Han transcurrido ya casi dos años desde que Etxerat comunicara su decisión de hacerse cargo directamente de la asistencia jurídica y sanitaria a nuestros familiares presos, una vez de que ellos mismos tomaran la decisión de recorrer las vías jurídico-penitenciarias. Tal y como se recogía en el documento de conclusiones del debate del EPPK de […]
Han transcurrido ya casi dos años desde que Etxerat comunicara su decisión de hacerse cargo directamente de la asistencia jurídica y sanitaria a nuestros familiares presos, una vez de que ellos mismos tomaran la decisión de recorrer las vías jurídico-penitenciarias. Tal y como se recogía en el documento de conclusiones del debate del EPPK de julio de 2017, cada preso o presa iba a decidir iniciar, o no, diferentes vías y peticiones como redenciones, destinos carcelarios, cambio de grado, permisos o libertades condicionales.
De la mano de abogados y abogadas, nuestros familiares presos están planteando iniciativas jurídicas para mitigar su estancia en prisión, y en los casos que corresponda, facilitar su salida y vuelta a casa, sin embargo, el mantenimiento del primer grado, generalmente acompañado del alejamiento extremo, impide recorrer la legalidad penitenciaria, limita el derecho a un tratamiento individualizado y niega la posibilidad de acceso a los beneficios penitenciarios.
Cabe recordar que uno de cada tres presos vascos encarcelados en el Estado español (73 del total de 213) se encuentran en las prisiones más alejadas, las andaluzas. Y si les sumamos otros destinos alejados, como Murcia, Alicante o Galiza, que impiden desarrollos penitenciarios, nos encontramos con que uno de cada dos, la mitad de los presos, tienen prácticamente cegado el recorrido jurídico-penitenciario.
Instamos a la administración penitenciaria y al Gobierno español que se va a conformar, a no poner traba, ni impedimento alguno a que nuestros familiares presos puedan realizar el recorrido jurídico-penitenciario . Que les permitan realizar el recorrido al que tienen derecho, que puedan obtener cambio de grado, tanto de forma administrativa como judicialmente; destinos de trabajo o participación en programas internos de tratamiento; y respuesta positiva a las solicitudes de permisos ordinarios de salida, para acceder posteriormente al tercer grado.
Porque, de igual manera que resulta ya inexcusable que no acabe la política penitenciaria de excepción, y que no se afronten soluciones a la situación que padecen exiliados, exiliadas y deportados, como familiares consideramos asimismo insostenible que se demoren, cuando no obstaculicen, las iniciativas y solicitudes que de manera individual está realizando cada preso. Esta situación no perjudica solamente a nuestros familiares encarcelados que han optado por esas vías, sino que supone un castigo añadido para nosotras y nosotros, ya que retrasa el momento de estar con ellos. Porque los queremos y los necesitamos junto a nosotras y nosotros cuanto antes.
Etxean eta bizirik nahi ditugu!
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Intervención del abogado Iñaki Zugadi;
La convocatoria de esta rueda de prensa, tiene como objetivo, realizar un balance de los pasos que se han producido en el Estado Español en relación a la vía jurídica y el conjunto de presos/as políticos/as vascos/as, desde el otoño de 2017 hasta el día de hoy.
En primer lugar, decir que, desde otoño de 2017 hasta hoy, 53 presos/as políticos/as vasco/as han salido en libertad en el Estado español. La inmensa mayoría después de haber cumplido sus condenas íntegramente. Por lo tanto, a día de hoy en el Estado español hay 213 presos/as políticos/as vascos/as.
En estos momentos, 142 presos/as han dado comienzo al recorrido jurídico nuevo. Esto es, el 66,66% de los/as presos/as políticos/as, o, dicho de otra manera, 2/3 (dos tercios) del total han comenzado a recurrir la clasificación penitenciaria, el grado, han solicitado o desarrollan destino de trabajo o bien desarrollan otro tipo de actividades, y, todo ello, dirigido a lograr su libertad y excarcelación.
Todos estos presos y presas, han realizado sus solicitudes de manera individual, tanto a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias como al Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria o a la Secc.1ª de la Sala de lo Penal de la A.N. Los/as presos/as que han obtenido segundo grado ya han comenzado a solicitar permisos ordinarios de salida. Y en algunos casos también se ha solicitado el tercer grado e incluso con carácter de libertad condicional.
-¿Por qué un tercio (1/3) de los prisioneros/as no ha comenzado este recorrido? Hay muchas y variadas razones. Pero principalmente, debemos tener en cuenta que la mitad del conjunto de presos/as políticos/as vascos/as (el 50%), se encuentra en prisiones muy muy alejadas de Euskal Herria, (entre 600 y 1.000 Km de sus lugares de origen o domicilios familiares) y en condiciones muy duras y muy difíciles de soportar. Con Juntas de Tratamiento y Direcciones de Prisiones que mantienen actitudes ofensivas contra el/la preso/a, minimizando los pasos que pueda dar, poniéndole dificultades a que pueda dar pasos en su recorrido, etc. Todo ello, además, dificulta la relación del preso/a con su abogado/a, así como el trabajo del abogado/a.
En definitiva, la excepcionalidad, tanto la legislación excepcional como las diferentes medidas excepcionales también, que se aplica a estos/as presos/as sigue en vigor y aplicándose.
Pero aun conociendo las difíciles condiciones y dificultades con que se encuentran, vemos que en un plazo de año y medio dos tercios de los presos/as políticos/as vascos/as han entrado en esta dinámica jurídica. Lo que es prueba de la seriedad de la apuesta realizada en su día por el conjunto de los/as presos/as.
Por el contrario, no podemos decir lo mismo de los resultados obtenidos. Aunque hace un año, exactamente, el Gobierno del PSOE llegó hablando de nueva política penitenciaria, a día de hoy, la política penitenciaria de EXCEPCIONALIDAD, contra los/as presos/as políticos/as vascos/as y el alejamiento sigue. Y los pasitos dados son pocos y muy escasos. No ha cumplido con ninguno de los dos presupuestos.
SGIP (Secretaria General de Instituciones Penitenciarias) ha progresado de
grado y acercado a 25 presos/as.
SGIP ha progresado de grado, pero sin acercar a 8 presos/as.
Ha acercado, pero sin progresarles de grado a 2 presos/as.
Ha posibilitado que un preso gravemente enfermo esté preso en su domicilio
Se ha dado la paradoja de que dos presos han sido progresados de grado y acercados, pero, a la vez, separados de sus compañeras sentimentales, que permanecen las dos presas en las prisiones donde estaban anteriormente sus compañeros con ellas.
O que la Administración Penitenciaria entiende que acercamiento es trasladar a un preso de la prisión de Puerto I a la de Puerto II, que están una junto a la otra.
Por otra parte, tres de los presos acercados (Mikel Orbegozo, Xabier Sagardoi e Iñaki Beaumont) tenían prácticamente cumplida la condena, faltándole a alguno de ellos semanas para cumplir su condena.
A días de hoy únicamente son 43 los presos clasificados en segundo grado penitenciario o régimen ordinario. Algunos de ellos lo están por iniciativa de la SGIP y otros por haberse ganado los Recursos presentados en el JCVP (Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria). De estos, algunos presos/as han sido acercados, pero otros siguen en prisiones de Puerto, Almería, Granada, Jaén, Valencia o Galicia. Y DE LOS QUE HAN SIDO ACERCADOS, NINGUNO HA SIDO TRASLADADO A UNA CARCEL DE EUSKAL HERRIA.
Por lo tanto, 170 presos y presas políticos/as vascos/as siguen estando clasificados en primer grado, en un régimen de excepción, cerrado. Régimen carcelario empleado para presos que presenten una peligrosidad extrema o exista una inadaptación al modo de vida de la prisión.
De todos/as los/as que están en primer grado muchos presos/as se encuentran en módulos de régimen cerrado en las prisiones de Sevilla, Córdoba, Huelva, Puerto I, Extremera y Curtis. Donde las condiciones de vida y de encarcelamiento que sufren los presos/as políticos/as vascos/as son realmente duras y difíciles de soportar.
De los que están en segundo grado, la mayoría ha solicitado permisos ordinarios de salida, aunque únicamente se le ha aceptado a un preso, a Gorka Fraile Iturralde, un permiso ordinario de 3 días, que se lo concedió el JCVP, con el visto favorable de la Junta de Tratamiento de la Prisión de EL DUESO. Anteriormente, habían disfrutado permisos otros presos que se encontraban cumpliendo el final de su condena. Xabier Sagardoi, Ekaitz Ezkerra, Alfredo Ramirez y Julen Ibarrolak.
En los demás casos que hemos indicado de presos/as en segundo grado y que han solicitado permisos les han sido denegados por la Secretaría General de II.PP. y en recursos por el JCVP y la Secc.1ª de la Sala de lo Penal. En algún caso en 8 ocasiones, aunque es cierto que con voto particular favorable de algún magistrado de la Secc.1ª de la Sala de lo Penal de la A.N.
Y ello, a pesar de reunir las condiciones (tener la ¼ parte de la condena cumplida, y estar en segundo grado), se deniegan sistemáticamente y empleando argumentos NO JURIDICOS Y SI IDEOLOGICOS Y POLITICOS.
A modo de Corolario podemos decir, que el balance es agridulce. Mientras la posición, postura, decisión, actitud e iniciativa de los/as presos/as políticos/as vascos/as es digna de elogio y valiente, de los/as que dirigen la política penitenciaria española no podemos decir lo mismo. Ni valentía ni decisión ni lo que es más triste, NO APLICAR LA LEY Y LA LEGALIDAD PENITENCIARIA A LOS/AS PRESOS/AS POLITICOS/AS VASCOS/AS.
Además de, SEGUIR APLICANDO A ESTAS PERSONAS MEDIDAS DE EXCEPCIONALIDAD. La ley ordinaria dice que si un preso está clasificado en segundo grado podrá optar a permisos ordinarios de salida y posteriormente al tercer grado y la libertad condicional.
Con la aplicación de la ley ordinaria, es decir de la L.O.G.P. y del R.P. ningún preso/a político/a vasco/a estaría clasificado/a en primer grado.
Por ello, reclamamos y exigimos:
A LAS JUNTAS DE TRATAMIENTO DE CADA PRISIÓN, A LA SECRETARIA GENERAL DE II.PP. Y, EN DEFINITIVA, AL GOBIERNO ESPAÑOL:
Que dejen de seguir aplicando la política penitenciaria del pasado y de la excepcionalidad.
Que dejen a los presos y presas hacer su recorrido jurídico, y, por consiguiente, dejen de aplicar e imponer medidas colectivas de excepción penitenciaria, limitadoras de derechos.
Que respeten su propia legislación penitenciaria ordinaria y, actualmente, en vigor, para que los presos/as vascos/as puedan hacer avanzar el recorrido jurídico-penitenciario, y no se les impongan más condiciones que las que exige la ley. Y no aquellas que la propia ley no exige.
Y reclamamos y exigimos:
AL JUZGADO CENTRAL DE VIGILANCIA PENITENCIARIA:
Que abandone y deje la política penitenciaria fuera de la política antiterrorista del pasado y actúe con valentía en ser garante de los derechos que tienen los presos y presas y en estar vigilante en el ejercicio de esos derechos.