Por estos días se entrega el Premio Nacional de Historia y antes de la resolución del jurado, ya se ha desarrollado una sabrosa polémica, que pone en evidencia -una vez más-, la estrecha relación entre el trabajo del historiador y su posicionamiento político. Una de las candidatas, la Doctora en Historia y académica de la […]
Por estos días se entrega el Premio Nacional de Historia y antes de la resolución del jurado, ya se ha desarrollado una sabrosa polémica, que pone en evidencia -una vez más-, la estrecha relación entre el trabajo del historiador y su posicionamiento político.
Una de las candidatas, la Doctora en Historia y académica de la Universidad Austral de Chile, María Angélica Illanes, ha cuestionado a uno de los jurados, el señor Horacio Aránguiz, sindicándolo como quien le impidió rendir su examen para obtener el título profesional el año 1974. En carta publicada en la prensa nacional, Illanes señala:
«El profesor Horacio Aránguiz (…) fue la persona que el año 1974, en su calidad de Director del Instituto de Historia de la P. Universidad Católica de Chile -institución en la que yo realicé mis estudios completos de pregrado de Pedagogía y Licenciatura en Historia entre 1968 y 1973-, impidió a través de un memorándum refrendado por rectoría, que yo pudiese rendir mi examen de grado final. A través de este acto, el profesor Aránguiz me negó la posibilidad de obtener mi título profesional, usurpándome mis cinco años de arduo estudio, por el sólo hecho de pensar distinto a él. Esto, evidentemente, constituye un acto de grave violación a los derechos humanos, en cuanto los estudios y la carrera profesional de una persona es un patrimonio sagrado de su desarrollo personal y de su proyecto de vida. En vista de esta situación, considero que el profesor Aránguiz, más allá de su legítima opción de voto, no está habilitado para revisar, hablar ni menos juzgar mis antecedentes curriculares a propósito del Premio de Historia, después de haber intentado cercenar mi carrera y futuro profesional a mis 23 años, en el contexto político más grave de la historia de nuestro país. Por respeto a mi dignidad personal y de mis hijas, por respeto a todos/as aquellos/as jóvenes que fueron entonces exonerados de sus estudios en diversas universidades del país vulnerándose sus derechos humanos fundamentales, así como por respeto a la democracia que hoy intentamos y debemos construir, considero que no es legítimo que un «violador» de dichos derechos juzgue los antecedentes curriculares de una de sus ‘víctimas'».
Cuando Illanes escribió hace algunos años el libro La Batalla de la Memoria, tenía claro de lo que hablaba. Ella conoció de primera fuente la persecución política de quienes más tarde serían sus pares académicos. Su vasta producción académica sin embargo, hace que hoy cuente con el respeto y reconocimiento mayoritario de quienes desempeñan el oficio de historiador o de recordadores profesionales, como dice el inglés Eric Hobsbawn.
Otra polémica está abierta a propósito de la realización de la Primera Jornada de Historia de las Izquierdas en Chile, a realizarse por estos días. Los organizadores invitaron a dictar una conferencia, en el marco de esta actividad, al historiador Gonzalo Vial Correa. Esto ha provocado el rechazo de algunos historiadores y estudiantes, por cuanto Vial Correa, como autor del Libro Blanco, justificó y se hizo parte de las atrocidades cometidas por la dictadura militar, de la cual llegó a ser Ministro de Educación. No se trata solo de un historiador de derecha, sino de alguien que jugó un rol clave al tratar de dar ‘soporte histórico’ a la dictadura más brutal que haya conocido la historia de Chile.
Hechos como estos demuestran que la batalla de la memoria, vale decir la forma en que se ejercita el recuerdo y se ponen en conflicto los modos de interpretación de la realidad, no es un ejercicio aséptico ni desprovisto de un componente ético. Los historiadores en el Chile reciente han debido en su gran mayoría compatibilizar el ejercicio de su profesión, a través de la docencia y la investigación, con su participación en la vida política contingente.
El deber irrenunciable de todo historiador y trabajador del conocimiento es promover la libertad en la construcción de los saberes y la memoria, en pro de una mejor comprensión de la realidad. Usar posiciones de poder para perseguir a compañeros de profesión por pensar distinto, va contra ese principio. Falsear los hechos históricos, para justificar atropellos y violaciones a la DDHH, es someter el trabajo académico a la voluntad del gobierno de turno. Es «usar la historia» con un sentido totalitario. Eso les resta legitimidad para el debate futuro. Quienes hacen esto, carecen de autoridad moral para debatir académicamente.
Aquí no se trata de descalificar a quienes como historiadores, tienen un determinado modo de pensar. Eso es respetable. Lo que no es admisible, es que quienes hayan, en nombre de la historia, avalado atropellos a los derechos humanos, promovido delaciones, exoneraciones y persecuciones políticas, hoy se erijan como cultores del saber y la verdad y sigan formando a los educadores del Chile de mañana. Con ellos seguiremos dando la batalla de la memoria, disputando palmo a palmo nuestro deseo por hacer de la historia maestra de vida y una vía para construir una sociedad más justa y democrática.
– Alexis Meza Sánchez es vicerrector académico de la Universidad Arcis.