Casi ha pasado desapercibido en la prensa. Un solo día y escondido en la sección de economía. Poco espacio en las tertulias y comentarios políticos. No entró en la ‘agenda’ informativa y no ha sido motivo de discusión y polémica. El caso es que tendría que haber sido noticia a cinco columnas (o seis si […]
Casi ha pasado desapercibido en la prensa. Un solo día y escondido en la sección de economía. Poco espacio en las tertulias y comentarios políticos. No entró en la ‘agenda’ informativa y no ha sido motivo de discusión y polémica.
El caso es que tendría que haber sido noticia a cinco columnas (o seis si las hubiera), abrir los telediarios, ser motivo de preguntas sobre las amistades del gobierno (y del primer partido de la oposición) y haber entrado en la agenda política (económica).
Nos referimos a la actuación judicial contra la familia Botín, por fraude fiscal, y para que no prescribieran las demandas de la Agencia Tributaria por no haber satisfecho satisfactoriamente como declaración complementaria el impuesto del patrimonio y otros desde el ejercicio del año 2005 al de 2009. Previamente, tras la actuación de un empleado despechado que filtró las cuentas secretas de la filial suiza del Banco HSBC, las autoridades francesas aportaron a las españolas la relación de 1.500 potenciales defraudadores con un valor aproximado en sus cuentas de cerca de 6.000 millones de euros. La Agencia Tributaria, en una decisión controvertida, en el año 2010, en lugar de utilizar una vía sancionadora contra los propietarios de esas cuentas que habían presuntamente hecho una salida de capitales ilegal y un fraude continuado a las arcas públicas, hizo una llamada a la regularización voluntaria reclamando declaraciones complementarias, que se utilizan tras haber hecho la declaración ordinaria de los diferentes impuestos y haber sobrevenido algún hecho imponible que obligan a las mismas.
Con las leyes fiscales actuales, votadas favorablemente por el PSOE y PP y resto de los partidos de derechas, se pasó de 5 a 4 años la prescripción de la deuda tributaria, aunque se mantiene en 5 años el delito fiscal. Por lo que los afectados de esas cuentas sólo tendrían que hacer las declaraciones complementarias de IRPF y patrimonio de los 4 últimos ejercicios desde la fecha de la petición de Hacienda, sin mayores consecuencias.
En el caso de la familia Botín, el importe defraudado provenía de una cuenta que abrió el padre o abuelo de todos ellos, en el comienzo de la guerra civil en Suiza, Emilio Botín Sanz de Sautuola y López y que después de la guerra no retornó. El Sr. Botín senior falleció en 1993 y sus herederos, Emilio Botín y demás, tampoco declararon en todos estos años y tampoco liquidaron lo adecuado en el impuesto de sucesiones.
Lo satisfecho por la familia Botín en esas declaraciones complementarias, por lo trascendido escuetamente en la prensa, alcanza los 200 millones de euros (33.280 millones de pesetas), en función del capital oculto que, ciertos expertos, calculan en más de 2.000 millones de euros. La denuncia de la AEAT se refiere a su discrepancia cautelar de las declaraciones complementarias realizadas correspondientes al ejercicio 2005, hechas en el año 2010, que si no hubiera sido realizada antes del 30 de junio del presente año, también hubiera sido innecesaria por prescribir el supuesto delito fiscal.
Hasta aquí los hechos. Ahora vendrían los comentarios sobre la catadura moral de las personas que hablan de apretarse el cinturón, hacer reformas laborales, de pensiones o de negociación colectiva que tienen, como sustrato común, su deseo de que la participación de los trabajadores en la renta nacional disminuya, ganando las rentas de capital. Pero, además, que esas personas detentadoras de rentas de capital vean disminuidas la presión fiscal de las mismas. En el caso de las personas mencionadas, algunos de ellos realizan y fomentan este discurso de clase, capitalista y neoliberal, para a continuación defraudar impunemente en todo lo que puedan y en todos los años que no se les trinquen.
También habría que ampliar la discusión sobre la política antifraude, por su importancia y al mismo tiempo el papel que ocupa en las prioridades políticas de los Gobiernos. Y por añadidura, de la capacidad inspectora de la Agencia Tributaria que, en este caso, ha podido intervenir por el soplo ajeno, sin que sus propios servicios hubieran intervenido en las 1.500 cuentas y 659 titulares de las mismas. Lo aflorado, para ‘animar’ a otros defraudares ha seguido un camino posibilista de recaudación sin afectar a multas y otras sanciones. Pero son insaciables los defraudadores: para mayor inri, un tercio aproximado de los detentadores de las cuentas (como mínimo de un importe de 1,4 millones de euros) se niegan a la regularización alegando que la ‘prueba’ de su fraude está viciada.
Alguien ha ‘filtrado’ el apellido Botín a los medios de comunicación, desde instancias judiciales, y no los otros 250 titulares encausados o el conjunto de todos los investigados por la AEAT, estando todos ellos bajo el secreto profesional, pero igual de defraudadores, lo que se presume una maniobra interesada por determinados círculos contra Emilio Botín (¿de distracción, para cargar las tintas sobre él y sobrevalorando a actuación inspectora del Gobierno y obviando sus otras medidas contra los trabajadores?. ¿Por jugarretas entre capas de poder?) y poner un tupido velo sobre los nombres de los otros defraudadores.
Por último, hay que denunciar la vigencia de los delictivos paraísos fiscales. Los Gobiernos representados en el G-20 o en la OCDE, después de unas declaraciones tras el álgido de la crisis financiera de combatirlos, han sucumbido y aceptan su existencia, opacidad y delincuencia organizada por determinados grupos de presión que, quizá, también les financian.
Algunos de los prohombres de esta saga familiar Botín pertenecen a los augustos consejeros áulicos de los rectores políticos y económicos de este país (y de la Trilateral si se tercia). Consejos amorales, interesados y punibles. O no, acariciados, queridos y asumidos por estos Gobiernos.
Y así nos va.
Santiago González Vallejo. Economista de USO
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.