Periódicamente hay personas que manifiestan su preocupación por la integración de los y las inmigrantes, o más específicamente, aunque no se exprese con claridad, de las personas extranjeras extracomunitarias. De las comunitarias se habla poco. Se debe considerar que ellas no tienen problemas o déficit de integración, aunque sean tan extranjeras como las otras. Pero […]
Periódicamente hay personas que manifiestan su preocupación por la integración de los y las inmigrantes, o más específicamente, aunque no se exprese con claridad, de las personas extranjeras extracomunitarias. De las comunitarias se habla poco. Se debe considerar que ellas no tienen problemas o déficit de integración, aunque sean tan extranjeras como las otras.
Pero si hurgamos un poco, nos damos cuenta de que eso, la integración, que todas ellas dan por supuesto que es o sería un bien, es un término confuso, que no se sabe muy bien en qué consiste, en qué grado sería suficiente o bueno que se diese, qué aspectos de la vida debería abarcar, cuáles son y dónde están las dificultades, quiénes tienen que poner los medios y hacer los esfuerzos.
Estar integrado en un sistema social implica adquirir interdependencia dentro del mismo, y debería implicar tener los mismos derechos y oportunidades que cualquiera de las personas con las que se interactúa socialmente. Y esto no ocurre en el sistema que se ha venido construyendo en los últimos veinte años, al contrario. En lugar de partir de la igualdad de derechos, se ha construido un tinglado que es una mezcla de trabas administrativas, discriminaciones abiertas y negación de derechos. Y si el grado de integración de una persona tiene que ver con su estatuto cívico, es decir, con los derechos y obligaciones que tiene en el conjunto social, obligado es concluir que las personas extranjeras que se encuentra bajo la férula de la Ley de Extranjería, lo que implica mucha discriminación, gran precariedad administrativa y diferencia considerable en materia de derechos, están muy mal integradas o, si se quiere, integradas de forma desintegrada.
¿Y es así porque ellas quieren? No, en absoluto. Es porque es eso lo que se potencia desde el Estado, porque el marco normativo al que están sujetas está pensado y sirve para construir su desigualdad en los planos legal, social y político.
Al inmigrante extracomunitario se le obliga a ser un trabajador o trabajadora administrativa y laboralmente precario. Su precariedad es específica. En ella se juntan la propia del sistema laboral que se viene desarrollando en los últimos años, y que es común a franjas cada vez más importantes de trabajadores y trabajadoras, con la administrativa, que es específica de las personas inmigrantes, la que tiene que ver con todo el sistema de permisos diseñado por la normativa de extranjería: la obligación de disponer de un permiso para trabajar que, a su vez, condiciona el permiso para residir; la obligación de renovarlo y, para ello, la obligación de disponer de un número determinado de cotizaciones y de continuar trabajando o disponer de un nuevo contrato; el hecho de que no cualquier trabajo permite acceder al permiso de trabajo; el hecho de que el primer permiso de trabajo tenga limitación geográfica y profesional; el hecho de que hasta no tener el segundo permiso de residencia y trabajo no se pueda abordar la reagrupación con la familia y la obligación de disponer, para ello, de medios económicos y vivienda suficiente.
Esa precariedad específica, en la que se juntan dos precariedades que se alimentan, la laboral y la administrativa, muchas veces obliga, dado que no se pueden enfrentar las dos a la vez, a dar prioridad a una sobre la otra, normalmente a la administrativa, lo que lleva aparejado tener que soportar importantes cotas de explotación laboral. Y tiene su lógica, pues si no hay permiso de trabajo no hay trabajo legal y si no hay trabajo legal no hay permiso de trabajo, y si no hay permiso de trabajo no hay reagrupación familiar…
Y lo anterior, todo ese sistema diseñado como una carrera de obstáculos que dura 7-8 años, ese sistema de existencia provisional prolongada tiene, a su vez, una incidencia directa en materia de vivienda. En esa situación de provisionalidad prolongada y frágil, es evidente que principalmente pueden aspirar a la vivienda de alquiler en el mercado libre, a la vivienda de alquiler más cara que hay. Nueva vuelta de tuerca a la precariedad. Personas que trabajan en condiciones precarias, laborales y administrativas, no tienen más remedio que abordar sus necesidades de vivienda por el procedimiento más caro, lo que obliga en más de una ocasión a recurrir al sistema de subarriendo y al alquiler de habitaciones, donde se genera un mercado específico, en el que la posibilidad o no de empadronarse entra en el precio.
Sería mucho más interesante potenciar la construcción de un sistema acogedor, de un sistema que no sume las dificultades de orden administrativo con las dificultades en el plano laboral, que busque y potencie la estabilidad frente a la provisionalidad, que facilite los trámites en lugar de dificultarlos hasta el absurdo, tal y como hoy en día se está haciendo.
Claro está que lo anterior implica empezar por reconocer que los y las extranjeras extracomunitarias no son mano de obra barata sino personas con derechos, y que su integración social depende, bastante más que de sus características y supuestas cercanías o lejanías culturales, de las políticas y prácticas de recepción y acogimiento, de la posibilidad de acceder a cualquier trabajo, de no estar sujetos a un sistema infernal de obtención y renovación de los permisos de trabajo y residencia, de acceso a la vivienda, de las posibilidades de mejora de su calidad de vida y del reconocimiento del derecho a participar en la toma de decisiones en todas las cuestiones que afectan a la vida de la sociedad en la que viven, que también es la suya.
* Agustín Unzurrunzaga – SOS Racismo