Con una acción cultural se repudió este lunes en la capital chilena la clausura de la causa por el asesinato del cantautor Víctor Jara, perpetrado hace 35 años por la dictadura de Augusto Pinochet. El juez a cargo de la investigación no logró identificar al autor material del crimen. En estos momentos «hay una actividad […]
Con una acción cultural se repudió este lunes en la capital chilena la clausura de la causa por el asesinato del cantautor Víctor Jara, perpetrado hace 35 años por la dictadura de Augusto Pinochet. El juez a cargo de la investigación no logró identificar al autor material del crimen.
En estos momentos «hay una actividad judicial muy productiva, no obstante los resultados de esa acción no siempre son los esperados», comentó a IPS Mireya García, dirigente de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD).
«El caso de Víctor Jara nos ha golpeado fuertemente», remarcó la activista, para quien la movilización cultural de este lunes «fue un llamado a la justicia a no cerrar las causas sin contar con todos los antecedentes y a no caer en la inercia que lleva a la impunidad». García señaló que hay dos o tres casos de violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura de 17 años del ya fallecido general Pinochet (1915-2006) que han sido cerrados sin encontrar a los culpables, pero que en otra serie de causas sí se han dictado condenas.
A su juicio, esto indica «que hay movimiento, que hay trabajo, que los casos no están inactivos».
El 15 de este mes, el juez Juan Eduardo Fuentes Belmar, quien investigaba el asesinato de Jara, cerró el caso imputando de homicidio calificado al coronel retirado Mario Manríquez Bravo, jefe del campo de prisioneros que funcionó en 1973 en el Estadio Chile, donde el artista estuvo preso junto a otras 5.000 personas.
Pero Manríquez no fue el autor material del asesinato del cantautor de emblemáticas canciones como «Te recuerdo Amanda», «Plegaria del labrador» y «El derecho de vivir en paz», cuya viuda es la bailarina británica Joan Turner.
La decisión del magistrado de dar por agotada la investigación fue rechazada por la familia de quien también fue actor y director teatral. Ex presos políticos aseguran que un sanguinario militar, apodado «El Príncipe», está detrás del crimen, pero el juez no logró determinar su identidad.
El 12 de septiembre de 1973, un día después de perpetrado el golpe de Estado contra el presidente democrático Salvador Allende (1970-1973), Jara fue llevado al entonces Estadio Chile donde fue brutalmente torturado y le amputaron sus manos.
Jara fue acribillado por 44 balazos el 15 de septiembre de 1973 y su cuerpo arrojado cerca de un cementerio de Santiago. El estadio donde sufrió los apremios fue rebautizado con su nombre en 2003.
El abogado de la familia del artista, Nelson Caucoto, indicó que pedirá la reapertura del sumario para que se realicen nuevas diligencias. El plazo final para ello es el 30 de este mes. Los diputados Antonio Leal y Ximena Vidal, del cogobernante Partido por la Democracia (PPD), y el independiente Tucapel Jiménez, hijo del líder sindical de igual nombre asesinado en 1982 por la dictadura, aseguraron que el Poder Ejército conoce el nombre del oficial conocido como «El Príncipe», por lo que instaron a la institución a cooperar en este caso.
Según el diputado Leal, el cierre del sumario significa «dejar en la completa impunidad este crimen emblemático de la dictadura, donde al asesinar a Víctor Jara se quiso acallar a la cultura chilena».
La directora de la Fundación Víctor Jara, Gloria Konig, explicó a IPS que fueron invitados a participar de la movilización en el Estado Víctor Jara destacados grupos musicales como Inti Illimani, Illapu y Sol y Lluvia. En la ocasión, la viuda de Jara reiteró su llamado a las personas que compartieron la prisión con el cantautor y a los militares que tienen información sobre su muerte a entregar nuevos elementos que permitan identificar a los responsables materiales del homicidio.
A juicio de García, en este caso se evidencia «falta voluntad de llegar a la verdad, de conocer más, de seguir investigando» y teme que se convierta en «precedente».
En la otra vereda, la dirigente humanitaria destacó lo sucedido en otro crimen emblemático de la dictadura, el de los hermanos izquierdistas Eduardo y Rafael Vergara Toledo, de 20 y 18 años, registrado el 29 de marzo de 1985.
El 16 de este mes, tres carabineros (policías militarizados) procesados por ese crimen fueron finalmente condenados por el juez Carlos Gajardo a penas de entre 10 y 15 años de presidio.
El magistrado concluyó que los cabos Jorge Marín y Francisco Toledo y el capitán Alex Ambler Hinojosa, todos retirados, detuvieron a los hermanos durante una protesta contra la dictadura, los balearon, remataron a uno en un furgón policial y abandonaron sus cuerpos en la barriada donde vivían en la capital, conocida como Villa Francia.
El abogado de derechos humanos Hugo Gutiérrez, quien representa a la familia en el proceso, se mostró satisfecho con las sentencias, destacando que se trataba de una «condena esperada». García califica el caso como «esperanzador».
En homenaje a los hermanos Vergara Toledo, quienes eran miembros del insurgente Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), cada 29 de marzo se conmemora violentamente en sectores populares el llamado «Día del Joven Combatiente».
En otro caso, el 19 de abril la ministra en visita de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Eliana Quezada, quien investiga la desaparición del sacerdote anglo-chileno Miguel Woodward, sometió a proceso por el delito de secuestro calificado a seis oficiales retirados de la Armada, hecho que fue celebrado por sus familiares y por organizaciones como Amnistía Internacional.
El sacerdote desapareció en septiembre de 1973, luego de ser torturado a bordo del buque Escuela Esmeralda de la Armada, como consigan testigos.
Los procesados fueron dejados en libertad bajo fianza el 14 de este mes tras el pago de un millón de pesos (más de 2.000 dólares).
Al día siguiente, 13 diputados del ultraderechista partido Unión Demócrata Independiente (UDI) emitieron una declaración pública cuestionando la decisión de la jueza Quezada de invocar la tesis del secuestro permanente porque aseguran que en su momento se constató la muerte de Woodward, aunque su cuerpo no ha sido hallado.
Los legisladores señalaron una supuesta «persecución política» en contra de los oficiales encausados, actitud que los familiares y amigos de Woodward calificaron de «presión indebida» al Poder Judicial.
Este lunes, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Urbano Marín, se reunió con la jueza Quezada, pero descartó que haya sido para entregarle apoyo a propósito del cuestionamiento de los parlamentarios de la UDI.
Según consignó la radio local Cooperativa, Marín declaró escuetamente que «los tribunales son independientes así que no pueden ser presionados ni necesitan respaldo ni siquiera de otros tribunales».