Estamos ante una nueva arista del fracaso de la educación de mercado. A la mala calidad, a la discriminación social, ahora se suma la corrupción con los dineros públicos. Las irregulares en el presupuesto de Educación no se pueden ignorar. De acuerdo con la Contraloría no se sabe que pasó con 260 millones de pesos […]
Estamos ante una nueva arista del fracaso de la educación de mercado. A la mala calidad, a la discriminación social, ahora se suma la corrupción con los dineros públicos.
Las irregulares en el presupuesto de Educación no se pueden ignorar. De acuerdo con la Contraloría no se sabe que pasó con 260 millones de pesos en el Ministerio de Educación, la derecha ha presentado una acusación constitucional contra la Ministra Yazna Provoste, y ya parece la historia de una caída anunciada. Nos hemos enterado que las irregularidades se han sucedido durante años. Mientras tanto todas las mediciones confirman el pésimo estado de la calidad de la educación en Chile.
El gobierno ha intentado dos líneas de defensa ante el escándalo que se ha destapado. Una es la del `femicidio político’, al que recurrió Bachelet, se atacaría injustamente a Provoste porque es mujer, una defensa bastante débil ante la magnitud de las denuncias. Otra argumentación es declarar que se trata de un `problema administrativo’ que ya está solucionado, aunque la contraloría desmienta que las cosas se hayan aclarado.
El lucro en la educación está en la raíz del problema.
Pero la derecha está gritando fuerte medias verdades para tapar la verdad. No nos cabe duda que hay corrupción y desvió de fondos en el Mineduc, y esa es la opinión del grueso de los ciudadanos ante saldos millonarios de fondos no aclarados.
Pero es falso que el problema se limite a eso. Están tratando de que la gente se olvide del mal uso de las subvenciones por los sostenedores privados. Porque la raíz de la corrupción en la educación está un sistema que otorga dinero a empresarios privados sobre la base de la declaración de asistencia de estudiantes matriculados a clase.
Cualquier profesor de enseñanza particular subvencionada sabe que `inflar’ la asistencia es una practica generalizada. Está extendido tomar la asistencia con lápiz de mina, por ejemplo, para que luego un administrativo del establecimiento ponga las asistencias de los estudiantes en el libro. Por denuncias de la TV sabemos de colegios que no se limitan a aumentar la asistencia de sus alumnos sino que hasta declaran matriculas inexistentes, notas falsas para obtener más dinero, incluso han sido filmados sostenedores que se llevan la comida que el estado manda para sus estudiantes a sus casas.
La propia ministra Yazna Provoste ha criticado el doble estándar de la derecha porque se niega a introducir los cambios necesarios en sistema que opera basado en la buena fe de los empresarios de la educación, llamados eufemísticamente `sostenedores’. Claro que se acuerda ahora cuando las denuncias han estallado en su cara.
La educación no puede ser una mercancía.
Sin duda hay que terminar con la corrupción, y las faltas administrativas que la permiten, en el Ministerio de Educación, pero más allá hay que terminar con la fuente que alimenta la corrupción y la pésima calidad de la enseñanza, que es poner la enseñanza de los niños bajo la lógica del lucro empresarial y el mercado.
Para terminar con la corrupción la educación no puede ser una mercancía, debe ser pública y gratuita, centrada en la calidad. Lo que significa que hay que terminar con la educación particular subvencionada y con la municipalización de los colegios estatales. Todos estos colegios deben quedar bajo dependencia del Ministerio de Educación. El dinero público debe ir a la educación pública y ser invertido efectivamente en formar a los niños.
Por el control y gestión en manos de la sociedad.
No tenemos confianza en este estado chileno. Está lleno de corrupción y es obsecuente con los empresarios para facilitarles el lucro. Casos como los del MOP o Ferrocarriles del Estado son elocuentes. Por eso no basta que la educación vuelva a ser pública, también es necesario que los profesores, los padres y los estudiantes sean actores principales en la gestión y control democráticos de la educación.
Patricio Guzmán (Socialismo Revolucionario – Comité por Una Internacional de Trabajadores)