Cayo Lara valora que será una contribución fundamental para «reducir la economía sumergida, aumentar las cotizaciones a la Seguridad Social y garantizar los derechos laborales» Izquierda Unida ha registrado en el Congreso la iniciativa elaborada por la dirección de esta formación, plasmada en una proposición no de ley, por la que se insta al Gobierno […]
Cayo Lara valora que será una contribución fundamental para «reducir la economía sumergida, aumentar las cotizaciones a la Seguridad Social y garantizar los derechos laborales»
Izquierda Unida ha registrado en el Congreso la iniciativa elaborada por la dirección de esta formación, plasmada en una proposición no de ley, por la que se insta al Gobierno a que reconozca legalmente los contratos de trabajo establecidos con personas en edad laboral procedentes de países no comunitarios, aunque se encuentren en situación irregular y siempre que estén empadronadas en España. En concreto, la iniciativa parlamentaria de IU reclama al Ejecutivo que lleve a cabo «las modificaciones oportunas en la Ley de Extranjería y en la normativa laboral y de la Seguridad Social con la finalidad de que sean válidos a todos los efectos los contratos de trabajo establecidos con personas en edad laboral procedentes de países no comunitarios, siempre que estas personas cumplan el requisito de estar empadronadas en cualquier municipio del territorio español». Del mismo modo, el texto especifica que se establezca «a los efectos anteriores, que los contratos no suscritos por escrito entre empresarios y ciudadanos procedentes de países no comunitarios tendrán el mismo tratamiento y consecuencias que las reguladas en el Estatuto de los Trabajadores para los contratos verbales».
El coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara, y el secretario federal de Economía y Trabajo, José Antonio García Rubio, han explicado que el objetivo de esta iniciativa es que no haya en España «ni un solo puesto de trabajo sin contrato laboral, además de que no haya ni un solo trabajador sin alta en la Seguridad Social». Un ejemplo de lo que se trata de evitar es el que se produzcan casos tan trágicos como el del trabajador boliviano de una panificadora de Gandía (Valencia) que perdió el brazo en un accidente laboral y del que supuestamente se desentendieron sus jefes al no tener formalizado con él ningún tipo de vínculo laboral».
Cayo Lara ilustra los antecedentes para llevar a cabo esta iniciativa y se refiere al hecho de que el padrón municipal a 1 de enero de 2009 señala que hay 3,3 millones de extranjeros no comunitarios en España, mientras que los datos del Ministerio de Trabajo recogen que hay 2,7 millones de tarjetas de residencia concedidas. Entiende que «existen cerca de 530.000 inmigrantes empadronados en España que están en presumible situación de irregularidad y, de ellos, unas personas 400.000 están demandando empleo».
Para el máximo responsable de IU, «o acaban en la economía sumergida o, simplemente, delinquen o caen en la mendicidad. Cuando a un inmigrante no regularizado se le dice que nadie le puede contratar en España y no se adoptan órdenes de expulsión, de las que no somos partidarios, lo que se le está diciendo a esta persona es que esté en esa economía sumergida, que delinca, que
Lara centró como objetivo primordial de esta propuesta el acabar con el ‘dumping laboral’ que provocan relaciones laborales «irregulares y sin contrato» y contribuir a reducir la economía sumergida en España, aumentar las cotizaciones a la Seguridad Social, velar por los derechos laborales y de seguridad de los trabajadores y reducir el fraude fiscal.
«Esperamos que el Gobierno y los distintos grupos parlamentarios tengan en cuenta esta iniciativa de IU porque con ello se contribuye a resolver una parte importante de los problemas. Se trata de separar el contrato de trabajo del permiso de residencia», subrayó, todo ello unido al necesario incremento de las inspecciones por parte del Ministerio de Trabajo y de las consejerías correspondientes de cada comunidad autónoma.