«Yo sí considero que eso es un delito bastante complicado», dijo el líder desplazado colombiano David Martínez en referencia a la interceptación de una conversación telefónica suya, luego presentada por una radioemisora como la de un «cabecilla» de la guerrilla. «La comunicación con los demás compañeros es parte de la privacidad. No habría derecho de […]
«Yo sí considero que eso es un delito bastante complicado», dijo el líder desplazado colombiano David Martínez en referencia a la interceptación de una conversación telefónica suya, luego presentada por una radioemisora como la de un «cabecilla» de la guerrilla.
«La comunicación con los demás compañeros es parte de la privacidad. No habría derecho de expresión, ni de opinión, por los mismos medios que el Estado le brinda a uno para la protección», agregó en entrevista con IPS.
El teléfono celular supuestamente interceptado se lo habría entregado a Martínez el propio Ministerio del Interior como medida de seguridad, luego de gestiones de la Mesa Departamental de Población Desplazada del Meta (departamento del sudoriente), de la cual hace parte el campesino.
Desde la Mesa «he venido realizando bastantes tareas a lo largo y ancho del departamento, en representación de 120.000 desplazados a causa del conflicto» colombiano, señaló.
En ese mismo celular «he recibido mensajes de texto y amenazas», aseveró Martínez y lamentó que continúen las escuchas «contra los líderes y defensores de derechos humanos».
La conversación telefónica grabada, cuya transcripción puede leerse aquí fue reproducida por la emisora Caracol Radio al iniciarse el «Encuentro nacional de comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas por la tierra y la paz de Colombia», realizado entre el 12 y el 14 de este mes en el puerto fluvial de Barrancabermeja, 430 kilómetros al norte de Bogotá.
Al encuentro llegaron más de 25.000 personas de las regiones que más sufren la guerra interna colombiana de casi medio siglo.
Dos semanas después, la emisora no ha rectificado la información. Por eso, el no gubernamental Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) decidió intervenir en representación de Martínez, según supo IPS.
El pedido de rectificación y derecho de respuesta para Martínez que realizará el Cajar alude al riesgo que entraña el despacho de Caracol para la «seguridad e integridad» de los asistentes al encuentro, y en especial para Martínez y su familia.
El catedrático y defensor de derechos humanos Carlos Rodríguez Mejía dijo a IPS que «la ley de inteligencia -aprobada en junio por el parlamento- autoriza el rastreo del espacio electromagnético». En este caso «los servicios de inteligencia pueden decir: ‘es lo que encontramos en el espectro'», añadió.
En definitiva «no es un delito. Lo que sí es ilegal es si le están rastreando de manera permanente su celular» sin orden judicial, advirtió.
Además, «debe quedar claro que el Estado no está usando el celular para hacerle seguimiento a una persona protegida. Eso sí estaría prohibido», dijo Rodríguez Mejía.
En el escrito que dirigirá a Darío Arizmendi, director de Caracol Radio, el director del Cajar, Alirio Uribe, advierte que este caso demuestra que «agencias de inteligencia del Estado continúan realizando interceptaciones a líderes defensores de derechos humanos».
El Cajar fue blanco principal de las operaciones de espionaje y sabotaje conducidas por el Departamento Administrativo de Seguridad durante el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) contra magistrados, defensores de derechos humanos y periodistas.
Martínez es uno de tantos campesinos sin tierra. De oficio jornalero, en agosto de 2002 fue desplazado del municipio El Castillo donde nació, en Meta. Vive en la capital departamental, Villavicencio, y preside la Asociación de Trabajadoras y Trabajadores Campesinos de El Castillo.
Ese municipio «era un corredor de la insurgencia, para nadie es un secreto», dijo a IPS.
También es vicepresidente del Sindicato de Trabajadores Agrícolas Independientes del Meta: «Nos hemos declarado como sindicato en el exilio político por la persecución, por la estigmatización, por el señalamiento».
Cuando en febrero de 2002 se rompieron los diálogos gubernamentales con las insurgentes e izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), estalló la arremetida militar.
Al tiempo sobrevino «la incursión de ellos (grupos paramilitares de extrema derecha), la usurpación de ganado, el asesinato de líderes campesinos», según Martínez.
Las masacres dieron paso a los asesinatos selectivos, que poco aparecen en los medios. Desde entonces van más de 236 en el Meta. «Eso hizo que nosotros nos retiráramos de la región», señaló.
En preparación del encuentro de Barrancabermeja, Martínez sostuvo conversaciones telefónicas «para ayudar a convocar a los compañeros campesinos de esta región». Las charlas «eran de tipo logístico, para la delegación de nuestro municipio» y del resto del Meta, dijo.
El día 17, cuando el presidente Juan Manuel Santos, de gira por Chile y Argentina, advertía que «mientras no haya hechos no hay diálogo. Las palabras no son suficientes», en referencia a las guerrillas, la misma Caracol Radio repitió la historia.
Al encuentro campesino, cuyo lema fue «el diálogo es la ruta», las FARC enviaron dos videos, mientras el también insurgente e izquierdista Ejército de Liberación Nacional, envió uno.
Esos mensajes fueron escuchados y aplaudidos, aunque su contenido fue reiterativo de la voluntad de iniciar diálogos de paz y su proyección generó una soterrada polémica entre los organizadores.
En el encuentro pidió la palabra el obispo de la Diócesis de Barrancabermeja, Camilo Castrellón: «No nos estigmaticen. Este es un evento legal, dentro de la Constitución y las leyes, para encontrarnos y para escuchar la voz del pueblo, de las comunidades, para que se puedan expresar libremente».
«Este evento recuerda ‘no a la guerra, sí al diálogo’. No hay que asustarse por los tonos o por los temas. Hay que escuchar con serenidad. Donde se tiene razón se da, donde no hay la razón no se acepta, eso es ser civilizados», dijo.
Caracol Radio es una de las otorgantes del Premio Nacional de Paz, que en 2010 ganó la organizadora del encuentro pacifista Asociación Campesina del Valle del Cimitarra (ACVC).
«Eso es lo que uno no entiende», dijo a IPS Irene Ramírez, tesorera de la ACVC y coordinadora logística del encuentro, que por demás fue apoyado por los otorgantes del destacado galardón.
Caracol Radio tomó «una de estas comunicaciones que uno hace por un simple teléfono, ayudando a convocar, a orientar sobre cómo llegar aquí a Barrancabermeja a personas que ni siquiera conocen cómo llegar», expresó. «Aquí escuchamos las conversaciones y son de nosotros mismos. Diciendo, por ejemplo, ‘por dónde vienen, compañero’, ‘venimos por tal parte’, ‘vamos a llegar tantos’, ‘necesitamos comida para tantos'», señaló, «¿cómo van a confundir una llamada así?», se preguntó Ramírez.
«Yo digo que todo eso fue un saboteo para hacernos sentir mal», agregó, «esa noticia fue como queriendo decir que se estaba desplazando un grupo guerrillero hacia Barrancabermeja».
Y planteó: «es preocupante. Porque si hemos tenido persecución sin ser convocantes a un encuentro de paz, ¿cómo será ahora? ¿Cuántas cosas no irán a hacer?»