Poco difundida en nuestra región ha sido la noticia publicada por el diario londinense «The Guardian» sobre la demanda de 200 parlamentarios británicos, pertenecientes al partido en el gobierno, solicitando el corte de la ayuda militar a Colombia. Una iniciativa parlamentaria apoyada por diputados de todos los grupos y promovida por el laborista Tony Lloyd, […]
Poco difundida en nuestra región ha sido la noticia publicada por el diario londinense «The Guardian» sobre la demanda de 200 parlamentarios británicos, pertenecientes al partido en el gobierno, solicitando el corte de la ayuda militar a Colombia. Una iniciativa parlamentaria apoyada por diputados de todos los grupos y promovida por el laborista Tony Lloyd, ex Secretario de Estado de Exteriores. Siendo una cuestión de interés para la audiencia colombiana, el hecho fue informado verazmente por el conservador diario bogotano «El Tiempo» en su edición del 7/7/04. Señalaba la nota que los legisladores involucrados en la petición, desatendida por el gobierno de Tony Blair, argumentaban su solicitud sobre el hecho que establece la vinculación probada de los paramilitares con las fuerzas de seguridad colombianas. Adicionalmente, la glosa periodística señalaba que en la moción presentada en la Cámara de los Comunes «la mayoría de los 184 sindicalistas fallecidos en Colombia en 2002, murieron a manos de los grupos paramilitares derechistas, cuya actividad ligan con las fuerzas de seguridad del Estado». Una preocupación compartida por organizaciones defensoras de los derechos humanos, como Amnistía Internacional y los sindicatos británicos.
Pero si la noticia es importante para la opinión pública colombiana, también es significativa para la venezolana. Es un hecho que las fuerzas paramilitares colombianas han venido actuando en Venezuela durante los últimos años, representando una amenaza para el sistema político nacional y para la paz regional. Por ello, no es una cuestión baladí la que un grupo de legisladores británicos, bien informados y serios en sus conductas, reconozcan la estrecha relación entre las fuerzas militares y estos grupos irregulares en el marco de la guerra civil colombiana. Como tampoco lo es él que señalen la responsabilidad de esos grupos en el asesinato de dirigentes obreros cuyas actividades nada tienen que ver con la acción de las fuerzas rebeldes. Esto último, una particularidad que permite establecer que su acción no esta limitada al combate de las fuerzas rebeldes, sino que va más allá. Expresan un comportamiento ultraconservador destinado a suprimir toda oposición a un régimen político excluyente y despótico. Una cuestión que compromete seriamente a sus patrocinadores, las fuerzas militares y a la oligarquía que controla las instituciones de gobierno de ese país. Algo que, por supuesto, permite colocar la acción de estos irregulares en Venezuela como una conducta deliberada de las fuerzas que tienen el dominio formal de la dirección política del Estado colombiano.
Con ese marco, la omisión de su publicación en nuestros medios masivos de comunicación, públicos y privados, constituye un hecho preocupante. No obstante, no es sorpresivo. Las fuerzas que dominan el ámbito político nacional han banalizado todos los asuntos de interés del Estado para convertirlos en temas para la diatriba que escenifican como parte del enfrentamiento quasiviolento por el control hegemónico del gobierno de la nación. A tal punto se ha trivializado el tema de la presencia de más de 100 paramilitares en un campamento en los alrededores de Caracas que, para buena parte de la población ese acontecimiento es un montaje del gobierno, mientras que otra lo estima como componente de una conspiración del oposicionismo. Igual suerte corre el asesinato de más de cien dirigentes campesinos en la zona limítrofe de manos de paramilitares colombianos. Algunos comparten la opinión de Maxim Ross, quien asevera que ellos son producto de la ineficacia de unas costosas fuerzas armadas para cumplir su función de garantizar la seguridad en las fronteras venezolanas. Mientras otros aseguran que son producto de la acción de terratenientes y latifundistas para detener el proceso de redistribución de tierras adelantado por el gobierno. En todo caso, colocan alegremente estas cuestiones como materia de seguridad y orden públicos, cuando obviamente son problemas internacionales vinculados a la seguridad estratégica del Estado.
Pero lo más sorprendente de esta situación es el discurso y la acción del gobierno nacional y de los propios responsables por la defensa del Estado. Reviven el espectro de la guerra civil del siglo XIX, un escenario poco probable en un país relativamente bien integrado, donde existe una alta interdependencia entre sus provincias y sus clases y estamentos sociales, para enmascarar el desafío del siglo XXI. Un reto que incluye enfrentar una guerra de exterminio, muchas veces desarrollada únicamente en los ámbitos psicológico y económico, expresiones de la violencia estructural, adelantada por la potencia dominante en el sistema internacional, con la cual se busca la destrucción de cuanto representa utilidad y cultura para el presunto adversario. Una mediana o pequeña potencia de valor geopolítico, ya sea por su situación en el sistema geovial o por la posesión de recursos estratégicos. Y es un desafío para Venezuela presente en nuestra cotidianidad. La presencia y la acción de los paramilitares colombianos en el territorio nacional forma parte de la estrategia para materializar esa guerra. No se trata aquí de enfrentar, detener y sancionar rebeldes. Se trata de combatir fuerzas enemigas, asociadas con una «quinta columna» interna que ha infiltrado, y hasta dominado, la oposición legitima dentro del sistema político venezolano.
Y aquí hay otro hecho pasmoso: la sumisión de los partidos políticos nacionales y de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) a los designios de la «quinta columna». Se puede entender la búsqueda de alianzas internacionales con movimientos políticos foráneos por parte de nuestras organizaciones partidistas. El fenómeno de la globalización, ya visto claramente por Karl Marx, tiende a provocar la internacionalización de la función política. Pero lo que es inexplicable es que rindan el escenario de su actuación – el Estado – en beneficio de un poder que niega la política para colocar en el mercado la generación del orden social. Ni siquiera en procesos de integración regionales supranacionales, como el caso de la Unión Europea, los partidos políticos menguan su papel en los estados que tienden a confederarse. De modo que su conducta aquí, que sacrifica sus propias formulas políticas, es una negación a su papel de intermediación dentro de nuestro sistema político. Una complicidad en la destrucción del Estado que es su razón de ser. Pero el caso de la CTV no es pasmoso, es asombroso. Una institución social que se autocalifica como expresión de la mayoría de la clase trabajadora venezolana, sometiéndose a una potencia que privilegia el capital sobre el trabajo es sencillamente insólito. Y mucho más inaudito lo es que guarde silencio ante el asesinato de dirigentes sindicales colombianos, faltando a la solidaridad de clase que ha tipificado al movimiento laboral desde el siglo XIX. Y dentro de ese comportamiento, banalice la presencia de esos criminales en nuestro país y el propio asesinato de nuestros dirigentes campesinos por parte de esos invasores. Son asuntos que deben inquietar al gobierno del Estado y a los responsables de la defensa estratégica de la nación. Hay una falla política evidente ante la existencia de este cuadro. Han fracasado los procesos agregativos destinados a facilitar los intercambios entre los sectores con intereses inarmónicos. Una responsabilidad primaria de las instituciones de gobierno, compartida con las instituciones políticas (partidos y movimientos políticos).
No obstante, no aparece en el escenario político ningún signo de los responsables tendente a remediar esta situación. Por el contrario, todos los indicadores conducen hacia una polarización artificial de la comunidad política con fines electoreros, colocando al país, a la nación y al gobierno como botín para la potencia con ambiciones imperiales. Se olvidan del viejo y sabio refrán que dice «en río revuelto, ganancia de pescadores». Afortunadamente hay un grupo mayoritario de venezolanos, con la clarividencia de los legisladores británicos, que no se prestan a este juego macabro que conduce, casi inevitablemente, a la pérdida de un país que ha sido construido con el sudor y la sangre de muchas generaciones.