El gobierno del Centro Democrático, gobierna por la fuerza. El apoyo de la población, no solo a Iván Duque sino al régimen colombiano desciende vertiginosamente, se mantiene gracias a la represión de los organismos de seguridad del Estado, que castiga ferozmente cualquier vestigio de rebeldía por mínimo que sea, o las justas protestas contra un régimen exorbitantemente injusto. También lo hace gracias al aparato de propaganda, experto en silenciar o deformar la información de acuerdo a los intereses de sus propietarios, que son los mismos expropiadores violentos de los recursos del país.
Estos medios masivos, es decir los de Angulo, Santodomingo y Lülle; reproducen de todas las formas, las amenazas para quien resuelva asumir alguna actitud contestataria. La justicia ordinaria por su parte, existe sólo a condición de una operatividad de acuerdo a intereses de clase. Por eso alguien que roba por hambre en un supermercado es sentenciado a años de prisión, mientras que “distinguidos” magnates, políticos corruptos, parapolíticos y miembros del aparato armado del Estado, a pesar de sus copiosos prontuarios continúan en libertad.
El gobierno Duque gobierna a la fuerza; porque hace uso del prohibicionismo abierto contra el libre pensamiento, imponiendo de facto la historiografía oficial, intimidando a educadores y estudiantes diariamente, ya que presume que, con ello, ralentizará la propagación del más que justificado descontento del pueblo.
Con el fin de asegurar la frenética transferencia de recursos de los colombianos a la plutocracia neoliberal del país; el gobierno impone medidas económicas contra los ciudadanos, que están haciendo de un estallido o un levantamiento popular en Colombia, algo inevitable. Por su puesto que, en ese escenario, el régimen acudirá a la Constitución Nacional, no para garantizar los derechos sociales, económicos y políticos allí estipulados, sino al capítulo 213 “Estado de Conmoción Interior”, sin olvidar que para la élite económica y su clase política el pueblo es un “enemigo interno”. De todas maneras, un eventual decreto de conmoción, el cual la derecha y extrema derecha guardan bajo la manga de la presidencia, seguramente producirá una fuerte ola de rechazo social e importantes expresiones de desobediencia civil.
Como si no fuera suficiente, el escalamiento de los juegos de guerra de EE. UU a través de Colombia contra Venezuela, los cuales son un componente más de la actual ofensiva bélica de la Casa Blanca contra el mundo, también se están tornando muy serios y peligrosos. Las provocaciones por medio de la incursión narco paramilitar desde Colombia, el entrenamiento y conformación de comandos mercenarios en el territorio nacional, van en dirección al empeño por derrocar al gobierno de Venezuela e imponer uno neoliberal, autodenominado “gobierno interino” de Venezuela, el cual cuenta con embajada, aunque curiosamente fuera de ese país, ya que funciona desde las instalaciones de la Embajada de los EE. UU en Bogotá.
Obviamente no es casualidad que, mientras aumenta la desaprobación de Iván Duque en Colombia, y el país enfrenta una crisis social y económica sin precedentes, se anuncie la compra de 24 aviones de combate F-16 con un valor de 4.500 millones de dólares. Y que mientras Indepaz en un registro elaborado con información directa e inmediata de las organizaciones sociales en toda Colombia al mes de abril, confirme el asesinato de 46 líderes sociales y defensores de DD.HH, y 14 firmantes del acuerdo de paz asesinados o desaparecidos, en lo que va corrido del 2021; Iván Duque, sus ministros, la prensa y las instituciones corruptas de Colombia hagan el ridículo para el mundo pretendiendo dar lecciones o “iniciativas” en defensa de los DDHH a los países vecinos.
Sin duda, el ataque a instituciones e infraestructuras públicas en Venezuela, como la reciente agresión al gasoducto de PDVSA en el estado de Monagas, con claros propósitos de perjudicar la economía venezolana, generar terror y afectar los servicios públicos de los venezolanos, o el diseño de una “crisis humanitaria” en la frontera, en la que se habla de 5.000 refugiados venezolanos en Arauca, provenientes de la Victoria estado Apure, a pesar que según las estadísticas al 2021, en dicho estado hay sólo 3.574 habitantes; buscan desestabilizar la frontera, y fabricar episodios militares, políticos y humanitarios que confluyan en una matriz diplomática y mediática conveniente para ejecutar una intervención de fuerzas militares y paramilitares colombianas, coordinadas por el Comando Sur.
Colombia cuenta con unas Fuerzas Armadas que han sido formadas en la defensa de la seguridad nacional de los EE. UU, a partir de la contención del llamado enemigo interno en Colombia, y todo parece indicar que se apresta a dar el paso al servicio de la OTAN, en cuanto a ejercer como una fuerza para la seguridad y el apoyo “humanitario” hemisférico, como maniobra que le permita apoyar intervenciones de los EE. UU e Inglaterra en el continente. Por otro lado, el paramilitarismo engendrado y nutrido por la paternidad de toda la clase social dominante colombiana; “es hijo legítimo del Estado”, como acaba de declararlo dos décadas después de la simulación de Ralito, Salvatore Mancuso, agregando que el general Iván Ramírez Quintero uno de los hombres más importantes de la inteligencia militar en Colombia, “con la ayuda de políticos y miembros del Ejército, consolidaron el accionar paramilitar en Colombia”. El paramilitarismo que responde a los intereses del latifundio, el narcotráfico y el contrabando, avanza hoy a configurarse en fuerza mercenaria transnacional para uso de la CIA, similar al Daesh en Oriente Medio.
De esta manera los intereses totalitarios de los EE. UU por el control global de los recursos -en este caso- a través de los planes bélicos del Comando Sur, se ensamblan con las ambiciones del fascismo neoliberal criollo, que aspira a mantenerse en el poder, y con los apetitos de la oligarquía colombiana, que, en su agresiva decadencia, saborean desde ya las migas, de lo que anhelan será el saqueo voraz de las riquezas de Venezuela.
El régimen colombiano en crisis profunda y extensa, parece pretender conducirnos hacia una guerra civil generalizada en el país, y simultáneamente a una guerra externa mercenaria contra Venezuela; con sus respectivos estados de excepción; de conmoción interior y de guerra exterior.
Si el estado de emergencia declarado por la Covid-19, la viene utilizando el gobierno nacional, para acelerar sin talanqueras la transferencia de billonarios “subsidios” a los bancos, al tiempo que se preparan nuevos impuestos para el pueblo; así mismo un estado de guerra externa y/o de conmoción interior, son propicios para decretar el aplastamiento de cualquier tipo de oposición política. A lo mejor a eso se refería el presidente Duque en su discurso de posesión en 2018: “Yo no tengo contendores políticos”.
En un país como Colombia donde todos los derechos constitucionales sin excepción son conculcados por diferentes estamentos del Estado neoliberal; una declaratoria de conmoción interior o de guerra externa, significa que muchos de los derechos -de los que las mayorías no gozan- quedan temporalmente fuera de servicio, pero esta vez de manera oficial y “de acuerdo a la constitución y las leyes”.