La calumnia y la mentira: armas de Uribe contra la oposición

El presidente candidato Álvaro Uribe tenia y tiene la intención de quedarse en el sillón presidencial durante cuatro años más y ello al precio que sea. Así lo había premeditado y así se está cumpliendo. Primero le sacó a una parte del congreso de bolsillo que existe en Colombia, su congreso, con narcoparapoliticos incluidos, no podía ser de otro modo, la ley de reelección inmediata; hecha y como ya sabemos a su medida. Sorteado ese escollo, si es que acaso tuvo alguno que pudiera poner en serio riesgo su aspiración a ser reelecto, la Corte Constitucional y con ella una gran parte de sus magistrados que la conforman, prouribistas, al juzgar por los hechos y en un acto más político que jurídico, el cual incluso llevó a enfrentar a sus miembros, declaró exequible el acto legislativo que aprobaba la reelección inmediata en Colombia. Acto seguido la misma Corte le declaró exequible la ley de garantía electoral, la cual viene siendo flagrantemente violada por Uribe y sus séquitos. Una muestra palmaria y poco refutable es que la casa de Nariño se ha convertido en el directorio político de la reelección y en el lugar donde se fraguan las más arteras y temerarias tramas contra toda suerte de opositores a Uribe y quienes lo sostienen.

Si antes de ser candidato presidente habíamos visto a Uribe, no en pocas ocasiones, por cierto, desorbitado y despacharse a gusto contra significativos y respetados opositores de su gestión, bajo la estrategia de atacar a estos para evitar cualquier ataque: contra las organizaciones de derechos humanos, verbigracia, a quienes llegó a considerar áulicos y colaboradores del terrorismo, en clara alusión de que le daban pábulo al accionar de las FARC y al ELN; contra el senador Navarro Wolf, a quien le adjudicó la responsabilidad de los trágicos sucesos del Palacio de Justicia, hecho ocurrido en diciembre de 1986 y en donde perecieron y a manos de la contratoma del ejercito un numero importante de magistrados, trabajadores, visitantes y una gran parte del comando guerrillero que se había tomado las instalaciones de la justicia colombiana. Y no solo acusó a Navarro de ser responsable de este repudiable acto, sino que sin ninguna evidencia o mas bien contra toda evidencia, señaló que el M-19 había incendiado el Palacio de justicia por orden expresa del narcotráfico y, en particular, como un favor al extinto capo del cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria, pues según la lógica de Uribe, el M-19 entró a la sede de la justicia en Colombia para incendiar unos expedientes de capos del narcotráfico que debían ser extraditados a los EEUU.

Ya se ha vuelto normal que Uribe se vaya lance el ristre contra sus opositores y les acuse de todo tipo de perversidades. Y lo peor, sin prueba alguna. A las ONGs nunca le ha podido comprobar que son una prolongación de las organizaciones insurgentes como en un abierto ejercicio de incontinencia verbal dijo, y tampoco a Navarro Wolf le ha podido demostrar las acusaciones contra él proferidas. De igual modo la justicia no ha podido probar de que éste o su otrora organización armada, el M19, hubiesen entrado al palacio de Justicia complicitados con el narcotráfico. Solo una mente calenturienta podría pensar así y no dudo que la del candidato presidente lo es. Así, cuando las pruebas faltan y se le exige respeto al primer magistrado de la nación por sus hirsutas calumnias; las disculpas no duran en llegar, no siempre sinceras por demás, pues en el fondo se insiste en la contumacia de sembrar la duda sobre el (los) personaje (s) atacados o vilipendiado (s), lo que parece ser una fiera y bien premeditada estrategia tendiente a silenciar a los opositores de su gobierno y en esta coyuntura a los otros aspirantes a la presidencia.

Un nuevo episodio de este tenor se ha vuelto a presentar y ahora la victima es el exconsejero de paz, ex ministro de Defensa, Senador y hoy precandidato a la presidencia de la republica por parte del partido liberal, Rafael Pardo Rueda. Éste, confeso uribista hasta hace pocas semanas atrás, pues es de recordar que fue impulsor del referéndum, entusiasta militante de la reelección, referente inmediato dentro de la bancada uribista en el Congreso y un apoyo fundamental a la política de Seguridad democrática, con la cual coincide en sus presupuestos nodales; ha sido acusado por importantes funcionarios del gobierno, en particular por Luis Carlos Restrepo, Alto Comisionado de Paz (psiquiatra del régimen) y por el Presidente mismo, quien pudiera creerlo, sin prueba alguna, de propiciar un acercamiento con las FARC, a fin, según Restrepo, Uribe y Juan Manuel Santos, de cerrarle el paso a la intención del hoy candidato presidente de ser reelegido en las próximas elecciones.

Este escándalo, bulo podría llamarlo, fabricado en los pasillos de la Casa de Nariño y con todas las perversidades habidas y por haber, es tan grotesco y chapucero que no deja de causar repudio y hastío por quienes lo fabricaron, y nos pone de presente las pequeñeces de quienes lo urdieron, incluida las del candidato presidente. Es hora de recordarle a Uribe que en política no todo vale como pensaba Maquiavelo. No hay que ser un erudito en ciencia política para saber que ni Pardo podría haber presentado una propuesta a las FARC para cerrarle el paso a Uribe y mucho menos que esta organización insurgente estaría dispuesta a conversar sobre el particular con un personaje que hasta hace unas semanas atrás era y es un fiel seguidor de la política de seguridad democrática, del Plan Colombia y el plan patriota, y que fue en sus cargos como exconsejero y como ex ministro de defensa en los gobiernos de Virgilio Barco Vargas y Cesar Gaviria Trujillo, respectivamente, quien mas espíritu antifariano demostró y patento, y aún patenta.

Este miserable acto, urdido, gestionado y popularizado desde y por la Casa de Nariño, incluido su principal huésped y lejano de toda ética política, permite realizar, sin embargo, una lectura en diversas direcciones. Desde el escenario jurídico, pues se muestra a las claras la capacidad que tiene el actual gobierno, empezando por su cabeza visible, el presidente Uribe, de prefigurar delitos a todo aquel que pueda representar una amenaza a su aspiración reeleccionista o a cualquier acto de gobierno. Del mismo modo pone en evidencia lo irresponsable de este gobierno que profiere toda suerte de mentiras y calumnias contra sus ciudadanos sin tener ninguna prueba sobre las incriminaciones que sobre ellos se hacen. El abuso de autoridad es notorio y repudiable. Asimismo se logra percibir de manera clara y contundente que el Estado de derecho, lo poco que existe de el en Colombia, quiero decir, se evapora y a ritmo acelerado en las manos de Uribe. El caso de Pardo demuestra, como también lo han demostrado innumerable detenciones masivas e ilegales en otros momentos, que la presunción de inocencia bajo el uribismo es una parodia.

Desde el punto de vista político se puede apreciar que el gobierno ha desconocido y desconoce el más elemental respeto por la oposición y deja clamorosamente patentado que ella no tiene ninguna garantía de cara a la contienda electoral por la presidencia y tampoco en lo que a las corporaciones públicas se refiere. El país esta paraquiado y Uribe lo tolera. Así, no es de recibo que el Presidente del principal partido Uribista, el señor Juan Manuel Santos, manifieste del modo en que lo hizo, (en una rueda de prensa) y ante la pregunta [1] al parecer previamente acordada y realizada por la periodista Isis Durán, de RCN, (muy buena en todo sentido, por demás, dice Santos), y quien hasta hace poco había trabajado en la Casa de Nariño, que el senador Pardo se había confabulado con las FARC para enfrentar a Uribe. Ello es una información de seguridad nacional dijo en su momento Uribe y también Luis Carlos Restrepo. ¿Y si es así qué hace esta información en manos del jefe de unos de los principales partidos de la reelección de Uribe? Todo apunta a que esto fue craneado y milimétricamente organizado desde la Casa de Nariño; convertida en un bunker de la reelección, lo que contraviene y sin más la ley de garantía electoral, pues ésta concibe de manera expresa que ningún bien del Estado puede ser utilizado por el candidato presidente para uso electoral. Resulta inverosímil de creer que Uribe no supiera de esta trama contra Rafael Pardo y que ella fuera sólo una acción del Alto Comisionado de Paz y de Juan Manuel Santos.

Todo este senalamiento contra Rafael Pardo se produce en un momento en el que el presidente Uribe acosado por las denuncias de la oposición y por cercanos uribistas, léase Gina Parody, habían denunciado una importante presencia de reconocidos narcoparapoliticos en sus principales partidos reeleccionistas: El Partido de la U y Cambio Radical, lo que lo habría llevado a tomar la decisión de marginar a algunos de ellos de las listas de tales partidos, a los más visibles obviamente. Los menos visibles siguen en las mencionadas listas o en su defecto los expulsados buscaran el aval en el partido Colombia Democrática de Mario Uribe, primo del Presidente y donde están los más entusiastas admiradores de personajes tan detestables como Salvatore Mancuso y Don Berna. Allí están entre otros: Miguel Alfonso de la Espriella (compadre de Uribe Vélez), Rocío Arias, Álvaro García y Eleonora Pineda por citar solo unos casos. El partido de Mario Uribe, se cree, terminara convertido en una especie de laguna de oxidación política, pues aquí llegaran los desechados del partido de la U y de Cambio radical.

Ante el revuelo [2] que ocasionó la salida de Dieb Maloof, Habib Merheg, Jorge Luis Caballero, Luis Eduardo Vives Lacouture, Jorge Castro y como una forma de evitar un mayor acoso por parte de la oposición y un pequeño sector de la prensa hablada y escrita, lanzaron este bulo contra el precandidato Pardo Rueda, con el objeto de que tal denuncia se convirtiera en una cortina de humo que disipara el escándalo de la infiltración de los narcoparapoliticos en las filas del uribismo. Y quizás y para dar muestra de que el presidente candidato no tiene nada que ver con el paramilitarismo o con la política y los paramilitares, es que hay que entender porqué de manera presurosa salió a denunciar a Juan Manuel López Cabrales, senador por Córdoba y a Miguel Alfonso de la Espriella, representante a la Cámara por este mismo Departamento, por la Comisión de un posible delito, pues el presidente Uribe en Montería (Córdoba), santuario del paramilitarismo y lugar donde tiene sus principales Haciendas ganaderas, el día 3 de enero del año en curso fue testigo presencial de la discusión entre ambos congresistas, ante la negativa de ponerse éstos de acuerdo en relación con el nombramiento del gobernador de ese ente territorial, lo que generó un cruce de acusaciones en donde uno y otro se denunciaban por tener estrechos vínculos con el paramilitarismo. En este contexto es que se produce el zafio proceder de Uribe y los suyos contra Rafael Pardo y ello y como ya lo hemos afirmado, en procura de evitar que sus partidos reeleccionistas pudieran ser atacados por sus inocultables nexos con el narcoparamilitarismo.

Pero no solo en los partidos de Uribe fagocita el narcoparamilitarismo y la narcoparapolitica. En el Partido Liberal también hay miembros de esa colectividad seriamente cuestionados por sus nexos con los paramilitares. Vicente Blel, expulsado recientemente de ese Partido así lo demuestra y el caso de Juan Manuel López Cabrales también. Es de publico conocimiento que su tío, el triste célebre Jesús Maria López Gómez, (el Mono López), Alcalde y gobernador del Departamento (recientemente inhabilitado por diez años por contratación indebida, no por paramilitarismo, quien pudiera creerlo), estuvo implicado en serias y sonadas masacres en Córdoba a mediado de los años 80 y se rumoraba en esa zona del país que tenia notables vínculos con Fidel y Carlos Castaño Gil.

El suegro de Juan Manuel López, Juan B Casado, —y también su cuñado— exalcalde del Municipio de San Andrés de Sotavento, en no en pocas ocasiones se les fustigó por su proceder infame con los indios Zenúes de esa parte del país. Ahora, a su saliente hermano Libardo José López Gómez, como gobernador de Córdoba, y a él mismo se les acusa de tener componendas políticas con Salvatore Mancuso, a quien se asegura, le habrían otorgado la secretaria departamental de salud (Manuel Troncoso Álvarez) y la de hacienda (William Sáleme Martínez), al menos así lo manifestó delante de Uribe, Miguel de la Espriella Espinosa [3] , el día 3 de enero en la casa de José – El tigre– Corena, en Montería, y quien es amigo personal del presidente; lugar hasta donde concurrieron los congresistas uribistas y Juan Manuel López para resolver quien reemplazaría a Libardo José López en la gobernación.

Este hace varios meses ya había sido sancionado e inhabilitado por el Consejo de Estado para seguir desempeñando su cargo de gobernador. Y no solo ello, ahora se conoce de los nexos entre Salomón Feris Chadid, Comandante Cero 8 de los narcoparamilitares, el exalcalde de Tierra Alta, Aníbal Ortiz, formula a Cámara de Juan Manuel López (un barón electoral) y éste último, y quienes y al parecer estarían promoviendo una alianza electoral en la zona de Santa fe de Ralito y que favorezca a este barón del partido liberal, un serpista consumado. De modo pues, que no se trata de decir como dice el Expresidente Cesar Gaviria, hoy presidente del Partido Liberal, que el senador López Cabrales es quien más ha enfrentado a los paramilitares en Córdoba: nunca fue así en el pasado y tampoco lo es ahora. Si hay alguna familia que sabe de gamonalismo armado en Córdoba esa es la de López Cabrales y también la del resto de la hoy dirigencia política de ese departamento.

Al cierre de estas líneas ha trascendido que Uribe ha pedido disculpas al precandidato liberal, Rafael Pardo, por la criminal calumnia proferida en su contra. Este gesto de ningún modo es decoroso, pues es lo menos que podía hacer y más cuando no se tiene ninguna prueba que sustente la acusación realizada. Entretanto, el Alto Comisionado ni renuncia y tampoco Uribe promueve responsabilidades políticas en ese sentido. No podría promoverlas, porqué y sin duda, él hace parte de las incriminosas calumnias y también él ha contribuido de manera segura a hacer añicos la presunción de inocencia de muchos y muchas en Colombia hoy, y, por tanto, colabora de manera sustancial en la pulverización del poco Estado de Derecho que allí existe .

Por su parte, el alto Comisionado no contento con tanta estupidez junta, ahora dice que no hay prueba pero hay testigos. Si hay testigos que aseveran que Pardo estaba fraguando un plan contra la reelección de Uribe y no quiere el Comisionado revelar sus nombres, alguien debe recordarle a éste indigno funcionario que incurre en abuso de autoridad (igual que Uribe) por omisión de denuncia. Este repudiable hecho deja una cosa en claro y es que Uribe y los suyos con tal de quitarse de encima a cualquier opositor son capaces de hacer de la calumnia y la mentira, ya lo han hecho, sus principales señas de identidad. Si esto le ha pasado a Pardo Rueda, un uribista confeso hasta hace poco tiempo atrás, qué no le podría pasar al núcleo más duro del antiuribismo en Colombia, o a un pobre campesino en Montanita, el Pato, Guayabero o en Marquetalia. Es decir, selva adentro. Aquí está una prueba más de que Uribe como amigo es malo y como enemigo peor. Rafael Pardo debe quedarle bien claro el refrán que dice: así le paga el diablo a quien bien le sirve. Esto solo empieza. Uribe y atrabiliario hay y para rato.