Tras algunos años en aparente receso y alejamiento de la agenda informativa, el proceso judicial por la colusión de las cadenas de farmacias para un alza conjunta en los precios de los medicamentos, vuelve recargado. Dos juicios paralelos reclaman justicia y una reparación para los afectados. Un primer proceso engloba demandas colectivas amparadas por el […]
Tras algunos años en aparente receso y alejamiento de la agenda informativa, el proceso judicial por la colusión de las cadenas de farmacias para un alza conjunta en los precios de los medicamentos, vuelve recargado. Dos juicios paralelos reclaman justicia y una reparación para los afectados. Un primer proceso engloba demandas colectivas amparadas por el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) y asociaciones de consumidores, que busca compensaciones para miles de perjudicados. La otra demanda, abierta por la Fiscalía Nacional, apunta a los artífices de la colusión, una docena de ejecutivos de las cadenas de farmacias, para quienes pide condenas de hasta cinco años de cárcel.
El proceso se inserta en un contexto informativo marcado por el enjuiciamiento por los tribunales y por la sociedad a las principales estructuras públicas y privadas, trance del cual ni el sistema judicial ha logrado escapar. La corrupción de los pilares de la propia institucionalidad, cuyo paradigma es hoy el caso Penta que fusiona al mundo privado y público, ha tenido en estos días el refuerzo de la colusión farmacéutica. Un sondeo realizado por la empresa Cadem y CNN Chile, reveló que el caso de corrupción privada más recordado y más sentido por los chilenos es este pacto secreto de las farmacias para subir el precio de los remedios. A siete años de descubierto el fraude, aún supera en la memoria nacional a otras estafas mayúsculas, como la colusión de los productores de pollo, el lucro desatado en las universidades o de la tienda La Polar. Haber puesto a la salud bajo los criterios de mercado, rentabilidad y por cierto lucro, es algo que la sociedad no ha olvidado.
El grave deterioro en la imagen de las instituciones no ha excluido al sistema judicial, hoy obligado, ante la atenta mirada ciudadana, a cumplir con rigor sus funciones. Pese a tener en el banquillo y haber enviado a la cárcel a los controladores de Penta, la desconfianza en la justicia, comprendida como un sistema que favorece a las elites, es un sentir generalizado. En el sondeo citado se puede ver que un 60 por ciento de los chilenos considera que el sistema judicial «es malo o muy malo», un 85 por ciento asegura que el sistema judicial «no da confianza» y un porcentaje similar estima «que no asegura igualdad ante la ley». A la pregunta si los empresarios tienen un trato especial cuando cometen algún delito y si los delitos económicos tienen penas muy bajas en comparación a otros delitos, la ciudadanía tiene una respuesta contundente: más del 90 por ciento responde sin vacilación que sí.
CODIGO PENAL EN MANO
A esta mala percepción se le agrega una realidad: las bajas penas para los delitos de cuello y corbata, lo que apunta y acusa directamente a las otras instituciones del Estado: al Ejecutivo y, principalmente, al Legislativo, encargado de elaborar las leyes. Robar una gallina en Chile merece más pena que sobornar, estafar a miles de consumidores, evadir el pago de impuestos por miles de millones de pesos o pactar para subir arbitrariamente los precios de los medicamentos. De todos los enormes delitos cometidos por altos ejecutivos en el área privada, los personeros de Penta son los primeros en pasar unos días en la cárcel. Cabe recordar que en 2003, durante el gobierno de Ricardo Lagos, el Parlamento eliminó la pena de prisión para el delito de colusión. Hace pocos meses, el senado rechazó incluir sanciones de cárcel para los que lucren con la educación. La justicia clasista no es una herencia de los últimos dos siglos, se cocina en estos momentos en todos los poderes del Estado.
Pese a ello, la Fiscalía, que ha recogido las demandas de numerosos gremios de la salud y organizaciones de consumidores, halló un par de artículos en el Código Penal que podrían llevar a la cárcel a los creadores y operadores de la colusión para alzar el precio de los remedios.
La colusión farmacéutica estalló hacia finales de la década pasada. Vale recordar que numerosos reclamos por aumento de precios llegaron a la Fiscalía Nacional Económica (FNE) en 2008, organismo que presentó una demanda contra las cadenas de farmacias ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) por alza concertada en los remedios. La colusión significó a las tres cadenas, Fasa, Cruz Verde y Salcobrand, un beneficio económico adicional de unos 40 millones de dólares, por lo cual la FNE pidió fuertes multas: unos veinte millones de dólares para cada una.
Fasa, que reconoció el delito para alcanzar un acuerdo con la Fiscalía, prácticamente quedó liberada de multas. Las otras dos cadenas desconocieron la versión de Fasa, por lo que el proceso se extendió contra Cruz Verde y Salcobrand. En 2012 el TDLC las sancionó a pagar la cuantiosa multa. De forma paralela avanzaron desde entonces otros procesos impulsados por diversos organismos, como los gremios de la salud y asociaciones de consumidores. De esta vertiente, que busca delitos de asociación ilícita y adulteración fraudulenta de precios de primera necesidad, es el juicio oral que partió el 9 de marzo.
HASTA CINCO AÑOS DE CARCEL
La figura penal que enfrentan los ejecutivos farmacéuticos está reseñada en el artículo 285 del Código Penal. Aun cuando la defensa argumenta que fueron juzgados en su momento, los querellantes señalan que se trata de cuerpos legales distintos. Si en los juicios anteriores la responsabilidad recayó en las cadenas, en el proceso actual se busca enjuiciar la actuación de los ejecutivos. Bajo estos criterios, el fiscal Jaime Retamal pide, para todos los imputados, la pena de presidio menor en su grado mínimo, cinco años, considerando la agravante de la comisión reiterada de los delitos.
Retamal ha explicado que para subir los precios, las cadenas acordaron un mecanismo denominado 1-2-3. A una de las empresas se le asignaba la función de llevar la delantera en el alza de un medicamento. Una vez consumada la subida, las otras dos certificaban en terreno los cambios para proceder al día siguiente con las alzas respectivas. Al tercer día, las tres cadenas había subido los precios del medicamento.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía Centro Norte, estas tres cadenas, que concentran el 90 por ciento del mercado, alzaron concertadamente los precios de los medicamentos, alterando así el valor que habrían tenido en caso de que hubiera seguido operando entre las cadenas una competencia real. Esta alteración coordinada se tradujo en un alza que sorprendió a consumidores y usuarios, quienes vieron en muchos casos cómo se duplicaban, sin mayor explicación y de la noche a la mañana, los precios de medicamentos de uso diario y permanente. Prácticamente todos los 222 medicamentos que sufrieron alzas estaban destinados a tratar enfermedades crónicas, lo que podría ser un agravante durante el actual proceso.
Entre los medicamentos cuyos precios fueron manipulados había anticonvulsionantes, antidepresivos, antisicóticos; para la hipertensión, colon, menopausia, inductores del sueño, para úlceras, anticonceptivos, etc. Estos vieron incrementados sus precios hasta en 134 por ciento. Hasta el momento se desconoce si alguno de los pacientes tuvo un agravamiento en sus dolencias al no poder adquirir los medicamentos por las alzas concertadas, aspecto que investigan las asociaciones de consumidores.
En su acusación, el fiscal Retamal ha citado la evolución en los precios. Porque durante los años previos a la colusión, existió un fuerte contexto de competencia y guerra de precios. A partir de 2007, los ejecutivos de las cadenas tomaron contacto con sus contrapartes, los laboratorios, quienes oficiaron como intermediarios en un proceso de coordinación de alza de precios programada. Los ejecutivos de las farmacias facilitaron la coordinación de estas alzas con las demás cadenas a través de los laboratorios, y las implementaron mediante el ingreso a los sistemas informáticos de los respectivos locales.
La fiscalía presentó pruebas contundentes. Retamal presentó al testigo Jaime Trewik Burle, ingeniero comercial que se desempeñaba en Farmacias Ahumada entre los años 2001 y 2010, quien a través de la presentación de una planilla, dio cuenta de cómo operaba el denominado mecanismo 1-2-3 de alza concertada de precios de medicamentos entre las farmacias. Según el relato realizado en el tribunal, la planilla presentada tenía un completo registro de 222 medicamentos, con sus precios originales y los valores a los que llegaron en las tres cadenas en fechas determinadas. La tabla detallaba qué cadena había procedido en primer, segundo y tercer lugar a subir el precio del fármaco.
Un ejemplo presentado es el denominado fármaco Ciclomex 15, cuyo precio original era de 2.660 pesos. Luego se consigna un alza de este anticonceptivo los días 27 de diciembre en Salcobrand, 28 de diciembre en Cruz Verde y 29 de diciembre en Farmacias Ahumada. El precio que alcanzó fue de $4.897 en Cruz Verde y $4.900 en las otras dos.
NUEVA COLUSION A LA VISTA
Pese a la mala imagen que la opinión pública tiene de este sector, las tres cadenas siguen controlando el mercado. Un informe del gobierno publicado en 2013 constata que entre 2008 y 2012 las ventas de las farmacias coludidas aumentaron 34 por ciento, para sumar unos 1.200 millones de dólares. En cuanto a precios, aumentaron durante este periodo en 23 por ciento. Como referencia, el IPC de estos cinco años creció sólo 15,3 por ciento.
Durante los últimos meses ha habido nuevas denuncias sobre alzas aparentemente concertadas entre las farmacias, las que han llegado nuevamente a la FNE. El ex diputado y abogado Jaime Mulet, querellante en uno de los casos, afirma que es muy probable que esta nueva colusión sea real. La gente, en especial los enfermos crónicos que deben adquirir de forma permanente un mismo medicamento, perciben que los medicamentos suben de forma simultánea en todas las cadenas.
Si esta situación vuelve a comprobarse, estaríamos ante un acontecimiento especialmente grave: las sanciones no son disuasivas, por tanto las farmacias prefieren pagar las multas y elevar consensuadamente los precios. Es por ello, dice el abogado Mulet, que la única sanción disuasoria es la cárcel. Pero también es una realidad que el descarado lobby de las farmacéuticas en el Parlamento ha impedido legislar a favor de la ciudadanía en éste y muchos otros aspectos.
El juicio actual ha puesto en el banquillo a ejecutivos de las farmacias y de los laboratorios. Porque de los 222 medicamentos que subieron de forma concertada sus precios, 200 eran con receta, lo que significa que se trata de remedios específicos, de marca, no intercambiables y de mayor precio. En efecto, si el alza en los precios que citamos entre 2008 y 2012 fue de 23 por ciento, el de los medicamentos con receta llegó a 27 por ciento. Son éstos también los que representan las mayores ganancias para las farmacias y laboratorios: 76 por ciento de sus ingresos corresponden a remedios con receta. Por tanto, la colusión es doble. Y si sumamos el lobby a los legisladores favorables a las empresas, sería triple.
Publicado en «Punto Final», edición Nº 824, 20 de marzo, 2015