En junio de 2022 el Ministerio del Interior notificó a un ciudadano procedente de Kosovo –actualmente recluso en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores, en Valencia- la resolución que le denegaba la solicitud de protección internacional “para la concesión del derecho de asilo en España”.
Se le advertía a este ciudadano, además, que tenía que abandonar el territorio español. La abogada que representa al interno interpuso el 14 de marzo un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
El texto del recurso argumenta (según la persona solicitante de asilo) que la resolución de Interior es “contraria a derecho y lesiva a los intereses del recurrente”; la denegación de protección internacional constituiría, por tanto, una “afectación de derechos fundamentales de imposible restitución”.
En concreto, el escrito de marzo dirigido a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional solicita la “medida cautelarísima de suspensión” respecto a la salida obligatoria del territorio español (al joven le fue incoada una orden de expulsión del territorio español; actualmente privado de libertad en el CIE, la citada expulsión “puede ser ejecutada en cualquier momento”).
Uno de los argumentos utilizados por la defensa es que, en caso de producirse la devolución al país de origen, se produciría un riesgo “de tortura y muerte” (el afectado solicitó el asilo en el estado español por su orientación sexual).
La Campaña CIE No de Valencia subrayó esta idea en una nota informativa del pasado 15 de marzo: “Huyó de Kosovo porque sufrió persecución por su orientación sexual, solicitó asilo en España y ha acabado encerrado en el CIE de Zapadores a la espera de su deportación (…); se está vulnerando la Ley de Asilo, ya que se ha ordenado su expulsión e internamiento en un CIE sin que se haya resuelto su protección internacional; está recluido de forma ilegal desde hace 42 días”.
Entre las últimas denuncias de las ONG figura otra del 8 de marzo, que tuvo como protagonista a un joven marroquí extutelado por la Comunidad de Madrid y encerrado en el CIE de Zapadores. Entre los antecedentes del caso, figura la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid, dictada en julio de 2021, que estimaba el recurso de apelación presentado por el muchacho contra la orden de expulsión “con prohibición de entrada por cinco años, como autor de una infracción de estancia irregular en nuestro país (…)”.
De este modo, el fallo judicial de julio de 2021 acordó la suspensión de la citada orden de deportación, que había dictado en diciembre de 2020 la Delegación del Gobierno en Madrid (la sentencia del TSJ revocó, asimismo, el auto de un Juzgado de Madrid –con fecha 5 de abril de 2021- “mediante el que se denegó la suspensión de la resolución” de la Delegación del Gobierno).
En los párrafos anteriores al fallo, los magistrados del TSJ exponen: “Si la Administración no parece haber hecho nada para regularizar la situación del recurrente en España mientras era menor de edad, ni para facilitársela después, no es posible concluir que ahora existan fuertes razones de interés público que exijan la inmediata ejecución de la expulsión (…)”.
El 8 de marzo de 2023, la Campaña CIE NO de Valencia denunció la situación de este joven magrebí, recluido “ilegalmente” en Zapadores “durante más de un mes, a pesar que en el centro se disponía de la resolución judicial que suspendió su orden de expulsión” (la ley de Extranjería de 2000 –actualmente en vigor- establece en el Artículo 61 que el ingreso en los centros tiene carácter preventivo, y es una medida cautelar que requiere autorización judicial previa; el Artículo 62 desarrolla las condiciones y límites del internamiento en los CIE).
La permanencia del chico en el CIE valenciano se produjo entre el 21 de enero y el 23 de febrero; de hecho, la puesta en libertad sólo tuvo lugar cuando el caso fue detectado por las ONG, “sin que ninguna autoridad verificara su situación legal o, si lo hicieron, la ignoraron y lo mantuvieron privado de libertad con el objetivo de deportarle”.
Una denuncia anterior de la Campaña, en relación con el espionaje policial, tuvo lugar el 2 de febrero. En concreto, las organizaciones plantearon una queja ante el Juzgado de Control número 3 de Valencia (en funciones de control del CIE) por las “intervenciones” de los agentes policiales en las conversaciones los voluntarios de CIE No con los reclusos (“llegando a mostrar los funcionarios su disconformidad con el contenido de las conversaciones”).
En el escrito presentado ante el juez, la abogada de la Campaña adjuntó fotografías en las que puede observarse a los policías “de espaldas a la puerta de la habitación, pero su postura sí les permite escuchar”, lo que no garantiza la seguridad de las entrevistas. El contenido de la queja es aplicable, asimismo, a las conversaciones con miembros del Servicio de Orientación Jurídica (SOJ) del Colegio de Abogados de Valencia.
Una semana después de la denuncia por “espionaje”, el magistrado acordó incoar Expediente de Control del CIE y que se oficiara al centro de Zapadores “a fin de que a la vista de la queja recibida y documentación adjunta se informe de lo procedente (…)”. Se da la circunstancia que –en julio de 2022- las organizaciones ya comunicaron al juez estas “intervenciones” policiales.
Por otra parte, el 24 de marzo acaeció el primer aniversario de la deportación a Argelia –por parte del Estado español- del joven argelino y exmilitar Mohamed Benhlima; Amnistía Internacional ha recogido 25.000 firmas en apoyo de este ciudadano, condenado a muerte en su país, que había denunciado –mediante vídeos en las redes sociales- la corrupción entre los altos cargos militares.
Ante las amenazas y persecuciones, Mohamed Benhlima había solicitado protección internacional en el estado español, que le fue denegada. El activista estuvo interno en el CIE de Valencia, desde el 16 de marzo de 2022 hasta la fecha de su expulsión. Huyó a España en 2019, después de conocer que era buscado por implicarse en las protestas del movimiento Hirak.
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