La jerarquía católica se ha apropiado de 100.000 bienes patrimoniales a lo largo y ancho del Estado español. Este es el balance de un escándalo que el periodista Aristóteles Moreno y el jurista Antonio Manuel Rodríguez han recopilado en el libro “El expolio de las inmatriculaciones de la Iglesia’.
«El expolio perpetrado por la Iglesia católica supone la mayor descapitalización y despatrimonialización que se ha producido nunca en el Estado español». Así de contundentes se muestran Aristóteles Moreno y Antonio Manuel Rodríguez, autores de un estudio que desmenuza lo que, afirman, «representa una práctica inmoral y abusiva, pero también un atentado económico y jurídico sin precedentes en la Europa comunitaria».
Ambos expertos analizan esta anomalía en ‘El expolio de las inmatriculaciones de la Iglesia’ (Akal), un libro que, a medio camino de un manual de memoria y ensayo periodístico, desentraña como una empresa privada –la Iglesia– se ha enriquecido con el silencio informativo y la docilidad del poder de turno.
A criterio de Moreno y Rodríguez, la impunidad con que ha actuado la Iglesia es otra de las grandes facturas heredadas de la Transición. «Todo indica que, previendo el hundimiento del régimen franquista y la proximidad de una Constitución que iba a marcar la separación entre Iglesia y Estado, la jerarquía católica y los poderes fácticos urdieron un pacto para garantizarse el control del patrimonio religioso de España», indican.
Y así sucedió tras la aprobación de la Carta Magna en 1978, que, pese a proclamar la aconfesionalidad del Estado, no derogó la norma franquista que equiparaba a la Iglesia con la Administración Pública, abriendo un limbo jurídico que ha permitido a esta privatizar bienes de dominio público. «La Iglesia no necesita escritura, ni dominio ni prueba alguna de su propiedad; con un simple sello y amparándose en leyes heredadas de la dictadura, le es suficiente», explican los investigadores andaluces.
Mezquita de Córdoba, la pieza de caza mayor
En ese afán inmatriculador de la Iglesia destaca especialmente el caso de la Mezquita de Córdoba, un monumento respecto al cual la institución eclesiástica nunca intervino en su gestión, pues de ello se encargaba el Estado.
Sin embargo, el vacío jurídico que dejó la Constitución allanó el camino para la posterior inmatriculación del famoso monumento islámico. Una potestad que el Gobierno de José María Aznar decidió regular en 1998 cuando reformó el artículo 206 de la Ley Hipotecaria, facilitando así que la Iglesia ampliara su expolio de forma extraordinaria.
De los 34.961 bienes que inmatriculó hasta 2015, se estima que unos 20.000 fueron catedrales, iglesias, ermitas, basílicas y otros centros similares, mientras que el resto fueron fincas, terrenos, viviendas o locales no relacionados con usos de culto.
Entre los monumentos inmatriculados estaba la Mezquita de Córdoba, la cual el obispo de Córdoba, Juan José Asenjo, decidió inscribirla en el Registro de la Propiedad en marzo de 2006 a nombre del Cabildo Catedralicio de la ciudad.
«De nada sirvió qué en 2014 el monumento hubiera sido declarado Bien de Valor Universal Excepcional por la UNESCO, ni tampoco que quedara acreditado que el Estado era quien se ocupaba de su conservación y restauración; la Iglesia la inscribió como si se tratara de un solar cualquiera», añaden Moreno y Rodríguez.
Según se desprende de la investigación, el único argumento que esgrimió Asenjo para hacerse con la propiedad es que la Iglesia había adquirido la Mezquita en 1.236 mediante el trazado sobre el pavimento de una cruz con las letras de los alfabetos griego y latino.
Una prueba que, como recuerdan otros medievalistas, es del todo insuficiente, ya que para conferir la propiedad a la parte interesada se le exige el preceptivo Expediente de dominio.
Y en ningún momento el diocesano lo presentó. Aún y con estas observaciones, y la campaña impulsada por una plataforma en protesta por la inmatriculación, la Ley de 1998 ha facilitado que el Cabildo Catedralicio de Córdoba haya explotado el recinto religioso, que desde entonces pasó a llamarse «Santa Iglesia Catedral de Córdoba» y del cual en 2024 obtuvo en concepto de su explotación turística un total de 22 millones de euros libres de impuestos.
Retoque del Catastro, punto y seguido
La reforma de la Ley Hipotecaria de Aznar generó una carrera desenfrenada de la jerarquía eclesiástica para inmatricular a miles de bienes.
«Con la simple certificación de un obispo, que actuaba como si fuera funcionario público, empezó a inmatricular una cantidad ingente de fincas, viviendas, locales, huertos, casas rectorales, ermitas o plazas», cuentan ambos investigadores en el ensayo.
Tan solo en 2015, después de varias interpelaciones, se consiguió paliar la capacidad de la Iglesia para inmatricular bienes mediante certificación eclesiástica, reservando esta vía únicamente a las administraciones públicas. Así quedó por escrito en la nueva reforma de la Ley Hipotecaria que ese año el Ejecutivo de Mariano Rajoy adoptó con el fin de coordinar el Registro de la Propiedad con el Catastro.
De todas formas, la aprobación de dicha reforma, forzada a su vez por una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), presentó una gran laguna, pues no incluyó la petición que dicha medida tuviera carácter retroactivo.
«Elimina el privilegio para el futuro, pero, en cambio, blinda sus efectos pasados, ya que da por bueno todo lo que la Iglesia a inmatriculado durante décadas al amparo de ese mecanismo excepcional».
Un aspecto que para Aristóteles Moreno y Antonio Manuel Rodríguez supone una grave vulneración de la jurisprudencia fijada por el TEDH, pues «al no haber nulidad de oficio, no hay revisión general ni asunción de responsabilidades políticas ni administrativas».
A día de hoy, la apropiación de monumentos y bienes patrimoniales continúa sujeta a la ley de 2015, pero sin el control público que demandan decenas de historiadores, juristas, entidades y partidos políticos.
Sectores para los cuales la inacción del Estado tras la restauración democrática y la ley impulsada por Aznar han convertido a España en una anomalía europea, de ahí que reclamen que, mediante una ley, un decreto o una orden ministerial, se declare la nulidad insubsanable de todos los asientos por la jerarquía católica.
A partir de esta demanda, que consideran inexcusable atendiendo a las resoluciones vinculantes del Tribunal de Estrasburgo, creen que podría empezarse a reparar un escándalo que, en términos numéricos, alcanza los 100.000 bienes apropiados por la jerarquía católica, lo que equivale al 80% del patrimonio histórico del Estado.
Nafarroa pone el debate en el frontispicio
Reseguir el expolio cometido por la Iglesia ha sido una labor minuciosa. Moreno y Rodríguez han estado vaciando la hemeroteca del siglo XIX, así como varios archivos municipales y personales, con el fin de cartografiar esta abrumadora realidad de la cual fue Nafarroa quien empezó a hablar.
Hay que remontarse a principios de 2007, cuando José Mari Esparza, fundador de la editorial Txalaparta, descubrió que la parroquia de su pueblo había sido inscrita a nombre del obispo por un procedimiento sin garantías jurídicas.
Tras conocer esta irregularidad, que motivó la aparición de la Plataforma de Defensa del Patrimonio de Nafarroa, se comprobó que la mayoría de apropiaciones no se limitaban a templos de culto; también figuraban cientos de fincas rurales, huertas, plazas públicas, frontones y otros emplazamientos que, históricamente, habían sido bienes comunales.
A través de una petición parlamentaria formulada en 2021, se pudo contabilizar que la Iglesia católica tenía registradas 2.935 fincas en el herrialde lo que condujo al Ejecutivo navarro a comprometerse en 2024 a destinar parte de los presupuestos a la recuperación de los bienes inmatriculados por la jerarquía eclesiástica.
Nafarroa irrumpía como la punta del iceberg de una práctica que, como se ha documentado después, se replicó en todo el Estado.
Es el caso de Catalunya, donde la Generalitat publicó en 2020 un mapa interactivo que identifica hasta 3.722 el número de edificios de los cuales el alto clero se apropió entre 1946 y 2015. El templo más significativo es la Catedral del Mar, cuya inmatriculación tuvo lugar en 2012.
Otros espacios emblemáticos que también fueron inmatriculados son la Giralda y la Catedral de Sevilla; las torres del Reloj, la Atalaya y la Iglesia de San Dionisio, en Jerez; el terreno de Valde-Ucieza (Palencia) dónde se encuentra una iglesia cisterciense, una capilla y una Sala Capitular, cuya apropiación fue tumbada por el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos en 2014; la Catedral, el templo de Santiago El Mayor y las iglesias de la Magdalena y de San Juan de los Panetes, joyas del mudéjar aragonés, situadas en Zaragoza; las murallas y los patios interiores de la Fortificació de Sant Salvador, en la localidad mallorquina de Artà; o la Parroquia de Nuestra Señora de las Nieves, en Almería.
Patrimonios comunales que, con el consentimiento o la colaboración de las autoridades, han pasado a engrosar las arcas de la Iglesia católica, convertida hoy en el mayor propietario inmobiliario del Estado español.