En una ceremonia tan gris y sombría como el resultado que de ella emanó, por 19 votos contra 15, y en virtud de un acuerdo entre la derecha y los descolgados de la Concertación, el senador Jovino Novoa, ex-Presidente de la UDI y ex Subsecretario General de Gobierno de la dictadura entre los años 1979 […]
En una ceremonia tan gris y sombría como el resultado que de ella emanó, por 19 votos contra 15, y en virtud de un acuerdo entre la derecha y los descolgados de la Concertación, el senador Jovino Novoa, ex-Presidente de la UDI y ex Subsecretario General de Gobierno de la dictadura entre los años 1979 y 1982, fue elegido Presidente del Senado, cargo que en el escalafón constitucional, ocupa el tercer lugar en la línea sucesoria del Presidente de la República.
A la luz del derecho humanitario, en virtud del cual por primera vez fue requerido un Presidente en ejercicio, Al-Bashir de Sudán, por crímenes de guerra, el hecho de que un integrante del gabinete de un gobierno probadamente culpable de graves violaciones de los derechos humanos, ocupe un cargo de tan alta investidura en un gobierno supuestamente democrático, es una contradicción que explica el escándalo de la prensa internacional y justifica la calificación de supuesto. Para la comunidad internacional, la entronización de Novoa en la Presidencia del Senado de la República de Chile, es un hecho tan perturbador y extravagante como si Dragutin Zelenovic, Radoman Bozovic o Mirko Marjanovic, colaboradores de confianza de Slobodan Milosevic en diversos períodos del drama yugoeslavo, encabezaran hoy la Asamblea Nacional de la República de Serbia.
Responsabilidad política y moral
En el debate interno, que ha encontrado sesgada cobertura en la prensa de mercado, el que lo ha denunciado con mayor claridad es el presidente del Partido Socialista, Camilo Escalona:
«Cuando el senador Novoa fue subsecretario de la dictadura, entre el año 1979 y 1982, según el Informe Rettig, en nuestro país hubo 19 falsos enfrentamientos; ocho ejecutados políticos; dos ejecuciones selectivas -una de ellas completamente probada, la de Tucapel Jiménez, la otra, de Eduardo Frei, en los Tribunales de Justicia-; cuatro muertos por tortura; cuatro desaparecidos, y tres desaparecidos fuera de Chile, con participación de agentes chilenos».
A mayor, abundamiento, agregó:
«Aquí hay una responsabilidad política y moral, en el sentido que una persona que formó parte personal, directa y dirigente, tuvo la responsabilidad primordial en el esfuerzo de los medios de comunicación controlados por la dictadura, para señalar que estos asesinatos eran maniobras del comunismo internacional, de fuerzas externas. Luego del asesinato de Tucapel Jiménez, cuando el subsecretario Novoa, estaba en funciones, se señaló que esto era producto de pugnas internas de los sindicalistas. Es decir, la dictadura hizo todo tipo de maniobras para trasladar a las propias víctimas la responsabilidad de los crímenes que se cometían».
Descaro
O sea, que esa derecha chilena majadera y odiosa, la misma que por táctica consuetudinaria reclama responsabilidad política y acusa de relativismo moral a todo lo que se mueve, cuando lo hace en dirección distinta de sus intereses, venga ahora a dárselas de ofendida por el cobro de responsabilidades que efectivamente corresponden, constituye por decir lo menos, un descaro.
«Nuestro partido representa a personas que ni siquiera habían nacido el día que fue el golpe militar, entonces no tenemos porqué estar esclavos de un pasado que nos significó muchos problemas y que sus responsables fueron de todos lados», dijo el propio Novoa en entrevista de televisión. Para el Presidente de su partido, senador Juan Antonio Coloma, Novoa «es un servidor público ejemplar, un hombre transparente que ha demostrado durante su trayectoria en el Senado ser capaz de gestar grandes acuerdos en beneficio del país y la democracia». Era que no. Pero el que sacó premio a la originalidad fue el también senador y Secretario General de la UDI, Víctor Pérez, quien desempolvó el insólito argumento de la responsabilidad por la seguridad personal de Novoa:
«Escalona, al vincularlo falsa y canallescamente con muertes y crímenes, indudablemente lo coloca en una situación muy peligrosa, por lo que cualquier hecho de violencia que pueda sufrir será su responsabilidad. Cualquier desequilibrado, cualquier violentista podría asumir un hecho de esta naturaleza. Aquí uno desata el odio y el revanchismo y uno no sabe cómo se va a expresar» .
Ojalá Novoa se hubiera preocupado por la seguridad personal de cada una de las víctimas, cuando era autoridad de Gobierno. Si ese hubiese sido el caso, no estaría colocado en el ojo del huracán ni le debería explicaciones a nadie.
Porque, por si Pérez, Novoa y Cía no se han percatado, lo que les está imputando no es sólo responsabilidad política y moral por las violaciones de los derechos humanos perpetradas por agentes del Estado mientras ellos eran funcionarios del mismo gobierno; no sólo que hayan participado en montajes comunicacionales para engañar a la opinión pública sobre esas violaciones, sino también que nunca hayan tenido un gesto de arrepentimiento, y que jamás, en un acto que los redima como personas, le hayan pedido perdón a los familiares de las víctimas.
Ni perdón ni olvido
El perdón es un gesto y una actitud estrictamente personal.
Por lo que toca a al diputado Tucapel Jiménez Fuentes, hijo de Tucapel Jiménez Alfaro, asesinado por un comando de la DINE el 25 de febrero de 1982, no sólo no ha perdonado a Novoa, sino que ha sido uno de los actores de este drama, que con mayor énfasis le ha exigido que asuma su responsabilidad:
«Novoa tiene una tremenda responsabilidad política y, en consecuencia, debiese inhabilitarse para ocupar tan alto cargo de la nación».
Añadió que si Novoa «no supo lo que estaba pasando en el país, que se estaba asesinado a miles de compatriotas por pensar diferente, fue una persona tremendamente inepta en su cargo». Aún más, dijo que si se elegía a Novoa como Presidente del Senado, él personalmente se marginaría del acuerdo político en virtud del cual, la Concertación debe dar los votos para elegir al diputado Rodrigo Alvarez, también de la UDI, en la Presidencia de la Cámara de Diputados.
Esto es tan evidente, que también fue advertido por un conspicuo representante de la derecha liberal, el abogado Carlos Peña, Rector de la Universidad Diego Portales:
«Alguien dirá que la presidencia del Senado por parte de Jovino Novoa es una muestra de cuánto nos hemos reconciliado y de cuán capaces somos de convivir con nuestro pasado. Pero se trata de un error. La reconciliación no consiste en hacernos mutuamente los lesos. Por supuesto no se trata de condenar sin más al Senador ni a ningún otro por participar de la dictadura (algún partido podría quedar despoblado); pero lo que no resulta razonable es que alguien pueda acceder al segundo o tercer lugar de la República, y recibir honores y aplausos de moros y de cristianos, sin nunca dar explicaciones acerca de esa participación suya y sin nunca condenar con claridad los hechos de los que, por acción u omisión, ingenuidad o negligencia, torpeza o mala suerte, quién sabe, fue parte».
Más que responsabilidad política
En el caso del asesinato de Tucapel Jiménez, la responsabilidad de Novoa es algo más que política y moral. Está probado en autos que el espionaje previo de que fue objeto, condición necesaria para el asesinato, fue decidido en la Secretaría Nacional de los Gremios, organismo que funcionaba bajo la directa dependencia del Ministerio Secretaría General de Gobierno, del que Novoa era Subsecretario.
Esto es lo que dice al respecto, la sentencia del Ministro Sergio Muñoz, ya ejecutoriada:
«II.- Ejercicio del Poder y mantención bajo control de las actividades del país, entre ellas las políticas, gremiales y sindicales. Las funciones de los órganos de inteligencia.
Se decretó uno o más estados de excepción constitucional en todo el territorio nacional, mediante distintos decretos leyes, reglamentándoselos en el Decreto Ley N ° 640; en este mismo sentido se crearon diversos servicios dentro de la Administración Central con el objeto de poder coordinar en mejor forma el ejercicio del poder, entre ellos el destinado a regular la actividad gremial y sindical, como era la Secretaría Nacional de los Gremios, uno de los departamentos de la Dirección de Organizaciones Civiles, dependiente del Ministerio Secretaría General de Gobierno. Dicha repartición tenía entre sus funciones formar dirigentes sindicales que representaran las ideas del gobierno, como, además, tenía vinculaciones con diferentes instituciones o grupos que sustentaban posiciones proclives al régimen, de los cuales formaban parte algunos de sus funcionarios, entre ellos, el Movimiento Revolucionario Nacional Sindicalista (MRNS), quienes se encontraban jerárquicamente organizados, vistiendo tenidas especiales e insignias al momento de reunirse, y practicaban ejercicios paramilitares con armas y explosivos. Por estas vinculaciones se entregaban antecedentes a agentes de la Central Nacional de Informaciones».
Agente de la impunidad
En el caso de Novoa, no sólo se le puede enrostrar silencio y ausencia de contrición. Como componente del ala más dura y recalcitrante del pinochetismo, es vocero habitual de las maniobras que pretenden consagrar la impunidad.
Por ejemplo, cuando se dio a conocer el Informe Valech, en noviembre de 2004, reconoció que, a lo más, a la UDI sólo le cupo una responsabilidad «por omisión», la que por lo demás habría tenido «toda la sociedad chilena»; dijo que el ingreso del gremialismo al gobierno contribuyó a «mejorar la situación de derechos humanos» y que «nadie cree en Chile que los militares se transformaron en torturadores de un día para otro» y por último, descartó la posibilidad de llevar a la justicia de los torturadores identificados por sus víctimas, pues «no sería bueno para el país, por muy dolorosos que sean los hechos, pasar por sobre ciertas normas jurídicas que tradicionalmente han sido respetadas en Chile, como la prescripción del delito».
En junio de 2007, Novoa junto a otros 19 senadores, entre los que también estaban Adolfo Zaldívar y Fernando Flores, rechazaron «por inconstitucionalidad» un proyecto de ley que prohibía la aplicación del decreto de amnistía de Pinochet a autores de crímenes de lesa humanidad.
Ese mismo mes, la Presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, denunció que el Ejército protegía al entonces prófugo Raúl Iturriaga Neumann, condenado por el asesinato del General Carlos Prats y procesado por su participación en numerosas desapariciones relacionadas con la Operación Colombo, y criticó las declaraciones de apoyo de los parlamentario de la UDI, Jovino Novoa y Jorge Ulloa. «Con sus dichos, ambos han quedado moralmente cuestionados para seguir siendo parte del Poder Legislativo», sostuvo Pizarro, que además exigió un pronunciamiento de los comités de ética de ambas cámaras.
El 23 de junio de 2003, siendo Vicepresidente de su partido, Jovino Novoa sorprendió a tirios y troyanos con su declaración a favor de la investigación de las remociones ilegales de cuerpos de detenidos desaparecidos, entre 1978 y 1990. Sólo que al día siguiente mostraría el resto de su juego. Argumentó que dadas las fechas en que ocurrieron los hechos,»lo más probable es que los hechos estén prescritos», razón por la cual, agregó, «estamos dispuestos a buscar fórmulas para que hechos que, a lo mejor, por la vía judicial o justicia penal no se puedan esclarecer, como puede ser el caso de las remociones, se esclarezcan por otros mecanismos», cuestión que fue calificada por Lorena Pizarro como una nueva mascarada para garantizar la impunidad.
Por cierto, una vez conocido el resultado de la votación en el Senado, desaprovechó una oportunidad histórica para el reconocimiento de responsabilidades y el compromiso con el nunca más. Prefirió asilarse en la comodidad de un vacío llamado a la «unidad», en la consabida invocación al «respeto por la diversidad» y en el rechazo a » una falsa superioridad moral, imputando a las opiniones de los demás mala intención o la defensa de intereses oscuros».
Ganar perdiendo
Otro argumento utilizado por Novoa para enfrentar la andanada de críticas apunta a que es un senador elegido por votación popular: «mi legitimidad viene de los votos y no tengo que dar explicaciones», espetó con arrogancia.
Interesante punto, que deja la pelota botando en el área chica de la institucionalidad política, que desde su cargo en la Subsecretaría General de Gobierno, contribuyó a construir.
Interesante, porque en la elección por la circunscripción senatorial de Santiago Poniente, en 2005, Novoa, con 258.539 votos y un 20,75%, fue derrotado por el candidato de la Concertación, Andrés Zaldívar, con 286.917 votos y un 23,02%, o sea por la respetable suma de 22.378 votos. Sin embargo, en virtud de la insólita matemática electoral de la institucionalidad pinochetista, según la cual se puede ganar perdiendo a condición que se pertenezca a la derecha, hoy ocupa el escaño que le permite, por cuenta de otra negociación espuria, acceder al tercer cargo en orden de precedencia, de esa misma institucionalidad. En suma, un chiste.
Esto es así porque la lista de la Concertación, integrada por Guido Girardi (439.903 votos y 35,30%) y Andrés Zaldívar, no consiguió doblar a la lista de la derecha, integrada por Novoa y Roberto Fantuzzi (174.967 votos y 14,04%), aunque estuvo cerca: 58,32% versus 34,79%. Si hubiera operado pacto electoral instrumental con el Juntos Podemos, y ese 7% se hubiese inclinado por la Concertación, hoy Novoa no estaría jactándose de haber ganado por voto popular. Y en un escenario como ese, con una nueva mayoría contra la exclusión, tampoco hubiese sido posible el pacto que hoy tiene a Novoa en la Presidencia del Senado, con los votos de Adolfo Zaldívar y Fernando Flores, quienes fueron elegidos por su electorado, expresamente contra la derecha.
Institucionalidad pinochetista
Desde ese punto de vista, el período en que Jovino Novoa se desempeño como Subsecretario General de Gobierno, 1979 a 1982, no sólo no es inocente sino está inextricablemente relacionado con este desenlace anunciado.
En dicho período, por ejemplo, se perpetró el fraude plebiscitario que instituyó la institucionalidad pinochetista, en agosto de 1980. Un plebiscito sin registro electoral, sin tribunal calificador de elecciones, sin información de lo que estaba en juego, con partidos políticos proscritos, con una abrumadora propaganda desde el aparato del Estado y los serviles medios de comunicación, en medio de un clima de terrorismo de Estado, violencia parapolicial y amedrentamiento colectivo. Como Subsecretario General de Gobierno, la responsabilidad de Novoa en la organización y perpetración de este fraude colosal, es ineludible.
Después de esa decisiva coyuntura, la máquina gremialista de la que Novoa formaba parte, se dio a la tarea de refundar el país en función del paradigma neoliberal. De esa guisa, su colega de gabinete, el inefable José Piñera Echenique, hermano del hoy abanderado de la derecha, tuvo el dudoso honor de anotarse la «tripleta» por la que deberá rendir cuentas ante la historia. Primero, con el Código Laboral, que arrebató todos aquellos derechos laborales que Pinochet en persona se había comprometido en respetar; luego, con el Código de Minería, y su insólita «concesión plena», que en los hechos desnacionalizó la Gran Minería del cobre, en virtud de la cual las transnacionales ya controlan el 75% de la producción del país, para rematar, en agosto de 1981, con el DL 3.500, que en la práctica privatizó y expropió los fondos provisionales de los chilenos, los mismos que producto de la crisis, han perdido un 30% de su valor. Desde su cargo en la Secretaría General de Gobierno, Novoa tuvo un papel decisivo en la articulación política de estas «modernizaciones».
Piñerak versus Novoak
Desde ese punto de vista, no tiene nada de sorprendente que un funcionario de la dictadura derrotado en las urnas, se encarame hasta la testera del Senado, en hombros de una componenda que no hace sino retratar la catadura moral de la clase política prohijada por el binominalismo, justo en la recta final de la competencia que tiene a la derecha con los ojos blancos y los dientes largos, a pesar de que su abanderado, el acaudalado empresario que ambiciona con convertirse en Gerente de la República, nunca ha sido santo de la devoción de socios de la UDI, y de Novoa en particular.
Una parte no menor de la inquina de este último, obedece al público apoyo que Piñera le otorgó a la diputada Pía Guzmán, cuando esta reveló que Novoa era asiduo participante en las bacanales de Claudio Spiniak.
«La UDI ha cometido muchos errores en relación con la diputada Pía Guzmán», dijo Piñera el 16 de octubre de 2004. «Pía Guzmán no ha mentido», afirmó el 22 del mismo mes. Por esos días, criticó, a Pablo Longueira, de quien dijo que había «sobrerreaccionado», sin perjuicio de declarar que «la UDI actuó con la cabeza caliente». Por entonces, en la UDI abrigaban la sospecha de Piñera estaría detrás de la denuncia de Guzmán. «No le creemos», dijo el 1 de noviembre Novoa, ante las explicaciones de Piñera en el sentido de que no supo con anterioridad las declaraciones que haría la diputada.
La crisis política de la derecha a propósito del caso Spiniak concluyó con la salida de Piñera y Longueira de la presidencia de ambos partidos, cuando Joaquín Lavín concluyó que esa disputa estaba vulnerando su opción presidencial, la misma a la que posteriormente Piñera le dio el tiro de gracia.
Dados estos antecedentes, por lo demás profusamente conocidos en su oportunidad, el hecho que hoy Piñera aparezca diciendo que para Novoa «el privilegio y honor de presidir el Senado es un justo desagravio por las injuriosas acusaciones que recibió en el caso Spiniak», no sólo constituye una nueva demostración de su comportamiento errático y zigzagueante, sino una evidencia del peligro que entrañaría para el país la llegada a la primera magistratura de semejante mitómano.