El Presidente chileno Ricardo Lagos está concluyendo su mandato de seis años empeñado en imponer un proyecto de «punto final» que dejaría en libertad a los terroristas de Estado que -durante la dictadura de 17 años- cometieron los crímenes de lesa humanidad más repudiados por la ciudadanía y los organismos internacionales de derechos humanos. Curiosamente, […]
El Presidente chileno Ricardo Lagos está concluyendo su mandato de seis años empeñado en imponer un proyecto de «punto final» que dejaría en libertad a los terroristas de Estado que -durante la dictadura de 17 años- cometieron los crímenes de lesa humanidad más repudiados por la ciudadanía y los organismos internacionales de derechos humanos.
Curiosamente, se trata del mismo Presidente que hace un año dijo lo contrario: «No sé si mucha gente desea una ley de punto final, pero creo que no hay ninguna viabilidad política para ello y, desde luego, no está en la idea del Gobierno llegar a una cosa de esa naturaleza, porque creo que sería tremendamente negativo para el bien del país» (Radio Cooperativa, 3 de octubre 2004). Y es la misma persona que en 1988 apuntó con el dedo índice al dictador por televisión, anunciándole que una vez que perdiera el Plebiscito de octubre -tal como ocurrió- Pinochet y los militares deberían responder por todos sus crímenes contra una parte de la sociedad. Y gracias a ese dedo acusador que hoy día indulta fue cómo Lagos se convirtió en la figura política que alcanzó la presidencia de este país en enero del 2000.
La iniciativa presidencial hoy está siendo duramente resistida por los sectores socialista-pepedeístas (Partido Por la Democracia) de la alianza que sustenta su gobierno -la Concertación de Partidos por la Democracia- y repudiado frontalmente por el mundo de los derechos humanos, que incluye a familiares de las víctimas, abogados y toda suerte de personalidades, como José Galiano, director de la Escuela de Derecho de Universidad ARCIS y presidente del Capítulo Chileno contra el Terrorismo y en Defensa de la Humanidad.
Todo esto ocurre en vísperas del comienzo de la campaña electoral presidencial-parlamentaria que culmina con las elecciones de diciembre. La determinación presidencial amenaza con trizar la alianza de gobierno cuando más requiere de fortaleza para enfrentar las venideras elecciones, después de un controvertido proceso de selección de candidatos a diputados y senadores. También mella a la segura ganadora, la socialista Michelle Bachelet, que no ha emitido un juicio de valor sobre esta iniciativa, salvo la idea de postergar el debate para el próximo período.
«Yo y Allende»
Lagos se comparó con Salvador Allende en un llamado casi desesperado a la unidad de sus seguidores, formulado en el Tedeum evangélico celebrado este domingo 11 de septiembre en la Catedral Metodista Pentecostal, ceremonia tradicional que se remonta a los tiempos en que la Iglesia Católica se negaba a oficiar ese servicio religioso al dictador Augusto Pinochet, precisamente por los crímenes impunes que estaban cometiendo los terroristas de Estado que vestían o no el uniforme de las FFAA y Carabineros.
En un esfuerzo por salir del atolladero, Lagos citó las últimas palabras del Presidente que prefirió morir antes que claudicar frente a «la felonía, la cobardía y la traición», según la última frase de su histórica pieza oratoria de despedida. «El Presidente Allende dijo en su mensaje final: ‘Llegarán otros hombres para superar este momento gris y oscuro'», arguyó Lagos. Y a continuación justificó su política de indulto general con esta frase: «Creo que está llegando el momento de superar ese momento gris y oscuro».
Según el diario La Tercera de hoy lunes 12, «fuentes de La Moneda explicaron que con estas declaraciones Lagos busca acentuar el perfil de un estadista que está sobre las rencillas de sectores particulares», como si el Presidente fuera un monarca supremo, por encima del bien y del mal. Como es habitual, el diario nunca identifica a sus «fuentes» (http://www.latercera.cl/medio/articulo/0,0,3255_5664_159332167,00.html).
Pese a todo, las encuestas han estado dando buenos guarismos de popularidad para Lagos, alrededor de 60%, tal como ocurrió en Estados Unidos con George Bush, aunque ahora cae en picada. Lo graficó así el 1 de agosto el periodista Mike Manaut, en el diario electrónico Gran Valparaíso (http://www.granvalparaiso.cl/politicos/presidenciales/lagos/popularidad.htm): «No importa cuán corrupto sea Lagos y su Gobierno, el 60% de los chilenos lo apoya. Hay algo que me sorprende: la infinita estupidez de los chilenos, claro que no de todos los chilenos, sólo de la gran mayoría».
«No importa cuán alejado esté Lagos del ideario socialista que dice practicar, el pueblo lo avala. No importa que Lagos haya recibido y haya pagado sobresueldos, cometiendo delito en ello, al pueblo nada de eso le importa. El chileno, infinitamente estúpido prefiere ver [el reality show] La Granja Vip y hacerse el huevón», añadió el periodista de 34 años que se crió en «la dictadura y estos años de «democracia»», y asegura venir «de un mundo liberal, cargadito a la izquierda…»
Las encuestas son «sagradas» en este país donde «la conducción política» la ejercen los barones que sustituyeron a la antigua militancia y la participación de los ciudadanos en sus partidos. Su brújula son las encuestas de opinión, que en general -en Chile- reflejan más o menos adecuadamente el estado de ánimo de quienes se enteran de «la cosa pública» y «la cuestión social» por televisión y responden el teléfono cuando les consultan su opinión. Por eso resulta significativo el resultado conocido en estos días de 63% de rechazo a los indultos, 20% de indiferencia o desconocimiento y apenas 17% de aprobación, según la Encuesta Mori, que también atribuyó 45% de las preferencias a Michel Bachelet, más del doble acumulado por sus adversarios. La popularidad de Lagos podría comenzar a declinar en los próximos sondeos.
Hay un capital electoral que probablemente estará en peligro cuando llegue la hora de elegir diputados y senadores. Y es un estímulo adicional para los sectores disconformes que quiebran lanzas contra los indultos, puesto que muchos legisladores arribaron al parlamento agitando inclaudicables banderas de derechos humanos, aunque varios hayan apoyado la política económica neo-conservadora de Lagos y votado -por ejemplo- a favor del TLC con EEUU.
Itinerario del viraje al «punto final»
El viraje presidencial hacia el «punto final» comenzó inmediatamente después que el Presidente dijo que «sería tremendamente negativo para el bien del país», en octubre 2004. La primera piedra la tiró dos meses después Clara Szczaranski, presidenta del Consejo de Defensa del Estado, con una curiosa tesis de «amnistía impropia» lanzada a fines de 2004, aplicable a la cúpula de la DINA, la Dirección de Inteligencia Nacional que lideró el terrorismo de Estado que cometió los crímenes de lesa humanidad más horrorosos.
Szczaranski fue severamente criticada desde diferentes secores, pero Lagos la abandonó a su suerte, sin abrir la boca para defenderla. Pero estos episodios no llaman demasiado la atención de la prensa y la idea encubierta del Presidente fue entendida mejor cuando indultó a Manuel Contreras Donaire, un suboficial que jamás mostró arrepentimiento ni colaboró con la justicia en esclarecer el feroz asesinato del líder sindical Tucapel Jiménez, que cometió personalmente el 25 de febrero de 1982. Todo esto ocurrió en el pasado mes de agosto. El gobierno primero dijo «no es un indulto, es una conmutación de la pena». Pero en este septiembre se discute abiertamente sobre una ley de «punto final», que no fue enviada al parlamento por la administración Lagos, sino introducida… por la oposición de extrema derecha.
Esta es la secuencia, según los archivos periodísticos, como www.elmostrador.cl, más los aportes de la escritora Patricia Verdugo y un trabajo del sociólogo Manuel Guerrero, hijo del profesor homónimo degollado el 29 de marzo de 1985 junto al sociólogo Manuel Parada y el artista gráfico Santiago Nattino, todos comunistas (hay una presentación en Power Point, con escalofríantes fotografías, que puede solicitar al e-mail [email protected]):
-Diciembre 2004: Szczaranski formula su tesis de «amnistía impropia».
-Enero 2005: Marcos Libendinsky, presidente de la Corte Suprema, anuncia que todas las causas de DD.HH. deberán cerrarse en seis meses.
-Mayo de 2005: Juan Emilio Cheyre, Comandante en Jefe del Ejército, dice no tener información sobre antecedentes entregados por el ex director de la DINA, general (r) Manuel Contreras, e insistió en que la institución se había «desnudado ante la justicia» para esclarecer los casos de DD.HH.
-Junio de 2005: La Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago absuelve a cinco agentes de la DINA condenados por el secuestro calificado de Diana Aron, periodista del MIR, en la vez en que una sala del Tribunal de Alzada aplica el Decreto de Ley de Amnistía para revocar una condena.
-Junio de 2005: Los carabineros Guillermo González Betancourt y Alejandro Sáez Mardones, más el civil Miguel Estay Reyno, exigen una rebaja en sus condenas o que se les permita acceder al indulto presidencial, iniciando una huelga de hambre de carácter indefinida en el penal de Punta Peuco, donde cumplen condena por el degollamiento de Parada, Guerrero y Nattino.
-Agosto de 2005: La Segunda Sala (Penal) de la Corte Suprema benefició con la prescripción «porque no hubo guerra» el delito de lesa humanidad por el que fue condenado el mayor (r) del Ejército Joaquín León Rivera González, responsable del homicidio calificado del menor Luis Cotal Álvarez, de 14 años, y del joven Ricardo Rioseco Montoya, de 24 años, muertos en 1973. La tesis que inauguró esta modalidad judicial razona que si «no hubo guerra», no hubo delito de lesa humanidad -que es imprescriptible, según tratados de derecho internacional suscritos por Chile- y por lo tanto, el delito prescribió porque ocurrió hace más de 30 años.
Los ministros Jaime Rodríguez Espoz y Enrique Cury rechazaron la prescripción, Nibaldo Segura y los abogados integrantes José Fernández y Luz María Jordán se pronunciaron a favor y Alberto Chaigneau estuvo ausente. En esta Sala, que es clave en los temas de derechos humanos, a la fecha de esta «prescripción» había una vacante que después sería llenada por un juez pinochetista, el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Rubén Ballesteros Cárcamo, propuesto por Ricardo Lagos como nuevo supremo para ocupar la quinta plaza vacante. Esto ocurrió precisamente cuando los tribunales habían aceptado el argumento pinochetista de que «sí hubo guerra» (avalado por un decreto-ley), lo que permitía a los abogados de DD.HH. invocar los Convenios de Ginebra y el carácter imprescriptible de los delitos.
-Agosto de 2005: Ricardo Lagos acogió la propuesta de Pablo Longueira, líder de la Unión Demócrata Independiente (UDI), de nombrar en la Corte Suprema a Santiago Rubén Ballesteros Cárcamo, conocido por sus fallos favorables a la impunidad de Augusto Pinochet y de otros altos funcionarios dictatoriales ligados a la represión, como Sergio Fernández, ex tri-ministro de Pinochet y actual senador UDI por Punta Arenas, a cuya petición de desafuero como cómplice y encubridor de torturas y desapariciones en dictadura, se opuso el nuevo ministro.
-Agosto 2005: Ricardo Lagos indulta al suboficial (r) Manuel Contreras Donaire, autor material del crimen de Tucapel Jiménez cometido el 25 de febrero de 1982. Al invadir las atribuciones del Poder Judicial, después de proclamar que «en Chile las instituciones funcionan», dijo que lo hizo por «el bien superior del país», pues le «parecía que era indispensable, además, dar una señal potente para comenzar a dejar las cosas en el pasado».
-Septiembre de 2005: Los senadores UDI, Hernán Larraín -ex abogado defensor de Colonia Dignidad- y Jorge Arancibia -ex comandante en jefe de la Armada-, presentan un proyecto para limitar las condenas de militares a diez años de cárcel y la remisión de penas para los criminales uniformados mayores de 70 años, acogido inmediatamente por los senadores designados de la Concertación., Enrique Silva Simma (Partido Radical) y Edgardo Boeninger (Partido Demócrata Cristiano), quienes responden más al Jefe del Estado que a sus partidos, ya que nadie los eligió.
Este proyecto de ley, elogiado por el ex presidente Patricio Aylwin y otros personeros que trataron de imponer diversas versiones de una «ley de punto final» en los últimos 16 años de «transición a la democracia», curiosamente… es el mismo texto elaborado por los terroristas de Estado del Penal de Punta Peuco que estuvieron en huelga de hambre, quienes serían sus principales beneficiarios. El «punto final» tendría nombres y apellidos. Y así Lagos desea pasar a la Historia como el hombre que cerró las heridas y finbiquitó «la transición», aunque sigue vigente el sistema binominal que favorece a las cúpulas partidarias de los dos segmentos mayoritarios de la sociedad chilena, la Concertación (PS, PPPD, DC y PR) y la Alianza por Chile (UDI y RN).