La asociación de jueces progresistas alerta que la mayor parte de la población reclusa viene de entornos de exclusión, tiene problemas de drogodependencias y enfermedades mentales, y reclama que se ponga fin a la segregación sanitaria en las cárceles y impulsen alternativas a la prisión como la justicia restaurativa o la libertad vigilada.
Lo que pasa dentro de los centros penitenciarios y, sobre todo, los abusos a presos, sigue en la opacidad, denuncian desde la asociación Jueces y Juezas para la Democracia. Desde esta organización, creada en 1984 y que agrupa a medio millar de jueces y magistrados —un 8% del total—, señalan en un comunicado que, después de que se hayan cumplido 40 años de la entrada en vigor de la Ley Orgánica Penitenciaria y de la Jurisdicción de Vigilancia Penitenciaria, “no se ha atenuado lo suficiente el nivel de opacidad de los establecimientos penitenciarios, sobre todo en determinadas actuaciones relacionadas con el régimen disciplinario. Una denuncia realizada tras haber valorado la jurisprudencia constitucional sobre el deber judicial de investigar las denuncias de torturas y Malos tratos en espacios de privación de libertad, los informes anuales del Mecanismo para la Prevención de la Tortura del Defensor del Pueblo y el Informe del Comité Europeo de Prevención de la Tortura de 2020.
El pasado mes de febrero, una sentencia del Tribunal Constitucional obligó a un juzgado de Arganda del Rey a investigar las denuncias de malos tratos y torturas presentada por un recluso de la cárcel de Estremera, denuncia que fue archivada sin haber visto las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad del recinto por parte del juzgado y, después, por parte de la Audiencia Provincial. Un mes más tarde, una segunda condena del Constitucional señalaba que también se había investigado suficientemente la denuncia de torturas y malos tratos presentada por una mujer que afirmó haber sido agredida por agentes de la Policía Nacional por criticar a Vox en una manifestación convocada por el partido de extrema derecha. Resoluciones que escuchaban el criterio del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que solo en 2021 condenó dos veces a España por no investigar las denuncias de torturas, motivo que en total le ha valido a nuestro país doce condenas de este órgano.
Desde la asociación de
jueces expresan también su preocupación por el perfil de las personas
que llenan las cárceles españolas, “en su mayoría procedentes de
entornos de pobreza y exclusión social, el 80% con problemas de
drogodependencias y casi la mitad con alguna enfermedad mental”, detalla
el comunicado.
Como
medidas urgentes “e inaplazables” para aliviar la situación de los
centros penitenciarios, desde Jueces y Juezas para la Democracia
destacan el cumplimiento de la Ley 16/2002 de cohesión y calidad del
Sistema Nacional de Salud para que los sistemas de salud asuman la
prestación sanitaria integral de las personas presas. “En estos momentos
reciben una atención segregada, deficitaria y en condiciones de
desigualdad respecto al resto de la población”, denuncia el comunicado.
Otras de las demandas realizadas desde esta organización es la modernización del sistema de respuestas penales, con alternativas a la pena la pena de prisión, como la probation (libertad vigilada) o la justicia restaurativa, alternativas que ya se contemplan en los países del entorno, según enfatizan desde Jueces y Juezas por la Democracia.