Los avances del proceso de paz en el reconocimiento de los derechos de las victimas y la adopción de la justicia especial para la paz deben fortalecer las garantías y la potencia de lo movilización popular ante la arremetida que se viene en el año 2016 para imponer por el gobierno de Santos un ajuste […]
Los avances del proceso de paz en el reconocimiento de los derechos de las victimas y la adopción de la justicia especial para la paz deben fortalecer las garantías y la potencia de lo movilización popular ante la arremetida que se viene en el año 2016 para imponer por el gobierno de Santos un ajuste económico neoliberal con recortes a los gastos sociales del Estado y los derechos democráticos del pueblo colombiano.
La crisis externa y el déficit fiscal no la deben pagar los mas débiles con el incremento del IVA y el aumento de las tarifas energéticas y otros servicios publicos; que sean las elites oligárquicas las que asuman los problemas cediendo en sus fortunas y privilegios.
¿Deben servir los avances en el proceso de paz para implantar un ajuste macroeconomico con recortes sociales y afectacion de los derechos de los trabajadores, los campesinos y el pueblo en general?, es la pregunta que surge al observar los avances de las conversaciones de La Habana y el agravamiento de la crisis economica nacional.
El proceso de paz ha dado un trascendental paso con la firma de los consensos suficientes alrededor del tema de las víctimas, el cual incluye un robusto componente juridico como elemento basico de la verdad, la reparación y la no repetición, variables sustantivas del sistema que se creara con la implementación de lo pactado.
Estos avances políticos deben, por lo demas, propiciar un ambiente para la movilización social ante la inminencia de las medidas economicas que promoverá el gobierno para hacer ajustes y recortes en el gasto fiscal y en los derechos sociales, como estrategia para resolver los graves problemas fiscales y externos que se derivan de la caida de los precios del barril de petroleo y de la contracción de las exportaciones como consecuencia de la recesion en la economia global.
La solida coincidencia de las partes en lo relacionado con los derechos de las victimas del conflicto social y armado, es un acontecimiento de inocultables implicaciones en el campo político democrático. Quiere decir que el esclarecimiento de la verdad, la reparacion, la no repeticion y la justicia que se han previsto en los 75 puntos formalizados, concurren en la ampliacion de los derechos ciudadnos de millones de colombianos.
En ese orden de ideas, es preciso establecer que si las acciones gubernamentales para atender la enorme crisis economica vulneraran las condiciones de vida de las mayorias populares, estas deben acudir a la movilización y a la protesta para obligar a la oligarquia dominante a resolver el deficit comercial, el deficit fiscal, el encarecimiento del credito y de la inversion extranjera, con medidas que obliguen a los mas ricos a desprenderse de sus privilegios y enormes fortunas.
Si lo que pretende Santos es incrementar el IVA, imponer alzas en las tarifas de la energia y otros servicios publicos necesarios y una reforma tributaria para afectar el ingreso de los trabajadores y las clases medias, pues no puede aspirar a que la paz sea una cortina de humo para impedir la rebeldia popular y la protesta de la multitud.
Querer impedir, como lo propone Perry (http://www.eltiempo.com/
Por su esencia, la crisis capitalista global y local colapsa las gobernanzas conservadoras y las que se acreditan como posneoliberales.
Alli estan no mas los casos cercanos de Argentina, Brasil y Venezuela.
El enredo politico en esas sociedades y sus Estados, es de corte mayor.
La incertidumbre es absoluta.
Lo unico seguro es que los pueblos explotan y buscan salidas a sus terribles sufrimientos.
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