La acusación popular, que agrupa a partidos de izquierda y movimientos sociales en el juicio por la denominada «Operación Pánzer», ha advertido en un comunicado del «peligroso ambiente de euroria» manifestado por grupos neonazis en Internet y las redes sociales, después que una sentencia de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia absolviera […]
La acusación popular, que agrupa a partidos de izquierda y movimientos sociales en el juicio por la denominada «Operación Pánzer», ha advertido en un comunicado del «peligroso ambiente de euroria» manifestado por grupos neonazis en Internet y las redes sociales, después que una sentencia de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia absolviera a 16 personas acusadas de integrar el grupo neonazi Frente Antisistema (FAS). La misma sala absolvió en el año 2005 por falta de pruebas a 18 miembros de la organización nazi Armagedón.
La acción popular ha calificado de «sorpresiva» y «poco edificante» una sentencia que asegura haber conocido por los medios de comunicación, y que el tribunal ha hecho pivotar en torno a la ilicitud de las intervenciones telefónicas practicadas por la guardia civil. «Probablemente será muy difícil o imposible de comprender (la sentencia) para la ciudadanía, tras la exhibición de pruebas y armas aportadas por los agentes». El departamento jurídico de la acción popular estudia actualmente la posibilidad de interponer un recurso ante el Tribunal Supremo.
El letrado de la acusación popular ya defendió en el juicio el Auto emitido por el juez que autorizó las intervenciones telefónicas, al estar apoyadas por «abundante jurisprudencia» (diferentes sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo); Acció Popular contra la Impunitat cita asimismo el oficio de la guardia civil en el que se señala una página web donde se vendían armas prohibidas, y que reconoce la sentencia.
Literalmente expresa la sentencia: «y cita el oficio dos páginas www.portal-ns.com/
Por último, la acusación popular emplaza a la Fiscalía a presentar Recurso de Casación frente a la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, «en congruencia con la acusación que ha mantenido durante todos estos años». En las conclusiones definitivas planteadas durante el juicio, el ministerio fiscal estimó que se habían producido delitos de asociación ilícita, tenencia de armas prohibidas y tenencia de armas de fuego reglamentada, por los que pidió penas de prisión que oscilan entre los 18 meses y los tres años.
El juicio ha estado envuelto por diferentes episodios de polémica, como la destrucción por parte de la guardia civil de las armas de fuego que constituían un elemento probatorio antes de que se celebrara la vista, o las agresiones verbales por parte de alguno de los acusados o sus conocidos hacia periodistas y el letrado de la acusación popular. El abogado de la acción popular también se quejó reiteradamente durante el juicio de las constantes interrupciones por parte del juez, quien permanentemente le exhortaba a que no repitiera argumentos planteados por el fiscal.
Asimismo, durante la celebración de la vista oral, no se trató la destrucción de las armas de fuego, ni se aceptó la muestra de todas las armas y munición no destruida o de las sustancias anabolizantes prohibidas y de las que se incautó la guardia civil. Tampoco se encontraban presentes dos de los procesados: Facundo Esteban (quien supuestamente se halla en Argentina) y Juan Manuel Soria, a quien algunas fuentes ubican en Marruecos.
El juicio por la «Operación Pánzer», el mayor contra un grupo formado por neonazis en el estado español, comenzó el 14 de julio en la Audiencia Provincial de Valencia y se desarrolló durante cuatro días. La operación de la guardia civil que desarticuló el Frente Antisistema (FAS) se produjo nueve años antes. Entre los encausados se encontraban Pedro Cuevas, asesino confeso del joven antifascista Guillem Agulló, y el concejal de España 2000 en el Ayuntamiento de Silla, José Alejandro Serrador.
En la documentación de la guardia civil, a la que hicieron referencia desde el primer momento las organizaciones personadas como acusación popular, se afirma que el Frente Antisistema se financiaba vendiendo armas y efectos de ideología nazi por Internet. De hecho, en la red se ofrecía un catálogo de armas prohibidas con sus características y precios, además, de propaganda nacionalsocialista con contenidos racistas y xenófobos en los que se ensalzaba la violencia, siempre según la documentación de la guardia civil.