En los últimos veinte años, el flujo migratorio a Chile ha sido creciente. Cientos de miles de ciudadanos provenientes de países latinoamericanos principalmente, han hecho del país su hogar. Un hogar deficiente, plagado de problemas como racismo y precariedad laboral. Sin embargo, pocos saben que la población chilena emigrada duplica en número a los inmigrantes […]
En los últimos veinte años, el flujo migratorio a Chile ha sido creciente. Cientos de miles de ciudadanos provenientes de países latinoamericanos principalmente, han hecho del país su hogar. Un hogar deficiente, plagado de problemas como racismo y precariedad laboral. Sin embargo, pocos saben que la población chilena emigrada duplica en número a los inmigrantes que han llegado a Chile.
En 1992, cifras oficiales registraban unos 100 mil inmigrantes. En 2013, sobrepasaban los 400 mil. En poco tiempo superarán el medio millón, lo que supone desafíos para la gestión del Estado, gobiernos locales y comunidades, y las relaciones de convivencia. La población migrante se ha asentado, principalmente, en la Región Metropolitana, en Valparaíso, Arica y Parinacota, Iquique, Antofagasta, Coquimbo y la Región del Bío Bío. Se trata de población mayoritariamente femenina en edad laboral. Ya constituyen casi el 5% de la fuerza de trabajo. Se han insertado en sectores de la economía como los servicios, la minería, industria, agricultura, construcción, salud y educación. «El aporte de profesionales migrantes en la salud pública primaria es bien conocido. Pero, ¿cuántos viven en condiciones de irregularidad documentaria? Más de 50 mil, y podrían llegar a 80 mil. Es decir, hasta un 20% de los 415 mil migrantes que hoy viven en Chile. ¿Por qué se ha acumulado un número tan alto de personas en esta situación? Porque las autoridades siguen contemplando en forma miope y estrecha el fenómeno migratorio y persisten en mantener una legislación restrictiva y compleja, que dificulta la radicación de la población migrante y el pleno ejercicio de sus derechos», advierte el economista Manuel Hidalgo Valdivia, dirigente de la Asociación de Inmigrantes por la Integración Latinoamericana y del Caribe (Apila).
El Decreto-Ley de Extranjería, que rige desde 1975, es la legislación migratoria más antigua de Sudamérica. «Sus resultados concretos son la generación persistente de un porcentaje de hasta un 25% de migrantes en situación irregular, y la consecuente vulneración de sus derechos humanos: la superexplotación de sus servicios como mano de obra barata; el atropello a la legislación laboral y las prácticas discriminatorias y arbitrarias de funcionarios que ‘racializan’ a los migrantes, desde los puestos fronterizos hasta las oficinas de los servicios públicos. Todo ello, amparado por la institucionalidad migratoria», agrega Hidalgo, peruano que vive en Chile desde hace 38 años.
Las autoridades se refieren a la migración desde una perspectiva economicista y desde el ángulo de los «intereses nacionales». Así, vacilan en establecer una política migratoria consecuente con la convención internacional sobre la protección de los derechos de los trabajadores migratorios y de sus familiares, que el país ha suscrito y ratificado. «Se aproximan más bien a definiciones que buscan enmarcar y aprovechar el flujo migratorio en función de suplementar transitoriamente la escasez de mano de obra nacional en algunas regiones y ramas de actividad, de modo tal que ayude a rebajar el costo salarial para el empresariado», dice Manuel Hidalgo.
UNA POLITICA DISCRIMINATORIA
Quienes llegan a Chile han tomado la decisión de migrar buscando «mejores condiciones de vida». Ingresan solas, pues la gran mayoría son mujeres: un 54%, según la encuesta Casen 2009. Se le conoce como «feminización de la migración», y es característica en los flujos migratorios. En diciembre de 2009, el Departamento de Extranjería y Migración estimó que en Chile la población extranjera representaba al 2,08% de la población total. El 73% corresponde a inmigración sudamericana, proveniente de los países fronterizos: Perú (37,1%), Argentina (17,2%) y Bolivia (6,8%).
«Los migrantes interesan a las autoridades como mano de obra barata y no como personas. Así se explica la dilación en la adopción de una política migratoria explícita. En su ausencia, sigue imperando el Decreto-Ley 1094, de Extranjería, y su reglamento complementario. Esta legislación tiene un sesgo de hostilidad patente con otras naciones, lo que hace que la ley sea una norma selectiva en la admisión de extranjeros y muy rigurosa en el control de entradas y salidas, más que un instrumento de derechos y libertades de los migrantes y de su integración social. La legislación se centra principalmente en lo relativo al otorgamiento de visas y en criterios en relación al ingreso y/o expulsión de extranjeros», agrega Hidalgo. Aunque en 2005 Chile ratificó la convención sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, la legislación interna no se ha adecuado a esa normativa internacional.
Los migrantes encuentran en Chile serias trabas no solo para encontrar trabajo con contrato, sino también para validar sus estudios, lo que se agrava por el desconocimiento de la legislación chilena. «Sucede en la educación en general y en la superior y técnico-profesional. Se carece de mecanismos expeditos de convalidación de títulos. En el ámbito laboral, los mayores abusos y malas prácticas se relacionan con la existencia de la Visa Sujeta a Contrato. Obliga a depender durante dos años del mismo contratante a riesgo de perderla si cambian de empleo, o de perder sus fondos previsionales en caso de regresar al país de origen», dice Manuel Hidalgo.
Que persista esta legislación anquilosada genera una creciente población migrante irregular. En el ámbito del trabajo y de la seguridad social se traduce en mano de obra barata y desprotegida. «No se cumple lo que el Código del Trabajo establece. Esto es, reciben salarios por debajo del mínimo legal, hay irregularidades en las cotizaciones previsionales, jornadas de trabajo excesivas y condiciones laborales perjudiciales a la salud. Todo esto se agrava por la indefensión jurídica en que se encuentran», agrega Manuel Hidalgo. Temen acudir a las autoridades por miedo a ser detenidos o deportados. «En materia de seguridad social, los convenios establecidos no permiten resolver el traspaso y acumulación de los fondos de retiro en un solo país a los trabajadores que no son profesionales o técnicos. En el ámbito de la salud, existe desconocimiento de las normativas e instrucciones explícitas para regular la atención de migrantes, por lo que el servicio que entregan los funcionarios queda a voluntad y criterio personal, siendo los más afectados las niñas y niños migrantes. La falta de vivienda digna es otra realidad grave. Estar en situación de irregularidad migratoria da como resultado que cientos de familias vivan hacinadas», dice.
La legislación chilena no considera ni garantiza de manera expresa el principio de reunificación familiar establecido en el artículo 44 de la convención internacional sobre trabajadores migratorios. Otra situación anómala es la de niñas y niños nacidos en Chile cuyos padres se encuentren en situación irregular. Las autoridades chilenas entienden que son «hijos de extranjeros transeúntes», lo que atropella la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, pues da lugar a la existencia de niños apátridas, violando su derecho a una nacionalidad, negándoseles además su acceso a las políticas públicas de protección de menores. Chile no ha suscrito la convención sobre el estatuto de los apátridas. A pesar de la existencia de la ley 20.507, que tipifica los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, existe un aumento considerable de esos delitos. «En los últimos años la migración a Chile ha seguido creciendo. Han cobrado particular dinamismo los flujos de migrantes provenientes de Colombia y Haití. Pero las comunidades procedentes de Perú y Argentina continúan siendo las mayoritarias», agrega Manuel Hidalgo.
PESIMAS CONDICIONES DE VIDA
«En principio, los trabajadores migrantes tienen las mismas condiciones, en el marco de la legislación actual, de precariedad y escasos de derechos que ha consagrado el modelo neoliberal. Su situación mejor o peor que los propios chilenos ha tenido que ver con el tipo de su inserción laboral», señala Hidalgo. Parte importante de los migrantes ocupa los nichos de empleo menos valorados por los trabajadores nacionales: «Por ejemplo en el trabajo doméstico, pero también en la construcción, gastronomía, salud -más de la mitad de los médicos de atención primaria son extranjeros-. La mano de obra migrante no ha sido sustitutiva ni competitiva, sino más bien complementaria. Generalmente los trabajadores migrantes son más calificados, sus niveles de educación técnico-profesional o universitaria supera los promedios de los trabajadores chilenos. Muchas ‘nanas’ peruanas son profesoras, auxiliares de enfermería, o tienen otras profesiones, pero se insertan en labores domésticas porque en Chile dificultan que regularicen sus títulos. Muchos migrantes se insertan en lo laboral por debajo de su calificación. ¿Por qué? Porque las diferencias salariales les dan margen para enviar remesas a sus países de origen, aunque lo hacen en desmedro de sus propias condiciones de vida. Un ejemplo son las pésimas condiciones de vivienda de los migrantes. Muchos habitan en conventillos, hacinados, con deficiencias sanitarias y otras. Es un tema que afecta particularmente a los migrantes de menores ingresos. Lamentablemente, la mayoría de las autoridades y las políticas públicas desconocen esta situación. Incluso para optar a una vivienda básica se exige a los migrantes cinco años de permanencia en el país», agrega.
En el ámbito municipal, diversas comunas han creado espacios de atención a la población migrante y de articulación local con sus organizaciones. Las oficinas de migrantes de las municipalidades de Santiago, Recoleta, Independencia y Quilicura, entre otras, han desplegado iniciativas orientadas a levantar un diagnóstico más preciso de la migración en su territorio, a diseñar planes de intervención, acogida y reconocimiento de migrantes y refugiados, y acciones de sensibilización de la población y de los funcionarios públicos: «Existe una multiplicidad de organizaciones de la comunidad migrante, varios cientos en el país. Durante el año pasado ha habido un proceso creciente de convergencia a partir del trabajo en distintas instancias. La Municipalidad de Santiago tiene una oficina de migrantes; en Quilicura hay una muy activa, que es dirigida por una religiosa; en Recoleta, quienes atienden la oficina municipal son migrantes peruanas; en Independencia hay también un programa de atención al migrante».
PROYECTO DE LEY MIGRATORIA
En el Senado se está discutiendo una ley de migrantes. «Chile carece de una ley de migraciones. El Decreto-Ley de Extranjería es de tiempos de dictadura, y enfoca la migración como tema de seguridad nacional. Más del 80% de los migrantes acceden a una Visa Sujeta a Contrato, que es discrecional, precaria, costosa y muy discriminatoria. Es precaria porque permite quedarse en el país mientras dure el contrato de trabajo, y como es sabido, dos tercios de los trabajos en Chile son temporarios. Se acaba el trabajo y se acaba la visa. Es costosa por su corta duración y discriminatoria porque el migrante debe presentar un contrato de trabajo en el cual el empleador se compromete a pagarle el pasaje de regreso a su país en el momento que lo despida. Eso no es nada fácil. Normalmente, el migrante lo ‘negocia’ con el empleador diciéndole: ‘Ponga eso ahí, pero en realidad me lo descuenta’. Si no tiene esa visa con un mismo empleador por dos años, no podrá solicitar permanencia definitiva o residencia. En resumen, estas visas generan un flujo permanente de personas en ‘condición irregular’. Podría haber 80 mil en esas condiciones, es decir, no tienen RUT, ingresaron ilegalmente, están en una situación de vulnerabilidad, no conocen sus derechos, son mano de obra, trabajan sin contratos escriturados, les incumplen desde el pago de remuneraciones hasta lo demás. Pueden llegar, en algunos casos al trabajo esclavo, etc. Son múltiples las violaciones de sus derechos», dice Manuel Hidalgo.
Pero el proyecto de ley migratoria enviado por el presidente Piñera al Congreso el año pasado, sólo reemplazó la óptica de seguridad nacional de la dictadura por otra neoliberal: «Es decir, intenta aprovechar los flujos migratorios en función de las necesidades de la economía, particularmente de quienes la controlan, las grandes empresas. Quieren usar la migración para abaratar el costo de la mano de obra, y para necesidades temporales en algunas faenas o sectores. Esto es: ‘Permitamos el ingreso de migrantes cuando nos convenga y para lo que nos convenga’. Esa es la óptica. El proyecto de ley es rechazado por la comunidad migrante, por las universidades que analizan el tema, y por el Instituto Católico de Migraciones y el Servicio Jesuita de Migrantes (ONG Ciudadano Global). No se enmarca en el respeto de convenciones y tratados internacionales que Chile ha suscrito», afirma Hidalgo.
REIVINDICACIONES DE LOS MIGRANTES
Sobre las reivindicaciones de los migrantes, el economista y dirigente de Apila dice: «Quisiéramos una política migratoria que reconozca la Convención de los trabajadores migrantes; una política migratoria que avance en el sentido de la integración latinoamericana, por lo tanto, que estipule un trato preferente para otorgar visas rápidamente, no solamente una residencia temporal sino un proceso de radicación y permanencia definitiva para las personas que lo quieran. Que se decrete un nuevo proceso de regularización de la visa migratoria extraordinario -amnistía-, por ejemplo, para que a todas las personas que no tienen su situación regularizada, se les otorgue de forma expedita con solo presentar un par de fotos, un documento nacional de origen y un certificado de antecedentes. Esta medida Chile la ha tomado en 1997 y en 2007-2008. Se regularizaron unos 45 mil inmigrantes. Otra medida complementaria es que Chile ratifique el Acuerdo de Residencia Mercosur, que es un acuerdo de 2004 que permite la radicación rápida de los inmigrantes. Chile lo suscribió en 2009. Perú lo empezó a aplicar unilateralmente en beneficio de los chilenos. Pero Chile no lo está aplicando, porque aún no lo ratifica», finaliza Hidalgo.
Publicado en «Punto Final», edición Nº 803, 2 de mayo, 2014