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ONG denuncian al Defensor del Pueblo la situación de 10 muchachos, algunos recluidos previamente en el CIE de Valencia

Jóvenes migrantes extutelados: entre la burocracia y la precariedad

Fuentes: Rebelión

¿Cuál es la situación de los menores migrantes tutelados por la Administración Pública, cuando cumplen 18 años y han de abandonar los centros de protección?

La Campaña por el cierre de los CIE ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, en nombre de diez muchachos –algunos de ellos previamente encerrados en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Valencia- por la situación de desamparo en que quedan los adolescentes. En dos respuestas, de noviembre y enero, la defensoría informa que traslada la denuncia al Fiscal General para que actúe, “habida cuenta de la cantidad de menores tutelados por los servicios de protección de la Generalitat Valenciana que acceden a la mayoría de edad sin contar con autorización de residencia y sin documentación identificativa”.

En el escrito del 13 de enero, el Defensor reitera a la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, dirigida por la coalición Compromís y responsable de la tutela, el deber legal de instar la tramitación de la autorización de residencia de los menores migrantes no acompañados; la “irregularidad” que implica no hacerlo, constata Fernández Marugán, “ha provocado graves perjuicios” a los jóvenes, como las dificultades para solicitar la Renta Valenciana de Inclusión o el acceso a recursos para extutelados (por ejemplo la Red de Hogares de Emancipación de la Generalitat, que cuenta con 29 hogares y 139 plazas, de las que 74 están en la provincia de Valencia, 57 en la de Alicante y ocho en la de Castellón; el número de solicitudes es muy superior a las plazas).

La ley de Extranjería 4/2000 establece en el Artículo 35.7 que los menores tutelados por las administraciones públicas se hallan en condición “regular”. El texto legal añade que, a instancia de las administraciones, “y una vez que haya quedado acreditada la imposibilidad de retorno con su familia o al país de origen, se otorgará al menor una autorización de residencia, cuyos efectos se retrotraerán al momento en que el menor hubiere sido puesto a disposición de los servicios de protección de menores”. Para ello el Reglamento de Extranjería señala un plazo de nueve meses.

En el Registro de Menores Extranjeros no Acompañados del Ministerio del Interior estaban inscritos, en diciembre de 2019, 12.417 menores bajo la tutela o acogimiento de los servicios de protección (11.329 niños y 1.088 niñas), de los que 691 corresponden al País Valenciano; la autonomía con mayor número de inscritos es Andalucía (4.617 menores); instituciones como el Defensor del Pueblo han criticado el Registro por sus inexactitudes.

En junio, 15 organizaciones -Save The Children, CEAR, Andalucía Acoge, SOS Racismo, Fundación Raíces, el Servicio Jesuita a Migrantes o la Asociación Española de Abogados Extranjeristas entre otras- pidieron a la Secretaría de Estado de Migraciones del gobierno español que se modifique el Reglamento de Extranjería en los artículos sobre autorización de trabajo y residencia a niños, niñas y Jóvenes que llegan solos al estado español; aprobado mediante Real Decreto en 2011, el Reglamento “ha presentado múltiples deficiencias en su aplicación”. Las ONG critican, por ejemplo, “la falta de diligencia y los escasos recursos de la Administración para llevar a cabo los trámites”.

Con el mismo objetivo, la Federación de Entidades con Proyectos y Pisos Asistidos (FEPA), que agrupa a 68 asociaciones, inició en octubre la Campaña Un callejón sin salida; la exigencia de reformar el Reglamento de la Ley de Extranjería sumó 2.725 firmas digitales de apoyo. El manifiesto recuerda que cuando los jóvenes migrantes se emancipan, tras haber pasado por los sistemas de protección y alcanzan la mayoría de edad, “necesitan permisos (trabajo, residencia) con unos requisitos prácticamente imposibles de conseguir”; en este contexto, el Ministerio de Seguridad Social y Migraciones abrió el 28 de enero el periodo de consulta pública previa para realizar una modificación del Reglamento.

En diciembre de 2019 Cruz Roja publicó un boletín titulado Personas jóvenes en extutela y/o riesgo de exclusión social con una encuesta a 433 jóvenes acompañados por esta entidad (el 66% de ellos migrantes, procedentes sobre todo de Marruecos). El 10% de los entrevistados carece de hogar, de los que el 89% son inmigrantes extracomunitarios. El 83% del total de la muestra se halla en riesgo de pobreza o exclusión social y el 84% no percibe ninguna prestación o subsidio (el 6%, la prestación para jóvenes extutelados); el 70% de quienes están trabajando y dieron información sobre los salarios, no alcanzaba los 900 euros (SMI), incluido un 31% por debajo de los 400 euros.

El informe añade que el 44% de los migrantes encuestados cuentan con Número de Identidad de Extranjero (NIE), el 22% con permiso de residencia pero no de trabajo y el 1,7% con permiso de residencia y trabajo; “la falta de documentación en regla es una barrera administrativa a la inserción y emancipación derivada de la situación de extranjería y un factor añadido de vulnerabilidad”, concluye la investigación.  

Ignacio Álvarez es trabajador social de Valencia Acoge, ha laborado 11 años con personas sin hogar y, desde hace cuatro, con los jóvenes migrantes –entre 18 y 20 años- que residen en la vivienda de alojamiento temporal de la citada ONG en Valencia; el piso tiene capacidad para cinco personas (la demanda es ocho veces superior). “Se trata de un colectivo muy vulnerable; es posible que estén en un centro de menores desde los 14 años –creo que muchos chavales están muy institucionalizados-, cumplir un domingo los 18 y el lunes estar en la calle sin nada, sin ingresos ni vivienda”, explica Álvarez; “a menudo llegan con experiencias vitales muy complejas, pero una vez en el estado español las expectativas se frustran, en parte por los procesos burocráticos a los que se ven sometidos, y que les agotan”.  

Valencia Acoge proporciona a los cinco jóvenes dinero para la manutención, ayuda para el transporte, asesoría jurídica y formación integral. Conocen un mínimo de dos idiomas y algunos han tenido experiencia laboral en la construcción, como mecánicos y otros oficios. El plazo máximo de estancia en el piso es de un año (en todos los casos se agota); “cuando salen, aunque tengan trabajo e ingresos, es muy difícil el acceso a una vivienda de alquiler por los precios, requisitos y su situación de vulnerabilidad”, subraya el trabajador social; otro problema, añade, es que agencias inmobiliarias y propietarios les niegan el arrendamiento por ser migrantes, “aunque no se lo digan abiertamente”; la dificultad también es muy alta para acceder a pisos compartidos con jóvenes y estudiantes españoles.

Sufren la discriminación, además, a la hora de la contratación laboral por las empresas. Después de un año en la vivienda solidaria, subraya Ignacio Álvarez, “en muchos casos les gustaría continuar con el estudio y la formación, pero no pueden porque necesitan un empleo para subsistir”, remata.

De 20 años y nacionalidad tunecina, Sadok reside desde hace dos en Valencia. Se desplazó a pie desde Túnez a Marruecos y en Melilla fue detenido por la policía. Durante la travesía, en Marruecos, el menor no acompañado pasó por situaciones muy duras: “Había delincuentes que intentaban aprovecharse de ti, implicarte en robos o venta de drogas”. Después permaneció nueve meses en el centro de menores de Melilla, que caracteriza como “peor que un cárcel”; Sadok cuenta el caso de internos “a los que encerraban en una habitación y pegaban por cosas mínimas, como pequeños retrasos o no mantener el orden en la fila”.

Actualmente el joven tiene el permiso de residencia pendiente de renovación y no posee el de trabajo; estudia un curso de pastelería y con el apoyo de las ONG accede a la vivienda y la manutención. En Valencia ha trabajado sin papeles en la recogida de la naranja y la construcción “siempre con sueldos muy bajos; envié algo de dinero a la familia, que vive en Túnez”, explica en conversación telefónica; el objetivo es trabajar, “que mi madre venga a vivir conmigo en España y poder decir que soy una persona: tengo confianza y fuerza para luchar”. Resalta también la ayuda de entidades como Valencia Acoge, la Fundación Amigo, APIP, ACCEM, Cruz Roja y el Centro de Atención a la Inmigración (CAI) del Ayuntamiento de Valencia.  

Entre las adversidades en el estado español, destaca las exigencias de la Administración para que los migrantes obtengan un permiso de trabajo. Y asimismo el trato de la policía: “Te tratan mal, aunque no todos, los hay buenos y malos; a veces me han parado y preguntado si llevo marihuana, como si fuera un delincuente, cuando estoy estudiando”; “les he llegado a preguntar por qué me paran tantas veces”, remata Sadok.

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