La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos ha seguido con atención todo el quehacer en materia de derechos humanos que, una vez asumido el gobierno representante de partidos políticos nacidos genéticamente puros al amparo de la dictadura, ha tenido hasta hoy. El primer encuentro con una representante de este gobierno ha sido con la recién […]
La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos ha seguido con atención todo el quehacer en materia de derechos humanos que, una vez asumido el gobierno representante de partidos políticos nacidos genéticamente puros al amparo de la dictadura, ha tenido hasta hoy.
El primer encuentro con una representante de este gobierno ha sido con la recién designada secretaria ejecutiva del Programa de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio del Interior, la abogada Rossy Lama Díaz.
Esta reunión de casi dos horas, no nos causó sorpresa, se repetía el mismo molde y el discurso repetido hasta el infinito en estos días sobre «eficacia y eficiencia» y «optimización de recursos», ubicándolos por sobre los valores de la verdad, justicia y memoria.
La difusa creación de un «consejo asesor» con abogados externos a los que ya trabajan en el Programa, la contratación de un abogado de «mi confianza», según palabras de la señora Lama, la contratación de un «ingeniero comercial», no se relacionan con los objetivos que debe perseguir una institucionalidad como esa, creada para perseguir y sancionar penalmente a los violadores de los derechos humanos.
Más grave aún son las aseveraciones de la señora Lama, quien supone que en la cúspide del ejercicio de la libertad, está la individual, por sobre la colectiva, al sostener que » se respetará el derecho de las familias a no perseguir responsabilidades penales de los violadores de los derechos humanos», desconociendo por completo el Derecho Humanitario Internacional, que habla del deber de los estados democráticos de sancionar a quienes actuaron en nombre del propio estado en el exterminios de los ciudadanos y ciudadanas a quienes, en rigor, debían proteger.
Las señales fueron claras, la reorganización del Programa, trae consigo el debilitamiento de lo alcanzado, el que no estamos dispuestas a aceptar, en este ámbito la «eficacia y eficiencia» se mide solo con más Verdad y más Justicia y para ello se requiere de voluntad política, más recursos para los jueces que investigan, más procuradores y abogados comprometidos con las causas que llevan y menos ingenieros comerciales preocupados del buen uso de las fotocopiadoras.
Un dato para la señora Lama, una excelente forma de agilizar los procesos, lo hemos sostenido desde siempre, es obtener la confesión de quienes participaron en estos deleznables hechos, las FFAA y de Orden, cosa que no hemos logrado a pesar de los años transcurridos, pero quizás y dado las buenas relaciones de confianza que tiene su sector con ellos, le sugerimos pida al ahora subsecretario de Defensa, General ® Oscar Izurieta, al General ® Emilio Cheyre o al Almirante® Jorge Arancibia entreguen a los Tribunales de Justicia los antecedentes que sabemos poseen, de quienes violaron los derechos humanos, todos ellos flamantes militantes de su sector.
Esta es la opinión que nos merece el encuentro con la nueva secretaria ejecutiva del Programa de Derechos Humanos, nada auspicioso, si a ello le sumamos la militarización de las zonas afectadas por el terremoto, el toque de queda decretado en Concepción, la carta blanca entregada por el propio ejecutivo a las Fuerzas Especiales con ocasión del Día del Joven Combatiente. El nombramiento frustrado de un Intendente perteneciente a la red de apoyo de Colonia Dignidad, la irrupción de los gerentes-empresarios en todas las áreas, incluida la CONADI, la designación del General ® Oscar Izurieta como subsecretario de Defensa, quien no alcanzó a colgar su uniforme militar para transformarse en hombre de confianza de la nueva administración. Todo apunta a que se esta instalando la impunidad, la represión y la pérdida de las libertades públicas.
Las proyecciones son poco halagüeñas, pero frente a esta adversidad, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos fortalecerá su accionar, con la certeza que nos asiste la razón y la consecuencia con el proyecto político de nuestras víctimas.
POR UN BICENTENARIO CON MÁS VERDAD Y MÁS JUSTICIA
AGRUPACIÓN DE FAMILIARES DE DETENIDOS DESAPARECIDOS
Santiago 30 de marzo de 2010