El sur de Chile está que arde. Cientos de comunidades mapuches están en evidente estado de rebeldía. Exigen la devolución de tierras ancestrales y acusan numerosos atropellos por parte del Estado y las empresas que ocupan su histórico territorio. El actual alzamiento mapuche se inició hace 15 años. Pero es en la actualidad cuando más […]
El sur de Chile está que arde. Cientos de comunidades mapuches están en evidente estado de rebeldía. Exigen la devolución de tierras ancestrales y acusan numerosos atropellos por parte del Estado y las empresas que ocupan su histórico territorio.
El actual alzamiento mapuche se inició hace 15 años. Pero es en la actualidad cuando más connotación ha alcanzado. Dos hechos han sido determinantes: el asesinato cometido por un policía del estudiante mapuche Matías Catrileo y una larguísima huelga de hambre que acaba de concluir.
El crimen de Catrileo ocurrió el pasado 3 de enero. El estudiante, junto con unos 30 mapuches de la comunidad Lleupeko de Vilcún (Región de la Araucanía), ingresó al fundo Santa Margarita, que reclaman como suyo. Alertados por el hecho, un piquete de carabineros (policía uniformada) acudió al lugar, donde abrió fuego contra los mapuches que no portaban armas. Catrileo murió víctima de un disparo en la espalda, que le perforó un pulmón.
El autor del crimen fue el cabo Walter Ramírez, quien portaba una subametralladora UZI, cargada con proyectiles de guerra. Los compañeros de Catrileo, en medio de los disparos, tomaron su cadáver y lo escondieron para evitar que fueran alteradas las evidencias que delataban que Catrileo fue atacado por la espalda. Los comuneros mapuches se comunicaron con una radio de cobertura nacional (Bío Bío), la que transmitió en directo lo que sucedía.
Hubo conmoción nacional. Tanto, que este suceso permitió que fuera conocida y reconocida por todo Chile la lucha que dan los mapuches por la reconstitución de su territorio, y más aún, por su propia existencia. El Ministerio Público designó, a cargo de esta causa, al fiscal militar José Pinto Aparicio, el mismo que dejó sin sanción el asesinato del mapuche Alex Lemún, de 17 años, cometido por el mayor de carabineros Marco Treuer, durante una toma de terreno.
En los días posteriores a la muerte de Catrileo se registraron masivas protestas en numerosas ciudades de Chile. En los campos del sur, numerosos caminos fueron bloqueados y algunas haciendas fueron ocupadas. Dos camiones fueron incendiados en la carretera Panamericana, cerca de Temuco. En Tirúa, dos centenares de mapuches, armados de pistolas, palos y piedras, atacaron dos helicópteros de Forestal Mininco, cuando intentaban aterrizar en el aeródromo Las Misiones.
El gobierno, para aplacar las protestas, optó por el camino de la represión. El 16 de enero, solicitó al Ministerio Público el nombramiento de fiscales especiales para exclusivamente investigar y penalizar las protestas mapuches. Ese mismo día, la petición fue aceptada. En un comunicado de prensa, el Ministerio Público aclaró que «los fiscales designados se dedicarán sólo a dirigir las investigaciones de hechos violentos y no otro tipo de situaciones vinculadas a las demandas de comunidades indígenas».
Los cerca de 300 mil mapuches que viven en los campos del sur de Chile, tienen sus comunidades rodeadas de empresas forestales, mineras, salmoneras e hidroeléctricas que asedian su territorio, saqueando y contaminando el medioambiente que les da sustento y medicina. Estas empresas son abiertamente respaldadas por el gobierno, la policía y la prensa.
Este reportero pudo comprobar la «militarización» de la que son víctimas las comunidades mapuches. En la localidad costera de Mehuín, ubicada a 850 kilómetros al sur de Santiago, los carabineros pidieron la documentación e interrogaron a los pasajeros del camión en que viajaban; les pedían que explicaran las razones de su visita a esta localidad.
Este control se hacía a todos los vehículos que ingresaban al lugar. Mehuín es una comunidad costera, poblada por pescadores chilenos y mapuches que desde hace 12 años resisten la instalación de un ducto, con el que la celulosa Celco, de Valdivia, pretende arrojar sus contaminantes deshechos en el mar. El gobierno, en todo momento, ha apoyado a la empresa, a través del envío de fuerzas policiacas y militares para realizar tareas represivas. También, mediante la intervención de la «Autoridad Medioambiental», que se ha manifestado dispuesta a otorgar la autorización para que se descarguen las emisiones contaminantes en el mar, sin exigir el tratamiento adecuado.
Diversos reportes -como el entregado por el Observatorio de Pueblos Indígenas el 17 de diciembre pasado al Ministerio del Interior–, dan cuenta que las comunidades mapuches continuamente son víctimas de allanamientos policiales, en los que se golpea brutalmente a ancianos, niños y mujeres e, incluso, a autoridades sagradas (machis y lonkos).
Además, la policía habitualmente les requisa –con cualquier
excusa– sus animales, instrumentos musicales y herramientas agrícolas. Estas últimas, incluso, han sido utilizadas como pruebas judiciales para incriminarlos en actos de violencia. Los fiscales son particularmente receptivos a cualquier acusación en contra de los mapuches, a quienes imponen severos castigos y humillaciones, aunque sean inocentes de los cargos presentados.
¿Terroristas?
La causa mapuche recibió un fuerte espaldarazo fruto de la huelga de hambre de 112 días, que iniciaron cinco mapuches presos en la cárcel de Algol, que mantuvo, hasta el pasado 30 de enero, Patricia Troncoso, conocida como «La Chepa». Las demandas de los ayunantes eran: el fin de la militarización del territorio mapuche; la derogación de la Ley Antiterrorista, y la libertad de todos los presos políticos mapuches.
La huelga finalizó el 30 de enero tras la mediación del presidente de la Conferencia Episcopal, Alejandro Goic. Debido a sus gestiones, se logró que se le entregaran beneficios carcelarios a «La Chepa» -que lleva cinco años tras las rejas– y a otros dos presos políticos mapuches, Juan Millalén y Jaime Marileo.
Los beneficios incluyen el derecho a salir en libertad los fines de semana. El pasado 29 de enero, la presidenta Michelle Bachelet nombró a un comisionado especial para asuntos indígenas, responsabilidad que recayó en Rodrigo Egaña, quien tendrá como misión abrir un proceso de diálogo con este pueblo-nación que tiene fama de «indomable».
«La Chepa», junto con Marileo, Millalén y otros dos mapuches, fue condenada por su participación en el «incendio terrorista» de la hacienda Poluco Pidenco, ocurrido en diciembre de 2001, circunstancia en la que sólo se registraron daños materiales. El castigo común a todos ellos: 10 años de cárcel y una multa equivalente a 925 mil dólares.
La dureza de los castigos se debe a que les fue aplicada, a solicitud del gobierno del expresidente Ricardo Lagos, la ley 18.134 Antiterrorista, que fue creada por la dictadura de Augusto Pinochet. La aplicación de esta ley tiene como inmediata consecuencia el aumento de los castigos y el uso de herramientas policiacas, como escuchas telefónicas, violación de correspondencia privada, seguimientos, uso de infiltrados; además, permite el uso de «testigos sin rostro», que en muchos casos han recibido dinero del Ministerio Público para hacer declaraciones inculpatorias, y que son entregados bajo la excusa de permitir la protección de los acusadores.
Los condenados en la causa Poluco Pidenco demandaron -el 7 de septiembre de 2005-, al Estado de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Afirmaban que, en sus juicios, se vieron vulnerados sus derechos de igualdad ante la ley y tener un debido proceso, lo que contravendría la Convención Americana de Derechos Humanos.
El 2 de mayo pasado, la CIDH admitió la denuncia, al considerar que existían claros indicios de que las acusaciones fueran fundadas. Con esta causa, son cuatro los procesos que se tramitan en éste tribunal internacional y que tienen relación con la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas por parte del Estado chileno.
La CIDH es sólo uno de los muchos organismos internacionales que han reconvenido a Chile por no respetar los derechos de los pueblos originarios. El Comité de Derechos Humanos de la ONU, en marzo de 2007, reprendió en duros términos a Chile por el uso que se le da a la legislación antiterrorista. «La ley 18.134 ha permitido que miembros de la comunidad mapuche hayan sido acusados de terrorismo por actos de protesta o demanda social, relacionados con la defensa de los derechos sobre sus tierras», sentencia el organismo.
En enero de 2007, el Comité de Derechos del Niño de la ONU planteó al gobierno de Chile, la necesidad de que sean reconocidos los derechos de los pueblos indígenas, al recomendar su reconocimiento constitucional y la ratificación del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que es tramitado en el Parlamento de Chile, desde 1992.
Este convenio, cuya ratificación se ha vuelto una demanda central de los pueblos originarios de Chile, que tiene la virtud de ser un instrumento vinculante al ser un tratado internacional, contiene un estatuto de derechos de pueblos indígenas que reconoce principios de autogobierno y autogestión de los pueblos indígenas respecto de los recursos naturales que se ubican en sus territorios. Este convenio podría ser votado en marzo próximo por el Senado chileno. Pero grupos indígenas se oponen a su ratificación, debido a que el Parlamento lo podría aprobar con algunas «reservas», que lo despojarían de gran parte de su poder jurídico.
Desde el retorno a la democracia, en 1990, cerca de 600 mapuches han sido procesados por la justicia. Más de la mitad de ellos, con base en leyes de excepción, como la Ley de Seguridad Interior del Estado y la Ley Antiterrorista.
La causa mapuche
La huelga de hambre y la muerte de Catrileo despertaron un volcán. Enormes manifestaciones en solidaridad con los mapuches han ocurrido diariamente tanto en Chile como en otras partes del mundo. En Europa las manifestaciones frente a las embajadas y consulados chilenos se han vuelto habituales, dibujando un cuadro similar al que ocurría en los peores años de la dictadura de Pinochet, cuando las protestas de exiliados acechaban al régimen militar.
Human Rights Watch; la Federación Internacional de Derechos Humanos; Amnistía Internacional; diputados del Parlamento Europeo; las madres de la Plaza de Mayo y cientos de organizaciones del mundo, han pedido a la presidenta Bachelet que intente dar una solución al drama judicial, económico, histórico y cultural de los mapuches, además de que evitara que «La Chepa» muriera de hambre.
José Bengoa, connotado investigador de la historia mapuche, definió, en entrevista con Apro, como «intifada» el levantamiento que realizan los mapuches en el sur de Chile. Esto, por la cantidad y características de las acciones de protesta, «que incluyen incendios, marchas, huelgas de hambre, y que se registran cada día».
Para el autor de la Historia del pueblo Mapuche, el conflicto chileno mapuche «es quizá el problema político más complejo e importante que hay en Chile». Estima que en su país «existe la vieja tentación de ver los temas indígenas como problemas menores, sectoriales, que sólo tienen que ver con subsidios, con lo folclórico, pero que no consideran los temas de fondo, como el reconocimiento y la libertad».
Afirma que el Estado y la sociedad chilena «se han negado a darle reconocimiento a los mapuches».
Bengoa presagia que, si el gobierno no logra poner el tema mapuche en el terreno de la política, «va a tener un conflicto muy grande». Esto implica «abrir el camino del diálogo». De no ocurrir esto, advierte, se va a imponer la violencia. Señala que es muy importante, para resolver el diferendo existente entre los mapuches y el Estado de Chile, darse cuenta que en la sociedad actual «ellos no tienen ningún canal donde expresar sus demandas». Además, dice, desde el Estado y los poderes económicos sólo se busca «criminalizar su protesta».
Cabe señalar que hoy no hay ningún parlamentario, ni ministro de la Corte Suprema, ni diplomático ni gobernador o intendente que sea mapuche, no obstante que este pueblo tiene 800 mil habitantes, buena parte de los cuales vive hoy en ciudades, principalmente en Santiago.
En entrevista con Apro, la codirectora del Observatorio de los Derechos de los Pueblos Indígenas, Nancy Yánez, señala que sucesos como la muerte de Matías Catrileo era algo absolutamente previsible a la luz de lo que estaba ocurriendo en la zona mapuche. Asegura que ella anticipó personalmente esto al Director General de Carabineros, general José Bernales, a mediados de diciembre pasado.
Explica que dijo a Bernales que es necesario que los carabineros modificaran su actitud represiva, con el fin de evitar que se generara «una espiral de violencia, que podría a terminar con el costo de vidas humanas».
A juicio de Yánez, el sufrimiento y los atropellos de que son víctimas los mapuches, denotan «una crisis de institucionalidad en la democracia chilena, puesto que los tribunales militares no cumplen con los requisitos de imparcialidad y debido proceso que exigen las leyes chilenas».
Yánez se ha reunido recientemente con ministros y subsecretarios de gobierno, ante los que ha denunciado los numerosos atropellos policiacos y judiciales de los que son víctimas las comunidades mapuches.
Yánez afirma que es improcedente que en Chile, crímenes en los que están envueltos civiles, sigan siendo juzgados por tribunales militares. A su juicio, este proceder desconoce la condena dictada contra este Estado por la Corte Interamericana de Justicia en el caso Palamara (2006), circunstancia en que se conminó expresamente a éste país a restringir la enorme importancia asignada a los tribunales militares, que a su juicio, han actuado sin imparcialidad «al ser a la vez juez y parte».
La abogada defensora de los derechos indígenas señala que la muerte de Matías Catrileo «es consecuencia de la criminalización de la protesta social mapuche y de la militarización de la Araucanía».
Cabe destacar que la nación mapuche se mantuvo independiente durante toda la época colonial. En ese periodo firmó numerosos acuerdos con el Reino de España, que tenían en común reconocer la soberanía mapuche sobre el territorio comprendido entre la ribera sur del río Bío Bío y el río Toltén. Fue la República de Chile (y también la de Argentina) la que, a finales del siglo XIX, los sometió a sangre y fuego, avanzando sobre sus tierras, el 90 por ciento de las cuales fue confiscada y posteriormente rematada.
Hoy, apelando a antiguos documentos y a derechos indígenas reconocidos internacionalmente, los mapuches piden la devolución de las tierras expropiadas.