La Televisión de Cataluña (España), hizo una interesante entrevista al sacerdote Jesuita Javier Giraldo Moreno S.J., en la que este defensor de derechos humanos, comprometido con las víctimas y con la memoria del genocidio colombiano, expresa con claridad los vínculos entre el narcotráfico y el Estado colombiano, y denuncia el accionar paramilitar y militar contra […]
La Televisión de Cataluña (España), hizo una interesante entrevista al sacerdote Jesuita Javier Giraldo Moreno S.J., en la que este defensor de derechos humanos, comprometido con las víctimas y con la memoria del genocidio colombiano, expresa con claridad los vínculos entre el narcotráfico y el Estado colombiano, y denuncia el accionar paramilitar y militar contra la población civil.
Javier Giraldo:
«El narcotráfico ha penetrado muchísimo en la sociedad colombiana: en las instituciones, en el poder ejecutivo, en el parlamento, en las fuerzas armadas, en la policía, y realmente ganar unas elecciones en Colombia implica una inversión de dinero altísima que uno se imagina que sólo la puede suministrar el narcotráfico. El parlamento actual, y eso no lo digo yo, lo dice la misma corte Suprema de justicia, fue financiado por el narcotráfico. El poder judicial lo veo corrupto en el sentido de la impunidad: es decir en Colombia no se ve justicia por ninguna parte.
«Y por ejemplo todos estos procesos de masacres, de desapariciones forzadas que superan las 50.000 según la misma fiscalía, las ‘ejecuciones extrajudiciales’, los «falsos positivos» que son campesinos, pobladores, gente muy pobre que son capturados por militares o policías y que son presentados como si fueran ‘guerrilleros asesinados en combate’ y que se ha ido comprobando que no lo eran; que eran gente que fue engañada e invitada a aceptar un trabajo en alguna zona rural, y se lo llevaban a esa zona rural para matarlos. La fiscalía tiene en este momento abiertos 2.700 procesos contra militares y policías por estos «falsos positivos»; pero de esos, yo creo que no hay 10 condenados, y las víctimas pasan de 3000.»
Las picas, las palas golpean la tierra, excavan profundo, exploran el suelo… hay manos que buscan los cuerpos perdidos, como agricultores buscan las raíces… raíces de vida, cuerpos mutilados…
Javier Giraldo:
«En un municipio que se llama Trujillo, en el sur-occidente del país, muy cerca de la ciudad de Cali, entre el año 1987 y el año 1994 se dio una matanza permanente de campesinos y pobladores agenciada por el Batallón Palacé que es un batallón que domina esa región, asociado con dos narcotraficantes que crearon dos grupos paramilitares en ese pueblo y fueron asesinando gente que pertenecía las organizaciones campesinas: sumaron como 350 muertos en esos años, entre los muertos estuvo el párroco de la población, el padre Tiberio Fernández, su cadáver apareció en el río cauca, mutilado, sin cabeza, sin manos, sin pies; pero se pudo rescatar, sin embargo a un bombero que fue el que lo rescató también lo mataron por haber rescatado el cadáver. Y empezamos a investigar esa masacre, y eran tantas las víctimas que yo quedé aterrado y puse el caso en manos de la Procuraduría y del poder judicial en Colombia, que de una manera muy rápida absolvieron a todos los culpables, entonces yo llevé el caso ante la Comisión interamericana de Derechos Humanos. Y la Comisión interamericana llegó a condenar al gobierno colombiano como culpable de toda esa masacre. Y la Comisión interamericana le pidió que repara a las víctimas, y a pesar e que el gobierno reconoció la culpabilidad, la reparación no se ha dado. 15 años después las víctimas no han sido reparadas.
Ha habido momentos en que una comisión de los obispos encargada de las relaciones obispo- religiosos, me han llamado como a pedirme cuenta de todas las denuncias que hago y del conflicto que he creado con los gobiernos y con los militares, pero después de que tenemos horas y horas de diálogo y de explicación han llegado a tolerarme, por lo menos. Yo creo que el silencio es lo que ha predominado en la iglesia colombiana: en la jerarquía digamos, porque también han asesinado a muchos sacerdotes, religiosas, laicos comprometidos en las zonas rurales. Pero las jerarquías han guardado silencio, y sobretodo, lo más preocupante es que durante el gobierno de Uribe, que fue un gobierno de 8 años involucrado en muchísimos crímenes de lesa humanidad, la iglesia guardó mucho silencio y aún más: muchos obispos apoyaron el gobierno Uribe. Eso no quiere decir que sean todos los obispos, también hay un pequeño grupo de obispos que tomaron posición crítica frente a eso. Por eso hemos intentado otros caminos para hacer sentir la voz de los cristianos; que ha sido por ejemplo que en el año 88 creamos la comisión de Justicia y paz en la conferencia de religiosos y en esta comisión tratamos de abrir unos campos de trabajo y de acompañamiento a las víctimas… La denuncia, creamos el banco de datos de derechos humanos, una asistencia jurídica para las víctimas, una asistencia humanitaria para los desplazados y unos intentos de educación y concientización en el campo de los DDHH.
La comunidad que más acompaño en este momento es la comunidad de paz de San José de Apartadó es una comunidad que no se dejó desplazar: está en el norte occidente del país cerca de la frontera con Panamá. Es una comunidad de campesinos que siempre se resistió al desplazamiento y que ha tenido muchas víctimas: ya llevan 200 muertos en la comunidad; pero han resistido heroicamente y que han buscado no comprometerse con ningún actor armado.
Yo recuerdo el año 92 como un año muy duro, de muchas amenazas, el año 98 en que me obligaron a salir por un tiempo del país, el año 2006, y ahora el año pasado fue a través de graffitis en las paredes de Bogotá que había amenazas de muerte. Y no he vuelto a salir (del país); más bien he querido enfrentar a los mismos militares cuando se han repetido las amenazas.