Es muy revelador que en el Estado español haya tenido que ser una organización social la que haya logrado difundir abiertamente esta información y no las administraciones públicas. ¿Quién es realmente el irresponsable? Lo último de la nueva ofensiva del lobby protransgénico es una perla de la desinformación. El Doctor Quintana Cavanillas declara abiertamente que […]
Es muy revelador que en el Estado español haya tenido que ser una organización social la que haya logrado difundir abiertamente esta información y no las administraciones públicas. ¿Quién es realmente el irresponsable?
Lo último de la nueva ofensiva del lobby protransgénico es una perla de la desinformación. El Doctor Quintana Cavanillas declara abiertamente que la organización Amigos de la Tierra ha cometido una grave «irresponsabilidad antitransgénica». El crimen cometido por Amigos de la Tierra es haber publicado en los medios de comunicación una lista de los campos donde las empresas productoras de semillas ensayan variedades modificadas genéticamente (MG) en el Estado español con (¡horror!) «hasta las coordenadas geográficas de cada una de las fincas».
Alarmante irresponsabilidad teniendo en cuenta el Derecho comunitario e internacional (Convenio Aarhus) de libertad de acceso a información ambiental en general (cuando quiera, al Dr. Quintana le recordaremos los impactos agro-ambientales de las variedades MG, y más teniendo en cuenta que la legislación europea -comunicado del Tribunal Europeo de Justicia incluido- dispone explícitamente que debe haber un registro público de los cultivos MG). El 42% de las parcelas experimentales con variedades MG de la UE se realizan en el Estado español en decenas de parcelas distintas, y dos en Hego Euskal Herria.
En todo caso, la irresponsabilidad sería de aquellas instituciones que no hayan facilitado el acceso del público a dicha información: si no se publican las coordenadas de los campos experimentales con variedades MG, ¿cómo puede saber la gente del campo del entorno que sus cultivos corren un mayor o menor riesgo de contaminación y pérdida de valor en el mercado? ¿Cómo se puede medir su impacto en la biodiversidad natural?
Éstos son los principales motivos por los que se requiere la publicación de estos datos, algo que personas como el Dr. Quintana nunca dicen. ¿Cree el Dr. Quintana tal vez que los y las legisladores comunitarios demuestran una «irresponsabilidad antitransgénica» por introducir estas normas? Es muy revelador que en el Estado español haya tenido que ser una organización social la que haya logrado difundir abiertamente esta información y no las administraciones públicas. ¿Quién es realmente el irresponsable?
Como es de imaginar, el Dr. Quintana agita la bandera del miedo a lo que él llama «actos vandálicos» para justificar su escándalo ante el temerario acto de información pública de Amigos de la Tierra. No quiere la visita de ningún equipo de «cosecha voluntaria» a las parcelas transgénicas. Prefiere sacrificar el derecho a la información a tener un hipotético problema de «orden público». El hecho de que, a raíz de tener acceso a la información facilitada por Amigos de la Tierra, numerosos agricultores y agricultoras están reaccionando atónitos y enfadados al saber que sus parcelas lindan con parcelas experimentales con variedades MG da una idea del grado de importancia de esta información y los bienes de quienes realmente están siendo dañados.
Para quien no lo sepa, el Dr. Quintana es presidente de Antama, pata importante del lobby protransgénico español. ¿Sorpresa?
Helen Groome es geógrafa