El pasado 17 de diciembre ha pasado a ser un día preocupante en la historia de las bibliotecas en España. Mientras el mundo no se reponía del escándalo de las revelaciones de la debacle financiera y la corrupción política, el sindicato de Comisiones Obreras del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira (Sevilla) daba a conocer la […]
El pasado 17 de diciembre ha pasado a ser un día preocupante en la historia de las bibliotecas en España. Mientras el mundo no se reponía del escándalo de las revelaciones de la debacle financiera y la corrupción política, el sindicato de Comisiones Obreras del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira (Sevilla) daba a conocer la noticia de la primera privatización de una biblioteca municipal en España. No se trataba sólo de una mala noticia que se inscribe en el marco de la arrolladora ola privatizadora de los servicios públicos que viene dictada por esa oligarquía económica a la que nuestros políticos llaman «los mercados». El problema es que la medida se justificó en la necesidad de eficiencia, de modo similar a lo que ocurre en Inglaterra, donde existen actualmente 365 bibliotecas y 27 servicios móviles a los que se han aplicado recortes y sufren amenazas serias de privatización (ver http://publiclibrariesnews.
Ya tenemos perspectiva suficiente como para saber que la gestión privada de los servicios públicos no está aportando nada bueno a la sociedad: ni la gestión es más eficaz, ni los costes se reducen (las cifras se maquillan y en la contabilidad «creativa» que computa los costes se transfieren muchos de éstos a la sociedad por diversas vías) ni los servicios se prestan con mayor calidad (incluso más bien al contrario). El sector privado -y bastaría revisar casos como los de Bernard Madoff, Enron o las sociedades financieras que han llevado a Grecia, Irlanda y España al borde de la quiebra- no puede ser convertido en un símbolo de transparencia sin debate.
Desde el punto de vista de los derechos humanos, la biblioteca forma parte de un sistema educativo y cultural ideado para proporcionar a la ciudadanía los derechos de acceso a la información, a la cultura y a la educación. Cada biblioteca es una institución fundamental de la memoria que forma parte del eje de la identidad de los pueblos. Cuando estos derechos, como otros más acuciantes en el caso del acceso a la sanidad o a la vivienda, se contemplan desde la perspectiva del negocio privado, nada bueno puede esperarse.
Los principios básicos que inspiran el servicio bibliotecario están recogidos en documentos de la Unesco (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization) y de la IFLA (Internacional Federation of Library Associations and Institutions), y estas asambleas globales contemplan la biblioteca desde una óptica ciudadana, no comercial. En el momento que las empresas entren a cubrir los servicios bibliotecarios, ya no estamos en la lógica de los derechos ciudadanos de acceso a la información, a la cultura y a la educación, sino de cuestiones relacionadas con la rentabilidad económica desde el punto de vista del interés privado. Pero es la rentabilidad social la que tiene que dirigir los servicios públicos. El acceso a la cultura y a la educación se inscribe dentro de unos derechos sociales que fueron conquistados por las clases trabajadoras con una intención de reparto de la riqueza y como una forma de atender al valor «igualdad», concebido para que las clases menos favorecidas económicamente puedan participar en la sociedad.
Introducir la lógica del lucro en los servicios públicos es antisocial, y esto lo saben aquellos que entregan a los negocios los servicios públicos. La gestión privada de estos servicios conlleva salarios de miseria, precariedad laboral y deterioro de la calidad, no hay otra manera de incrementar los beneficios empresariales. Pero la doctrina neoliberal ha ido pervirtiendo la lógica del Estado Social, de tal forma que lo que se había ido configurando como obligaciones que el Estado tenía para con los ciudadanos y que debía sufragar a partir de la recaudación de impuestos, se ha ido transformando en actividades que el Estado va traspasando a empresas, bien sea a través de la titularidad o bien a través de la gestión. Una vez consumada esta operación, el lucro se introduce en un proceso que no debería estar contaminado por el interés privado, sino dirigido a proporcionar a los ciudadanos los mejores servicios públicos a partir de los impuestos recaudados, y desde aquí es desde donde cabe hablar de rentabilidad, una rentabilidad social que se mide por la calidad de los servicios públicos, no por la ganancia de las empresas.
Posiblemente no es factible prohibir que los ayuntamientos entreguen la cultura a las empresas, permitiendo que sea contemplada como una actividad mercantil más, pero sí es necesario poner en evidencia y llevar a la conciencia de la ciudadanía cómo las funciones de los poderes públicos se van desvirtuando bajo la lógica neoliberal. Se trata de una lógica nefasta que quiere convertir a los ciudadanos en clientes y al mundo en mercancía. Se trata de someter al mundo de la política al de los intereses económicos, y ya estamos viendo los desconcertantes resultados. En el informe titulado «Hacia las sociedades del conocimiento» (2005) se explicaba ya con detalle: «El futuro de las bibliotecas depende en gran medida de la capacidad de nuestras sociedades para trascender la lógica mercantil de la sociedad de la información e instaurar nuevos modelos en los que sean los conocimientos y su valor cognitivo quienes generen valor». Uno de los grandes peligros del siglo XXI es que quienes deciden las políticas culturales en España no comprendan el significado histórico de las bibliotecas en la construcción de la ciudadanía plural y solidaria y la investigación abierta.
En cualquier caso, la privatización de bibliotecas, en un momento de crispación como el que se vive, golpea seriamente la posibilidad de un compromiso social más firme con todos esos millones de españoles que están alarmados ante el futuro tan incierto y tienen serias reservas con el sector privado, que ha demostrado ser tan desleal con el pueblo. En un tiempo que demanda acciones transparentes y apoyo colectivo, se da un absurdo paso hacia atrás que expone las graves contradicciones en la cultura nacional. Y esto merece no sólo una reflexión aguda, sino una condena pública ante un desacierto que amenaza con extenderse a otros ayuntamientos.
Rosa Regás. Escritora. Ex directora de la Biblioteca Nacional de España
Pedro López López. Profesor de la U. Complutense. Ex director de la E.U. de Biblioteconomía y Documentación
Fernando Báez. Escritor. Ex director de la Biblioteca Nacional de Venezuela
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