Banco Santander, BBVA o CaixaBank, Abanca, Sabadell, Bankinter, Cajamar, Unicaja, así como aseguradoras como Catalana Occidente participan en estos proyectos según una investigación.
El Gobierno de Israel se ha propuesto obtener el 30% de la energía de Israel de fuentes renovables para el año 2030, con un 90% de dicha energía obtenida desde la energía solar. Para ello, el Estado está utilizando exactamente la misma estrategia que lleva realizando durante décadas en el contexto de la ocupación y apartheid israelí sobre la población palestina: aumentar la política de confiscación de tierras y de desplazamientos forzosos de los residentes locales para llenar esas tierras palestinas robadas de campos solares de producción energética.
Pero estos proyectos no se financian de dinero caído del cielo, sino que se hacen con el dinero que depositamos en nuestras cuentas corrientes y que los bancos prestan a las empresas que acaban desarrollando los campos solares y obteniendo los beneficios. Con la intención de comprobar qué entidades financieras son las que facilitan esos proyectos israelís en tierras ocupadas palestinas, las organizaciones FETS, Novact y Suds acaban de publicar una investigación que se ha plasmado en el informe La complicidad del sector financiero español en la ocupación de Palestina. El caso de la energía solar y greenwashing.
En la investigación han analizado los vínculos de grandes entidades bancarias, aseguradoras y fondos financieros españoles con la financiación de empresas y proyectos de energías renovables, las principales fuentes de financiación de campos solares israelíes, así como con las empresas que los operan y/o que han participado como proveedoras. El informe visibiliza parte del entramado financiero español que posibilita la planificación, construcción y puesta en marcha de proyectos de energía solar en el territorio ocupado de Palestina y otros territorios en disputa como el desierto del Naqab (en árabe) o Nèguev (en hebreo).
Los de siempre, la práctica totalidad de la gran banca española, está implicada en dichos proyectos en territorios ocupados. La investigación ha destapado la participación de entidades como el Banco Santander, BBVA, CaixaBank, Abanca, Sabadell, Bankinter, Cajamar, Unicaja, así como aseguradoras como Catalana Occidente y otros fondos financieros españoles, en proyectos de energía solar desarrollados en Territorio Ocupado de Palestina por empresas como la también española Abengoa, General Electric, SolarEdge, First Solar, SunTech o Siemens AG.
“La participación de estas entidades y fondos en el ecosistema financiero de las energías renovables a Israel ha quedado suficientemente acreditado”, explica Carlos Díaz, unos de los investigadores que ha realizado el informe, “sea en forma de inversiones bursátiles y gestión de activos o de préstamos verdes y otras modalidades de financiación a las multinacionales que operan y proveen los campos de energías renovables”, añade.
Greenwashing a costa de un genocidio
La confiscación de tierras a la población local para desarrollar estos proyectos de energías renovables con una “práctica de greenwhasing o lavado de cara”, denuncian desde este grupo de organizaciones. Aunque no sólo para el Gobierno de Israel, sino para los bancos españoles que venden fondos de inversión a sus clientes que se presentan como proyectos respetuosos con el medio ambiente y responsables socialmente “cuando en realidad van en detrimento de la soberanía energética de las comunidades locales y están contribuyendo a la vulneración de derechos humanos”, afirma Díaz.
Es por ello que la campaña que están promoviendo estas organizaciones invita y aconseja a la ciudadanía “informarse sobre las inversiones internacionales de sus bancos y aseguradoras para actuar de forma responsable y retirar sus recursos económicos en el caso de que estén involucrados directa o indirectamente en vulneraciones de los derechos humanos”.
Además, el informe ofrece una batería de recomendaciones tanto a administraciones públicas como a empresas y ciudadanía para avanzar hacia la asunción de responsabilidades sobre los impactos y efectos negativos de este tipo de proyectos. A las administraciones les recomienda activar mecanismos legales, fiscales y técnicos que desincentiven los fondos de inversión y las empresas de realizar actividades económicas en territorio ocupado palestino, de acuerdo con sus obligaciones internacionalmente ratificadas en base a los instrumentos internacionales de los derechos humanos y derecho internacional humanitario. A las empresas, desarrollar mecanismos de diligencia debida para garantizar el respeto de los derechos humanos en el proceso de toma de decisiones y seguimiento de las inversiones en empresas con actividades económicas en el territorio ocupado de palestina u otros territorios reconocidos internacionalmente como de Israel, pero donde se cometen vulneraciones contra la población.
