Hace un tiempo, en el parlamento chileno se aprobó la Ley de Control de Identidad, la que sin duda apuntará sobre todo a los jóvenes; por otro lado, todo indica la aprobación definitiva de la Ley de Rebaja de Responsabilidad Penal para jóvenes desde los 14 años, y finalmente, presionado por la visita del presidente […]
Hace un tiempo, en el parlamento chileno se aprobó la Ley de Control de Identidad, la que sin duda apuntará sobre todo a los jóvenes; por otro lado, todo indica la aprobación definitiva de la Ley de Rebaja de Responsabilidad Penal para jóvenes desde los 14 años, y finalmente, presionado por la visita del presidente del imperio, el Parlamento chileno aprobó la ley enviada por el Gobierno para la Agencia Nacional de Inteligencia -ANI.
Todas estas instituciones legales, aplaudidas por los partidos de la Concertación y la Derecha, son parte de un gran esfuerzo por apuntar a la criminalizar a un sector social que es en realidad el más perjudicado por el modelo, perjudicado no tan solo en materia legal, sino en lo que se refiere a trabajo, educación, etc. Materias fundamentales para el desarrollo normal de una sociedad.
Todos sabemos que el sector juvenil es uno de los más postergado en la sociedad chilena, en materia educacional, por ejemplo, y según las últimas encuestas del Instituto Nacional de la Juventud, (INJUV) «las principales razones para no encontrarse estudiando (por parte de los jóvenes) son «tener problemas económicos», considerar que «terminó su educación» y «haber decidido trabajar», también esto último nacido de necesidades económicas. Los «problemas económicos» son una razón mencionada especialmente por los jóvenes de las regiones VI, VII y X, XI, XII y Metropolitana.
En materia laboral la percepción más frecuente y similar es que a los jóvenes se les paga muy poco en el trabajo, lo que se da de la misma forma en todas las regiones. Situación similar ocurre con la opinión de que «no hay oportunidades de trabajo para los jóvenes», que «no se contrata a los jóvenes por falta de experiencia», sabido que la tasa de desocupación nacional alcanzó un 8,7% en el trimestre móvil febrero-abril, lo que representa un aumento respecto de igual período de 2003 y en comparación con el trimestre anterior (según cifras oficiales) y actualmente, entre los jóvenes de 15 a 24 años es de 22,9 %, entre los 15 y 19 años llega a 32,6 % (Más que triplicó la media nacional) y entre los 20 y 24 años de 20,5 %, esto según el taller de economía del Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz -ICAL-.
El director del Instituto Nacional de Estadísticas, Máximo Aguilera, afirmó que el aumento en la desocupación «obedece principalmente al incremento en la fuerza de trabajo de quienes buscan trabajo por primera vez, que corresponde a jóvenes». Esto se agrava con una nueva ley que pretende sacar el ejecutivo que consagra el hecho de que menores de 24 años reciban un sueldo inferior.
Utilizando sólo estos dos ejemplos, en materia educacional y laboral, podemos determinar el punto de partida para superar el tema de la delincuencia juvenil.
La delincuencia juvenil, no es solo un problema judicial que debe ser penalizado, sino que se basa en un drama social y económico, que los gobiernos de la Concertación no solo no han superado, sino que lo han agudizado en forma extrema, de esta forma no se puede hablar de penalización sin buscar la raíz de la problemática, la que se encuentra incapacitada para asegurar educación a todos los jóvenes. La frase «ningún joven se quedará sin educación por falta de dinero», utilizada por el Presidente de la República, Ricardo Lagos, solo se transformó en un cántico electoral, que cada vez se ve más lejos de materializarse, lo mismo ocurre en materia laboral, sin grandes expectativas para miles de jóvenes.
Es sabido que los niveles de pobreza (radicada en Chile sobre todo por la injusta distribución de los ingresos) y los niveles de cesantía van en directa relación con la actividad delictual y ha esto son los jóvenes los que se encuentras más expuestos.
Sin políticas que aseguren el real desarrollo de niños y adolescentes, como están dictadas por la convención de los derechos del niño, ratificada por Chile, por ejemplo en el Artículo 23.1. «Los Estados Partes reconocen que el niño mental o físicamente impedido deberá disfrutar de una vida plena y decente en condiciones que aseguren su dignidad, le permitan llegar a bastarse a sí mismo y faciliten la participación activa del niño en la comunidad», o el Artículo 28.1 «Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho», lejos estaremos los chilenos de solucionar el problema de la delincuencia juvenil. Rebajar la imputabilidad penal claramente atenta contra el espíritu de la Convención Internacional de los Derechos del Niño y la Niña. ¿Cuál es el compromiso político para lograr materializar los principios de esta Convención?.
En otro aspecto, si realizamos comparaciones con políticas judiciales extranjeras, estadounidenses en este caso, desde los años 80 se ha venido intensificando la criminalización juvenil y la aplicación de imputabilidad a este sector, esto sumado a una amplia cobertura sensacionalista en los medios de comunicación y la resultante indignación pública, lo que para fines de los años 90 «ojo por ojo» preponderaba sobre los ideales de la estrategia «Se requiere de todo un pueblo» en el régimen judicial de menores en todo el país, esto según el libro de Robert W. Drowns y Karen M. Hess. «Juvenile Justice».
En este marco de mayor penalización, desde 1984 el número de casos en los tribunales de menores de todo el país ha registrado un alza de un 68 por ciento. A partir de 1987 los menores de edad detenidos y confinados en instituciones estatales han aumentado de unos 90.000 a 400.000 en 2002. El sistema sufre por el exceso de casos y la escasez de personal en los tribunales, en los programas de tratamiento y en las instalaciones penales, sin lograr acercarse en lo más mínimo a solucionar verdaderamente el tema, agudizándose en los últimos años el protagonismo de menores en actos delictuales y criminales, llegando a casos de asesinatos dentro de los propios establecimientos educacionales. Con estos datos y considerando que nuestro país esta copiando esas visiones represivas que imperan en Norteamérica, ¿qué nos asegura que una política de estas características, determina un real control de los índices de delictividad juvenil en nuestro país?.
Ahora bien, habrá que preguntarse si ¿este es el real objetivo de estas leyes?. Esta pregunta se puede hacer respecto de otras situaciones objetivas en Chile, así como: las movilizaciones estudiantiles, tanto universitarias como secundarias por el derecho a la educación, con real acceso a los jóvenes más allá de su condición económica, por educación de real calidad e incluso demandas puntuales como la de Pase y el Pasaje escolar y otras, hace necesario que los gobiernos, en su afán de profundizar el modelo, se vean en la necesidad de recoger métodos de represión dejadas tiempo atrás o mejor aún crear nuevas, obviamente amparada por una tremenda campaña mediática de criminalización de la juventud chilena. No podemos olvidar que hace algunos años, la derecha trató de levantar leyes similares sin encontrar eco en los mismos que la promueven hoy. «Si hay jóvenes que quieren truncar sus vidas con los años de cárcel que acabo de señalar (hasta 10 años), pueden seguir adelante con sus protestas», afirmó el actual subsecretario del Interior, Jorge Correa Sutil, tras las manifestaciones estudiantiles contra el alza de la tarifa escolar. La juventud «se ha salido de madre», sentenció el alcalde de Tocopilla, Aleksander Kurtovic (PRSD), para justificar su decisión de decretar un «toque de queda» para todos los menores de edad de su comuna. Estas palabras quizás sean los mejores ejemplos para diagnosticar cuál es el primordial objetivo de estas leyes, al parecer el camino que ha decidido el Gobierno y el parlamento es el de satanizar la movilización como forma de enfrentar las «legítimas» demandas de los estudiantes. Queda de manifiesto que leyes como estas buscan es amedrentar las movilizaciones de todas las organizaciones sociales y en particular la de los jóvenes, sectores que poco a poco van sumándose a las manifestaciones de rechazo a las políticas particulares y generales de la administración, sobre todo en lo que se refiere a los aspectos económicos del modelo neoliberal y su impacto en los diferentes sectores.
Leyes como la de Rebaja a la Responsabilidad Penal también apuntan a la estigmatización de un sector social, sin ser, esta creada para el conjunto de los chilenos, es una ley selectiva que afecta directamente a los niños y adolescentes de Chile, cuyo contexto social se caracteriza por pobreza, cesantía, deserción escolar, violencia intrafamiliar y mala calidad de educación, entre otros factores, donde el ranking del índice de vulnerabilidad social delictual, según la División de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior» (Junio 2002), ubica en primer lugar a la comuna de Lo Espejo y luego a la de La Pintana, con un 69.07 y un 68,21 respectivamente. En el extremo opuesto de se encuentra a las comunas de Providencia, Vitacura y Las Condes con un índice de 1,42; 3,42 y 4,93 respectivamente.
Las autoridades chilenas definieron combatir los síntomas sin abordar la enfermedad, lo que siempre resulta más simple, aunque menos efectivo. El crecimiento desigual de las políticas económicas neoliberales aplicadas en nuestro país margina a un importante segmento de la población, sector justamente al que pertenecen los jóvenes y niños a los que se pretende aplicar la Ley de Imputabilidad Penal.
En las últimas semanas, la criminalización juvenil, vuelve a ser fuente para la justificación de una nueva institución de control de la actividad social: la aprobación para la creación de la Agencia Nacional de Inteligencia -ANI- se hace «urgente», por parte del Gobierno, basándose en hechos puntuales que son relacionados con actividades estudiantiles. Estas mismas justificaciones más el nivel de delictividad que se da a conocer con frecuencia por los medios de comunicación, es la supuesta razón de aprobar la Ley de Control de Identidad, ley que en forma casi ilógica repone, aunque en forma solapada, normativas vigentes bajo los años de la Dictadura Militar, como lo fue la Detención por Sospecha, condenada como violatoría de los derechos ciudadanos. Esta nueva normativa, a pesar que difiere en varios aspectos con la Detención por Sospecha, puede apuntar a ella, como lo han reconocido ciertos políticos y con un procedimiento similar a los ocupados años antes: Solicitud de identificación, registro de vestimentas, equipaje o vehículo de la persona que se controla.
Con respecto a esta nueva institución, llamada Agencia Nacional de Inteligencia, aprobada en forma veloz y con pleno consenso, por los dos bloques en el poder, se podrá observar que una vez más el rasgo fundamental y su justificación teórica apuntan a la continuación de una política de seguridad del Estado, a través de la cual la sociedad civil, el pueblo, sus organizaciones (incluyendo las de carácter juvenil) son apuntados como a un enemigo interno.
Es importante, además, apuntar al papel que juegan las organizaciones y autoridades con competencia en el tema para la formulación de este tipo de leyes que afectan no sólo el mundo particular de los jóvenes, sino toda la vida de la sociedad y en este punto no fueron realmente consideradas las opiniones entregadas por los diferentes actores juveniles, a través de orgánicas políticas, culturales u organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que trabajan, por ejemplo, diariamente con jóvenes con riesgo social hacia la delictividad.
En fin, la sociedad chilena en su conjunto debe ser capaz de entender a los jóvenes como actores de gran relevancia de hechos sociales y políticos, o sea, como componentes del futuro inmediato. Protagonistas no solo con sus valores, inquietudes y hábitos, sino integrando la necesidad de búsqueda de alternativas y respeto a su derecho de exponer su rebeldía ante medidas sociales, económicas y políticas que lo identifican como un verdadero «enemigo» de la sociedad. De la misma forma, son los jóvenes los que deben entregar su opinión, como se hace en un país verdaderamente democrático, ya que son éstos los que se verán beneficiados o perjudicados con tales leyes.
Para lograr mantener inalterable la actual situación económica y así cumplir, como buenos amigos del imperio, las recetas neoliberales; las administraciones de turno y los medios de comunicación se coalicionan para dar una imagen criminal de los jóvenes, utilizando así el impacto de los hechos delictuales o criminales en el público, encubriendo las verdaderas razones de estas medidas, que sólo sirven para estigmatizar un sector social y generar un amedrentamiento con leyes basadas en el control, la represión y el castigo, evitando como en los años 80, cualquier muestra de reproche al modelo.
*Alamiro Cerda es Miembro de la Comisión Ejecutiva de las Juventudes Comunistas de Chile.