamorro está seguro de que el material probatorio no existe. «Rechazo igualmente, por absolutamente mentirosas y calumniosas, las alusiones del senador Uribe a la existencia de una relación de cheques que supuestamente yo habría recibido del narcotráfico», indicó Chamorro, citado por Radio Caracol.
Uribe también la emprendió con el exsenador y actual vicepresidente Germán Vargas Lleras, que acusó a su hermano Santiago Uribe de urdir un complot paramilitar. Además, Uribe arremetió contra el actual ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, por «tramitar» cheques del cartel del Valle.
Otro escándalo que compromete a Uribe con pruebas documentadas es el referido a quien fuera su Jefe de campaña y también íntimo colaborador, Pedro Juan Moreno Villa, es el dueño de GMP productos químicos considerado por el Servicio Aduanero de los EUA, como mayor importador en Colombia del permanganato potásico, precursor que se emplea en la producción de cocaína.
Álvaro Uribe Vélez, el «precursor del Narco-Estado», como ha sido denominado por uno de las más importantes centros de investigación en materia de narcotráfico internacional, «The Narco News» desde que en 1997 y 1998, los agentes de aduanas de Estados Unidos en California detuvieron tres sospechosas naves con destino a Colombia que, descubrirían luego los agentes, portaban un total 50 toneladas de permanganato de potasio, un precursor químico clave, necesario en la manufactura de cocaína (ver «Álvaro Uribe, el Narcotráfico y el Cartel de Medellín».
De acuerdo a un documento firmado por el jefe de la DEA Donnie R. Marshall el 3 de agosto de 2001, las naves se dirigían a Medellín, Colombia, a nombre de una empresa llamada GMP Productos Químicos.
Las 50 toneladas del precursor químico destinadas a GMP eran suficientes para fabricar 500 toneladas de hidroclorato de cocaína, con un valor en la calle de 15 mil millones de dólares. El dueño de GMP Productos Químicos, de acuerdo al reporte de 2001 de la DEA, era Pedro Juan Moreno Villa, el jefe de campaña y ex secretario de gobierno durante el periodo de Uribe como Gobernador de Antioquia y, por mucho tiempo, mano derecha del todavía Presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez.
Moreno fue el alter ego político de Uribe durante y después de esos nerviosos meses de 1997 y 1998, cuando esperaba esos envíos de contrabando.
Cuando Uribe fue gobernador del estado de Antioquia – cuya capital es Medellín – de 1995 a 1997, Moreno era el secretario de gobierno. Durante esos años, según el entonces jefe de la DEA Marshall,
«entre 1994 y 1998, GMP fue el más grande importador de permanganato de potasio en Colombia».
Recordemos que el primer cargo público del entonces joven licenciado en derecho Álvaro Uribe, fue el de Director de la agencia de Aeronáutica Civil de Colombia entre 1980 y 1982.
En enero 2014 , la cuñada de Álvaro Uribe fue extraditada a EE.UU . fue operaria del ‘Chapo’ Guzmán según las investigaciones. Dolly Cifuentes, integrante del clan Cifuentes Villa, permaneció casada 15 años y tuvo dos hijos con Jaime Alberto Uribe Vélez, hermano del ex presidente. Fue extraditada por narcotráfico a EE.UU ., donde se declaró culpable.
Dolly Cifuentes Villa de Uribe se declaró culpable en uno de cinco cargos de narcotráfico que le hizo una Corte Federal del sur de la Florida (Estados Unidos). Esta colombiana fue señalada de ser socia directa del narcotraficante más buscado del mundo, el mexicano Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, jefe del Cartel de Sinaloa.
Tras ser extraditada de Colombia a Estados Unidos, Cifuentes Villa se declaró culpable de «asociación ilícita para fabricar y distribuir cocaína consciente de que la droga iba a ser importada a los Estados Unidos». Sin embargo, no aceptó otros cuatro cargos sobre fabricación e importación de drogas desde Colombia y Guatemala.
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El caso fue abierto en 2006, cuando las autoridades norteamericanas comenzaron a investigar a la familia colombiana Cifuentes Villa. Encontraron que los hermanos Francisco Cifuentes Villa, alias ‘Pacho’ Cifuentes, Jorge Cifuentes Villa, alias ‘Jota’, y Dolly Cifuentes Villa de Uribe, alias ‘La Meno’ habían creado rutas para distribuir toneladas de cocaína desde Colombia hasta México y Estados Unidos. De acuerdo con la Fiscalía Federal, la familia Cifuentes Villa se asoció con Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, líder del cartel de Sinaloa. Mientras tanto, para las autoridades colombianas Dolly Cifuentes era la encargada de ‘blanquear’ el dinero de la venta de cocaína a través de empresas ficticias y de bienes raíces, tanto en Colombia como en Panamá y México.
La defensa de Dolly Cifuentes Villa estuvo a cargo de Bonnie Klapper, una ex fiscal federal conocida por haber encarcelado a grandes narcotraficantes del mundo de la última década. La contratación de esta abogada, que pasó de acusar delincuentes a defenderlos, le significó a Cifuentes Villa un éxito judicial que causó asombro en Estados Unidos: la jueza de la causa, Joan Lenard, la condenó a escasos cuatro años de cárcel. Para la prensa norteamericana resultó bastante particular que la jueza accediera a muchas de las peticiones de la ex fiscal. Una de ellas fue la de sacar de la sala de audiencias a todos los periodistas que acudieron a cubrir el juicio, alegando razones de seguridad de la familia Cifuentes Villa. Además, de los cinco cargos que estaban preparados contra ella apenas se le imputaron dos que en la justicia norteamericana suelen castigarse hasta con prisión perpetua.
Durante los ocho años del gobierno de Alvaro Uribe Vélez (2002-2010) no hubo ninguna clase de acción policial ni judicial contra el clan de la cuñada del presidente.
Dolly Cifuentes y Alberto Uribe Vélez
Dolly Cifuentes Villa, apodada ‘La Meno’, es la mamá de Daniel Alberto Uribe Cifuentes y Ana María Uribe Cifuentes, quien también fue buscada por los mismos delitos de Narcotráfico de la madre. El papá de Ana María y Daniel Alberto es el hermano menor del ex presidente Uribe Vélez, el difunto agrónomo Jaime Alberto Uribe Vélez, quien fue conocido en Medellín con los alias ‘Arepa’ ó ‘El Pecoso’, con cédula de ciudadanía colombiana número 15367461. Jaime Alberto, murió de cáncer en la garganta en Medellín el 24 de septiembre de 2001 y sus restos mortales reposan en un osario en la cripta de la parroquia de Santa Teresita, en Medellín.
En la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia hubo revuelo cuando este periodista intentó reconfirmar los nombres de los padres de Ana María Uribe Cifuentes: Dolly Cifuentes Villa y Jaime Uribe Vélez. Inicialmente, se informó de manera extraoficial que la tarjeta decadactilar correspondiente había desaparecido de los archivos de registro civil. Posteriormente, se informó que existía una copia auténtica microfilmada en uso de buen recaudo. La cédula de ciudadanía de la sobrina de Álvaro Uribe Vélez, de acuerdo con la Fiscalía Federal de Estados Unidos, es la 43162647, expedida en Medellín.
El registro civil de nacimiento de Ana María Uribe Cifuentes está radicado en la notaría 15 de Medellín bajo el número 5953052, según copia que posee este periodista. Allí consta que nació el 1 de febrero de 1980, en la clínica San Pedro Claver, de Medellín. Su madre, Dolly Cifuentes Villa, fue inscrita para la época como «estudiante» y el padre, Jaime Alberto Uribe Vélez, como «agrónomo». La pareja matrimonial registró como lugar de residencia la calle 52 número 40 -156, de Medellín.
Hijos y sociedad conyugal
Jaime Alberto Uribe Vélez, dio fe por escritura pública el 22 febrero de 1994, ante el notario 17 de Medellín, que en esa fecha tenía «sociedad conyugal vigente» con la colombiana Dolly de Jesús Cifuentes Villa.
Dolly de Jesús Cifuentes y Jaime Alberto Uribe Vélez confirmaron su «sociedad conyugal vigente» al firmar la escritura pública número 310 por medio de la cual adquirieron por valor de 52 millones 915 mil pesos colombianos el apartamento 701 del edificio Altobelo, situado en la carrera 36ª No. 12 A – 21, de Medellín, fracción El Poblado (ver facsímil abajo).
El apartamento, de 295 metros cuadrados y tres parqueaderos, fue adquirido por la pareja para el segundo hijo del matrimonio, Daniel Alberto Uribe Cifuentes (ver http://bit.ly/LBlRY9), quien para entonces tenía cuatro años de edad, 10 menos que su hermana Ana María Uribe.
El apartamento fue vendido a la pareja Uribe Vélez- Cifuentes Villa por Benjamín Harold Cadavid Elejalde, con cédula de ciudadanía colombiana número 3.311.120, expedida en Medellín.
La relación Uribe Vélez-Cifuentes Villa se inició antes del nacimiento de Ana María Uribe en febrero de 1980 y en febrero de 1994 continuaba, para entonces con dos hijos y «sociedad conyugal vigente», dice la escritura mencionada.
Jaime Alberto Uribe Vélez, difunto hermano del ex presidente Álvaro Uribe Vélez, no tuvo solamente un hijo sino dos hijos (Ana María y Daniel Alberto) con Dolly de Jesús Cifuentes Villa. El segundo hijo del matrimonio Uribe Vélez con Cifuentes Villa es Daniel Alberto Uribe Cifuentes. Contra él no hay requerimientos de la justicia de Estados Unidos ni de la colombiana. Nació en Medellín el 5 de octubre de 1990 a las 8 de la mañana, en la Clínica Soma.
Fue registrado en la notaría Octava de Medellín el 19 de diciembre de 1991. De acuerdo con el documento de inscripción en el Registro Civil, el padre, Jaime Alberto Uribe Vélez, aparece como comerciante de profesión y la madre como analista de sistemas.
No obstante que la unión de su hermano Jaime Alberto con Dolly de Jesús Cifuentes duró por lo menos 15 años, de acuerdo con la escritura mencionada, el expresidente Uribe optó por desconocer a su cuñada y a su sobrina mayor, hoy con 32 años de edad.
La extradición
La extradición de Dolly Cifuentes Villa fue aprobada por la Corte Suprema de Justicia de Colombia el 8 de febrero de 2012 pero curiosamente fue suspendida en mayo del mismo año por medio de una resolución del ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra. No obstante, el jueves 7 de junio de 2012 Presidencia de la República reinició su proceso de extradición.
Mientras tanto, por el lado de Ana María Uribe Cifuentes, una fuente autorizada del alto gobierno en Colombia que pidió no ser identificada sostuvo que el paradero de la sobrina del expresidente Álvaro Uribe Vélez era desconocido, a pesar de que se suponía la mujer debía estar presa en la cárcel de Mujeres El Buen Pastor, de Bogotá.
El expediente de extradición de Ana María Uribe Cifuentes, nacida en Medellín el 1 febrero de 1980, no aparece en la Corte Suprema de Justicia de Colombia, donde debería estar radicado. Nadie tiene allí una explicación, pese a que fue arrestada correctamente en Medellín por la Fiscalía General de la Nación con fines de extradición y a instancias expresas del Gobierno de Estados Unidos.
Según las investigaciones Dolly Cifuentes Villa y Ana María Uribe Cifuentes pertenecen al clan familiar Cifuentes-Villa que, de acuerdo con la DEA, introdujo a Estados Unidos al menos 30 toneladas de cocaína entre los años 2009 y 2011. Pero que, además, lavó dinero del narcotráfico en Colombia, Ecuador, Uruguay, Panamá y México.
La Presidencia de Colombia ha expresado desde junio de 2012 desconocer el paradero de Ana María Uribe y tampoco ha tenido una explicación al hecho de que no aparezca su expediente de extradición.
El Instituto Penitenciario de Colombia, INPEC, no respondió a este periodista un pedido de información de Ana María Cifuentes. Tampoco indicó en qué cárcel se podría encontrar.
Dolly Cifuentes Villa y su hija Ana María Uribe aparecen en la «Lista Clinton» del gobierno de Estados Unidos. En ella, Washington recoge los nombres de empresas y personas vinculadas al narcotráfico y el terrorismo alrededor del mundo con las cuales los ciudadanos estadounidenses tienen prohibido hacer negocios.
La extradición a Estados Unidos de Dolly Cifuentes Villa fue aprobada por la Corte Suprema de Justicia de Colombia el 8 de febrero de 2012. Juan Manuel Santos, Presidente de la República, autorizó la extradición de la colombiana el 6 de agosto de 2012. Algunas fuentes se atreven a decir que esta determinación, aumentó del todo la distancia entre Álvaro Uribe y Santos. Sin embargo, en el acuerdo sellado entre Colombia y Estados Unidos quedó estipulado que Cifuentes no puede enfrentar una condena a cadena perpetua ni a muerte.
Por su parte, la embajada de Estados Unidos en Ciudad de México indicó que Ana María Uribe operaba con «los colombianos Mauricio Bárcenas Rivera, Omar Mejía Zuloaga y el ecuatoriano-uruguayo Jesús María Castro».
Los antecedentes
Dolly Cifuentes, nacida en Medellín el 14 de junio de 1964, posee la cédula de ciudadanía colombiana número 43020313. Fue arrestada en Medellín el 6 de agosto de 2011 por pedido diplomático de la justicia estadounidense, mientras su hija Ana María Uribe cayó en poder de las autoridades, también en Medellín, un mes después.
La Policía Nacional de Colombia indicó que Dolly Cifuentes Villa «era la encargada del lavado de dinero proveniente de las actividades de narcotráfico del cartel de Sinaloa mediante la constitución de empresas de importación con oficinas en Colombia, Panamá, México, Brasil y Estados Unidos»
A Dolly Cifuentes las autoridades estadounidenses le encontraron en Colombia «32 empresas nacionales y 17 con sede en el exterior, de propiedad de su familia», informó la Policía de Colombia. Estos bienes se encuentran en proceso judicial de expropiación.
Tales empresas, agregó la misma fuente, están «avaluadas en más de 200 millones de dólares» y sus utilidades «permitieron acumular abundantes riquezas representadas en bienes raíces».
La Fiscalía General de Colombia explicó que «entre los bienes afectados hay 255 inmuebles, 11 establecimientos comerciales, 33 establecimientos de comercio y acciones de un club de Bogotá».
La Fiscalía colombiana agregó que la mayor parte de las propiedades de este clan, «están en cabeza de los hermanos Jorge Milton e Ildebrando Cifuentes Villa, quienes tienen orden de captura, y Dolly Cifuentes Villa». Esos bienes, de acuerdo con la misma fuente, se encuentran en «Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Pereira y Montería».
Ana María Uribe lideró presuntamente actividades criminales, entre otras, a través de la compañía Cifuentes Uribe y Compañía S:C:S., (hoy en disolución) consagrada al comercio de finca raíz.
La primera resolución de acusación o «indictment» hecha por el gobierno de los Estados Unidos contra Dolly Cifuentes y su hija Ana María Uribe fue la 07-20508-CR LEONARD, dictada el 4 de noviembre de 2010 por la Corte Federal del Distrito Sur de la Florida. Otro pedido más de Estados Unidos contra ambas mujeres y su clan es el 11-CR-101, de febrero 3 de 2011, emanado de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York.
El Clan Cifuentes Villa
El Clan Cifuentes Villa (ver http://bit.ly/JRx1bF ), de acuerdo con la agencia estadounidense antidrogas, DEA, introdujo a Estados Unidos al menos 30 toneladas de cocaína entre 2009 y 2011 y posee bienes y empresas en Colombia, Ecuador, Uruguay, Panamá y México.
Madre e hija, según la DEA, hacen parte del clan delincuencial y familiar conocido como el de los Cifuentes Villa, una familia del departamento de Antioquia, Colombia. Desde su creación, en los años 80, el líder de este grupo fue Fernando Cifuentes, quien trabajó como sicario para Pablo Escobar y el también narcotraficante Hernando Henao alias ‘El Hombre del Overol’.
El 6 de noviembre de 1996, por orden de Henao, Fernando Cifuentes asesinó en el centro comercial de Bogotá Hacienda Santa Bárbara al célebre gánster Efraín Hernández, alias ‘Don Efra’.
Fernando Cifuentes Villa fue asesinado días más tarde por el propio Henao y su socio criminal Wilmer Varela, alias «Jabón», para tratar de borrar el rastro del homicidio de ‘Don Efra’.
Tras la muerte de Fernando, la jefatura del clan fue asumida por su hermano menor Francisco ‘Pacho’ Cifuentes Villa. Este, de acuerdo con la Policía de Colombia, «en los años 80 y 90 se convirtió en piloto personal y hombre de confianza del entonces jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria».
El clan de los Cifuentes creció a lo largo de los ochos años de los dos períodos presidenciales consecutivos de Uribe Vélez (de agosto de 2002 a agosto de 2010). No obstante, Francisco «Pacho» Cifuentes Villa fue asesinado en abril de 2007 en su hacienda Villa Aurora, situada en la localidad de Caucasia, Antioquia, por orden del narcotraficante de Medellín Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’.
El homicidio, de acuerdo con la Policía Colombiana, fue cometido porque Francisco Cifuentes Villa le negó a ‘Don Berna’ permiso para utilizar una pista aérea que poseía a orillas del Océano Pacífico, en Bahía Cupica, departamento de Chocó.
La DEA y la Policía colombiana descubrieron que Francisco Cifuentes Villa también tenía en Bahía Cupica una planta contigua procesadora de pescado en la que empacaba cocaína que desde su pista propia le enviaba al cartel mexicano de Sinaloa, del que se hizo socio además de proveedor.
Cuando ordenó el asesinato de Francisco Cifuentes Villa, «Don Berna» usó pistoleros de su organización sicarial, la multinacional del crimen conocida como ‘Oficina de Envigado’. Un centro de operaciones criminales creado en los mejores días de Pablo Escobar y su jefatura suele ejercerla por tradición quien logra ser el máximo jefe de turno del narcotráfico en el departamento de Antioquia.
Tras asesinar a Cifuentes, ‘Don Berna’ hizo saber que se preparaba para exterminar al clan de los Cifuentes Villa, incluida la sobrina del expresidente. Aunque «Don Berna» se encontraba preso y aislado en una cárcel de máxima seguridad, el 13 de septiembre de 2007 el entonces Presidente Uribe Vélez impartió una orden sin antecedentes cuyo cumplimiento supervisó él mismo: trasladar a ‘Don Berna’ a una fragata de la Marina de Guerra para mantenerlo completamente incomunicado en alta mar, en aguas del Pacífico.
Mediante comunicación de prensa, el 13 de septiembre de 2007 las Fuerzas Militares de Colombia informaron que otro narcotraficante llamado Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’ y ‘Don Berna’ fueron trasladados de la cárcel de Cómbita a buques-prisión de la Armada». El comunicado militar especificó: «En el caso de ´Macaco´, el traslado se hizo porque el Gobierno conoció pruebas de que continuaba delinquiendo desde la cárcel. En el caso de ´Don Berna´ se adujeron razones de seguridad».
Ambos delincuentes en aquella oportunidad delegaron su vocería en la controvertida congresista y aliada política del entonces Presidente Uribe, Rocío Arias, quien luego perdió su puesto en la Cámara de Representantes y fue sentenciada a prisión por la Corte Suprema de Justicia que la halló culpable de pertenecer a escuadrones de la muerte del narcotráfico de extrema derecha. La misma suerte corrió con una treintena de congresistas integrantes de las bancadas de Uribe en el Senado y la Cámara baja, entre ellos su primo Mario Uribe.
Tiempo después, ‘Don Berna’ y ‘Macaco’ fueron llevados a la penitenciaría de Cómbita (al norte de Bogotá), reputada como la más segura de Colombia. Allí permanecieron hasta que fueron extraditados a Estados Unidos por múltiples delitos, principalmente narcotráfico.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos recientemente ofreció rebajas de penas a los narcotraficantes y paramilitares colombianos extraditados a ese país a cambio de que confiesen la totalidad de los crímenes que cometieron en Colombia, además de narcotráfico, y desenmascaren a quienes fueron sus aliados.
Hermanos Uribe Vélez
Jaime Alberto Uribe Vélez, el padre de Ana María, fue apresado en 1986 por tropas de la IV Brigada del Ejército de Colombia porque desde su radio-teléfono la inteligencia militar registró llamadas a Pablo Escobar pero nunca fue juzgado por este caso.
Otro hermano de Uribe, Santiago Uribe Vélez, tiene abierto un expediente en la Fiscalía General de Colombia. Es señalado de haber organizado y liderado el escuadrón de la muerte conocido como «Los Doce Apóstoles», responsable de al menos medio centenar de asesinatos. El principal testigo de cargo en este caso es el ex mayor de la Policía Nacional Juan Carlos Meneses, quien ha confesado su participación en varios de los crímenes del grupo paramilitar que tenía su base de operaciones en la hacienda «La Carolina», propiedad del ex presidente Álvaro Uribe Vélez y sus hermanos, los que habrían formado un clan familiar de la muerte.
Meneses y otros testigos que dicen haber pertenecido a «Los doce apóstoles» sostienen que en aquella hacienda existen fosas comunes con los restos mortales de víctimas de la organización.
Antecedentes en la Defense Intelligence Agency
Ficha de cargos del Departamento de Estado de EUA y Departamento de Defensa de EE.UU . (DIA. Defense Intelligence Agency) sobre Álvaro Uribe Vélez
Tipo: Confidencial.
Fecha: Septiembre 1991.
Informe clasificado : Confidencial.
Origen : Departamento de Defensa de EE.UU . (DIA. Defense Intelligence Agency).
Narcotraficante en lista Nro. 82.
Nombre: Álvaro Uribe Vélez.
Actividad actual: Político colombiano y senador.
Sindicación: Dedicado a colaborar con el Cartel de Medellín a altos niveles gubernamentales. Uribe ha sido vinculado a negocios relacionados con las drogas en Estados Unidos.
Otros vínculos: Su padre fue asesinado en Colombia debido a sus conexiones con los carteles y traficantes de drogas. Uribe ha trabajado para el Cartel de Medellín y ha sido amigo personal y colaborador cercano de Pablo Escobar Gaviria.
Uribe ha participado en la campaña política de Escobar para ganar el puesto de parlamentario suplente de Jorge Ortega. Uribe ha sido uno de los políticos que desde el Senado ha atacado todas las formas del Tratado de Extradición (de Colombia con los Estados Unidos).
Este file criminal de Uribe fue extraído de un Informe clasificado como Confidencial del Departamento de Defensa de EE.UU . (DIA – Defense Intelligence Agency – Agencia de Defensa e Inteligencia).
Cargos por paramilitarismo
Su gobierno ha sido criticado por la multiplicidad de violaciones recurrentes a los derechos humanos. Estas críticas han venido de diversas organizaciones sociales. Inclusive la organización de derechos humanos Human Rights Watch ha conminado al gobierno de Estados Unidos a expresar su preocupación por ese mismo tema, ante lo cual nada se ha hecho aun a pesar de la cantidad de pruebas de múltiples asesinatos que comprometen a Uribe al mejor estilo de las GAL de España donde se encontraba involucrado Felipe Gonzales.
Durante 2005, se desató en Colombia una serie de investigaciones que comprometían a varios aliados políticos y a algunos funcionarios del gobierno de Uribe y ha él mismo con grupos paramilitares ilegales colombianos como las autodefensas unidas de Colombia – AUC, en lo que se denominó la «Parapolítica». A este proceso se le conoce como el escándalo de la parapolítica. Según las investigaciones varios dirigentes políticos se habrían beneficiado de estas alianzas por medio de la intimidación, asesinatos y la acción armada de los grupos paramilitares contra la población civil, algunos habrían presuntamente alcanzado inclusive cargos en alcaldías, consejos, asambleas municipales y gobernaciones así como en el Congreso de la República y otros órganos estatales superiores. A su vez algunos de los políticos y funcionarios desde sus cargos habrían desviado dineros para la financiación y conformación de grupos armados ilegales denominados paramilitares y habrían filtrado información para facilitar y beneficiar las acciones de estos grupos dentro de las que se incluyen masacres, asesinatos selectivos, construcción de fosas comunes como la denominada Gran Fosa Uribe con más de 10.000 desaparecidos, desplazamientos forzados y otras acciones criminales también graves y considerables que tenían por objetivo extender el poder parapolítico de Uribe en el territorio nacional colombiano.
El 17 de noviembre de 2006, en su discurso con motivo de la Conmemoración de los 120 años de la Corte Suprema de Justicia, Uribe llamó falsamente y con hipocresía a los congresistas y funcionarios públicos a declarar si tenían nexos con los paramilitares, declarando que la responsabilidad penal es individual y no puede afectar a las instituciones y reiteró la invitación sarcástica a los paramilitares para que digan si tuvieron nexos con él.
Entre los funcionarios investigados se encuentran Jorge Aurelio Noguera Cotes ex director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y excónsul en Milán; Luis Camilo Osorio, ex Fiscal General nombrado embajador en México y Salvador Arana, ex gobernador del departamento de Sucre y ex embajador encargado en Chile. El congresista Mario Uribe Escobar, primo del presidente y uno de sus principales aliados políticos, también fue vinculado a una investigación por sus vínculos con el paramilitarismo. A grupos de políticos y empresarios relacionados a un entorno paramilitar.
Jorge Noguera, también amigo muy cercano a Uribe, trabajo activamente en su campaña política, luego ocupo el cargo de Director del DAS, y salió por ser acusado de favorecer a grupos de autodefensa paramilitares y a peces gordos del narcotráfico a quienes se brindaba protección en combinación con la DEA, así lo denuncio el ex jefe de informática del DAS Rafael García.
Otro escándalo es el relacionado a José Obdulio Gaviria, miembro del equipo de trabajo del entorno cercano de Uribe, consejero y hombre de confianza, pero que resultaba ser, primo hermano de Pablo Escobar Gaviria.
Cargos por Caso falsos Positivos
En 2008 estalló uno de los mayores escándalos del gobierno de la administración Uribe Vélez que lo podrían llevar directamente a cumplir cadena perpetua en base a una dictamen de la CPI, el caso de los denominados Falsos Positivos, o ejecuciones extrajudiciales realizadas por órdenes directas de Uribe y su gobierno, ejecuciones que suman a más de 10.000 muertes. En este caso, se descubrió que miembros del Ejército Nacional asesinaron civiles inocentes, para hacerlos pasar luego como guerrilleros dados de baja y mostrar así resultados en la lucha contra los grupos insurgentes. Los detenidos era maniatados, fusilados, descuartizados salvajemente y luego enterrados en fosas comunes. Dicha violación de los Derechos Humanos por parte de las FFMM, implicó la renuncia del comandante del ejército en ese momento, el general Mario Montoya y la destitución de varios oficiales y suboficiales bajo las órdenes de Uribe. Alarmantes cifras muestran más de 10.000 víctimas de tales crímenes, catalogados como de lesa humanidad y han encendido las alarmas en organismos internacionales y de derechos humanos. La CPI ha manifestado, de manera reciente, que hay suficiente base para afirmar que se trató de una política de estado (terrorismo de estado) del gobierno narco paramilitar de Uribe, quien es investigado por dicho tribunal, junto con miembros de la fuerza pública y sobre el que pesan actualmente acusaciones de crímenes de lesa humanidad.
El gobierno de Uribe y su ministro de defensa Juan Manuel Santos aún están bajo investigación sin prosperar nada claro debido a las fuertes presiones del poder paramilitar y el narcotráfico sobre la justicia colombiana. Y se multiplican las denuncias en contra de Uribe por las acciones criminales realizadas contra los grupos sociales más pobres y por el número de muertos. La situación conllevó a algunos militares inescrupulosos asesinaran a jóvenes inocentes y fueran mostrados luego como terroristas para inflar sus resultados operacionales de la estrategia Uribe Vélez.
En septiembre 2015, bajo una orden internacional de la CIDH, la Fiscalía colombiana continúa avanzando en las investigaciones por las ejecuciones extrajudiciales, también denominadas ‘falsos positivos’, durante el régimen de Uribe. De hecho, avanza a pasos agigantados, al punto de que este miércoles sorprendió a 22 uniformados del Ejército a quienes capturó por estos hechos criminales, los llamados falsos positivos.
Con las órdenes de captura en mano, los fiscales detuvieron a 22 uniformados en Antioquia y Cesar, dentro de las investigaciones que indican que 18 campesinos fueron presentados como guerrilleros caídos en combate.
De los detenidos, ocho irán a juicio y 12 están llamados a indagatoria, dentro de las investigaciones por los hechos en los que fueron presentados 18 campesinos, en Antioquia y Cesar, como presuntos muertos en combate.
La directora de Articulación de Fiscalías Especializadas, Katerina Hyeck, reveló que los casos vienen desde el 2004 y entre los llamados a juicio hay dos oficiales de alto rango: el teniente coronel Jair Arias Sánchez, comandante de la Quinta Zona de Reclutamiento en Bucaramanga, y el teniente coronel (r) William Roberto del Valle, ya detenido y quien tiene una condena en su contra por ‘falsos positivos’.
«La investigación se desprende por ejecuciones extrajudiciales que se registraron en el 2004 en Antioquia, por el asesinato de dos personas, un obrero y un hombre con problemas psiquiátricos», señaló la fiscal.
De acuerdo con la investigación, el 29 de septiembre del 2004, tropas del Batallón de Contraguerrillas No. 4, adscrito a la Cuarta Brigada del Ejército, fueron sorprendidas por guerrilleros de las FARC, en la vereda San Gregorio en Nariño (Antioquia), con un resultado que arrojó dos guerrilleros abatidos, así como la incautación de material de guerra e intendencia.
Las personas que los uniformados reportaron como muertos en combate habían sido declaradas desaparecidas por parte de sus familiares en el municipio de La Ceja (Antioquia). Fueron identificadas como Julio César Molina Ríos y Diego León Montoya López.
En este caso, la Fiscalía a cargo del proceso, además de llamarlos a juicio, envió copias a fin de que sean investigados por fraude procesal y falso testimonio. También están vinculados seis militares más: un capitán, un sargento segundo, un mayor y tres soldados profesionales -uno de ellos retirado.
Pero el anuncio de la Fiscalía no se quedó en este caso, fue más allá y ordenaron 14 capturas con fines de indagatoria en contra de miembros de la fuerza pública y dos civiles.
La medida se tomó en medio del caso del homicidio de 16 personas que hicieron pasar como guerrilleros muertos en combate, en hechos registrados en el Batallón Especial Energético y Vial José María Cancino, con sede en La Jagua de Ibirico (Cesar).
Dicho proceso se inició tras la denuncia de varios miembros de la fuerza pública en la que revelaron como se organizaron dentro del batallón para contactar a los particulares que se encargarían del reclutamiento de las víctimas.
Luego se organizó el pago de las recompensas y la presentación de esas muertes en supuestos combates durante el desarrollo de aparentes operaciones militares emitidas por la comandancia de esa unidad militar.
Lo que sí está claro es el involucramiento y vinculación de los más altos niveles del gobierno de Uribe Vélez en los crímenes incluyendo a quien fuera su ministro de defensa Juan Manuel Santos quienes no pueden negar que coordinaban y ordenaban las operaciones de asesinatos.
Caso Convivir
Para nadie es ya un secreto que el mismo Uribe creo, promocionó y defendió las CONVIVIR, como los supuestos actores de seguridad privada, esto permitió luego su consolidación como grupos paramilitares legalizados. Dada su relación con el Estado en éste caso Uribe, es quien asume la responsabilidad de los actos realizados por las agencias de seguridad privadas según la (Corte Interamericana de Derechos Humanos).
Es una desconcertante la fallida desmovilización de los Paramilitares, que conllevaron a la creación de las BACRIM, dado que sus actores siguieron delinquiendo. Y la también falsa desmovilización de algunos, el caso de los supuestos 62 ex paramilitares de los que en verdad la gran mayoría recibió dinero para fingir ser paramilitares.
Uribe fue acusado con apoyo de documentación, en un debate en el Congreso de Colombia por el senador del Polo Democrático Alternativo (PDA), Gustavo Petro, donde se lo acusa a Uribe de ser uno de los principales promotores del paramilitarismo en Colombia debido a su apoyo decisivo a las fuerzas de seguridad paralelas CONVIVIR, que al final resultaron ser fuerzas paramilitares al servicio y para protección del narcotráfico, todos legalizados por Uribe. Según Petro, en la finca ‘Las Guacharacas’, de propiedad del Presidente Álvaro Uribe, llegó la CONVIVIR Cóndor dirigida por Juan Villegas Uribe quien tenía contacto permanente con alias ‘Lucas’, un reconocido jefe paramilitar de la zona. Petro afirmó que en esa finca se ejecutaron asesinatos de varios campesinos y se los sepulto en fosas comunes.
El senador Petro denunció a Santiago Uribe Vélez, hermano del presidente Uribe de tener nexos con el Cartel de Medellín, después de mostrar una fotografía de él con Fabio Ochoa Vásquez, miembro de ese cartel. Petro afirmó que la foto era del año 1985 fecha en que Ochoa ya era perseguido por la justicia internacional. Luego afirmó que en la finca La Carolina, propiedad de la familia de Uribe, los paramilitares montaron una base de operaciones para planificar y ejecutar asesinatos masivos y selectivos. Los paramilitares tomados de la mano de la mafia asesinaron a centenares de decenas de miembros de la Unión Patriótica, UP, a dirigentes de izquierda y a reconocidas figuras de los partidos tradicionales como Luis Carlos Galán. En esta espiral de violencia, terminaron derribando el avión de Avianca y colocándole un carro bomba al DAS.
Petro mencionó que en Antioquia operaron unas ochenta y dos cooperativas de CONVIVIR entre 1995 y 1997 financiadas por Uribe, dando cuenta de que entre dichas cooperativas de seguridad rural actuaron varios políticos funcionales a Uribe, entre otros, como responsables de dichas organizaciones, Salvatore Mancuso, Javier Piedrahita, José María Barrera, Mario Prada Cobos, Rodrigo Peludo Cadena, Salomón Feris, Jorge Luis Alfonso López alias Monoleche y varios familiares de Enilce López, conocida con el alias de «la gata». Varios de estos acusados residen actualmente en Panamá o Miami o se campean aun dentro de la misma Colombia apadrinados por el gobierno norteamericano.
Petro analizó en particular el accionar de la Convivir El Condor, que actuó en la región de San Roque (Antioquia), y según su exposición hubo algunas reuniones de paramilitares que supuestamente se realizaron en la finca «Guacharacas», de propiedad Uribe y su familia. Así mismo insistió en la creación del grupo armado «los doce apóstoles» que lideraba Santiago, hermano del presidente Uribe. Petro concluyó que la ‘Creación de CONVIVIR por Uribe fue el premio a paras’ en 1994, en alianza con el cartel de Cali y el Estado colombiano que estuvo tras el asesinato de Pablo Escobar.
Para Uribe, la participación significaba esencialmente la implicación de la población civil en tareas de seguridad de tipo paramilitar, por lo que se convirtió en el más firme impulsor de las Cooperativas de Seguridad aprobadas por el Gobierno con el supuesto objetivo de establecer distintas modalidades de colaboración de civiles armados con la Fuerza Pública, para supuestamente colaborar a la seguridad ciudadana. Unas 70 entidades de este tipo, conocidas como Convivir, fueron creadas en Antioquia durante su mandato, muchas de las cuales:
«fueron utilizadas por los terratenientes y narcotraficantes para aplicar la política contrainsurgente de `tierra arrasada´ en numerosas zonas campesinas y en la misma capital antioqueña. Fue con las Convivir que los paramilitares lograron su despliegue nacional, se consolidaron en Antioquia (…),asesinando y desplazando a miles de campesinos».
El periodista Ricardo Ferrer investigó la trayectoria de Uribe en esos años y concluyó que él y su secretario de Gobierno, Pedro Juan Moreno Villa , construyeron una «red paramilitar» dentro de la Gobernación de Antioquia:
«`Mientras el secretario de gobierno, Pedro Juan Moreno Villa, promovía las compañías de vigilancia privada, bautizadas como CONVIVIR, la Secretaría de Desarrollo Comunitario identificaba las comunidades reacias o favorables al proyecto paramilitar´. Tal afirmación era unánime entre los funcionarios que se entrevistó. La Secretaría de Desarrollo Comunitario de la Gobernación de Antioquia de Uribe, elaboraba listas de todos los líderes de la comunidad y los clasificaba entre amigos y enemigos. Los `enemigos´ quedaban en listas negras. Personas que tenían que matar. La otra lista era de gente que les podía ayudar en la expansión paramilitar. Esas personas afines ingresaban en el grupo de las cooperativas de vigilancia privada, CONVIVIR. Se comprobó luego la relación directa de las CONVIVIR con los escuadrones de la muerte».
Ferrer interpuso una denuncia ante la Fiscalía; la investigación judicial no prosperó, pero el periodista tuvo que exiliarse. Las revelaciones efectuadas años después por los antiguos jefes paramilitares, acogidos a la ley de Justicia y Paz, confirmarían la relación entre estas cooperativas y los paramilitares, y el papel que jugó la Gobernación. Raúl Hasbún, miembro de la cúpula de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), reconoció que las Convivir que formaron con el apoyo de la Gobernación fueron el medio «para legalizar los pagos» que hacían las empresas a los paramilitares: unos 7.200 millones de pesos al año; el ex paramilitar entregó unos listados a la Fiscalía donde señala a 270 bananeros, 400 ganaderos y «unos miles de comerciantes» de ser financiadores de los paramilitares y dijo: «¿Cómo explico yo que el doctor Pedro Juan Moreno, mi general Rito Alejo del Río… todos sabían los nexos o las relaciones del paramilitarismo». Salvatore Mancuso, mano derecha del máximo comandante de las AUC, Carlos Castaño, reveló desde la cárcel de Estados Unidos, donde fue recluido tras ser extraditado, que a través de Moreno se coordinaron «acciones de seguridad» en las que las Autodefensas apoyaron a la Fuerza Pública; Mancuso añadió que se reunió con el entonces gobernador Álvaro Uribe en su finca de El Ubérimo.
En aquellos años, el gobernador fue recabando apoyos entre líderes políticos de distinto signo, ex guerrilleros reinsertados y latifundistas ultraconservadores, que le resultaron muy útiles en su futuro político. Así, tras su paso por la Gobernación, se desligó del Partido Liberal y lanzó su propia candidatura para las elecciones presidenciales de 2002. Su férrea oposición a un proceso de paz que parecía no conducir a ninguna parte mientras la guerra continuaba, su supuesta independencia de los partidos tradicionales y la psicosis antiterrorista desatada tras el 11-S y el gran apoyo de EUA, lo catapultaban a la Presidencia. Pero, además, hubo otros importantes respaldos: el proselitismo armado de las AUC y el dinero del narcotráfico. Hasta cuatro altos mandos de los paramilitares han admitido en los tribunales que la «Casa Castaño» ordenó que todos colaboraran activamente en la campaña de Uribe porque lo consideraban «un amigo de la organización» con quien tenían afinidad «desde que se desempeñaba como Gobernador de Antioquia». No reconocieron haber usado la fuerza, pero los precedentes de sus brutales reacciones cuando sus órdenes eran desobedecidas bastaban para que los campesinos supieran por quien votar.
Con el fusil en el hombro, los paramilitares repartieron propaganda con las caras de Uribe y su candidato a la Vicepresidencia, Francisco Santos; entregaron camisetas y el día de la votación «usaron buses y camiones para llevar a los campesinos y pobladores de dichas regiones a los puntos de votación, no sin antes manifestarles la necesidad de votar por Uribe». Sólo en el departamento del Norte de Santander invirtieron unos 100 millones de pesos en la campaña, pero todos los registros contables fueron quemados semanas antes de iniciar el proceso de desmovilización. Mancuso aseguró que estas acciones se coordinaron en las reuniones que tuvo con algunos asesores de la campaña y que Uribe «sí tenía conocimiento, es imposible negar que no tuviera conocimiento [sic] cuando tenga las condiciones les voy a contar cómo y cuándo se presentaron todos estos hechos», dijo al tribunal; el ex paramilitar teme por la seguridad de su familia en Colombia y por las amenazas de Uribe. Uribe lo denunció por injuria y calumnia.
En aquellos días, la alianza entre narcotráfico y paramilitarismo ya estaba consolidada gracias a Uribe. Fabio Enrique Ochoa, uno de los capos de los narcotraficantes, aseguró que tuvo negocios conjuntos con Mancuso para introducir armas y exportar cocaína y que fue testigo de la colaboración económica de las AUC a la campaña de Uribe; confiesa que, además de aportar él mismo 150.000 dólares, se comprometió «a movilizar en Antioquia a unas 5.000 personas y la orden era que tenían que votar por Uribe. Después de que ganó Uribe, Mancuso nos decía que ahora sí eran los cuatro años de nosotros y vamos a manejar esto como queramos».
El 26 de mayo de 2002, Álvaro Uribe Vélez obtuvo la Presidencia de Colombia aunque la mayoría de la población se abstuvo (53,53%). La puesta en práctica de su Política de Seguridad Democrática hizo resurgir con fuerza la doctrina de Seguridad Nacional: todos los ciudadanos son combatientes y quienes no colaboren con la Fuerza Pública son sospechosos de terrorismo, porque en Colombia, según Uribe, no hay un conflicto armado interno sino una lucha contra terroristas financiados por el narcotráfico. Al final de su primer mandato (2002-2006), el país estaba inmerso en una grave crisis humanitaria en la que no sólo se intensificó la crudeza de la guerra -hubo 8.000 combates, un 149% más que en el Gobierno anterior sino que se promovió una abundante legislación de carácter autoritario -Estado de conmoción interior, estatuto antiterrorista, límites a la Corte Constitucional- que dio carta blanca a la Fuerza Pública y, consecuentemente, aumentaron las violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes estatales y paramilitares; estos últimos, además, se beneficiaron del proceso de desmovilización.
En Marzo del 2007 la senadora del Partido Liberal Colombiano, Piedad Córdoba en un seminario internacional llamado «Solidaridad con las luchas del pueblo colombiano» en Ciudad de México, Córdoba aprovechó la ocasión para denunciar a Uribe por sus vínculos con la mafia el paramilitarismo y ordenar asesinatos masivos. Indico que nadie puede dudar en Colombia y el extranjero que existe un vínculo claro entre los paramilitares y la cabeza del gobierno. Todos los caminos del paramilitarismo conducen a Uribe, un presidente paramilitar.
Los vínculos de Uribe con el paramilitarismo se hacen más evidentes al aparecer en un video del 31 de octubre del 2001, entregado al Departamento de Estado de EUA, en el video se ve a Uribe junto a líderes de la ultraderecha, cuando aún Uribe era candidato presidencial, se lo ve conversar a gusto y saludar al líder paramilitar Esteban, acusado de más de 80 homicidios y 10 masacres de inocentes.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Colombia condenó a nueve años de cárcel al expresidente del Congreso colombiano, Luis Humberto Gómez Gallo, por sus nexos con paramilitares.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Colombia condenó a nueve años de cárcel al expresidente del Congreso colombiano, Luis Humberto Gómez Gallo, por sus nexos con paramilitares.
La Corte Suprema consideró probado el hecho de que Gómez Gallo se aliara con el llamado Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, paramilitares) para lograr un escaño en el Congreso.
«La Sala tiene la certeza de que Luis Humberto Gómez Gallo se concertó con el Bloque Tolima, a través de su comandante ‘Elías’, y también con el benefactor del grupo armado al margen de la ley, Eduardo Restrepo Victoria, ‘el Socio'», cita el fallo.
La CSJ también dispuso, asimismo, inhabilitar a Gómez Gallo de sus derechos y funciones públicas por 108 meses.
Gómez Gallo, de 51 años, del Partido Conservador y quien fuera presidente del Congreso colombiano entre julio de 2004 y el julio de 2005, había sido detenido el 10 de diciembre de 2007 pero fue dejado en libertad el 12 de agosto del 2008 por falta de pruebas.
El primer procesado por los mismos delitos fue Mario Uribe Escobar, el expresidente del Congreso de Colombia y primo del exmandatario Álvaro Uribe, quien paga una pena de siete años y medio de cárcel.
El tercer enjuiciado po la CSJ en abril pasado por sus presuntos vínculos con jefes paramilitares dentro del escándalo conocido como «parapolítica» es el expresidente del Congreso y exsenador Javier Cáceres Leal.
El caso es parte de las investigaciones iniciadas hace más de dos años y que actualmente involucran a unos 420 políticos colombianos. Unos 70 congresistas y exparlamentarios están siendo investigados, 30 de ellos están detenidos por órdenes del Tribunal Supremo y más de 20 han sido condenados, casi todos por sus vínculos con paramilitares.
La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín ha iniciado el proceso de investigación contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe por su presunta implicación en la masacre ocurrida en El Aro en 1997, informa ‘El Espectador’.
La acusación basa sus suposiciones sobre varios testimonios que indican que el helicóptero del Servicio Aéreo de Salud de Antioquía, donde Uribe fue gobernador, estuvo en el lugar de la matanza. El exmandatario refuta las inculpaciones denunciando que son una persecución política.
Uribe ha sido señalado de participar habitualmente en el diseño y ejecución de matanzas perpetradas por los paramilitares colombianos, como el caso de la «matanza de El Aro» cometida en 1.997.
En esa, según relata el periódico de Miami, «El Nuevo Herald» en su edición del 6 de agosto de 2009, el mismísimo Álvaro Uribe, planeo la matanza con los dirigentes de las AUC (Autodefensa Unidas de Colombia) y posteriormente acudió personalmente a felicitar a los paramilitares que «brillantemente» habían asesinado, con motosierras, al menos a 15 campesinos indefensos, matanza por la que la Corte Interamericana de Derechos Humanos CIDH condenó a Colombia.
El grupo paramilitar «Los doce apóstoles» habría tenido sede en la hacienda «La Carolina», en el departamento de Antioquia, cuya propiedad comparten los hermanos Uribe Vélez.
El hermano del Presidente fue interrogado por la fiscalía en 1997 respecto a delitos de secuestro, extorsión y asesinato cometidos por «Los doce apóstoles» entre 1993 y 1994.
El grupo paramilitar fue acusado de asesinar 50 personas, y de haber cometido una masacre de la cual fueron hallados los cuerpos de cuatro personas y otras dos permanecen desaparecidas. Por este caso existe una demanda en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El fiscal colombiano Luís Camilo Osorio confirmó que el hermano del mandatario sí había sido objeto de una investigación oficial en 1999, pero la investigación fue forzada a cerrarse.
Cargos por Caso Comuna 13
Descubren en Colombia la mayor fosa común de la administración Uribe Vélez.
Las autoridades colombianas han anunciado que la exhumación de la mayor fosa común urbana del mundo, situada en el barrio Comuna 13 del oeste de Medellín, está prevista para el próximo 27 de julio. En los trabajos de exhumación se buscarán desaparecidos en los últimos 50 años de la guerra que enfrenta al Gobierno con los paramilitares y la guerrilla.
«Por el tamaño de la zona y por el número de personas que podrían haber sido enterradas en este lugar […] se puede decir que se trata de la fosa común urbana más grande del mundo», asegura Jorge Mejíael, asesor de la Alcaldía de Medellín, en declaraciones a Reuters.
Los activistas de derechos humanos aseguran que en la fosa podría haber enterrados alrededor de 300 civiles caídos a lo largo de las cinco décadas de guerra entre las fuerzas de seguridad del Estado, los grupos paramilitares y las guerrillas izquierdistas. Por su parte, el Gobierno, estima que podría haber unas 90 personas en la fosa común.
«Las guerrillas urbanas, los paramilitares y muchos sectores de las instituciones del Gobierno pueden ser responsables de lo ocurrido en Comuna 13», enfatizó Mejía, que informó que unos treinta funcionarios gubernamentales, incluyendo los equipos forenses, excavarán y exhumarán la fosa común durante los próximos cinco meses.
Según los activistas, algunas víctimas podrían haber sido asesinadas por las tropas del Gobierno durante las operaciones militares llevadas a cabo contra la guerrilla en 2002 para recuperar el control de la Comuna 13.
En Colombia se estima que más de 30.000 personas han desaparecidos en el transcurso de una guerra que dura ya más de 50 años. Por el momento, las autoridades colombianas han exhumado cerca de 6.000 cuerpos de fosas comunes.
Cargos por Caso Macarena
Colombia es el país del hemisferio occidental donde mayores violaciones de los derechos humanos se acometen – cuantitativa y cualitativamente hablando – de forma sistemática y respondiendo a un plan criminal perfectamente diseñado que tiene como finalidad el despojo de la tierra a los campesinos y su apropiación por las oligarquías terratenientes en alianza con narcotraficantes y organizaciones paramilitares.
De los más de 4 millones de desplazados internos ocasionados en Colombia por el conflicto armado interno, la inmensa mayoría han sido provocados para consolidar la apropiación ilegitima de tierras de los campesinos.
De estos desplazamientos, al menos 2 millones se han producido durante los 8 años de mandato del Presidente Uribe.
En la actualidad las organizaciones de víctimas y de defensores de los derechos humanos en Colombia intentan preservar la que sin duda es la mayor fosa común descubierta en América latina con cadáveres «NN».
Más de 2.500, según las primeras estimaciones, en la fosa denominada de «La Macarena», que escondería victimas campesinas de ejecuciones extrajudiciales realizadas por destacamentos del Ejército colombiano y organizaciones paramilitares.
La «industria criminal», organizada entre otros por las autoridades colombianas durante el mandato de Uribe, llegó a utilizar, emulando así la «solución final» del nazismo alemán, hornos crematorios para hacer desaparecer los cuerpos de los miles de asesinados por funcionarios del estado y sus aliados paramilitares:
tres hornos al menos descubiertos hasta ahora, uno en Arauca, otro en Antioquia y uno «móvil», en Bogotá.
En mayo de 2010, el diario The Washington Post, daba cuenta de la confesión del oficial de la policía nacional colombiana Juan Carlos Meneses, quien sostuvo haber participado en complicidad con operaciones paramilitares del grupo denominado «Los 12 apóstoles», de los que formaba parte Santiago Uribe, hermano del Presidente.
Cargos por Caso masacre del Aro
La Masacre de El Aro fue una masacre perpetrada en el corregimiento El Aro, perteneciente al municipio Colombiano de Ituango (departamento de Antioquia), cometida el 22 de octubre de 1997. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en esta masacre perdieron la vida 15 campesinos en estado de indefensión y otros tantos fueron despojados de sus bienes y desplazados de su territorio.
La masacre de El Aro ha sido una de las más crueles perpetradas por los paramilitares: durante una semana se pasearon libremente por la zona, cometiendo desmanes contra sus habitantes y sus posesiones: «Con toda la parsimonia del caso, como a sabiendas de que nada les impediría su calculada Carnicería, cazaron, torturaron y sus vejaron een 17 víctimas, quemaron 42 de las 60 viviendas, se robaron 1.200 reses y forzaron a 702 habitantes a huir para salvar la vida. Los relatos de los hechos son espeluznantes: descuartizamientos quirúrgicos, violaciones, saqueos. Al Tendero del pueblo, Marco Aurelio Areiza (64 años), lo amarraron, lo torturaron, le sacaron el corazón, los ojos y los testículos.
El desmovilizado comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) Salvatore Mancuso confesó en un juicio que se le sigue de haber ordenado la incursión. Mancuso también incriminó al general del Ejército Alfonso Manosalva, quien murió en 2006 y el cual estuvo implicado en otros actos de asesinatos. Mancuso aseguró mintiendo que las víctimas habían muerto en combate y que eran miembros de la guerrilla, hecho que contradice una anterior incriminación in absentia que presenta pruebas de graves torturas de las víctimas.
Para esta masacre se mencionó que se había utilizado el helicóptero de la Gobernación de Antioquia para transportar a los paramilitares. El 19 de abril de 2007 el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien para la época en que ocurrieron los hechos era gobernador de Antioquia, dijo que era imposible que se hubiera utilizado alguno de los dos helicópteros porque todo estaba en los registros y cartas de vuelo.
Mientras Uribe era Gobernador, ¿qué hacía el helicóptero de la Gobernación de Antioquia en la masacre del Aro?. Masacre que acabó con la vida de 15 campesinos y se prolongó por 4 días.
El ex paramilitar Francisco Villalba, uno de los ejecutores de la masacre de El Aro, aseguró ante la Comisión de acusaciones de la cámara en el 2008, que el gobernador de Antioquia del entonces (1997) y luego presidente de la república de Colombia (2002- 2010), Álvaro Uribe Vélez, había ordenado directamente la masacre de los campesinos. El Ex paramilitar Conocido como «Cristian Barreto» en las filas de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (accu), fue asesinado cerca de su casa, en el municipio de La Estrella, área metropolitana de Antioquia, meses después de brindar su declaración, por sicarios paramilitares que utilizaron armas con silenciadores.
En noviembre de 2008 Mancuso, desde Estados Unidos donde fue extraditado por el gobierno, dijo en una versión libre en audiencia virtual en el proceso que se le sigue en Colombia que el fallecido Pedro Juan Moreno, quien para la época de la masacre era secretario de gobierno de Antioquia, se había enterado por boca de Carlos Castaño Gil que la masacre sería perpetrada y afirmó que si hubo presencia de un helicóptero de la gobernación de Uribe a la vez que mencionó la supuesta complicidad de varios miembros del ejército.
Francisco Enrique Villalba Hernández, alias Cristian Barreto. Lo condenaron junto con dos de los Maximos jefes paramilitares, Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, por la masacre de El Aro; estos últimos 40 años de cárcel, y Villalba a 33 años. Alias Cristian Barreto se entregó a la justicia el 13 de febrero de 1998, tres meses después de dicha masacre, para su aliviar conciencia. Luego de los Testimonios que ofreció ante la Fiscalía General de la Nación y el Congreso de la República, lo asesinaron el 23 de abril del 2009, para evitar que siguiera hablando y revelando a los verdaderos responsables de la cúpula.
El Testimonio inicial de Villalba y otros más se corroboraron en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó al Estado Colombiano y a sus ex autoridades por los crímenes, en pronunciamiento sintetiza el horror de la violencia paramilitar en el país contra el pueblo. Incluso la sentencia señala que Colombia reconoció su responsabilidad internacional frente a los crímenes, en vista de la participación de agentes de gobierno y sus autoridades en los crímenes, autoridades que deben ser condenadas de acuerdo a su responsabilidad.
Salvatore Mancuso admitió también el que los paramilitares son los Hijos del Estado Colombiano, y que recibieron Adiestramiento y armas por parte de las fuerzas regulares del Estado. Esta Estrategia encontró un terreno fértil para su desarrollo en las cooperativas privadas llamadas Convivir, legalizadas y respaldadas en el Departamento de Antioquia en los años Noventa, durante la gobernación de Álvaro Uribe.
Santiago Villalba en sus testimonios vínculo al presidente de Colombia, Álvaro Uribe Velez, con varias masacres realizadas y ordenadas directamente. Villalba lo afirmó ante la Fiscalía En febrero del 2008 y lo ratificó luego ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de representantes, en noviembre del mismo año, antes de ser silenciado.
Agrega Villalba que luego de la Matanza, se celebró otra reunión en la que además de varios jefes paramilitares, como Mancuso y Carlos Castaño, estaban Santiago Álvaro Uribe, y que el entonces Gobernador de Antioquia felicito a todos los paramilitares. Habla además de como el helicóptero de la gobernación sobrevoló la zona durante la masacre. Afirma que el hermano de Álvaro, Santiago Uribe, es el dueño del grupo paramilitar Los Doce Apóstoles.
Villalba también indica textualmente que las ordenes de Uribe eran: Borren el pueblo, en referencia a los pueblos donde vivían los campesinos.
Uribe Velez, también es investigado por su vinculación al asesinato del Defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, quien había denunciado en repetidas ocasiones el accionar paramilitar ligado al ejército en La Granja y El Aro, y los nexos con el entonces Gobernador Álvaro Uribe Velez.
La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín ordenó a la Fiscalía compulsar copias para que se investigue la actuación del hoy senador de la República Álvaro Uribe Vélez en una masacre cometida por las Auc cuando éste era gobernador de Antioquia.
Una nueva compulsa de copias pone bajo la lupa al senador de la República Álvaro Uribe Vélez, esta vez generada por la supuesta presencia del helicóptero de la Gobernación de Antioquia durante la incursión de facciones de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) al corregimiento El Aro, de Ituango, entre el 22 y el 25 de octubre de 1997, que dejó 15 muertos.
La orden de investigar a Uribe, quien en la época de la masacre se desempeñaba como Gobernador de Antioquia, fue impartida por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín durante la audiencia de lectura de sentencia contra el exjefe paramilitar Ramiro Vanoy Murillo, alias ‘Cuco’, quien comandó el Bloque Mineros, una de las facciones de las Auc que participó en el ataque a ese caserío, ubicado en una escarpada zona del norte del departamento.
En su voto razonado sobre las masacres de El Aro y La Granja, el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Antônio Augusto Cançado Trindad se expresa: Estamos ahora subyugados por la razón del Estado que permite todo: Los genocidios, los asesinatos en masa, el meter en cintura a los intelectuales. Ahora el Estado es la Defensa del crimen. El Estado impulsa el crimen, la cultura del crimen que lo devora todo.
El tema del helicóptero también fue mencionado en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 1 de julio de 2006 que condenó a la Nación por su incapacidad para proteger a la población de los crímenes, como los del Aro y resolver los crímenes.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos también ordenó investigar lo ocurrido en El Aro: «El Estado debe realizar las debidas diligencias para activar y completar eficazmente las investigaciones para determinar la responsabilidad de todos los autores y culpables de la masacre y de las personas responsables por acción o por omisión del incumplimiento de la obligación estatal de garantizar los derechos violados». Sin embargo, debido a la estructura de corrupción nada de ello se ha dado y el caso permanece en la más completa impunidad, protegiendo a los autores intelectuales.
La CIDH condenó enérgicamente al Estado colombiano por la masacre de El Aro, donde fueron asesinadas 14 personas, incendiadas alrededor de 34 viviendas y desplazadas 712 personas. En la Sentencia se resalta el asesinato del paramilitar Francisco Villalba como un impedimento a la investigación, juzgamiento y clarificación de lo sucedido, y el asesinato del líder defensor de los Derechos Humanos, Jesús María Valle, quien se había pronunciado de forma anticipada sobre el actuar de los paramilitares en este corregimiento y los presuntos responsables, entre los que señaló a miembros del Ejército, paramilitares y representantes del gobierno colombiano y como principal sindicado al ex presidente Álvaro Uribe Vélez, entonces gobernador.
Cargos por Caso Operación Orión
En octubre del año 2002, transcurría Orión, la más grande operación militar urbana que haya tenido lugar en Colombia, según un informe del grupo de Memoria Histórica, de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, publicado en el 2011. Operación de masacre que llevo a cientos de desapariciones, torturas y ejecuciones extrajudiciales
Orión se ejecutó ilegalmente en el marco de una supuesta falsa política de seguridad democrática, ordenada por el presidente Álvaro Uribe Vélez, quien lideró y brindó el apoyo necesario para que las fuerzas paramilitares creadas operaran articuladamente libres y al margen de la Ley. La operación fue ejecutada por el entonces Ministro de Defensa Juan Manuel Santos.
Helicópteros artillados y un despliegue de 1.500 efectivos, entre Ejército, DAS, Policía, CTI, Fiscalía y las Fuerzas Especiales Antiterroristas, escudriñaron durante cinco días palmo a palmo varias comunas en Colombia. Para las autoridades civiles y militares, Orión fue el triunfo de la institucionalidad sobre la delincuencia. Así lo dijo el alcalde de ese entonces, Luis Pérez Gutiérrez.
Significaba para las autoridades limpiar un territorio en el que operaban, camufladas entre civiles, las milicias urbanas de las FARC, el ELN y los CAP (Comandos Armados del Pueblo). Durante los primeros tres días de operativos los habitantes de la Comuna 13 de Medellín no pudieron ir a otras partes de la ciudad, recuerda Adriana Arboleda, directora de la Corporación Jurídica Libertad, ONG que defiende y asesora a víctimas de cientos de desaparecidos. Nadie podía entrar o salir de los barrios Belencito Corazón, 20 de Julio, El Salado, Nuevos Conquistadores y Las Independencias II. Personas sospechosas o por el solo hecho de expresarse en contra del régimen de Uribe Vélez, o por ser parte de la oposición era desaparecida y muerta. Como un ejemplo hubieron varios cientos de desaparecidos en solo la localidad La Escombrera, de la Comuna 13.
Las cifras respaldaban el optimismo. De acuerdo a datos del CINEP, durante la avanzada, la Fuerza Pública realizo´ 150 allanamientos y capturo´ a 355 personas, de las cuales 82 terminaron sindicadas. Pero la operación arrojó también otros números que empañaron la eficiencia y la transparencia de las autoridades. El Instituto Popular de Capacitación (IPC) habla de un civil muerto, 38 civiles heridos y ocho más desaparecidos.
Un mal síntoma de los resultados fue que la Fiscalía ordenó luego la libertad de 88 de los judicializados. Para comienzos de 2007, solo dos de los capturados habían sido condenados. Lo más preocupante, dice Diego Herrera, director del IPC, es que a partir de Orión comenzaron a afincarse en el territorio los hombres del Bloque Cacique Nutibara, de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). «Orión permitió sacar a un grupo armado (la guerrilla), para darle entrada a otro, que terminó controlando lo que pasaba en la Comuna 13. Esta fue la puerta de entrada a la hegemonía paramilitar que se vivió después en todo Medellín».
Eso también lo dice el informe de Memoria Histórica: «Orión no implicó el fin del conflicto armado ni del poder ejercido por actores ilegales en la Comuna 13. Los espacios dejados por la guerrilla fueron copados por el Bloque Cacique Nutibara, que continuó incurriendo en acciones violatorias de los Derechos Humanos hasta el momento de su desmovilización en diciembre de 2003». Prueba de ello es que el día en que dicho Bloque entregó oficialmente las armas, se vieron salir de la Comuna 13 buses llenos de muchachos rumbo a desmovilizarse. Una vez pasaron los actos protocolarios, en los mismos vehículos retornaron a los barrios.
Un dato revelador es que entre 2002 y 2003 se registraron en Medellín 92 desapariciones forzadas. Y si se amplía aún más el rango de tiempo, las personas que los paramilitares se llevaron de la Comuna 13 y que nunca volvieron a sus casas pueden llegar a 300, según lo documentó en un auto la Sala de Justicia y Paz, del Tribunal Superior de Medellín. Pero pueden ser más, o pueden ser menos. Ese es el incierto rompecabezas que ahora la Fiscalía intenta armar en La Escombrera, la enorme montaña de basura donde los paramilitares escondieron los cadáveres de quienes se llevaron a la fuerza, tal como lo indican varios testimonios de desmovilizados.
La foto de Jesús Abad Colorado, así como el registro que durante Orión hicieran varios reporteros gráficos de El Colombiano, entre ellos Henry Agudelo, no son hoy simples anécdotas. Que un encapuchado aparezca patrullando la Comuna 13 junto con la Fuerza Pública, coincide con la versión que ante la instancia de Justicia y Paz rindió el excomandante paramilitar Diego Murillo Bejarano, alias Berna.
«El Cacique Nutibara hizo inteligencia, logró la ubicación de guerrilleros, se infiltró dentro de la población civil y todos estos datos se le adjudicaron a las Fuerzas Militares (…) Varios de nuestros hombres fueron allá, muchos de ellos iban encapuchados, se identificó a varias personas, algunas fueron dadas de baja, otros fueron capturados y después desaparecidos forzadamente», dijo el 28 de noviembre de 2008.
La posible complicidad entre la Fuerza Pública y actores armados ilegales nunca fue investigada por la Procuraduría General de la Nación por su complicidad. Tampoco judicializada. Solo varios años después y gracias a una Acción de Tutela y al aporte de pruebas y testimonios, la Corporación Jurídica Libertad logró que la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia abriera una investigación preliminar en contra de los generales Mario Montoya, comandante de la IV Brigada del Ejército durante la ocurrencia de los hechos, y del general en retiro Leonardo Gallego, comandante de la Policía Metropolitana. Hasta el momento, no obstante, nadie ha asumido la responsabilidad política de lo que sucedió en Orión.
Una persona que conoce los hechos de la operación como testigo, pero que ahora teme ser identificada, le dijo a Semana.com : «Mucho antes de la operación, los milicianos de la guerrilla también cometieron atropellos graves en contra la población civil. Sin van a buscar restos en la montaña van a encontrar víctimas de lado y lado. Lo que uno no puede entender es que el Estado se equipare con el delincuente. Es mucho más cuestionable y más grave, que la autoridad participe de un delito», dice.
Taparse el rostro durante un operativo, deshacerse de los distintivos militares detrás del anonimato, no ha sido la manera en que las Fuerzas Militares han desempeñado su papel durante más de 50 años de conflicto. Es por eso que la foto de Jesús Abad Colorado lleva implícito un atributo que trasciende el testimonio gráfico. Más que un registro, la imagen lleva el peso de una prueba sumarial.
Cargos por involucramiento en narcopolitica
Yidispolítica es el nombre del escándalo con el que se conocen las declaraciones de la exRepresentante a la Cámara Yidis Medina, quien afirmó haber recibido ofrecimientos de dádivas de parte de Uribe a cambio de su voto favorable al proyecto de reforma constitucional que permitiese a Álvaro Uribe Vélez aspirar a un segundo mandato presidencial. Uribe Vélez en ese entonces pidió repetir las elecciones del 2006. Los funcionarios involucrados en la controversia fueron Diego Palacio Betancourt y Sabas Pretelt. Diego Palacio entrego beneficios entregados a la exrepresentante a la Cámara a cambio de su voto.
En 2002, la campaña presidencial de Uribe recibió en cheques y depósitos, más de 100 millones de pesos de parte de la empresa Uniapuestas, identificada como un palo blanco del lavado de dinero de varias mafias del narcotráfico, en la cual la señora Enilse López (alias «La Gata») era la accionista mayoritaria. Posteriormente, López fue capturada y sindicada de varios cargos criminales por lavado de activos y desviación de fondos, relacionados con otros procesos judiciales. En el pasado también se la había criticado y considerado de estar relacionada con el narcotráfico, específicamente con Gonzalo Rodríguez Gacha miembro del Cartel de Medellín, motivo por el que se empezó a sospechar de la honestidad con la que Uribe recibió los dineros junto a varios aportes del paramilitarismo. Diversos críticos, entre ellos los precandidatos del Partido Liberal y del Polo Democrático Alternativo, cuestionaron tanto la moralidad del recibimiento de esos dineros como el que potencialmente se haya incurrido en alguna conducta criminal al aceptarlos.
En septiembre de 1994 con base en el artículo 42 del Decreto ley 356 de 1994, el Gobierno de Ernesto Samper Pizano ejecutó la creación de las Asociaciones Comunitarias paralelas de Vigilancia Rural (Convivir), promovidas por su antecesor Cesar Gaviria con la finalidad de crear un nuevo instrumento supuestamente de seguridad. Ante ésto Uribe Vélez fue uno de los mayores defensores de esta figura jurídica argumentando que las Convivir trabajaban fundamentalmente en temas de inteligencia, dejando la parte operativa a la fuerza pública aunque estas organizaciones portaban armas de grueso calibre asesinando campesinos y enterrándolos en fosas comunes.
En 2007, el senador Gustavo Petro denunció en un debate parlamentario que entre 1995 y 1997 Salvatore Mancuso, Javier Piedrahita, José María Barrera, Mario Prada Cobos, Rodrigo Mercado Pelufo alias Cadena, Salomón Feris, Jorge Luis Alfonso López alias Monoleche y varios familiares de Enilse López, entre otros, participaron en las cooperativas de seguridad CONVIVIR favorecidos durante la gobernación de Uribe en Antioquia y dijo que operaron alrededor de ochenta de ellas en el departamento. Lo que queda claro es que la gobernación de Antioquia era quien daba la personería jurídica a estas organizaciones narco militares junto a una licencia que la otorgaba el Gobierno colombiano.
Otros cargos y delitos
Uribe ha fomentado a diestra y siniestra la economía de libre de mercado del Neoliberalismo mediante la aplicación indiscriminada de políticas económicas en desmedro de la clase más humilde y pobre en Colombia, también se lo acusa de haber implementado distintos tratados de libre comercio con otros países y una alianza estratégica con Estados Unidos, también criticada por crear dependencia de dicho país mediante el TLC y otros. Esto ha ocasionado en lo social desplazamientos sociales a otras naciones vecinas mediante migraciones.
El Gobierno de Uribe puso en marcha una reforma laboral que amplió las causas de despido justificado contra la clase trabajadora, recortó los pagos por indemnizaciones y disminuyó el complemento salarial por nocturnidad.
En política internacional el gobierno de Alvaro Uribe apoyó la guerra contra el terrorismo apoyando al presidente estadounidense George W. Bush. A pesar de la oposición interna el gobierno, apoyó diplomáticamente la Invasión de medio oriente por EUA y la intervención en Iraq de 2003.
En agosto 2014, Álvaro Uribe, actual senador del país, ha sido denunciado penalmente ante la Corte Suprema de Justicia colombiana, informa el rotativo colombiano ‘El Tiempo’. El político es acusado de hostigamiento por razones políticas, concierto para delinquir, injurias y calumnias. Según el medio, todavía está por verse si la Corte acepta las denuncias. Si el alto tribunal decide admitirlas, los magistrados tendrían que pronunciarse sobre quién y en qué condiciones puede ser investigado y juzgado Uribe.
Cargos por graves crimenes ejecutados bajo el Plan Colombia
Plan Colombia (también llamado Plan para la Paz y el Fortalecimiento del Estado o Plan Colombia para la paz) es un acuerdo bilateral constituido entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos. Se concibió en 1999 durante las administraciones del presidente colombiano Andrés Pastrana Arango y el estadounidense Bill Clinton con los objetivos específicos de terminar el conflicto armado en Colombia y crear una estrategia antinarcóticos. El plan luego fue continuado y avalado por Álvaro Uribe Vélez.
Una vez inaugurado el Plan Colombia por el presidente Bill Clinton en el año 2000, se desencadenó la mayor victimización, con un pico en el 2002 de 744.799 víctimas. La Unidad Nacional de Víctimas del Gobierno ha tenido que reconocer que el número de víctimas del conflicto supera los siete millones de colombianos. Este número incluye el genocidio, asesinados, desaparecidos, desplazados y exiliados. Para un país de menos de 44 millones de ciudadanos estas cifras son alarmantes.
Además el Estado colombiano pide a su contraparte en los diálogos de La Habana dar la cara a las víctimas, en cambio se hace el de la vista gorda con su propia responsabilidad acerca del despojo, la barbarie y la miseria en que sumió a la población colombiana. Por su parte el gobierno de los EEUU guarda silencio por su propia culpa, mantiene una enorme deuda por el sufrimiento que patrocinó y aún no habla de la reparación por los daños causados a la población colombiana. Para colmo recibe en su territorio y da asilo a los victimarios que huyen de la Justicia en Colombia.
Los casos de abusos fomentados por la administración Uribe se multiplican y siguen un patrón de crímenes cometidos por soldados estadounidenses que prestan sus servicios en el Plan Colombia. En 2006 fueron reportados 23 casos de abusos sexuales cometidos por soldados estadounidenses en servicio y 14 más en 2007. Además, en 2004, soldados y técnicos provenientes de EE.UU . produjeron videos pornográficos de adolescentes colombianas que fueron vendidos por $10,000 pesos cada uno. Por otra parte, en 2005, militares estadounidenses fueron sorprendidos vendiendo munición a las FARC y, en el mismo año, se sorprendió a otro grupo de militares vendiendo munición a grupos paramilitares.
Los Estados Unidos tienen privilegios por ser un Estado hegemónico y sacan ventaja por ello. De esta manera, condicionan promesas de ayuda militar y de recursos con cláusulas especiales. Así, el Estado colombiano firmó el Acuerdo de Misiones Militares en 1975, garantizando inmunidad para el personal militar estadounidense y para los contratistas que operen en suelo colombiano a cambio de la ayuda militar y financiera. Este acuerdo fue vuelto a confirmar durante la administración Uribe, sin realizar observaciones.
Procurador General de la Nación, Edgardo Maya, condenó el tratado diplomático como inconstitucional y, de manera infructuosa, solicitó al Congreso una revisión del mismo. Respuesta que se entiende desde la declaración del exsenador colombiano Jimmy Chamorro: «obviamente creemos que el tratado debe ser revisado, pero la realidad política es que no va a pasar, sería desastroso para la ‘política de seguridad democrática’ de Uribe».
Las violaciones de derechos humanos en Colombia son ahora más claras y evidentes comprometiendo a Uribe Velez en violaciones a los derechos humanos: los falsos positivos, la purga interna en el estamento militar y las denuncias del director de Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco, que señalan que en Colombia hubo más violaciones a los derechos humanos que en la dictadura de Pinochet.
Cargos por delitos de espionaje y orden de persecucion a politicos
La práctica de Uribe Vélez fue también ordenar la colocación escuchas a las organizaciones políticas contrarias y a personalidades. Las interceptaciones ilegales son la muestra clara de la persecución política característica de la intolerancia que gobernó durante 8 largos años. Uribe argumentó que espiar a Piedad Cordoba, Gustavo Petro, Daniel Coronell y la Corte Suprema de Justicia se daba en orden de proteger la seguridad nacional, otra muestra clara de violar la libertad y la democracia, al puro estilo paramilitar fascista.
El DAS fue la policía inquisidora de la diferencia política, de los críticos y cuestionadores. La responsabilidad política del ex presidente es amplia, pues el DAS dependía directamente de la Casa de Nariño. Quien fuera su directora está acusada por delinquir, violación ilícita de comunicaciones, abuso de función pública, prevaricato por acción y falsedad ideológica en documento público.
Tener rabo de paja se convirtió en persecución política. Tanto funcionario prófugo y condenado por la justicia es la muestra del poco respeto por las instituciones y la ley. Ex funcionarios, María del Pilar Hurtado, Luis Carlos Restrepo y Andrés Felipe Arias, más el ex asesor de la campaña presidencial de Uribe y finalmente la reciente amenaza de Oscar Iván Zuluaga de salir del país.
El Presidente Álvaro Uribe Vélez desde los albores de su mandato reiteradamente manifestó públicamente que el fortalecimiento de la inteligencia era prioridad de su gobierno, es decir, que el funcionamiento de las agencias de inteligencia y sus respectivas misiones y prioridades eran definidas por el Alto Gobierno Nacional, de modo, que no se puede alegar en su favor que era ajeno a ello o desconocía las actividades ilegales de inteligencia, especialmente cuando éstas tuvieron ocurrencia de forma generalizada y sistemática. Es precisamente en este gobierno en el que las agencias de inteligencia intensificaron sustancialmente la persecución contra los que fueron calificados como personas y organizaciones «de tendencia opositora» y que constituían un «riesgo contra el gobierno y la seguridad nacional». Las principales víctimas fueron las Altas Cortes de Justicia, miembros del Congreso, partidos de la oposición, sindicalistas, organizaciones de derechos humanos, personas y organizaciones de carácter internacional, periodistas independientes, entre otros.
Existe suficiente material probatorio que indica que las acciones ilegales de inteligencia no fueron producto de la conducta desviada de un pequeño grupo del DAS, o de una pugna entre funcionarios o de la penetración del narcotráfico, sino que las mismas obedecieron a una definición de carácter institucional que involucró a las máximas directivas del DAS y a todas las dependencias de esa agencia de inteligencia, quienes actuaron en consonancia a las políticas y decisiones tomadas por el Alto Gobierno Nacional. No tiene explicación ni justificación alguna, que si el fortalecimiento de la inteligencia era una prioridad del gobierno, precisamente haya pasado desapercibida la toma del DAS por parte del paramilitarismo, y que funcionarios de alta jerarquía nombrados por el Presidente Álvaro Uribe Vélez, aparezcan con evidentes y estrechos nexos con esas organizaciones. Resulta incomprensible, que el Presidente Álvaro Uribe Vélez, lejos de tomar medidas ante los repetidos escándalos desatados por las evidentes acciones criminales del DAS, haya dedicado ingentes esfuerzos en la defensa y protección del señor JORGE NOGUERA COTES. En lugar de tomar medidas inmediatas, el Presidente Álvaro Uribe Vélez guardó un largo y sospechoso silencio.
Cargos por terrorismo e injerencia en asuntos internos de otros paises
Existen denodados esfuerzos de Álvaro Uribe Vélez en complicidad con el gobierno norteamericano por complicar aún más las relaciones diplomáticas de su país, con muchos de sus vecinos miembros del ALBA o CELAC, a quienes ha hecho blanco de numerosas, graves e infundadas críticas y acusaciones.
Para este fin Uribe Vélez inclusive ha permitido el establecimiento de 7 bases militares americanas en Colombia para el dominio estratégico de Sudamérica e influencia por parte de EUA. Por lo que EUA le ha permitido casi todo en su gestión de gobierno como un gesto de total agradecimiento de trabajar en favor de los intereses norteamericanos.
Apoyó directo a la invasión a Irak y a la ejecución de crímenes de lesa humanidad bajo esta operación militar. A diferencia de la comunidad suramericana ahora Colombia vuelca a los ánimos de guerra y conflictos, atentando así contra la tradición pacifista internacionalista de Colombia.
Uribe promovió el uso de bases militares colombianas a soldados Estadounidenses en detrimento de la soberanía nacional colombiana. Investigaciones también prueban la relación entre los falsos positivos y la asesoría en materia de seguridad por parte de EUA en plena complicidad con el régimen de Uribe.
Uribe también ha venido utilizando métodos terroristas contrarios al derecho internacional y en el derecho de los pueblos a la no injerencia en sus asuntos internos, esto para con los países que no le son afines a sus políticas y que están en contra de los intereses de EUA, Colombia y el famoso TLC continental, esto lo ha logrado mediante la creación de células, agentes políticos y organizaciones de carácter terrorista de ultraderecha para apoyar y proteger su estructura o armazón construida no solo dentro de Colombia sino también fuera de sus fronteras. Para ello ha creado lo que él llama o denomina un frente continental liberal o ultra liberal latinoamericano contra los gobiernos populares, para este fin ha creado varios organismos y fundaciones terroristas bajo su tutela todas subvencionadas por el Departamento de Estado de EUA, tales como la Fundación Internacionalismo Democrático (creada en Washington – EUA), Fundación Centro de Pensamiento Primero Colombia, Uribe Centro Democrático, Red Continental de Lideres Juveniles Demócratas ( con base en Houston EUA) , Fundación Internacional para la Libertad, Avanza Colombia y FTI Consulting entre otras. También ha creado alianzas con otras organizaciones de ultraderecha continentales con tal de cumplir su objetivo.
Estas organizaciones creadas por Uribe, tienen como miembros asiduos y contratados a sueldo a ex mandatarios, líderes y dirigentes de partidos y parlamentarios de extrema derecha de varios países latinoamericanos. También adiciono a sus organizaciones a políticos y gobernantes o ex gobernantes del gobierno español de la derecha y ultraderecha liberal, para confrontar nuevamente a los gobiernos progresistas de Latinoamérica.
Entre sus estrategias globales contra los países del ALBA y CELAC, están las de mantener e incrementar los sabotajes tanto políticos, como a sus proyectos de desarrollo regional, sabotajes coordinados a proyectos nacionales de cada país para el desgaste forzado de los mismos y de sus líderes progresistas.
Desde el 2006, Uribe promovió los desplazamientos masivos de población pobre hacia Venezuela de más de 5 millones. Escaparon de las AUC paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia, las Urabeñas y otras innombrables e innobles creadas y autorizadas por el ex presidente Álvaro Uribe Vélez.
El 2012, Uribe apoyado por el gobierno colombiano de Santos, inicio una serie de ataques frontales a Venezuela, utilizando como armas de penetración terrorista una guerra económica, infiltración del paramilitarismo, apoyo directo a células de ultraderecha fascistas y contrabando, creando así situaciones de inestabilidad internas.
Uribe Velez incurre en obstruir la paz con las Farc y en influenciar negativamente sobre el estado y el gobierno de la vecina Venezuela, realizando una injerencia directa en sus asuntos internos actuando como una ficha del Comando Sur de EUA asentado en el Mar Caribe.
El eje fronterizo Cúcuta-San Antonio-San Cristóbal, que constituye una de las zonas de mayor dimensión económica en la región, pasa en los actuales momentos por una severa crisis social y política. Dicho territorio es utilizado a fondo por el Departamento de Estado de EUA, las multinacionales petroleras y la ultraderecha colombiana, en el marco de una injerencia económica y militar en curso, cuyo fin es dar forma a un golpe de estado contra el gobierno constitucional de la vecina Venezuela.
El contrabando de combustibles, alimentos, medicamentos, la manipulación masiva con el dólar paralelo y la acción violenta de los grupos paramilitares colombianos en el Estado del Táchira, ha generado incertidumbre, caos, violencia y terrorismo en dicho territorio venezolano.
Esa compleja situación ha llevado al gobierno de venezolano a aplicar medidas de protección de su soberanía.
El gobierno democrático de Venezuela ha señalado que detrás de todo esta operación de injerencia en sus asuntos internos esta la coordinación de Álvaro Uribe Vélez, el director de la elite económica militar colombiana. Informes de inteligencia y documentados indican, que Uribe se ha desplazado en días recientes al territorio de Arauca y Apure a «coordinar asesinatos» y «crímenes» en contra del estado de Venezuela. Así lo ha denunciado el mismo presidente venezolano y su ministro de Defensa, acusando a Uribe de estar detrás de planes desestabilizadores financiando inclusive a grupos terroristas dentro de Venezuela.
La superación de la grave crisis que vive en estos momentos la frontera colombo-venezolana en el paso Cucuta-San Antonio, exige que los gobiernos de ambos países y los pueblos de las dos naciones se pongan de acuerdo para juzgar a uno de los propulsores del gran daño criminal a la región, artífice de este caos y la muerte, el señor Uribe Velez.
Esta denuncia es muy grave y caracteriza de manera certera el comportamiento político manifiestamente terrorista del promotor y organizador de los grupos paramilitares.
De esta forma Uribe Velez, es acusado por incurrir en el delito más grave el de violentar los principios y normas generales del derecho internacional . Uribe violenta inclusive la Carta de la OEA, en su artículo 3, donde se prohíbe explícitamente toda forma de intervención directa o indirecta por parte de los Estados miembros en los asuntos internos y particulares de los demás Estados. Dicho principio está recogido en las constituciones políticas del hemisferio para subrayar el rechazo a las intervenciones vinculadas a las incursiones armadas, control político y económico, provocar separatismos, financiación y apoyo de cualquier tipo a grupos internos irregulares, invasiones, asonadas, contenciosos territoriales, provocar o influir en golpes de estado, entre otras manifestaciones.
A Uribe Velez también se lo acusa de violentar una vez más la Carta de Naciones Unidas firmada por Colombia, específicamente el inciso A, articulo 1, párrafo 2, en relación a la Igualdad de derechos y libre determinación de los pueblos , las relaciones de los estados deben ser de amistad basadas en el respeto «al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos». Los estudios de casos en esta sección abarcan las ocasiones en que el Consejo de Seguridad ha analizado situaciones que tienen que ver con el principio de la libre determinación y el derecho de los pueblos a decidir su propia forma de gobierno, y esto a su vez puede estar relacionado con las cuestiones de independencia, autonomía, referéndums, elecciones y legitimidad de los gobiernos.
Así mismo Uribe Vélez violenta flagrantemente el inciso B, articulo 2, párrafo 4, en relación a la Prohibición de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza en las relaciones internacionales contra otros estados, la Carta prohíbe recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza e insta a todos los Miembros a que respeten la soberanía, la integridad territorial y la independencia política interna o externa de cualquier Estado. Los estudios de casos en esta sección suelen abarcar las ocasiones en que se citó y analizó lo dispuesto en el Artículo 2, párrafo 4, en el contexto de una situación de violencia entre Estados o al interior de un Estado, de una guerra o de otros conflictos territoriales. Y según el inciso E, articulo 2, párrafo 7, sobre la No intervención de los países miembros de Naciones Unidas en los asuntos internos de los Estados, ningún país está autorizado a intervenir directa o indirectamente en los asuntos que son de la jurisdicción interna de los Estados, aunque este principio no se opone a la aplicación de medidas coercitivas en virtud del Capítulo VII de la Carta, esto solo bajo una resolución expresa del Concejo de Seguridad de la ONU.
Uribe se ha convertido no solo en el principal peligro para la estabilidad del vecino país de Venezuela sino de toda Latinoamérica. También lo es de la estratégica política de paz que adelanta el gobierno de Santos para terminar el prolongado conflicto armado nacional.
Uribe acude a una combinación siniestra de acciones políticas y armadas para imponer sus métodos violentos y terroristas o paramilitares utilizados en Colombia actualmente. Estimula el odio, la guerra y la arbitrariedad para no perder vigencia cuando se estrecha su campo de acción gracias a los avances de los diálogos de paz en La Habana y otras regiones. Actualmente se opone tenazmente a las conversaciones de paz y ofrece solo la alternativa del asesinato y la guerra, algo contrario a la ley internacional.
Esta situación desesperada muy bien la caracteriza el diario bogotano El Espectador: Uribe Vélez siempre espera agazapado el próximo banquete de carne humana en descomposición, que es su principal alimento político. Sin escándalo y sin cadáveres, pasa hambre. (http://www.elespectador.com/opinion/paz-perspectivas-y-problemas).
Sus turbias maniobras no solo son contra Venezuela. Como el proceso de paz avanza sólidamente, reflejándose en la caída vertical de la violencia con ocasión de la tregua unilateral determinada desde el 20 de julio por las Farc y el des escalamiento ordenado por el gobierno, su acción se mueve en el terreno de la más descarada provocación, valiéndose de los enormes recursos militares, prensa mediática, económicos e internacionales de que dispone.
En el transcurso de los últimos meses, Uribe en campaña electoral para imponer por la fuerza sus candidatos en alcaldías, asambleas, concejos y gobernaciones, ha llamado en el departamento de Nariño, en el Valle del Patía y el Cauca, ha reorganizar los grupos de autodefensa AUC (paramilitares) para imponer los intereses de la elite de los grandes hacendados y terratenientes que siempre han contado con este tipo de guardias privadas paramilitares para sostener su riqueza y poder político despótico. En ese sentido se explica que su candidato en el departamento del Cauca, Gral Leonardo Barrera, sea uno de los paramilitares más familiarizados con la violencia y el desplazamiento de miles de campesinos, afros e indígenas de la región.
Igual eso explica la nueva proliferación de bandas asesinas contra la comunidad campesina e indígena, en varias zonas antioqueñas como Cisneros, San José del Nus, Puerto Berrio, Uraba, Caucasia y el Sur oeste. Y en el propio Medellín, donde su patrocinado, Juan Carlos Vélez, hace la campaña defendiendo la existencia de los paramilitares en toda el área urbana de la ciudad, como forma de aplastar los derechos democráticos de la sociedad con el lema del Liberalismo supuestamente democrático. Están preparando el ambiente para otra Escombrera como la que se conformó con la famosa Operación Orión del Gral Montoya y los paramilitares de Don Berna.
Des escalarlo, frenarlo y llevar a Álvaro Uribe Vélez ante la corte Justicia es una necesidad y prioridad colectiva. Ponerle un límite político, jurídico, internacional y simbólico es una demanda imperiosa de la convivencia interna y externa de las naciones. Es una voluntad colectiva de las mayorías nacionales e internacionales que rechazan su discurso y práctica violenta.
Aplicación de politicas economicas de miseria sobre la poblacion – causas de muertes
La investigación fue realizada por Juan Diego Alvira Periodista de Citynoticias en agosto del 2004, y la primera en lanzar la voz de alerta fue la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Beatriz Londoño: donde denuncia que en la ciudad hay familias que en ocasiones deben alimentarse a punta de papel periódico con agua de panela y afrontar la muerte por hambre.
La historia se confirma cuando se recorre el extremo sur de Bogotá, donde los diarios sensacionalistas pueden terminar convertidos en el plato del día.
En Los Puentes, uno de los tugurios que engrosa los grandes cordones de miseria de los cerros orientales de la ciudad, 220 familias integran el vecindario. Viven en estrechas casas a las que se acceden después de trepar media montaña por el corredor principal del barrio. Allí está la casa de la familia Suárez Londoño, una vivienda de cartón y madera donde habitan Myriam Londoño y sus dos hijos.
Tiene 24 años y está enseñada a trabajar como empleada doméstica. Su esposo es conductor de buseta que está desempleado. Natalia, la mayor de la niñas, refriega una ropa contra un pedazo de loma que sirve de lavadero.
Mientras tanto, Myriam saca el balde donde guarda los alimentos y muestra los ingredientes de una receta inhumana: papel periódico y panela. «Es el almuerzo de los niños», dice.
«Me tocó acostumbrarlos a comer papel porque un día no tuve qué más darles y me lloraban por algo de comer», afirma Myriam. Ella solo está poniendo en práctica lo que alguna vez escuchó en la radio: que generar la sensación de llenura sirve para adelgazar.
Entonces, empezó a enseñarles a sus hijas a decirle mentiras al estómago. «El agua de panela los alimenta y con algo de papel masticado puede ayudarles a quitar el hambre -explica-. Yo primero hice el ensayo y me dio dolor de estómago pero con el tiempo me acostumbré».
Los niños también se acostumbraron. A tal punto que comen papel como si estuvieran jugando con él.
En Bogotá, donde según el proyecto Bogotá, cómo vamos el 49 por ciento de la población (3 millones 366 mil personas) se encuentra en condiciones de pobreza y de ese porcentaje, 1 millón 140 mil en la indigencia, casos como el de Myriam y su familia se repiten en localidades como San Cristóbal, Usme, Ciudad Bolívar y Rafael Uribe Uribe.
«Es inaceptable, así les toca a muchas familias pobres -aseguró Londoño-. También hemos conocido de papás que les dan cubos enteros para sazonar caldos. Los niños los muerden, como esos cubos son salados les da sed y después les dan agua para llenarlos», asegura Londoño.
Las declaraciones de la funcionaria se hicieron en el marco del lanzamiento de la feria de alimentos Alimentec, que se lleva a cabo en Corferias.
El desempleo, la recesión económica, el desplazamiento por el paramilitarismo y la caída de los ingresos, hizo que la brecha entre ricos y pobres se agigantara y que la pobreza golpeara sin compasión a las localidades más vulnerables y pobres.
No deja de ser irónico que mientras historias como estas se multiplican en los barrios de las principales ciudades del país, el Gobierno Nacional y los órganos de control se tranzan en una polémica por demostrar quién tiene la razón sobre los niveles de pobreza, si el Gobierno que asegura son del 53 por ciento o la Contraloría que señala que llegan al 61 por ciento. El hambre no entiende de estadísticas.
La reacción de la gente.
La historia de la familia Suárez, que en ocasiones recurre al papel periódico y el agua de panela para saciar el hambre, conmocionó ayer a los bogotanos.
Tan pronto se conoció el hecho a través de Citynoticias del miércoles en la noche., las llamadas de la gente no se hicieron esperar. Al día siguiente, en el espacio del programa Arriba Bogotá, se habilitaron las líneas telefónicas a través de las cuales los ciudadanos pudieron expresar sus opiniones frente a lo que está ocurriendo con el tema de la pobreza en Colombia.
Algunos aprovecharon para criticar a las autoridades porque «prometen y prometen pero nunca cumplen», otros se ofrecieron para apadrinar a los niños de Myriam y la mayoría optó por donar mercados para la familia. Parece que una de las políticas del gobierno para hacer desaparecer el hambre de Colombia, es eliminar a los pobres que tienen hambre con el hambre.
Medidas de Uribe contrarias a la población
Durante su gobierno se redujo la jornada laboral nocturna de 6:00 pm 6:00 am pasando de 10:00 pm a 6:00 am, lo cual implica una pérdida para los trabajadores del 35% del recargo nocturno. Además aumentó de 1000 a 1250 semanas de cotización para pensionarse, aumentó la edad para ello la mujer a los 57 años y los hombres a los 62, eliminó la prima de junio.
Fomentó la apertura económica del país sin la consolidación de la competitividad interna, en detrimento de la industria nacional y la equidad. Así, entre 2005 y 2008 las cifras de personas en condición de miseria y de indigencia aumentaron exponencialmente, forzándolas a huir a la vecina Venezuela y otros paises. Las grandes metas de equidad social del gobierno Uribe no fueron cumplidas y tuvieron que ser postergadas en los años.
Conclusiones
El Departamento de Estado norteamericano, a pesar de su apoyo incondicional al Presidente colombiano Álvaro Uribe al que pretende exculpar de su responsabilidad, señala en la sección 1, apartado a) de su informe anual fechado el 11 de marzo de 2008 las evidentes conexiones entre los paramilitares y la fuerza pública, así como el mantenimiento de elevados grados de impunidad.
Los Estados Unidos han hecho los de la vista ciega, ante la cantidad de pruebas e información que compromete a Uribe en graves hechos delictivos. El silencio de la administración norteamericana y el apoyo incondicional del Presidente Bush y Obama a Uribe, deja entrever una obscura alianza entre ambas administraciones que muy claramente favorecen los intereses económicos estratégicos de EUA. Lo más curioso es que son medios americanos los que han investigado y denunciado todos estos hechos delictivos de Uribe.
El 8 de agosto del 2012, es presentado un abultado expediente de acusaciones por organismos libres de Derechos Humanos caratulado EXPEDIENTE SINDICADO ALVARO URIBE VELEZ, ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, los mismos aún esperan la resolución de la corte.
Uribe está siendo investigado por la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, por crímenes contra los Derechos Humanos y masacres sucedidas durante su mandato, que no han sido tratados a fondo por la justicia colombiana. Los obrados han sido presentados.
Uno de los informes en curso en la Corte se refiere a los llamados «falsos positivos», el asesinato de campesinos indefensos presentados como guerrilleros de las FARC muertos en combate. Según Uribe y su entorno se trató de «casos aislados», aunque para el tribunal internacional – la CPI, al que han llegado los más de 3.000 casos de los más de 10.000 asesinatos reconocidos por la propia fiscalía colombiana: «hay bases razonables para creer que se trató de una política de Estado de limpieza; estos asesinatos, cometidos para aumentar los índices de éxito militar, podrían considerarse crímenes de lesa humanidad.».
Denuncias adicionales contra Uribe ante la fiscal de la Corte Penal Internacional han sido presentados personalmente por el Presidente de la Comisión de Paz del Congreso de Colombia y diputado por el Polo Democrático (izquierda), Yván Cepeda, y se refiere, según declara a Público: » a hechos protagonizados por servicios secretos que dependían directamente del expresidente Uribe y que constituyeron delitos de persecución contra políticos, magistrados, campesinos y periodistas contra los que ordenó intervenciones telefónicas ilegales, seguimientos y campañas que, según el artículo 7 del Estatuto de Roma constituyen persecución por motivos políticos». Algunas de estas persecuciones, como las que tienen en la cárcel al antiguo jefe de los servicios secretos de Uribe, Jorge Noguera, terminaron con el asesinato de los opositores a manos de sicarios narco paramilitares que actuaban con la información suministrada por éste.
Contra todas estas sindicaciones, a las que se suma la indagación de la fiscalía por su protagonismo en la formación del ejércitos narco paramilitares en sus fincas ganaderas, Uribe ha intentando blindarse con el apoyo de la cúpula militar y con su fuerza política, el «Puro Centro Democrático» por la que es Senador y pretender esconderse bajo la inmunidad de su cargo o incluso intentar alguna maniobra para poder optar de nuevo a la Presidencia, aunque las actuales normas constitucionales se lo impiden.
Una Comisión de Eurodiputados de la UE realizara un levantamiento de datos de los crímenes realizados durante la administración Uribe Vélez que podrían llevar al político colombiano directamente a la CPI. La delegación parlamentaria esta integrada por Jordi Pedret (PSOE), Inés Sabanés (IU), Francesc Canet (ERC), Joan-Josep Nuet (IC-EU), Carles Campuzano (CiU), Mikel Basabe (Aralar) y Marian Suárez (Eivissa pel Canví), estudiaran los casos y realizaran un informe legal para el Congreso y la Eurocámara por los graves crímenes. También acompañan la investigación una delegación de parlamentarios ingleses.
Otra delegación de Europa y Estados Unidos, encabezada por seis eurodiputados, certificó tras una audiencia pública en la localidad de Macarena, la existencia de una fosa común con dos mil cadáveres no identificados. La eurodiputada de la Comisión de Derechos Humanos Ana Gómez manifestó «que el Ejército asesine a su pueblo por orden de su gobierno es una aberración, no lo puedo entender, el Ejército está para cuidar a su pueblo es un crimen de lesa humanidad». Las investigaciones tabulan hasta un total de 35.000 personas asesinadas.
Efectos resolutivos
Las personas que hayan tenido o tengan relación o vínculo de cualquier tipo con el acusado serán pasibles a investigación y también en caso de que se les demuestre acusados bajo los cargos de complicidad, sufriendo inclusive una sanción moral, con su respectiva inclusión en la Lista Internacional de Corruptos y CLH – Criminales de Lesa Humanidad.
Reference.-
http://cenic.jimdo.com/sociedad/crimenes-de-elite/alvaro-uribe-velez-clh/
http://hispantv.com/newsdetail/Reportajes/55919/CENIC-Alvaro-Uribe-Velez-CPI
https://www.youtube.com/watch?v=gioMEqicqiY
https://www.youtube.com/watch?v=fPowJI4EhLk
Fuente original: https://progresismohumano.wordpress.com/2015/09/02/ingresan-a-alvaro-uribe-velez-en-lista-de-corruptos-y-criminales-de-lesa-humanidad/