El 30 de mayo de 2019, las comunidades campesinas del Catatumbo y delegados del Gobierno Departamental en cabeza de WILLIAM VILLAMIZAR (Gobernador), se reunieron en las instalaciones del Seminario menor del Municipio de Tibú para instalar la II sesión de la Mesa Comunal por la Unidad y Resistencia del Catatumbo, la cual nace del paro […]
El 30 de mayo de 2019, las comunidades campesinas del Catatumbo y delegados del Gobierno Departamental en cabeza de WILLIAM VILLAMIZAR (Gobernador), se reunieron en las instalaciones del Seminario menor del Municipio de Tibú para instalar la II sesión de la Mesa Comunal por la Unidad y Resistencia del Catatumbo, la cual nace del paro nacional campesino que se llevó a cabo desde el 25 de abril de este año.
Este segundo encuentro se desarrolló en medio de las presiones que realizaron miembros de la Policía nacional y Sijín, a voceras y voceros campesinos que participaron de la mesa de negociación. Siendo las 7:00 a.m. del 30 de mayo, las instalaciones del Seminario menor del Municipio de Tibú se encontraba altamente militarizada. Los miembros de la fuerza pública exigieron a las y los delegados de las comunidades campesinas, sus documentos de identidad para ser escaneados y el registro de su huella dactilar por medio electrónico de cada uno/a; esto como condición para permitir el ingreso.
Ante esta situación, los participantes de la Mesa Comunal por la Unidad y Resistencia del Catatumbo, manifestaron su inconformidad y rechazo ante tal estrategia de empadronamiento, las cuales han servido para judicializar y perseguir a los luchadores populares, razón por la cual no se permitió dicho escaneo. Según algunos funcionarios de la Gobernación de Norte de Santander dicho procedimiento procuraba evitar el ingreso de «Integrantes de ciertos grupos», manifestación que pone en riesgo a quienes participan de la mesa y exigen sus derechos y reflejan posturas estigmatizantes que en nada contribuyen en la generación de confianza y responsabilidad para el diálogo.
Se pudo observar el saboteo a la mesa y la persecución que tiene la fuerza pública sobre el campesinado del Catatumbo, por tal motivo los participantes se negaron a ser empadronados, en tanto tienen un temor fundado de ser judicializados arbitrariamente y/o asesinados con posterioridad, pues son hechos victimizantes que ya se vienen presentando en la región. Los participantes manifestaron que tenían temor por su vida, seguridad e integridad física, siendo la respuesta de los uniformados el sarcasmo y las risas burlonas.
La II Sesión de la mesa, según la programación concertada, debía iniciarse a las 8:00 am, pero no fue posible cumplir con el horario acordado, debido al actuar de la fuerza pública y porque el gobernador se presentó sólo hacia las 10:41 de la mañana. Una vez instalada se hicieron presencia en el salón miembros del ejército y policía, y a pesar de que en diferentes ocasiones se expresó contrariedad frente a ello, por cuanto en razón a la actuación de estos en los territorios, intimidan a los participantes y además por el carácter eminentemente civil y no militar del escenario.
Pese a ello, los miembros de la fuerza pública y militar, se negaron a abandonar el recinto e incluso el General Moreno del ejército tomó el micrófono e intervino en medio de la reunión señalando que: «El Catatumbo de hoy no es el de hace algunos años, gracias a la construcción que la fuerza publica ha hecho», afirmación que no solo es falsa sino también descontextualizada, y desconoce ha sido la institucionalidad militar y policial responsable de múltiples violaciones de los derechos humanos en la región. Igual situación sucedió con el Coronel Ospina de la policía nacional, quien también intervino sin ser parte de la mesa y con afirmaciones que no corresponden a la realidad; situación que desvía y tensiona el diálogo.
Mientras los delegados del gobierno departamental hicieron uso de la palabra, un funcionario de la policía encargado de oficina de derechos humanos, comenzó a circular en la reunión una planilla de la policía nacional, para que todos los presentes registraran en ella sus nombres y apellidos, número de cedula, celular y correo electrónico entre otros, planilla que no ha sido concertada entre los miembros de la Mesa Comunal por la Unidad y Resistencia del Catatumbo y los delegados del Gobierno departamental.
Parte de los acuerdos a los que llegaron las comunidades y el gobierno departamental, tiene que ver con las garantías necesarias para la participación de los miembros de las Mesa, posibilitando el desplazamiento de los participantes con el acompañamiento de la defensoría del pueblo, institución que estuvo ausente dejando desprotegidos a los participantes durante el trayecto hacia el municipio de Tibú.
Desde la jornada del paro nacional del 25 de abril hasta el día de hoy, miembros de la policía y el ejercito han querido obtener por diferentes medios los datos personales de los voceros de la Mesa y de quienes están participando en cada una de las mesas temáticas, por este motivo hacemos responsable al Gobierno Nacional y Departamental, a los organismos de inteligencia, al ejército y policía nacional, de la vida e integridad física de cada uno de los voceros y participantes que hacen parte de la Mesa Comunal por la Unidad y Resistencia del Catatumbo, cesando la persecución judicial y extrajudicial que se viene adelantando contra el campesinado del Catatumbo.
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