La Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos, red que agrupa a 287 organizaciones sociales y ONG comprometidas con la vigencia de los derechos humanos y la construcción de la paz deploramos la decisión de retomar el camino de la lucha armada por parte de un grupo de ex combatientes de las FARC que habían […]
La Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos, red que agrupa a 287 organizaciones sociales y ONG comprometidas con la vigencia de los derechos humanos y la construcción de la paz deploramos la decisión de retomar el camino de la lucha armada por parte de un grupo de ex combatientes de las FARC que habían participado en el proceso de negociación.
La guerra y la violencia política en Colombia han ocasionado consecuencias trágicas para la vigencia de los derechos humanos y el respeto de las normas humanitarias. Las dinámicas de violencia y de contraviolencia ejercida por el Estado, incluidas la del terror paramilitar, han devastado las iniciativas políticas que pugnan por transformaciones sociales, han exterminado la organización y los liderazgos de los movimientos sociales, y han constituido el pretexto para dinámicas de despojo, configurando una sociedad de exclusión de mayorías y privilegios para pocos. Frente a estas dinámicas, el Acuerdo Final de Paz entre las FARC y el Estado Colombiano, laboriosamente trabajado a lo largo de cerca de 5 años, con participación de las víctimas, las organizaciones sociales y amplios sectores de la sociedad civil, trazó una hoja de ruta para una paz democrática y sostenible que contribuye a la superación de los factores que han dado origen y han perpetuado una guerra en que han sido afectados más de 8 millones de víctimas, por lo cual los/as luchadores/as por la paz deben esforzarse por su plena implementación.
El presidente Duque debe hacer a un lado la simulación de cumplimiento de los acuerdos de paz de la Habana a los que ha llevado a la involución, la cual se expresa en la multiplicación de los ataques a los/as líderes sociales y los reincorporados, las amenazas de extradición, inseguridad jurídica y cuestionamiento a la representación política de la dirigencia del partido FARC, la negación de espacios para las víctimas en el Congreso, la parálisis de la reforma rural y la sustitución concertada de cultivos, al igual que la evasión de los terceros promotores del paramilitarismo y de los máximos responsables de la criminalidad estatal de la rendición de cuentas ante la JEP y al sistema integral de verdad y justicia, los cuales debilitan la confianza social, de las víctimas y de ex-combatientes en proceso de reincorporación.
Instamos al Presidente Duque a que cumpla con su obligación de implementar integralmente el Acuerdo Final de Paz como una política de Estado y le hacemos un llamado a retomar la vía de la solución política negociada al conflicto armado con todos los actores de la confrontación. El país aún está a tiempo de revertir la dinámica de deterioro de la situación humanitaria y de reinstalación de las dinámicas de guerra en los territorios. En este sentido, hacemos un llamado al Presidente Duque a rectificar de manera inmediata su errada apuesta por la guerra, y atender el clamor de las mayorías nacionales y de la comunidad internacional que exigen una implementación integral y de buena fe de los Acuerdos de Paz y la reapertura de las vías negociadas del conflicto armado con el ELN y otras partes de la confrontación armada en el país.
Llamamos a la sociedad colombiana y a la Comunidad internacional a redoblar la movilización por la paz, por la salida negociada del conflicto armado y la implementación de los acuerdos, y de manera urgente, reforzar la protección de los cerca de 12.000 ex combatientes de FARC que mantienen su compromiso con la construcción de paz y a las comunidades de las zonas más afectadas por la guerra y la crisis humanitaria en las regiones.