El fotoperiodista Raúl Capín, a quien la policía acusa de agredir a una agente para que no detuviera a una manifestante durante una protesta de Marea Ciudadana en 2013, se enfrenta el próximo 23 de febrero, a una petición del dos años de prisión por parte de la Fiscalia. Esta acusa a Capín de un […]
El fotoperiodista Raúl Capín, a quien la policía acusa de agredir a una agente para que no detuviera a una manifestante durante una protesta de Marea Ciudadana en 2013, se enfrenta el próximo 23 de febrero, a una petición del dos años de prisión por parte de la Fiscalia.
Esta acusa a Capín de un delito de atentado contra la autoridad, aunque la policía ha aportado como única prueba unas fotocopias de unas fotografías «poco claras» de los hechos. Por eso razón, la propia Fiscalia solicito el aplazamiento del juicio el pasado 19 de enero, para que se aportes otras fotos testimoniales y así garantizar la tutela judicial efectiva del acusado.
Yolanda Quintana, portavoz de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) -a la que pertenece la FeSP-, ha indicado que este juicio «vulnera el derecho de cualquier ciudadano a estar informado».
Raúl Capín, afiliado al Sindicato de Periodistas de Madrid (SPM), es colaborador de Diario Independiente Digital (DID) y Mundo Obrero. El 22 de mayo de 2013, varios policías acudieron a su domicilio, lo detuvieron y lo trasladaron a una comisaría, bajo la ausación de haber agredido a una agente en una manifestación celebrada tres meses antes, el 23 de febrero. Él siempre lo ha negado y sostiene que estaba allí cubriendo la protesta para los medios con los que colabora.
Aquel mismo día también fue detenido en su domicio el fotoperiodista freelance Adolfo Luján, que colabora con Spanish Revolution. Tras esas detenciones, el Sindicato de Periodistas de Madrid y la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) exigieron la inmediata libertad de Capín y Luján y subrayaron que los agentes policiales, en su tarea de mantenimiento del orden público, no deben obstaculizar el trabajo de los informadores, sino facilitar su labor para que puedan cumplir con su obligación constitucional de informar verazmente a la ciudadanía.