En el mismo tiempo real, en el que ocurren conversaciones orientadas a alcanzar un acuerdo de paz entre el estado y la insurgencia, crecen con optimismo las posibilidades de unidad en las luchas sociales por la dignidad, que vienen siendo expuestas por diversos sectores, en cuya protesta confluye el reclamo por hechos efectivos que garanticen […]
En el mismo tiempo real, en el que ocurren conversaciones orientadas a alcanzar un acuerdo de paz entre el estado y la insurgencia, crecen con optimismo las posibilidades de unidad en las luchas sociales por la dignidad, que vienen siendo expuestas por diversos sectores, en cuya protesta confluye el reclamo por hechos efectivos que garanticen la paz duradera y estable, pero a la vez en la construcción de poder popular. El gobierno parece indiferente, acostumbrado a imponer su lógica, como la única opción ante toda situación que lo confronte. El presidente juega con tres cartas sus respuestas, de un lado anuncia que la Paz es su propósito fundamental, de otra endurece la voz para anunciar que no abandonara la guerra porque quiere la paz y la tercera carta induce a la reelección de lo que llama sus políticas que se sintetizan en difusos anuncios subliminales que llevan las iniciales de su nombre JMS.
En la mesa de conversaciones los voceros del estado dan muestras de responder de manera seria, disciplinada, respetuosa en el lenguaje y con argumentos preparados y guardan prudencia sobre pactos, acuerdos y desacuerdos. En las tarimas, en cambio, el gobierno en cabeza de algunos ministros vocifera, especula, niega, intimida, llama a fortalecer las técnicas de muerte, anuncia nuevas compras de material de guerra incluidos aviones ultramodernos, impulsa la idea de que en la guerra todo vale para capturar o matar, llama a la alegría de tener un nuevo ejército galáctico de drones (aviones no tripulados) especializados en matar a domicilio. Y en los espacios institucionales anuncia que los negocios prevalecen sobre todo lo demás, induce en la implícita convocatoria a venerar la privatización de la vida, de la riqueza nacional, del poder, del estado, de los partidos, de las decisiones y de las necesidades convertidas en réditos electorales. La suma de sus apuestas indica que juega con fino cálculo político en la consolidación de estrategias electorales para continuar gobernando.
Las posturas políticas de derecha e izquierda tienden a ser separadas del centro donde algunas veces parecían encontrar puntos de acuerdo. La zona gris que ambas podían ocupar sin terminar en rupturas insalvables desaparece paulatinamente. La derecha jalona más hacia la orilla derecha y se alinea con las voces que llaman a mantener la guerra, se radicaliza y se convierte en oposición al gobierno, en una extraña situación de derechas en confrontación temporal pero no antagónica. La izquierda juega con las cartas de búsqueda de la paz, pero el gobierno se empeña en estigmatizar sus actuaciones, crea confusiones, elimina las distancias entre las autonomías del movimiento social respecto del movimiento político y del movimiento insurgente y trata de enfrentarlas entre sí. Con este panorama pareciera que las elites del capital y del poder tratan de presionar a la izquierda a radicalizarse en la orilla izquierda, lo que contribuiría a impedir que se selle un pacto de paz, ante la falta de garantías de participación social y política. Queda la sensación de que cada vez que se acercan las posturas en torno a acuerdos de paz real el gobierno alienta rupturas. O bien no logra crear unidad adentro de sus propias fuerzas o bien mantiene las cartas del fraccionamiento efectivo o inventado para poner la partida siempre de su lado.
Las garantías para la salud, la educación, la real devolución de tierras a las víctimas y la protección a la ya debilitada economía nacional y al empleo se mantienen en niveles con creciente precariedad. Los sectores políticos minoritarios cada vez son más frágiles y permanecen al margen de las grandes decisiones del poder y han entrado en inminente riesgo de desaparición. A toda marcha avanza la eliminación del anterior modelo del estado comunitario basado en la seguridad democrática que cierra su capítulo con no menos de medio centenar de congresistas procesados por parapolítica, concierto para delinquir y corrupción, y el entorno inmediato del uribismo es cuestionado por sus prácticas de muerte y eliminación de sus contrarios. En su lugar se vislumbran avanzadas de consolidación del modelo democrático de la unanimidad nacional que no permite disidencias, que no acepta minorías y que abomina toda oposición efectivamente contraria al proyecto político único formado por partidos con existencia real solo del centro hacia la derecha, o entre el centro y la extrema derecha.
A la par se mantienen vigentes los fenómenos asociados a situaciones vinculadas a la desigualdad y exclusión política, social y económica. Completan el contexto del conflicto otras situaciones generadoras de conductas favorables a sostener vigentes los sistemas de violencia, impunidad, corrupción y modos de acción intimidantes para resolver asuntos de la vida cotidiana. Persisten las vejaciones por abusos sexuales, los accidentes de tránsito provocados por borrachos, las riñas callejeras que producen desfiguraciones y lisiados, los abusos del poder para castigar a sus declarados enemigos y opositores, continúan intactas y protegidas las técnicas de guerra sucia que intimidan, crean falsos positivos judiciales, asesinatos extrajudiciales, distribución de panfletos amenazantes y la formación de sicarios y mercenarios con calidad de exportación.
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