Quizás existiera algún conjuro que nos protegiera del «mal de ojo», de ese Ojo que persigue, acusa, condena y encarcela presumiendo que los «naides» no son inocentes. Eso anhelé cuando me enteré, que en el curso de pocas horas fueron detenidos en Bogotá, de manera prácticamente simultánea 15 activistas sociales, hace pocos días. Lo primero […]
Quizás existiera algún conjuro que nos protegiera del «mal de ojo», de ese Ojo que persigue, acusa, condena y encarcela presumiendo que los «naides» no son inocentes. Eso anhelé cuando me enteré, que en el curso de pocas horas fueron detenidos en Bogotá, de manera prácticamente simultánea 15 activistas sociales, hace pocos días. Lo primero que saltó a mi mente fue el estar presenciando una «cacería de brujas». Esta asociación me remitió a la tenebrosa época de la inquisición en la que se desató una brutal persecución contra «herejes» -«brujas», mujeres dignas, magos, hechiceros, curanderos, y disidentes políticos-, acusándolos de practicar acciones ajenas a la iglesia y la religión. Nuestro territorio no se eximió de aquel infausto acontecer; en Cartagena de indias se implantó el Tribunal de Penas -1610-, uno de los aparatos político-religiosos más atroces para juzgar y sentenciar a quienes el mal de ojo acusador así lo considerara. Ese sino inquisidor, me dije, no es cosa del pasado, se revela vivo y actuante, contra quienes no cohonestan con las injusticias, la inequidad, la discriminación y otros horrores. No hay más que apreciar el símil:
Si en aquella época se desató una persecución contra quienes fueren vistos como herejes, hoy presenciamos como se ha desatado sobre estos activistas sociales, que son trabajadores, estudiantes y periodistas alternativos. Y las instituciones que crearon para la supresión de «la herejía», ahora se presentan con formas entrelazadas del aparato de justicia, se llaman l a SIJIN, Policía, Fiscalía y Ejército, y apuntan al mismo objetivo: llevar a los supuestos «herejes» a la palestra jurídica. Así como en aquella época la simple acusación de alguien era suficiente «prueba» de su culpabilidad, aquí y ahora, sin prueba alguna son acusad@s de haber organizado varios atentados como las detonaciones recientes en Bogotá (en los edificios de «Porvenir»). Como en aquella época en que se vinculaba a los llamados herejes con la figura del diablo, en esta Colombia, se vincula a todo opositor, critico, activista social, defensor de DH, partícipe de huelgas, paros o movilizaciones, de pertenecer a la insurgencia, y ésta a su vez, la hacen ver como el mismísimo demonio.
El presidente Santos, encarnando el alma del inquisidor se pronuncia diciendo que estas personas «pagarán por estos atentados» y que «continuaremos operativos para dar con todos los responsables de sembrar terror en capital «, y sin más ni más, les señala de ser miembros del ELN. Los medios de comunicación del poder convertidos en instrumento de desfiguración de la realidad, replican «la palabra divina» del establecimiento; y estigmatizan a todos los que han asumido con dignidad la lucha contra la barbarie desatada sobre el pueblo.
Las cárceles en Colombia, no son otra cosa que la cruel hoguera inquisidora, en ellas se encuentran -9.500- presos políticos, hombres y mujeres del pueblo en condiciones de total infamia, son sometidos a tratos ignominiosos y despiadados en su cotidiano vivir, tortura y más padecimientos. Están expuestos a morir o a ser asesinados para regar la hoguera con su sangre y amedrentar las conciencias que se han alejado del «camino de la salvación». -Abominables cárceles comparables con la de Guantánamo que tienen los gringos en Cuba-. El 90% de estos hombres y mujeres del pueblo son sindicalistas, estudiantes, campesinos, defensores de DDHH etc. y el 10% son presos políticos y de guerra miembros de las organizaciones insurgentes»1. Los montajes judiciales2, que incluyen en muchos casos falsos testigos son de uso y abuso de las instituciones que supuestamente imparten justicia en Colombia. El principio de presunción de inocencia se trasmuta en su contrario y se saltan las garantías de un debido proceso, como lo vemos en el caso de los 15 activistas sociales detenidos3 sin que se les hubiera realizado legalmente la captura, sin imputación de cargos y sin pruebas que les vinculen con los hechos.
No es difícil pensar, que la impronta inquisidora quedó con el fuego de la hoguera en nuestro país, Colombia. Es, a mi parecer, un elemento más del entramado que se impone desde el poder, para doblegar, acallar y destruir a quienes no asuman o acojan los supuestos mandamientos de este injusto orden establecido: el capitalismo. Un orden que va tejiendo miseria y dolor para «los de abajo», a tiempo que mantiene y acrecienta los desorbitantes privilegios de «los de arriba».
Este hecho se produce en un contexto en el que la guerrilla y el gobierno de Santos buscan acuerdos para una solución negociada al conflicto social y armado, o de otra forma, una salida negociada para que tal confrontación se dirima en un escenario democrático. Lo anterior presume que el Estado abrirá espacios de participación para que la insurgencia pueda actuar políticamente, sin necesitar las armas para preservar su vida del Terrorismo de Estado. Simultáneamente vemos que el movimiento social no tiene garantías para el ejercicio de su actividad social y política. Para uno y otro caso -insurgencia y movimiento social civil- de continuar cerradas las compuertas del legítimo derecho a construir entre tod@s el país que queremos, la democracia que se postula posible para abrir camino a la paz, será una falacia.
Estamos en un país en donde los sucesivos gobiernos, reducen la participación a un voto amarrado y manipulado y dicen que eso es democracia, y estamos en una Colombia envilecida y fúnebre por la desigualdad más atroz, el saqueo y destrucción de los recursos naturales, el cruel despojo de tierras a campesinos e indígenas, la concentración de la tierra en pocas manos, la explotación a la clase trabajadora, la entrega del país a las transnacionales, la bárbara represión a las legitimas luchas del pueblo y otros viles oficios con que la clase en el poder ha cubierto de sangre y horrores a nuestro territorio.
Quizás haya algún conjuro para protegernos del mal inquisidor, pero mientras lo descubrimos, hemos de exigir garantías para los 15 líderes sociales, su libertad inmediata, el restablecimiento de todos sus derechos. Hemos de alzar con fuerza las banderas que permitan la libertad de nuestros hermanos y hermanas en prisión, las y los presos políticos. Hemos de continuar construyendo la palabra que vitalice la búsqueda de otro devenir. Hemos de cimentar un camino en el que todo oprobio e injusticia desaparezca de esta Colombia herida. Será como dice la canción, «Una raíz de un grito destinado a crecer y estallar, todas las manos todas, todas las voces todas…»
Notas:
1Varios escritos valiosos han dado cuenta de la situación de los presos políticos en las cárceles como de éstas mismas, para efectos de este artículo remito a Azalea Robles azalearobles.blogspot.com/…/hacinamiento-carcelario-en-colombia.html
2 De mencionar: «El país ha conocido el sistemático montaje judicial contra líderes de procesos sociales y población en general. Tales falsos positivos judiciales han arrojado la interposición de 13 mil demandas administrativas por errores judiciales, esto ha comprometido aproximadamente $ 27 billones de pesos del Presupuesto General de la Nación. Así por ejemplo, entre 2009 al 2012, 8.600 personas fueron vinculadas en procesos judiciales por supuestos nexos con la insurgencia, de ellas sólo 2058 personas permanecen privadas de la libertad sin resolverles su situación jurídica, lo cual da como resultado que más del 75% de los capturados fueron declarados inocentes».
3 Congreso de los pueblos: Denuncia pública ante las detenciones masivas ocurridas en la ciudad de Bogotá
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.