La Alta Comisionada de la ONU y la legitimación del terrorismo de Estado en Colombia

Foto de Portada: Rostros de algunos de los asesinados por la policía en Bogotá, los días 9 y 10 de septiembre.

“¿Cómo se informa la Sra. Bachelet antes de sus espectáculos muy mediáticos…?”. Maurice Lemoine, Michelle Bachelet, la chilena que olvidó de dónde viene, en www.alainet.org

El 15 de diciembre la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, realizó una declaración sobre Colombia en la que no existe referencia alguna a la responsabilidad del Estado colombiano, como violador permanente de los Derechos Humanos (si recordamos que son los Estados los que, por definición, los violan), sino que se traslada el asunto a la vaporosa noción de “grupos armados no estatales”.

Ese es un detalle que llama la atención. No es un matiz, sino que es el centro del meollo, y demuestra que Bachelet intenta limpiar la cara (ajada de muerte y terror) del Estado colombiano. Miremos ese pequeño detalle, que ha pasado desapercibido, como si fuera secundario, porque el diablo está en los detalles. En la declaración oficial se dice:

“La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, condenó este martes el aumento de la violencia ejercida por parte de grupos armados no estatales, grupos criminales y otros elementos armados en Colombia, en contra de campesinos, indígenas y afrocolombianos, e instó a las autoridades de país a tomar acciones concretas para proteger a la población de manera eficaz”[i].

El destacado es lo clave: “grupos armados no estatales”. ¡Qué tal, ahora sabemos por la sapientísima boca de Michelle Bachelet que la violencia en Colombia es una realidad etérea producto de grupos no estatales, como si el Estado fuera una mansa paloma en medio de quienes guerrean entre sí! Una tesis de vieja data, propia de la derecha más recalcitrante y de lo que durante mucho tiempo se denominó a sí misma “Izquierda democrática”, de violentologos y académicos a sueldo del establecimiento y de prosperas ONG que han convertido a la violencia contra los pobres y a los derechos humanos en una rentable mercancía.

O quizá a Bachelet no le interesa la violencia cometida por “grupos estatales”, algo que llama la atención porque sabemos de sus “sinceras preocupaciones” por la violencia estatal cuando se trata de Venezuela, cuando nunca nombra a las guarimbas de criminales tipo Leopoldo López o los nexos entre los paramilitares colombianos, los Rastrojos, con el “presidente” de opereta que se llama Juan Guaidó, hechos sobre los que la burócrata chilena nunca ha dicho nada.

Michelle Bachelet, tan acuciosa a la hora de condenar a Venezuela y a aquellos “regímenes” que no le simpatizan a Estados Unidos y a la Unión Europea (autodesignados “Comunidad Internacional”), calla ominosamente sobre la brutal represión estatal contra el pueblo chileno y ahora sobre el criminal comportamiento del Estado colombiano.

Es bueno recordarle en forma breve algunas de las acciones de “grupos armados estatales” en lo que va corrido del 2020, que indican una clara violación de los derechos humanos, pero que la Alta Comisionada ni siquiera menciona. Evoquemos:

Masacre en la cárcel Modelo (Bogotá): A mansalva fueron masacrados 24 reclusos el 21 de marzo y quedaron más de un centenar de heridos. En principio, como suele ser típico en Colombia, se dijo que los muertos habían sido producto de un frustrado plan de fuga, organizado por grupos insurgentes. La ministra de (In)Justicia, Margarita Cabello, dijo que se “siente orgullosa” y “agrade[ce] mucho” a los guardias penitenciarios por haber impedido la fuga. Pero lo que sucedió fue una masacre que perpetraron los guardias del Impec (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario), un cuerpo represivo del Estado colombiano, que es asesorado por personal militar de los Estados Unidos. Así lo señala una investigación de Human Rights Watch que, como se sabe, no es una entidad ni mucho menos independiente de los intereses del “mundo libre”: “Un nuevo informe elaborado por expertos forenses a petición de Human Rights Watch señala que ‘la mayoría de las heridas de bala descritas en los informes de necropsia son consistentes con que hayan sido infligidas con intención de matar’. Los expertos agregaron que ‘los informes de autopsia no registran ningún indicio de heridas de bala que hayan sido efectuadas únicamente con el fin de herir a las personas, en vez de matarlas’”[ii].

Asesinato de Anderson Arboleda en el Valle del Cauca (25 de mayo): El joven de tez negra Anderson Arboleda, de 21 años, fue brutalmente golpeado con un bolillo en la cabeza por un policía, lo que le ocasionó la muerte[iii]. No fue acción de “grupos armados no estatales”, sino de un cuerpo represivo del Estado colombiano de tipo contrainsurgente, que se denomina La Policía Nacional (sic).

Soldados del Ejército violan a una niña indígena (21 de junio): Siete soldados del Batallón San Mateo del Departamento de Risaralda violaron brutalmente a una niña indígena de 12 años, perteneciente a la comunidad Emberá-Chami. Este crimen sexual fue realizado por un grupo armado estatal, asesorado directamente por el campeón mundial de las violaciones, el Ejercito de los Estados Unidos. El escabroso asunto tiene un ingrediente adicional de sadismo consumado: “La menor habría estado un largo tiempo en poder de los soldados y ellos habrían llamado a otros integrantes de la unidad militar para que se sumaran a la agresión” [iv]. A raíz de esta violación por tropas de un “grupo armado estatal” se reveló, por parte del Comandante del Ejército, que desde 2016 se han presentado 118 casos de violación de niñas indígenas y campesinas en los que participaron directamente miembros de ese cuerpo armado[v]. Como se ve la violación es una práctica constante y de vieja data y no un caso aislado de los “grupos armados estatales”. En la jerga burocrática, no es una manzana podrida, sino es todo el costal el que está contaminado con el virus de la violencia sexual.

Claro, que más puede esperarse del “patriótico Ejército colombiano” (un grupo armado estatal) si en sus instrucciones cotidianas repiten estos canticos plenos de amor y respecto con las mujeres: “Yo nunca tuve madre, ni nunca la tendré/ si alguna vez yo tuve, con mis manos la ahorqué/. Yo nunca tuve novia ni nunca la tendré/ si alguna vez yo tuve, los ojos le saqué”[vi].

Uno esperaría que Michelle Bachelet, por su condición de mujer, tendría cierta sensibilidad para entender el sentido de mensaje de esta índole, que no son entonados precisamente por grupos armados no estatales, sino por el Ejército colombiano (una fuerza estatal), para vergüenza de las mujeres colombiana y del mundo, entre ellas la Alta Comisionada, quien termina lavándole la cara a estos violadores estatales.

Masacre de ocho jóvenes en CAI de Socha (4 de septiembre): Ese día la policía hizo una de sus cotidianas redadas contra jóvenes pobres y concentró a un grupo de más de diez personas en Soacha, en un CAI (Centro de Atención Inmediata, aunque de verdad deberían llamarse Centro de Asesinato Inmediato). Se produjo un incendio que la policía no evitó y, por reiteradas denuncias, de madres de los jóvenes incinerados, fue más bien generado por ese cuerpo armado del Estado. El saldo trágico: ocho jóvenes murieron quemados, como resultado del incendio en los días siguientes, abandonados a su propia suerte en clínicas y hospitales. La policía no se dio por enterada y ocultó lo que había acontecido hasta que un concejal de Bogotá, Diego Cancino, lo denunció de esta forma: «‘Ese cuatro de septiembre sufrimos otra masacre. Días previos los estaban torturando, los estaban maltratando, no les daban comida, los amenazaban, estaban sufriendo de hambre, los torturaban’. El concejal aseguró que uno de los detenidos prendió fuego a una cobija y un policía, supuestamente, lanzó un artefacto que intensificó el incendio en la celda. ‘Se salieron los policías y dejaron a los chicos encerrados, no dejaban entrar a nadie, los extintores no los dejaron usar, los chicos se quemaron (…), dejaron prender en llamas a los muchachos’»[vii].

Masacre de jóvenes de Bogotá (9-10 de septiembre): A raíz del asesinato del ciudadano Javier Ordoñez por miembros de la Policía Nacional, los días 9 y 10 de septiembre se produjo una protesta masiva contra los CAI y la respuesta de la Policía fue la represión abierta e indiscriminada como resultado de lo cual fueron asesinadas a mansalva, con premeditación y alevosía, 13 jóvenes en Bogotá y Soacha[viii]. Estos muertos no fueron ocasionados, como pensaría Bachelet, por cuerpos armados no estatales, sino por un cuerpo armado del Estado.

Asesinato de Juliana Giraldo Díaz en el Valle del Cauca (septiembre 25) por un miembro del Ejército, quien disparo al automóvil donde se desplazaba esta mujer. Fue tan flagrante el hecho, que el Ejercito se vio obligado a reconocer, aunque en principio hubiera dicho que se había disparado a las llantas del vehículo, pero que inexplicablemente el proyectil rebotó en el suelo y mató a Juliana Giraldo[ix].

Asesinato de joven el Bogotá (diciembre 18): Mientras escribimos estas líneas sucede otro hecho de brutalidad de la policía estatal. En el norte de Bogotá, luego de que una camioneta de transporte público no autorizada se chocara con una radiopatrulla, la policía disparo matando a un joven y dejando a otro gravemente herido. El concejal Diego Cancino informó desde el lugar de los hechos de esta forma: “Estoy en Usaquén y lo que ocurrió en El Codito es un claro caso de brutalidad policial: la Policía disparó sin ninguna razón, el chico que se reportó como muerto, recibió una bala en su cabeza y está en coma inducido”. Más adelante indicó:

«No me lo dejen morir, no me lo dejen morir patru..», fue lo que se escuchó hoy en la tarde en El Codito, Usaquén; denuncia la comunidad que un policía disparó y asesinó a un joven, que trabajaba en una ruta de transporte, porque lo chocó con la van”[x].

Este hecho sucede a pocos días de la declaración de Michel Bachelet, con lo que se ratifica a posteriori el pacífico y civilizado comportamiento de los cuerpos armados del Estado contra ciudadanos inermes y pobres.

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Hemos recordado solo algunos hechos en donde es incuestionable la responsabilidad del Estado colombiano, como un violador nato y sistemático de los derechos humanos. Y por la muestra mencionada puede verse que el Estado colombiano mata, tortura, viola, persigue… sin que esas actividades sean de resorte exclusivo de “grupos armados no estatales”, sino, lo que es peor, el principal auspiciador de esas prácticas es el Estado colombiano desde hace 70 años.

Por eso, si el asunto no fuera tan dramático, producirían risa, las afirmaciones de la Alta Comisionada, cuando sostiene que “es deber del Estado estar presente en todo el país, implementando un amplio rango de políticas públicas integrales y ‘medidas más sólidas’ para garantizar los derechos de todos sus ciudadanos, incluidos poblaciones indígenas y defensores de derechos humanos, que continúan siendo víctimas de matanzas en medio de una sociedad que ‘normaliza la violencia’ después de décadas de conflicto”[xi]. Este llamado al Estado colombiano a proteger a la población, cuando se sabe que es el responsable directo de lo que sucede en el país en materia de violencia y criminalidad, es llamar al ratón a cuidar al queso. Su llamado, entre líneas, invoca a que el Estado siga matando a diestra y siniestra, puesto que esa es su función principal Macondo.

Resulta que en Colombia la presencia del Estado se reduce a la ocupación militar y contrainsurgente del territorio, lo cual es garantía absoluta de represión, violencia, tortura y criminalidad. Allí a donde llega el Estado está asegurada la violación de los más elementales derechos humanos y eso lo confirma con creces el régimen del subpresidente Iván Duque con sus continuas invocaciones a la represión y el manto criminal con que cubre a las instituciones represivas del Estado, como el Ejército y la Policía, a cuyos miembros cataloga como “héroes de la patria”.

En estas condiciones, aparte de los casos mencionados más arriba en donde no existe ninguna duda de la acción criminal de entes estatales en Colombia, debe señalarse que las masacres, el asesinato de ex combatientes de las Farc, el asesinato de ambientalistas y defensores de derechos humanos son auspiciadas en forma directa e indirecta por el propio Estado, cuyos altos funcionarios incitan constantemente a la muerte con su lenguaje de odio contra todos los que hagan algún tipo de crítica o encarnen un proyecto alternativo.

A esto habría que agregar que están confirmados los nexos históricos y estructurales entre el Estado y los paramilitares, que son los que actúan como proxis (testaferros) de ese Estado para realizar las tareas sucias de “limpieza social”, con el asesinato de los que son considerados enemigos. Y entre estos se señala a trabajadores, campesinos, indígenas y ambientalistas…, que son asesinados cotidianamente en este país. Las invocaciones oficiales contra ellos son la caja de resonancia que justifica, por anticipado, dichos asesinatos, al presentar a los sectores o individuos que protestan como terroristas sin norte ni ley, o como simples narcotraficantes, como sucede con los campesinos cocaleros y las comunidades indígenas.

En conclusión, la Alta Comisionada de la ONU en materia de Derechos Humanos cuando habla del caso colombiano está bastante desorientada, demuestra su desconocimiento del asunto y, finalmente, termina limpiando la imagen real, de odio y muerte, del Estado colombiano y su bloque de poder contrainsurgente. ¿Será acaso porque esa es la imagen favorable al Estado que le trasmiten a M. Bachelet ciertas ONG, que convirtieron a los Derechos Humanos en un próspero nicho de mercado, que llena los bolsillos de sus académicos-empresarios?

En contravía con ese optimismo oenegero sobre el Estado colombiano, no tiene sentido afirmar que “la peor situación se vive en las áreas difíciles de acceder donde hay una clara falta de presencia del Estado ‘en todo el sentido de la palabra’”[xii]. Cuando lo que acontece es que la presencia del Estado viene acompañada de represión y muerte, porque lo que llaman grupos criminales y armados son, y han sido, un apéndice del Estado colombiano.

Como gran descubrimiento Michelle Bachelet concluyo su intervención sobre Colombia diciendo:»Lamentablemente, después de décadas de conflicto armado, la violencia ha sido normalizada en Colombia, algo que nadie debería aceptar». Claro, pero Bachelet con su actuación lo que termina normalizando es la violación sistemática de los Derechos Humanos por parte del Estado colombiano, algo que nadie debería normalizar, y menos desde una instancia como la ONU. Pero eso no debe sorprendernos si tenemos en cuenta la selectiva actuación de esa instancia cuando se habla de Derechos Humanos, en que los grandes poderes imperialistas y sus lacayos siempre aparecen absueltos. Ese es, finalmente, el imperialismo de los Derechos Humanos, como bien lo denomina Jean Bricmont, un imperialismo que convierte a los Derechos Humanos en un discurso adecuado para hacer la guerra, y legitimarla como hace M. Bachelet con el Estado terrorista en Colombia.