Un particular de más de 50 años, cliente del Banco Santander, se relaciona con la denominada banca armada si deposita en esta entidad sus ahorros. La razón es que la sociedad presidida por Ana Botín financia o invierte en 15 empresas de armamento: Safran, Serco, Airbus, Aselsan, Thales, Leonardo, Dassault; Rolls-Royce; Boeing, Embraer; Fluor; Honeywell International; Indra; Maxam y Navantia; 25 empresas de armas, en el caso de Bank of America; 15 si se trata del banco británico HSBC y 13, el BBVA.
Son ejemplos extraídos de la iniciativa huella en armas, aplicación digital en la que cualquier ciudadano puede identificar a los bancos financiadores del “negocio de la guerra”; y también de las sumas invertidas, así como del tipo de armamento. Durante la presentación del proyecto en Valencia, en febrero de 2021, se informó de que los bancos españoles invirtieron 11.969 millones de euros –entre 2014 y 2019- en la industria armamentística (datos Centre Delàs d’Estudis per la Pau).
La herramienta informática -que también reivindica el paso a la banca ética- se inserta en la Campaña Banca Armada, promovida por el Centre Delàs; las ONG Setem y Justícia i Pau; el colectivo RETS; el Observatori del Deute en la Globalització (ODG); la asociación FETS; la fundación Novessendes y Alternativa Antimilitarista-MOC.
Tarjetas informativas del proyecto Tu huella en armas se difundieron, el 16 de noviembre, en la conferencia Guerra. Crisis… Shock. ¿Una respuesta desde el activismo social?, en la que participaron el economista e investigador del Centre Delás, Jordi Calvo, y la periodista Olga Rodríguez, coguionista de la película En los márgenes y autora del libro El hombre mojado no teme la lluvia. Voces de Oriente Medio. Celebrado en el centro cultural Ca Revolta de Valencia, el acto tuvo como organizador a Setem, con la colaboración del Centre Delàs y el apoyo de la Generalitat Valenciana.
Jordi Calvo hizo mención al informe Los daños colaterales del clima. Cómo el gasto militar acelera la crisis climática (noviembre 2022), del Centre Delàs, el Transnational Institute (TNI); la organización Stop Wapenhandel y la cooperativa Tipping Point North South. Destaca que el gasto militar a escala mundial ha aumentado desde finales de los años 90, “se ha incrementado desde 2014 y en 2021 alcanzó la cifra sin precedentes de dos billones de dólares”; pero, añade el reporte, “los mismos países responsables del enorme gasto militar no asumen un compromiso ni destinan una fracción de estos recursos para combatir el calentamiento global”.
En términos comparativos, según la citada fuente, los países más ricos del planeta gastan como mínimo 30 veces más en sus ejércitos que en “financiación para el clima” para los países del Sur.
Además de los textos, informes y balances, la Campaña Banca Armada desarrolla la acción directa; por ejemplo, el pasado 8 de abril los activistas intervinieron en la Junta de Accionistas de CaixaBank en Valencia; resaltaron que en el bienio 2019-2021 el banco destinó 62,4 millones de euros a empresas relacionadas con el negocio de la “militarización de las fronteras”, como la española Indra. En marzo denunciaron, en la junta del Banco Santander, que esta entidad se halla entre la decena de bancos europeos que más invierten en empresas que producen armamento nuclear.
Cuestión distinta es la transparencia y veracidad de las cifras oficiales; así, en octubre, el Centre Delàs señaló en un análisis de la propuesta de Presupuestos Generales del Estado de 2023: “El gasto militar real español será de más de 27.617 millones de euros, más del doble de lo que se ha asignado al Ministerio de Defensa, y por encima del 2% del PIB que exige la OTAN”.
Tal vez las conclusiones puedan elevarse a escala global, a partir del artículo de Jordi Calvo ¿Nuestro dinero financia la guerra? (Blog Fiare Banca Ética, octubre 2022); el economista afirma que la facturación del centenar de empresas armamentísticas más relevantes del mundo se aproxima a los 400.000 millones de dólares anuales (datos SIPRI), casi todas con sede en países de la OTAN y su entorno, pero también de Rusia y China; aunque, matiza el investigador, la cifra de facturación real podría ser más del doble que la mencionada.
En el acto de Setem, Olga Rodríguez subrayó algunos argumentos que expuso en el artículo Jalear la guerra (eldiario.es 8 de marzo); el texto incluye claves para comprender el actual clima belicista, como las explicaciones de George Beeve, exdirector de análisis de la CIA sobre Rusia y exasesor del vicepresidente de Estados Unidos (durante la presidencia de George W. Bush), Dick Cheney.
Según Beeve, “la elección que enfrentamos en Ucrania era si Rusia ejercía veto a la entrada de Ucrania en la OTAN en la mesa de negociación o en el campo de batalla”; y “elegimos asegurarnos de que el veto fuera ejercido en el campo de batalla, confiando en que Putin se detuviese o que la operación militar fallara”.
En una línea similar, Olga Rodríguez recuerda las palabras el exembajador de Estados Unidos en la Unión Soviética (1987-1991), Jack F. Matlock, quien escribió en febrero: “Después de la caída de la URSS, le dije al Senado (de Estados Unidos) que la expansión de la OTAN nos llevaría donde estamos hoy” (artículo Yo estuve allí: la OTAN y los orígenes de la crisis de Ucrania, revista Responsible Satecraft).
Por otra parte, la periodista se refirió a la situación del activismo y la represión de los movimientos sociales en el estado español; “La ley mordaza ha supuesto un varapalo brutal y continúa sin ser reformada”, afirmó.
A los siete años de aprobación la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, Amnistía Internacional (AI) detalla que las autoridades del Estado español han propuesto 250.300 sanciones en relación con cuatro artículos de la ley mordaza: resistencia, desobediencia y negativa a la identificación; manifestaciones espontáneas; faltas de respeto a miembros de las fuerzas de seguridad; y uso de imágenes de cuerpos policiales; Representan el 78% de las sanciones en materia de seguridad ciudadana, concluye AI.
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