Tras la decisión, esperada por esta Acusación, del Tribunal Supremo de rechazo a los recursos contra el archivo de esta causa, un ataque por medio de un bombardeo israelí con la explosión de una bomba de más de una tonelada que causó el asesinato de 15 personas en Gaza en el año 2002, y en […]
Tras la decisión, esperada por esta Acusación, del Tribunal Supremo de rechazo a los recursos contra el archivo de esta causa, un ataque por medio de un bombardeo israelí con la explosión de una bomba de más de una tonelada que causó el asesinato de 15 personas en Gaza en el año 2002, y en las que se acusaba a siete altos mandos israelíes, la Acusación Popular, el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe y la Asociación Al Quds de Solidaridad con los Pueblos del Mundo Árabe, recurrirán al Tribunal Constitucional, considerando incierto que haya habido en Israel una causa independiente judicial, digna de este nombre, asignando dicho Gobierno jerárquicamente a instancias militares la investigación y realizando, tras la presentación de la querella, cauces de distracción y señuelos con apariencia judicial como si estuvieran en un estado de derecho.
La Acusación Popular considera que no existe una argumentación diferente a la que en su día usó la mayoría de la Audiencia Nacional, donde otra serie de magistrados votó en contra del archivo de la misma.
Las ideas conservadoras de la mayoría del Tribunal Supremo como de la Audiencia Nacional avalan la estratagema de las autoridades israelíes de ningunear cualquier proceso judicial independiente y de permitir la impunidad de todos los crímenes de la ocupación no juzgando, como se sabe, ningún crimen realizado en Gaza, incluyendo los de hace poco más de un año.
Con este caso, que irá al Tribunal Constitucional, se entrará también previsiblemente en la defensa de la jurisdicción universal, cuya legislación recientemente fue modificada por parte del Gobierno socialista en conjunción con la derecha de este país. La modificación de la ley de jurisdicción universal, cuya utilización empezó con las causas de Argentina y Chile y el Juez instructor de aquel entonces, fue una demanda pública israelí y asumida por el actual Gobierno en contra de la opinión de numerosas asociaciones, sindicatos y colectivos ciudadanos. De hecho hay que mencionar que el Informe Goldstone (sobre los sucesos de Gaza de 2009) hace un elogio de la (antigua) jurisdicción universal española que el Gobierno del PSOE y sus aliados conservadores anularon.
Raji Sourani, Director del Centro Palestino de Derechos Humanos de Gaza, investigadora del hecho enjuiciado y promotora de las demandas, vendrá a nuestro país los días 24 y 25 de abril para intercambiar puntos de vista con el equipo jurídico de la Acusación Popular antes de la presentación del recurso en el Tribunal Constitucional.
La Acusación Popular considera que las víctimas tendrán amparo en el Tribunal Constitucional y que se logrará darlas una pequeña satisfacción que desde el año 2002 no han podido en ningún tribunal ver cumplido su derecho a que se haga justicia y que se impida la impunidad y las políticas de ‘razones de Estado’.
[Nota complementaria de Al Quds-CSCA]
La causa, admitida en la Audiencia Nacional, cuya acusación particular la promovieron familiares de las víctimas, impulsado por el Centro de Derechos Humanos de Gaza (PCHR), dirigido por Raji Sourani, afecta al ex ministro de Defensa Benjamín Ben-Eliezer y a seis militares israelíes por un delito de guerra contra la humanidad tras el ataque en la Franja de Gaza (Territorio Ocupado de Palestina) el 22 de julio de 2002 en el que fueron asesinados un líder de Hamas y catorce civiles.
La querella se remonta al año 2002 pero como es lógico no se descarta presentar nuevas demandas documentadas de otras matanzas israelíes.
La Comunidad Internacional, la Unión Europea, los Gobiernos estadounidense, europeos, desde Rodríguez Zapatero a los demás, han dejado hacer siempre, con impunidad, e incluso premiando al ocupante y agresor israelí, obviando la ocupación, el bloqueo, las expropiaciones, expoliación de recursos o las matanzas periódicas israelíes. La ayuda humanitaria y las conferencias de donantes, periódicamente necesarias ante la destrucción impune israelí, son parapetos de inacción política o de abierta complicidad con el agresor, al que se recurre como proveedor de esa ayuda material a las víctimas, alimentando su economía colonial y de guerra.
Las acciones coordinadas que están llevando a cabo las organizaciones sociales y solidarias en Palestina y en Europa vienen a llenar el vacío que ha dejado la Comunidad Internacional en el tema palestino, es más, suplantan a los gobiernos en su búsqueda de la justicia, mientras que estos mismos gobiernos, hacen dejación de su papel político dado que no tratan, en ningún caso, de resolver el problema de fondo: la ocupación de Palestina y toda la cadena de crímenes que se vienen cometiendo con total impunidad sobre la población civil palestina y sus bienes.
El Centro Palestino de Derechos Humanos de Gaza ha iniciado y lleva casos abiertos por las acciones del ejército israelí en países tan diversos como Gran Bretaña, Estados Unidos Nueva Zelanda, Suiza y Holanda. Este es el primer caso que se presenta en España en búsqueda de justicia para las víctimas civiles de la ocupación israelí.
Fuente: http://www.nodo50.org/csca/agenda10/palestina/arti88.html